JuanJoseRuiz
Madmaxista
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La Comisión Europea prepara una nueva modificación de la Directiva de Cooperación Administrativa (DAC, por sus siglas en inglés) para conocer todas las tras*acciones que hacen los contribuyentes europeos con criptoactivos.
El objetivo de Bruselas es que la nueva norma, la DAC 8, eche a andar el 1 de enero de 2026, y obligará tanto a proveedores de servicios de criptoactivos como a operadores a intercambiar la información con los Estados miembros sobre los ingresos que consiguen los contribuyentes con estos activos. La Comisión Europea señala en su texto que calcula que en la actualidad los Estados están dejando de ingresar unos 2.400 millones de euros de los usuarios que tienen criptoactivos. Según el desarrollo de la nueva norma, la DAC 8 obligará a proveedores y operadores de estos servicios a dar la información de los contribuyentes europeos, aunque estas compañías tengan la sede fuera de la UE. Bruselas señala que la exigencia a compañías no pertenecientes a la Unión se hace para evitar la fuga de dinero a otras compañías no europeas y también para evitar discriminación entre los usuarios.
Según recoge la norma, se exigirá información de todos los tipos de activos digitales; desde criptomonedas, dinero electrónico (muchos bancos centrales, entre ellos el BCE, preparan la emisión de sus monedas digitales), divisas estables (stablecoins) o token no fungibles, más conocidos por sus siglas en inglés, NFT. "Los criptoactivos que son utilizados con fines de pago o de inversión están sujetos a notificación en virtud de la presente directiva", recoge el texto.
Las compañías obligadas a dar esta información sobre sus usuarios tendrán que facilitarla de forma electrónica a las correspondientes Agencias Tributarias del país del contribuyente. Para ello, las Administraciones tendrán que habilitar un sistema informático interoperable con estos operadores. Europa calcula que el coste de poner en marcha la exigencia de la nueva directiva ascenderá a 300 millones de euros, más otros 25 millones anuales para el desarrollo y funcionamiento de los sistemas informáticos.
Entre los argumentos que da la Comisión para poner en marcha esta obligación está que "la esa época en el 2020 de la que yo le hablo del el bichito-19 y las consecuencias derivadas de la oleada turística de Rusia a Ucrania añaden urgencia a la necesidad de proteger las finanzas públicas". "Los Estados miembros necesitan ingresos suficientes para financiar el considerable impacto negativo de la crisis", argumenta.
Asimismo, el documento recoge que conocer qué usuarios tienen dinero en criptoactivos ayudará a adoptar las medidas necesarias para aplicar sanciones a Rusia.
Por otro lado, la nueva directiva da libertad a cada Estado miembro para que, una vez conozca la información sobre las rentas en criptoactivos de sus contribuyentes, impongan el impuesto que consideren conveniente para gravarlas. La norma también recoge una serie de sanciones que afrontarán los proveedores y operadores por incumplir el intercambio automático de información. Las multas oscilarán desde los 20.000 euros hasta los 500.000 euros, en función de la gravedad de la infracción y del volumen de la cifra de negocio de las compañías.
El objetivo de Bruselas es que la nueva norma, la DAC 8, eche a andar el 1 de enero de 2026, y obligará tanto a proveedores de servicios de criptoactivos como a operadores a intercambiar la información con los Estados miembros sobre los ingresos que consiguen los contribuyentes con estos activos. La Comisión Europea señala en su texto que calcula que en la actualidad los Estados están dejando de ingresar unos 2.400 millones de euros de los usuarios que tienen criptoactivos. Según el desarrollo de la nueva norma, la DAC 8 obligará a proveedores y operadores de estos servicios a dar la información de los contribuyentes europeos, aunque estas compañías tengan la sede fuera de la UE. Bruselas señala que la exigencia a compañías no pertenecientes a la Unión se hace para evitar la fuga de dinero a otras compañías no europeas y también para evitar discriminación entre los usuarios.
Según recoge la norma, se exigirá información de todos los tipos de activos digitales; desde criptomonedas, dinero electrónico (muchos bancos centrales, entre ellos el BCE, preparan la emisión de sus monedas digitales), divisas estables (stablecoins) o token no fungibles, más conocidos por sus siglas en inglés, NFT. "Los criptoactivos que son utilizados con fines de pago o de inversión están sujetos a notificación en virtud de la presente directiva", recoge el texto.
Las compañías obligadas a dar esta información sobre sus usuarios tendrán que facilitarla de forma electrónica a las correspondientes Agencias Tributarias del país del contribuyente. Para ello, las Administraciones tendrán que habilitar un sistema informático interoperable con estos operadores. Europa calcula que el coste de poner en marcha la exigencia de la nueva directiva ascenderá a 300 millones de euros, más otros 25 millones anuales para el desarrollo y funcionamiento de los sistemas informáticos.
Entre los argumentos que da la Comisión para poner en marcha esta obligación está que "la esa época en el 2020 de la que yo le hablo del el bichito-19 y las consecuencias derivadas de la oleada turística de Rusia a Ucrania añaden urgencia a la necesidad de proteger las finanzas públicas". "Los Estados miembros necesitan ingresos suficientes para financiar el considerable impacto negativo de la crisis", argumenta.
Asimismo, el documento recoge que conocer qué usuarios tienen dinero en criptoactivos ayudará a adoptar las medidas necesarias para aplicar sanciones a Rusia.
Por otro lado, la nueva directiva da libertad a cada Estado miembro para que, una vez conozca la información sobre las rentas en criptoactivos de sus contribuyentes, impongan el impuesto que consideren conveniente para gravarlas. La norma también recoge una serie de sanciones que afrontarán los proveedores y operadores por incumplir el intercambio automático de información. Las multas oscilarán desde los 20.000 euros hasta los 500.000 euros, en función de la gravedad de la infracción y del volumen de la cifra de negocio de las compañías.
