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Madmaxista
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Miles de ciudadanos europeos se han visto perjudicados por la norma española
El informe Auken del Parlamento europeo ha venido a sumarse recientemente a las quejas de los damnificados por la aplicación de la Ley de Costas en España. En contra de lo que establece la Constitución, denuncian que se está aplicando con carácter retroactivo un texto de 1988 y se está vulnerando el derecho a la propiedad privada sin una justificación contundente.
Cristina Carbón. Madrid
29-08-2009
El Parlamento Europeo ha dado un pescozón a España al reconocer los derechos de los propietarios frente a la aplicación de la Ley de Costas de 1988.
El informe Auken, al que ha tenido acceso EL IMPARCIAL, denuncia que España está vulnerando el derecho a la propiedad privada, "reconocido como derecho fundamental de los ciudadanos europeos" y recogido en el Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH).
A raíz de las numerosas quejas recibidas, el Parlamento Europeo ha constatado "el carácter retroactivo de las instrucciones y la destrucción o demolición arbitrarias de propiedades de particulares adquiridas legítimamente".
Los afectados se cuentan por miles y no son sólo españoles. La mayoría adquirió su vivienda "de buena fe" y descubrió, posteriormente, que tenía que ser demolida o no podía venderse (por estar en una situación ilegal) porque las autoridades locales habían incumplido las leyes urbanísticas.
Deslindes costeros
En la actualidad, el 80 por ciento de la costa española está deslindada. El Plan de Deslindes del Ministerio de Medio Ambiente prevé la delimitación de los bienes de Dominio Público Marítimo-Terrestre (DPMT) con el objetivo de garantizar el uso público del litoral y un adecuado nivel de calidad de las aguas y las playas.
De este modo, se puede resolver un expediente sancionador en caso de que se produzca una ocupación indebida de un bien de DPMT.
En cambio, la UE ha hecho hincapié en que la Ley de Costas "afecta de manera desproporcionada a los propietarios particulares" y no ha reducido la destrucción costera, fruto de "desarrollos urbanísticos excesivos", tales como complejos vacacionales, de los que responsabiliza a todas las administraciones.
En este sentido, ha pedido a las autoridades españolas que impidan que los ciudadanos se vean afectados por "una ley adoptada después de la fecha de construcción" de la propiedad en cuestión. Un aspecto que ya recoge la Constitución Española en su artículo 9.3, pero que la UE ha tenido que recordar al Ejecutivo.
Además, el informe argumenta que España ha ignorado la norma durante muchos años: "La comisión no entiende por qué se ha recuperado la Ley de Costas de 1988 a estas alturas, después de estar 30 años prácticamente en desuso mientras se producía tanta devastación".
Por ello, insta al Gobierno a "que revisen urgentemente y, en su caso, modifiquen la Ley de Costas" para proteger los derechos de los propietarios, sin beneficiar, eso sí, "a proyectos de desarrollo especulativos".
Hay que seguir recurriendo
Mientras tanto, los ciudadanos pueden defenderse con "estudios técnicos alternativos a los de la Administración" para demostrar que sus propiedades no se encuentran en dominio público.
Sin embargo, el abogado José Ortega se ha mostrado muy pesimista al respecto. En declaraciones a EL IMPARCIAL, ha reconocido que "normalmente, no van a conseguir nada porque los tribunales están aplicando la ley con carácter retroactivo al tiempo que están diciendo que no lo hacen".
Según este especialista en la defensa administrativa contra los deslindes en materia de costas marítimas, "en teoría, hay todas las posibilidades de defensa del mundo" pero la realidad es que el 99 por ciento de los recursos contencioso-administrativos contra los deslindes se pierden porque, según ha apuntado, "la Administración y los tribunales están de acuerdo en esto".
José Ortega va más allá y asegura que "hay una especie de conjura para que la gente no se pueda defender".
En cualquier caso, el propio Parlamento Europeo, en el informe Auken, anima a los ciudadanos perjudicados por la Ley de Costas de 1988 a acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos en caso de no obtener "satisfacción de los tribunales españoles
El Imparcial: Noticias: La UE recrimina a España la aplicación arbitraria y retroactiva de la Ley de Costas
