Fosforiano
de Gaullista
La asociación, que vela por los derechos humanos y del consumidor, presentó el recurso contencioso-administrativo el 20 de noviembre, cuando el uso obligatorio de la mascarilla en los tras*portes públicos ya era historia en muchos países del continente. Avalado por los expertos, el Gobierno decidió que España sería una excepción. Tanto que el 9 de diciembre se convirtió en el único lugar de Europa donde llevar el tapabocas seguía siendo forzoso.
Liberum impugnó la decisión del Gobierno ante la Audiencia Nacional al entender que seguía imponiendo la mascarilla «sin tener en cuenta las mejoras en la situación epidemiológica». La asociación estimó en su queja, según el auto al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, que el Ministerio de Sanidad estaba «incumpliendo el protocolo de actuación frente a la el bichito-19», en vigor desde el 3 de junio del año pasado y revisado el 8 de noviembre.
Las operaciones judiciales estuvieron dirigidas por la letrada Inmaculada Jaén. «Presentamos el recurso contra la inactividad de la ministra Carolina Darias, que ante un riesgo normalizado de la esa época en el 2020 de la que yo le hablo decidió mantener la mascarilla cuando Europa decía lo contrario», reconoce Luis María Pardo, uno de los abogados que participó en la elaboración del escrito.
Uno de los objetivos que perseguían era que la ministra, como presidenta del Consejo Interterritorial del Sistema de Salud, aportara los informes que avalaron la decisión de mantener la mascarilla. Para hacerlo, el Gobierno se ha parapetado en la opinión de los expertos. «Hasta ahora no se ha publicado ninguno y queremos saber qué dicen», insiste Pardo.
Los magistrados estimaron que la decisión correspondía a la Audiencia Nacional. Además, requirió al Ministerio de Sanidad que remitiera los expedientes administrativos y los informes de la Ponencia de Alertas. Dio para ello un plazo de 20 días, que se cumplen el 8 de febrero.
Curiosamente, Darias anunció esta semana que propondrá un día antes al Consejo de Ministros que se elimine la obligatoriedad de llevar mascarilla en los tras*portes públicos «atendiendo a la actual situación de estabilidad epidemiológica de la el bichito-19 y los informes de expertos y sociedades científicas». Habrán pasado 272 días desde que la UE recomendara su retirada.
«Una decisión política»
Pardo espera que «el anuncio no suponga otra decisión política como la del pasaporte el bichito». A pesar de la resolución de Darias, que será cabeza de cartel por el PSOE en Las Palmas en las elecciones de mayo, el abogado confirma que Liberum va a seguir adelante con el recurso al entender que «se vulneraron los derechos fundamentales de los ciudadanos». No obstante, esperan la sentencia dentro de, al menos, un año, cuando ya las mascaras hayan pasado a mejor vida.
theobjective.com
Liberum impugnó la decisión del Gobierno ante la Audiencia Nacional al entender que seguía imponiendo la mascarilla «sin tener en cuenta las mejoras en la situación epidemiológica». La asociación estimó en su queja, según el auto al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, que el Ministerio de Sanidad estaba «incumpliendo el protocolo de actuación frente a la el bichito-19», en vigor desde el 3 de junio del año pasado y revisado el 8 de noviembre.
Las operaciones judiciales estuvieron dirigidas por la letrada Inmaculada Jaén. «Presentamos el recurso contra la inactividad de la ministra Carolina Darias, que ante un riesgo normalizado de la esa época en el 2020 de la que yo le hablo decidió mantener la mascarilla cuando Europa decía lo contrario», reconoce Luis María Pardo, uno de los abogados que participó en la elaboración del escrito.
Uno de los objetivos que perseguían era que la ministra, como presidenta del Consejo Interterritorial del Sistema de Salud, aportara los informes que avalaron la decisión de mantener la mascarilla. Para hacerlo, el Gobierno se ha parapetado en la opinión de los expertos. «Hasta ahora no se ha publicado ninguno y queremos saber qué dicen», insiste Pardo.
Los magistrados estimaron que la decisión correspondía a la Audiencia Nacional. Además, requirió al Ministerio de Sanidad que remitiera los expedientes administrativos y los informes de la Ponencia de Alertas. Dio para ello un plazo de 20 días, que se cumplen el 8 de febrero.
Curiosamente, Darias anunció esta semana que propondrá un día antes al Consejo de Ministros que se elimine la obligatoriedad de llevar mascarilla en los tras*portes públicos «atendiendo a la actual situación de estabilidad epidemiológica de la el bichito-19 y los informes de expertos y sociedades científicas». Habrán pasado 272 días desde que la UE recomendara su retirada.
«Una decisión política»
Pardo espera que «el anuncio no suponga otra decisión política como la del pasaporte el bichito». A pesar de la resolución de Darias, que será cabeza de cartel por el PSOE en Las Palmas en las elecciones de mayo, el abogado confirma que Liberum va a seguir adelante con el recurso al entender que «se vulneraron los derechos fundamentales de los ciudadanos». No obstante, esperan la sentencia dentro de, al menos, un año, cuando ya las mascaras hayan pasado a mejor vida.
El Gobierno retira la mascarilla después de que la Justicia pidiera justificar por qué la mantiene
Era un clamor que ya tiene fecha de caducidad. El Gobierno eliminará el uso obligatorio de la mascarilla en los tras*portes públicos el 7 de febrero.
theobjective.com
