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Ultimátum de ERC, Bildu, CUP y BNG al Gobierno: votarán «no» a la reforma laboral si no «arregla» la ley
Los socios admiten un «intento» por parte de la vicepresidenta Yolanda Díaz, pero la presionan para que doblegue al PSOE
El Gobierno introduce cambios de tapadillo en la reforma laboral
Gregoria CaroSEGUIR
Àlex GubernSEGUIRMADRID Actualizado:27/01/2022 19:27hGUARDAR
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Ella está centrada en sacar adelante la reforma, explican fuentes de Trabajo; con el apoyo del bloque de investidura. Pero los cuatro partidos consideran que el decreto no deroga la reforma laboral del PP de 2012, pese a ser uno de los compromisos de legislatura. Trabajo insiste una y otra vez en que se trata de «un primer paso, un cambio de paradigma». Sin éxito.
Por eso Díaz hizo una gira de 48 horas entre el miércoles y jueves, en Cataluña, para intentar presionar a ERC. El negociador en el Congreso de este partido independentista, Jordi Salvador, admitía el esfuerzo de la vicepresidenta. Sin embargo, lamentó que es imposible negociar con la cerrazón del PSOE y el «veto» —así lo llamó— de la patronal. La CEOE amenaza con salirse del acuerdo al mínimo retoque, por eso los socialistas no están dispuestos a tocar «ni una coma» ni ahora ni a futuro.
«Hay un intento por su parte (de Yolanda Díaz), pero esto es una coalición de gobierno, hay personas que han ejercido el veto que no sé ni quién son, si hay un eje negociador y no quieren hablar con nosotros —explicó Salvador en una rueda de prensa—, no se puede hacer nada, y con Yolanda hay intercambios, pero no hay nada cerrado».
Gira catalana de la ministra
Díaz sigue atrapada entre la espada y la pared. Si no introducen los cambios, ERC, Bildu, BNG y CUP votarán en contra. Se trata de un bloque de 21 diputados, necesarios para Unidas Podemos, que quiere sacar adelante la ley con los socios de investidura. Esto eleva la tensión de la ministra, que tiene la responsabilidad de convencer al PSOE en siete días.
Este jueves concluyó su gira catalana en la fábrica de Seat, un símbolo de la industria catalana y española. Si el miércoles se reunió con las direcciones catalanas de UGT y CC.OO. —ambas salieron a defender el texto—, este jueves lo hizo con la cúpula de la firma automovilística, encabezada por su CEO, Wayne Griffiths. El mensaje que lanzó la vicepresidenta, el mismo de estos últimas semanas. «¿Es posible el acuerdo? Sí que es posible», respondió a la escenificación de ERC, Bildu, CUP y BNG.
Los socios habituales no lo ven de la misma forma, pero también están dispuestos a una negociación ‘in extremis’. «Estamos en el ‘no’, esto tiene que cambiar», dijo la portavoz de Bildu, Mertxe Aizpurua: «Esta declaración conjunta da una vía al Gobierno para que arreglen lo que tienen que arreglar, estas son las condiciones y son razonables».
Los cuatro partidos proponen establecer «la prevalencia y la prioridad aplicativa de los acuerdos y convenios colectivos provinciales y autonómicos», «recuperar la autorización administrativa para los despidos colectivos a través de los expedientes de regulación de empleo», más medidas para atajar la precariedad y el descuelgue salarial, «recuperar la indemnización por despido improcedente de 45 días por año trabajado», controlar a las empresas por la movilidad geográfica de sus empleados y mejorar la conciliación y la reducción de la jornada laboral.
La vía con Inés Arrimadas
El 3 de febrero será el debate de convalidación del decreto en el Congreso. Estos cuatro partidos estarían dispuestos a apoyarlo si se tramita como proyecto ley, una fórmula con la que se podrían introducir cambios en el proceso parlamentario. Pero el Gobierno se niega en rotundo. El PSOE está centrado en «ensanchar mayorías», la vía para acercarse a Ciudadanos, experimentando así un giro al centro, y poder aprobarlo sin tocar el texto y sin que se descuelgue la CEOE. El portavoz de Cs, Edmundo Bal, compareció en rueda de prensa para tildar de «chantaje» la propuesta de los socios.
«No están planteando un ultimátum al Gobierno, sino a los españoles con algo tan sagrado como es el empleo», denunció. Bal le pide al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que diga ya con qué apoyos sacará adelante la reforma laboral. «Nuestro ofrecimiento es un voto afirmativo al decreto siempre y cuando no se toque una coma ni ceda en presente ni en futuro al chantaje de los nacionalistas», propuso Bal.
Mientras tanto, la vicepresidenta insiste en que la vía de Cs «expulsa» a los socios de investidura y seguirá negociando hasta el último momento para intentar convencer a ERC. Más País y Compromís no se sumaron a la declaración conjunta de ayer, y tampoco lo hizo el PNV. Aunque estos tampoco han garantizado todavía su apoyo a la ley.
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Por eso Díaz hizo una gira de 48 horas entre el miércoles y jueves, en Cataluña, para intentar presionar a ERC. El negociador en el Congreso de este partido independentista, Jordi Salvador, admitía el esfuerzo de la vicepresidenta. Sin embargo, lamentó que es imposible negociar con la cerrazón del PSOE y el «veto» —así lo llamó— de la patronal. La CEOE amenaza con salirse del acuerdo al mínimo retoque, por eso los socialistas no están dispuestos a tocar «ni una coma» ni ahora ni a futuro.
«Hay un intento por su parte (de Yolanda Díaz), pero esto es una coalición de gobierno, hay personas que han ejercido el veto que no sé ni quién son, si hay un eje negociador y no quieren hablar con nosotros —explicó Salvador en una rueda de prensa—, no se puede hacer nada, y con Yolanda hay intercambios, pero no hay nada cerrado».
Gira catalana de la ministra
Díaz sigue atrapada entre la espada y la pared. Si no introducen los cambios, ERC, Bildu, BNG y CUP votarán en contra. Se trata de un bloque de 21 diputados, necesarios para Unidas Podemos, que quiere sacar adelante la ley con los socios de investidura. Esto eleva la tensión de la ministra, que tiene la responsabilidad de convencer al PSOE en siete días.
Este jueves concluyó su gira catalana en la fábrica de Seat, un símbolo de la industria catalana y española. Si el miércoles se reunió con las direcciones catalanas de UGT y CC.OO. —ambas salieron a defender el texto—, este jueves lo hizo con la cúpula de la firma automovilística, encabezada por su CEO, Wayne Griffiths. El mensaje que lanzó la vicepresidenta, el mismo de estos últimas semanas. «¿Es posible el acuerdo? Sí que es posible», respondió a la escenificación de ERC, Bildu, CUP y BNG.
Los socios habituales no lo ven de la misma forma, pero también están dispuestos a una negociación ‘in extremis’. «Estamos en el ‘no’, esto tiene que cambiar», dijo la portavoz de Bildu, Mertxe Aizpurua: «Esta declaración conjunta da una vía al Gobierno para que arreglen lo que tienen que arreglar, estas son las condiciones y son razonables».
Los cuatro partidos proponen establecer «la prevalencia y la prioridad aplicativa de los acuerdos y convenios colectivos provinciales y autonómicos», «recuperar la autorización administrativa para los despidos colectivos a través de los expedientes de regulación de empleo», más medidas para atajar la precariedad y el descuelgue salarial, «recuperar la indemnización por despido improcedente de 45 días por año trabajado», controlar a las empresas por la movilidad geográfica de sus empleados y mejorar la conciliación y la reducción de la jornada laboral.
La vía con Inés Arrimadas
El 3 de febrero será el debate de convalidación del decreto en el Congreso. Estos cuatro partidos estarían dispuestos a apoyarlo si se tramita como proyecto ley, una fórmula con la que se podrían introducir cambios en el proceso parlamentario. Pero el Gobierno se niega en rotundo. El PSOE está centrado en «ensanchar mayorías», la vía para acercarse a Ciudadanos, experimentando así un giro al centro, y poder aprobarlo sin tocar el texto y sin que se descuelgue la CEOE. El portavoz de Cs, Edmundo Bal, compareció en rueda de prensa para tildar de «chantaje» la propuesta de los socios.
«No están planteando un ultimátum al Gobierno, sino a los españoles con algo tan sagrado como es el empleo», denunció. Bal le pide al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que diga ya con qué apoyos sacará adelante la reforma laboral. «Nuestro ofrecimiento es un voto afirmativo al decreto siempre y cuando no se toque una coma ni ceda en presente ni en futuro al chantaje de los nacionalistas», propuso Bal.
Mientras tanto, la vicepresidenta insiste en que la vía de Cs «expulsa» a los socios de investidura y seguirá negociando hasta el último momento para intentar convencer a ERC. Más País y Compromís no se sumaron a la declaración conjunta de ayer, y tampoco lo hizo el PNV. Aunque estos tampoco han garantizado todavía su apoyo a la ley.
