Sir Connor
Excelentisimo Sir
Pablo Alborán le ha hecho un roto a la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE). El músico fue uno de los que solicitó su baja de la entidad de derechos de autor el pasado mes de junio junto a otros como Joaquín Sabina, José Luis Perales, Joan Manuel Serrat y los integrantes de Love of Lesbian. Más de 200 artistas en total. Pero como Sabina, Perales y Serrat, el malagueño Alborán no es un músico cualquiera. Es el artista con el disco más vendido en 2018. Según Promusicae, Prometo alcanzó cinco discos de platino. Cada disco de platino suponen 40.000 álbumes vendidos. Hagan la cuenta. Y en toda su carrera, Alborán ha vendido más de 1,5 millones de discos, lo que da cuenta de la cantidad de derechos de autor que genera este artista.
Hay otro dato más que no es nada baladí: su casa discográfica es Warner Music. Una de las grandes archienemigas de la SGAE que también ha dado un portazo a la entidad. Un abrazo que no es el primero que la multinacional da a la SGAE. Porque para entender todo el asunto farragoso que rodea a la SGAE hay que detenerse en este punto: la guerra encarnizada que libran desde hace años la entidad y las multinacionales.
Al conocerse la baja de los músicos y la multinacional fuentes cercanas a ellos reconocieron que se llevarían hasta el 80% del repertorio que ahora gestiona la SGAE. La suma de dinero que esto supone con exactitud es "imposible de saber", relatan fuentes cercanas a estos músicos, ya que hay que certificar la forma de explotación de los diferentes derechos que se generan. Es decir, aquellos que proceden de la música emitida en televisión, por streaming, por discos vendidos, por conciertos en vivo etc. Solo es posible hacer una aproximación en cifras globales, pero hay un dato cierto: la música es la que más derechos genera, muy por delante de los derechos audiovisuales o dramáticos.
En el último informe de la CISAC (Confederación Internacional de Sociedades de Autores y Compositores) de las recaudaciones mundiales publicado el pasado año se señala que la música generó el 87% de los derechos recaudados en todo el mundo en 2017. Aquel año, los derechos relativos al repertorio musical alcanzaron los 8.000 millones de euros. En concreto, según este informe, en España la música recaudó 175 millones de euros mientras que el sector audiovisual generó 34 millones de euros y el de las artes escénicas 11 millones de euros. En total, las cuentas de la SGAE revelan que su recaudación está en torno a los 240 millones de euros. La relevancia de la música es evidente.
Y ahí entra la batalla que ahora mismo se dirime en el Palacio de Longoria, la sede de la SGAE, puesto que una retirada de los repertorios nacionales por parte de una multinacional como Warner más otros artistas que generan buenos dividendos es, según los músicos que han decidido marcharse "el fin de la entidad". El componente básico de toda la ecuación solo es uno: el dinero y cómo se reparte.
"LA SGAE es una mafia"
Desde hace meses buena parte de los músicos que pertenecen a Warner Music y que se encuentran entre los que más discos venden se han ido quejando de la actitud de la SGAE. Vanesa Martín fue una de las que participaron en el boicot de las elecciones de octubre de 2018, y señaló que en la SGAE hay "muchas sombras", y que era necesario "clarificar muchas cosas". Melendi dio otro titular: "La SGAE es un escándalo". Fito y los Filipaldis comentaron que no sabían bien "qué pintan allí". Y hasta Sergio Dalma soltó que "la SGAE es una mafia". Más cerca en el tiempo, Kiko Veneno pidió la intervención de la entidad por parte del Ministerio de Cultura, un asunto que todavía está pendiente de respuesta después de que el pasado junio la Audiencia Nacional rechazara la solicitud que Cultura había hecho en febrero al declararse no competente.
Todas estas declaraciones se enmarcan en un conflicto que viene de lejos y en el que también tiene mucho que ver la judicialización del caso de la rueda, es decir, el presunto fraude de la música emitida en televisión en horario de madrugada y que aún persiste en la Audiencia Nacional.
Guerra encarnizada desde hace años
Recapitulemos. Ya en enero de 2015 con el guionista José Luis Acosta como presidente, varios músicos independientes –es decir, no pertenecientes a ninguna multinacional- pidieron que estas discográficas no estuvieran en la junta directiva, en la cual llevaban más de veinte años. Acosta acabó dimitiendo en 2016 y su puesto lo obtuvo José Miguel Fernández Sastrón. Un año después la policía entró en la sede de la SGAE y detuvo a 18 personas por el fraude de la rueda. En este caso se señalaron varios nombres de músicos independientes que se habían posicionado contra las multinacionales, las cuales fueron finalmente expulsadas de la junta en octubre de 2017.
Para junio de 2018 las multinacionales dieron su primer golpe y amenazaron con retirar su repertorio internacional. Adujeron que esto significaba 30 millones de euros en derechos de autor. También aquel mes la asamblea extraordinaria echó por tierra la gestión de Fernández-Sastrón, que tuvo que convocar nuevas elecciones y que acabaría siendo imputado por el caso de la rueda. En septiembre entraría en la batalla el propio Ministerio de Cultura al pedir cambios estatutarios y en el sistema de reparto de la recaudación amenazando con la intervención. Estos comicios los ganaría José Ángel Hevia, muy crítico siempre con las multinacionales.
La bofetada se la devuelve la SGAE a las multinacionales en enero de 2019 cuando denuncia por no haber pagado los impuestos derivados de sus derechos a Sabina, Alejandro Sanz y Pau Donés entre otros músicos. La denuncia fue archivada a las semanas, pero la tensión en el seno de la SGAE –con una intervención ministerial casi encima- es notable. De hecho, ese mismo febrero una moción de censura quita la presidencia a Hevia y la obtiene la soprano Pilar Jurado, cercana a Hevia y cuya misión es impedir la intervención. Lo que no logra es evitar la expulsión en mayo de la CISAC, el organismo internacional de derechos de autor que tampoco ve con buenos ojos qué está pasando en la SGAE.
En junio de este año los músicos de las multinacionales finalmente se rebelan y solicitan su baja. También lo hace la propia Warner Music. Es el golpe final, ratifican. Al mismo tiempo se suceden conversaciones con el Ministerio de Cultura para poner en marcha una nueva entidad de gestión de derechos de autor que esté en funcionamiento para el 1 de enero de 2020, que es el paso final. Estas bajas se unen a las de 120 cineastas, entre ellos Pedro Almodóvar y José Antonio Bayona, que deciden trasladar la gestión de sus derechos a la entidad DAMA (Derechos de Autor de Medios Audiovisuales).
No obstante, desde la SGAE han querido estos días minimizar este golpe de los músicos y los cineastas. Reconocen que cada uno puede tener sus derechos donde desee, pero que al fin y al cabo, en la SGAE hay más de 12.000 socios. Hace veinte años ya hubo una escisión con la creación de DAMA y en el palacio de Longoria se ven con bastante fuerza para seguir hacia adelante. Esto sólo es un capítulo más. Habrá que ver por dónde llega el próximo abrazo.
La salida de Warner de la SGAE le hace un roto de decenas de millones de euros
Hay otro dato más que no es nada baladí: su casa discográfica es Warner Music. Una de las grandes archienemigas de la SGAE que también ha dado un portazo a la entidad. Un abrazo que no es el primero que la multinacional da a la SGAE. Porque para entender todo el asunto farragoso que rodea a la SGAE hay que detenerse en este punto: la guerra encarnizada que libran desde hace años la entidad y las multinacionales.
Al conocerse la baja de los músicos y la multinacional fuentes cercanas a ellos reconocieron que se llevarían hasta el 80% del repertorio que ahora gestiona la SGAE. La suma de dinero que esto supone con exactitud es "imposible de saber", relatan fuentes cercanas a estos músicos, ya que hay que certificar la forma de explotación de los diferentes derechos que se generan. Es decir, aquellos que proceden de la música emitida en televisión, por streaming, por discos vendidos, por conciertos en vivo etc. Solo es posible hacer una aproximación en cifras globales, pero hay un dato cierto: la música es la que más derechos genera, muy por delante de los derechos audiovisuales o dramáticos.
En el último informe de la CISAC (Confederación Internacional de Sociedades de Autores y Compositores) de las recaudaciones mundiales publicado el pasado año se señala que la música generó el 87% de los derechos recaudados en todo el mundo en 2017. Aquel año, los derechos relativos al repertorio musical alcanzaron los 8.000 millones de euros. En concreto, según este informe, en España la música recaudó 175 millones de euros mientras que el sector audiovisual generó 34 millones de euros y el de las artes escénicas 11 millones de euros. En total, las cuentas de la SGAE revelan que su recaudación está en torno a los 240 millones de euros. La relevancia de la música es evidente.
Y ahí entra la batalla que ahora mismo se dirime en el Palacio de Longoria, la sede de la SGAE, puesto que una retirada de los repertorios nacionales por parte de una multinacional como Warner más otros artistas que generan buenos dividendos es, según los músicos que han decidido marcharse "el fin de la entidad". El componente básico de toda la ecuación solo es uno: el dinero y cómo se reparte.
"LA SGAE es una mafia"
Desde hace meses buena parte de los músicos que pertenecen a Warner Music y que se encuentran entre los que más discos venden se han ido quejando de la actitud de la SGAE. Vanesa Martín fue una de las que participaron en el boicot de las elecciones de octubre de 2018, y señaló que en la SGAE hay "muchas sombras", y que era necesario "clarificar muchas cosas". Melendi dio otro titular: "La SGAE es un escándalo". Fito y los Filipaldis comentaron que no sabían bien "qué pintan allí". Y hasta Sergio Dalma soltó que "la SGAE es una mafia". Más cerca en el tiempo, Kiko Veneno pidió la intervención de la entidad por parte del Ministerio de Cultura, un asunto que todavía está pendiente de respuesta después de que el pasado junio la Audiencia Nacional rechazara la solicitud que Cultura había hecho en febrero al declararse no competente.
Todas estas declaraciones se enmarcan en un conflicto que viene de lejos y en el que también tiene mucho que ver la judicialización del caso de la rueda, es decir, el presunto fraude de la música emitida en televisión en horario de madrugada y que aún persiste en la Audiencia Nacional.
Guerra encarnizada desde hace años
Recapitulemos. Ya en enero de 2015 con el guionista José Luis Acosta como presidente, varios músicos independientes –es decir, no pertenecientes a ninguna multinacional- pidieron que estas discográficas no estuvieran en la junta directiva, en la cual llevaban más de veinte años. Acosta acabó dimitiendo en 2016 y su puesto lo obtuvo José Miguel Fernández Sastrón. Un año después la policía entró en la sede de la SGAE y detuvo a 18 personas por el fraude de la rueda. En este caso se señalaron varios nombres de músicos independientes que se habían posicionado contra las multinacionales, las cuales fueron finalmente expulsadas de la junta en octubre de 2017.
Para junio de 2018 las multinacionales dieron su primer golpe y amenazaron con retirar su repertorio internacional. Adujeron que esto significaba 30 millones de euros en derechos de autor. También aquel mes la asamblea extraordinaria echó por tierra la gestión de Fernández-Sastrón, que tuvo que convocar nuevas elecciones y que acabaría siendo imputado por el caso de la rueda. En septiembre entraría en la batalla el propio Ministerio de Cultura al pedir cambios estatutarios y en el sistema de reparto de la recaudación amenazando con la intervención. Estos comicios los ganaría José Ángel Hevia, muy crítico siempre con las multinacionales.
La bofetada se la devuelve la SGAE a las multinacionales en enero de 2019 cuando denuncia por no haber pagado los impuestos derivados de sus derechos a Sabina, Alejandro Sanz y Pau Donés entre otros músicos. La denuncia fue archivada a las semanas, pero la tensión en el seno de la SGAE –con una intervención ministerial casi encima- es notable. De hecho, ese mismo febrero una moción de censura quita la presidencia a Hevia y la obtiene la soprano Pilar Jurado, cercana a Hevia y cuya misión es impedir la intervención. Lo que no logra es evitar la expulsión en mayo de la CISAC, el organismo internacional de derechos de autor que tampoco ve con buenos ojos qué está pasando en la SGAE.
En junio de este año los músicos de las multinacionales finalmente se rebelan y solicitan su baja. También lo hace la propia Warner Music. Es el golpe final, ratifican. Al mismo tiempo se suceden conversaciones con el Ministerio de Cultura para poner en marcha una nueva entidad de gestión de derechos de autor que esté en funcionamiento para el 1 de enero de 2020, que es el paso final. Estas bajas se unen a las de 120 cineastas, entre ellos Pedro Almodóvar y José Antonio Bayona, que deciden trasladar la gestión de sus derechos a la entidad DAMA (Derechos de Autor de Medios Audiovisuales).
No obstante, desde la SGAE han querido estos días minimizar este golpe de los músicos y los cineastas. Reconocen que cada uno puede tener sus derechos donde desee, pero que al fin y al cabo, en la SGAE hay más de 12.000 socios. Hace veinte años ya hubo una escisión con la creación de DAMA y en el palacio de Longoria se ven con bastante fuerza para seguir hacia adelante. Esto sólo es un capítulo más. Habrá que ver por dónde llega el próximo abrazo.
La salida de Warner de la SGAE le hace un roto de decenas de millones de euros
