Sánchez firmó tres meses antes del 1-O asumir "la plurinacionalidad nacional y las aspiraciones nacionales de Cataluña"
Firmó con Iceta, del PSC, la "Declaración de Barcelona" en la que asumen la hoja de ruta y la terminología independentista.
arlos CuestaSeguir a carloscuestaEM
16/12/2022 - 06:46
https://s.libertaddigital.com/images/tras*.pngPedro Sánchez en su visita a los países bálticos | EFE
Un 18 de junio de 2017, Pedro Sánchez recuperaba el poder del PSOE. Desde sus propias filas le habían echado de la Secretaría General de Ferraz por mantener un pacto secreto con los separatistas y proetarras –los mismos a los que amparó y lanzó Rodríguez Zapatero–.
Sánchez, de hecho, perdió el mando del PSOE tras derrumbarse en las elecciones generales de 2016 y en medio del ataque de García Page y Susana Díaz esgrimiendo esas acusaciones internas. Y un mes después de recuperar el poder del partido, Sánchez firmó la declaración de Barcelona con el PSC. El documento, sellado un 14 de julio de 2017, fue inmediatamente remitido a ERC. Y ERC lanzaba dos meses y medio después su golpe separatista del 1-O.
Casualmente, el compromiso de Sánchez y el deseo de ERC era el mismo. Y exactamente igual al texto firmado por el ahora presidente del Gobierno: el "reconocimiento de la plurinacionalidad nacional y aspiraciones nacionales de Cataluña". Y ese redactado fue expresamente firmado por Pedro Sánchez justo antes del 1-O y justo un año antes de lanzar su moción de censura con apoyo, casualmente, de ERC y Bildu.
El acuerdo firmado entre el PSOE y el PSC.
El documento firmado fue bautizado como "Declaración de Barcelona". El reconocimiento del poder catalán fue de tal magnitud que la portada del documento recogió los dos logos por separado: el del PSOE y el del PSC.
En aquella época, el mando del PSOE era del mismo Pedro Sánchez que había recuperado el mando nacional del partido pese a la evidencia de su acercamiento a los separatistas y proetarras. Aquel Pedro Sánchez había vuelto a contar ya con el apoyo pleno de Rodríguez Zapatero. Y, por parte de los socialistas catalanes, contó con el apoyo de Miquel Iceta, primer secretario de los socialistas catalanes, para dar cauce a todas las exigencias de ERC. Hoy el mismo Iceta es ministro de Sánchez.
Sánchez, con los separatistas
En 2014, Artur Mas había dado ya un primer golpe separatista. Es decir, que a nadie le cogía de nuevas la estrategia y desafío máximo de los separatistas. Y, justo tres meses antes –dos meses y medio, para ser más exactos– del golpe conjunto separatista de ERC y Junts el 1-O de 2017, Sánchez firmó de manera formal su compromiso con las exigencias de los separatistas. Justo con los que un años después le granjearon el ascenso al poder en la moción de censura contra Mariano Rajoy en mayo-junio de 2018. Justo con los que ahora le soportan en el Gobierno, pase lo que pase. Justo con los que le dictan los indultos impuestos a los golpistas condenados –la cúpula de ERC–. Justo con los que le han escrito la eliminación del delito de sedición. Justo con los que le han dictado la rebaja de las penas del delito de malversación que cometieron por robar dinero al pueblo catalán para fabricar el golpe contra España y su Constitución. Y justo con los que ahora le exigen ya un referéndum blanqueado y la aceleración en el asalto al TC para que unos magistrados mandatados avalen el nuevo golpe separatista camuflado.
El Gobierno consuma su asalto a la Justicia tras acusar a los jueces y a la oposición de golpistasMíriam Muro | Maite Loureiro | Rubén Fernández
El texto de la Declaración de Barcelona que hoy reproduce Libertad Digital recoge expresamente los siguientes compromisos de Sánchez con los separatistas: "Acuerdo entre la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE y la Comisión Ejecutiva del PSC. Desde hace más de quinientos años las historias de Cataluña y España están entrelazadas". El texto especifica que "la frontal oposición del PP a este Estatuto (el texto catalán pactado por Rodríguez Zapatero con los separatistas) y la sentencia que alteró lo que había votado la ciudadanía acabaron por desbaratar el intento de renovar el pacto de los años 1978 y 1979".
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Hoja de ruta desde 2017
¿Y cómo se haría ese reconocimiento de "su personalidad nacional"? Pues con el siguiente listado.
Texto de la "Declaración de Barcelona"
GOLPE AL PODER JUDICIALRobles fue la ponente del CGPJ cuando alertó del tipo franquista de malversación copiado por Sánchez
El CGPJ alertó en 2013 contra el «viejo delito» de malversación de Franco que ahora resucita Sánchez
El Gobierno de Sánchez copia casi íntegro el art. 397 del Código Penal de Franco para la malversación
Compare el artículo del Código Penal de Franco sobre la malversación con el de Sánchez
rgarita Robles, ministra de Defensa.
La actual ministra de Defensa, Margarita Robles, juez de carrera, fue la ponente del informe que hizo el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en 2013 sobre la reforma del Código Penal del Gobierno de Mariano Rajoy donde alertó del riesgo de «resucitar» el «viejo delito» de la malversación que había en el franquismo. Un tipo (artículo 397 del Código Penal de 1973) que sido recuperado ahora por el Ejecutivo de Pedro Sánchez, del que forma parte Robles, para rebajar la malversación y contentar a sus socios, los separatistas catalanes.
OKDIARIO publicó este jueves la advertencia que hizo entonces el Consejo General del Poder Judicial y hoy desvela que la ponente de aquel informe fue precisamente la hoy ministra de Defensa, que en ese momento era vocal del órgano de gobierno de los jueces a propuesta del PSOE. De hecho, ostentó este puesto entre septiembre de 2008 y diciembre de 2013.
«En fecha 22 de octubre de 2012 ha tenido entrada en el Registro del Consejo General del Poder Judicial (en adelante CGPJ) el texto del Anteproyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. La Ponencia del presente informe fue asignada a la Excma. Sra. Vocal Doña Margarita Robles Fernández y, en la reunión del día 8 de enero de 2013, la Comisión de Estudios e Informes aprobó el informe, acordando su remisión al Pleno del Consejo General del Poder Judicial», reza en dicho documento dirigido al poder ejecutivo y al legislativo con fecha de 16 de enero de 2013.
Informe del CGPJ de 2013 con Robles como ponente.
En cambio, con la proposición de ley de PSOE y Podemos aprobada este jueves por el Congreso, donde se incluye la derogación del delito de sedición, la rebaja del delito de malversación y la reforma de la ley del Tribunal Constitucional, los partidos que conforman el Gobierno han burlado los informes que sí son preceptivos (del CGPJ, Consejo de Estado, etcétera) en la tramitación de un proyecto de ley emanado del Ejecutivo.
Ahora prisión
El pasado martes, OKDIARIO reveló que el Gobierno ha recuperado prácticamente el artículo 397 del Código Penal de 1973 endureciéndolo si hay daño o entorpecimiento «graves» con penas de hasta cuatro años de guandoca. El precepto del franquismo no conllevaba prisión, sólo multa e inhabilitación.
Mientras que el nuevo artículo 433 del Código Penal que plantea Sánchez dice así: «La autoridad o funcionario público que, sin estar comprendido en los artículos anteriores, diere al patrimonio público que administrare una aplicación pública diferente de aquella a la que estuviere destinado, incurrirá en las penas de prisión de uno a cuatro años e inhabilitación especial de empleo o cargo público de dos a seis años, si resultare daño o entorpecimiento graves del servicio al que estuviere consignado, y de inhabilitación de empleo o cargo público de uno a tres años y multa de tres a doce meses, si no resultare».
Se trata de un texto casi idéntico al tipo que estuvo en vigor entre 1973 y 1995: «El funcionario público que diere a los caudales o efectos que administrare una aplicación pública diferente de aquélla a que estuvieren destinados, incurrirá en las penas de inhabilitación especial y multa del cinco al 50 por 100 de la cantidad distraída, si resultare daño o entorpecimiento del servicio a que estuvieren consignados, sin que pueda bajar dicha multa de 5.000 pesetas, y en la de suspensión, si no resultare». Aquella reforma del Código Penal de 1973 llevó la firma de Franco y del entonces ministro de Justicia, Francisco Ruiz-Jarabo.
El CGPJ, con Margarita Robles como ponente, advirtió ante la reforma de 2015 que «el sistema de remisión a la administración desleal señalado» (en el Anteproyecto de ley) permitía «revivir los tipos penales de malversación despenalizados por el Código Penal de 1995, como el que contemplaba el artículo 397 CP anterior a 1995, que sancionaba a la autoridad o funcionario que distrajere los caudales que administrare dándolos una aplicación pública diferente a la que estuvieren destinados, produciendo así un daño o un entorpecimiento al servicio público».
«Críticas»
«Semejante tipo penal fue despenalizado ante las críticas que despertó por un importante sector de la doctrina en cuanto a su incompatibilidad con el principio de intervención mínima y la consiguiente suficiencia de las infracciones administrativas para sancionar tales infracciones», subrayó el CGPJ.
«Con la nueva redacción del artículo 432 del Anteproyecto y su remisión al tipo de deslealtad del artículo 252.2 del Anteproyecto, que ni siquiera requiere ánimo de lucro en el autor, el viejo delito puede ser ‘resucitado’», avisó la Comisión de Estudios e Informes al Gobierno del PP y al poder legislativo sobre la reforma entonces en curso.
De hecho, tras esta advertencia del CGPJ y durante la tramitación parlamentaria, aquel mismo 2013 fue suprimida la modalidad de ese artículo 252.2, que incluía el llamado tipo de infidelidad. El Ejecutivo de Rajoy endureció la malversación a partir de los conceptos de «administración desleal» y «apropiación indebida» y ahora Sánchez y sus socios separatistas la han suavizado.
Firmó con Iceta, del PSC, la "Declaración de Barcelona" en la que asumen la hoja de ruta y la terminología independentista.
arlos CuestaSeguir a carloscuestaEM
16/12/2022 - 06:46
https://s.libertaddigital.com/images/tras*.pngPedro Sánchez en su visita a los países bálticos | EFE
Un 18 de junio de 2017, Pedro Sánchez recuperaba el poder del PSOE. Desde sus propias filas le habían echado de la Secretaría General de Ferraz por mantener un pacto secreto con los separatistas y proetarras –los mismos a los que amparó y lanzó Rodríguez Zapatero–.
Sánchez, de hecho, perdió el mando del PSOE tras derrumbarse en las elecciones generales de 2016 y en medio del ataque de García Page y Susana Díaz esgrimiendo esas acusaciones internas. Y un mes después de recuperar el poder del partido, Sánchez firmó la declaración de Barcelona con el PSC. El documento, sellado un 14 de julio de 2017, fue inmediatamente remitido a ERC. Y ERC lanzaba dos meses y medio después su golpe separatista del 1-O.
Casualmente, el compromiso de Sánchez y el deseo de ERC era el mismo. Y exactamente igual al texto firmado por el ahora presidente del Gobierno: el "reconocimiento de la plurinacionalidad nacional y aspiraciones nacionales de Cataluña". Y ese redactado fue expresamente firmado por Pedro Sánchez justo antes del 1-O y justo un año antes de lanzar su moción de censura con apoyo, casualmente, de ERC y Bildu.
El acuerdo firmado entre el PSOE y el PSC.El documento firmado fue bautizado como "Declaración de Barcelona". El reconocimiento del poder catalán fue de tal magnitud que la portada del documento recogió los dos logos por separado: el del PSOE y el del PSC.
En aquella época, el mando del PSOE era del mismo Pedro Sánchez que había recuperado el mando nacional del partido pese a la evidencia de su acercamiento a los separatistas y proetarras. Aquel Pedro Sánchez había vuelto a contar ya con el apoyo pleno de Rodríguez Zapatero. Y, por parte de los socialistas catalanes, contó con el apoyo de Miquel Iceta, primer secretario de los socialistas catalanes, para dar cauce a todas las exigencias de ERC. Hoy el mismo Iceta es ministro de Sánchez.
Sánchez, con los separatistas
En 2014, Artur Mas había dado ya un primer golpe separatista. Es decir, que a nadie le cogía de nuevas la estrategia y desafío máximo de los separatistas. Y, justo tres meses antes –dos meses y medio, para ser más exactos– del golpe conjunto separatista de ERC y Junts el 1-O de 2017, Sánchez firmó de manera formal su compromiso con las exigencias de los separatistas. Justo con los que un años después le granjearon el ascenso al poder en la moción de censura contra Mariano Rajoy en mayo-junio de 2018. Justo con los que ahora le soportan en el Gobierno, pase lo que pase. Justo con los que le dictan los indultos impuestos a los golpistas condenados –la cúpula de ERC–. Justo con los que le han escrito la eliminación del delito de sedición. Justo con los que le han dictado la rebaja de las penas del delito de malversación que cometieron por robar dinero al pueblo catalán para fabricar el golpe contra España y su Constitución. Y justo con los que ahora le exigen ya un referéndum blanqueado y la aceleración en el asalto al TC para que unos magistrados mandatados avalen el nuevo golpe separatista camuflado.
El Gobierno consuma su asalto a la Justicia tras acusar a los jueces y a la oposición de golpistasMíriam Muro | Maite Loureiro | Rubén Fernández
El texto de la Declaración de Barcelona que hoy reproduce Libertad Digital recoge expresamente los siguientes compromisos de Sánchez con los separatistas: "Acuerdo entre la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE y la Comisión Ejecutiva del PSC. Desde hace más de quinientos años las historias de Cataluña y España están entrelazadas". El texto especifica que "la frontal oposición del PP a este Estatuto (el texto catalán pactado por Rodríguez Zapatero con los separatistas) y la sentencia que alteró lo que había votado la ciudadanía acabaron por desbaratar el intento de renovar el pacto de los años 1978 y 1979".
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Hoja de ruta desde 2017
¿Y cómo se haría ese reconocimiento de "su personalidad nacional"? Pues con el siguiente listado.
Texto de la "Declaración de Barcelona"- "El respeto al modelo de escuela catalana".
- "La reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, incorporando las previsiones sobre el Consejo de Justicia de Cataluña y configurándolo como una instancia desconcentrada del propio Consejo General del Poder Judicial".
- "La modificación de las normas necesarias para reforzar la ya prevista participación de la administración catalana en materia de inmi gración".
- Aprobando "una Proposición de Ley Orgánica de reconocimiento y amparo de la pluralidad lingüística de España".
- Asegurando "la presencia de Cataluña y de las culturas catalana y aranesa en la UNESCO".
- "Resolviendo cuestiones relativas a la memoria histórica como la anulación radical y expresa del juicio al presidente Lluís Companys".
- Y, directamente "con una reforma constitucional" que, entre cuatro grandes cuestiones, debía incluir, expresamente, "el reconocimiento de las aspiraciones nacionales de Cataluña".
GOLPE AL PODER JUDICIALRobles fue la ponente del CGPJ cuando alertó del tipo franquista de malversación copiado por Sánchez
El CGPJ alertó en 2013 contra el «viejo delito» de malversación de Franco que ahora resucita Sánchez
El Gobierno de Sánchez copia casi íntegro el art. 397 del Código Penal de Franco para la malversación
Compare el artículo del Código Penal de Franco sobre la malversación con el de Sánchez
rgarita Robles, ministra de Defensa.
- SEGUNDO SANZ
- 16/12/2022 06:48
- ACTUALIZADO: 16/12/2022 08:23
La actual ministra de Defensa, Margarita Robles, juez de carrera, fue la ponente del informe que hizo el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en 2013 sobre la reforma del Código Penal del Gobierno de Mariano Rajoy donde alertó del riesgo de «resucitar» el «viejo delito» de la malversación que había en el franquismo. Un tipo (artículo 397 del Código Penal de 1973) que sido recuperado ahora por el Ejecutivo de Pedro Sánchez, del que forma parte Robles, para rebajar la malversación y contentar a sus socios, los separatistas catalanes.
OKDIARIO publicó este jueves la advertencia que hizo entonces el Consejo General del Poder Judicial y hoy desvela que la ponente de aquel informe fue precisamente la hoy ministra de Defensa, que en ese momento era vocal del órgano de gobierno de los jueces a propuesta del PSOE. De hecho, ostentó este puesto entre septiembre de 2008 y diciembre de 2013.
«En fecha 22 de octubre de 2012 ha tenido entrada en el Registro del Consejo General del Poder Judicial (en adelante CGPJ) el texto del Anteproyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. La Ponencia del presente informe fue asignada a la Excma. Sra. Vocal Doña Margarita Robles Fernández y, en la reunión del día 8 de enero de 2013, la Comisión de Estudios e Informes aprobó el informe, acordando su remisión al Pleno del Consejo General del Poder Judicial», reza en dicho documento dirigido al poder ejecutivo y al legislativo con fecha de 16 de enero de 2013.
Informe del CGPJ de 2013 con Robles como ponente.En cambio, con la proposición de ley de PSOE y Podemos aprobada este jueves por el Congreso, donde se incluye la derogación del delito de sedición, la rebaja del delito de malversación y la reforma de la ley del Tribunal Constitucional, los partidos que conforman el Gobierno han burlado los informes que sí son preceptivos (del CGPJ, Consejo de Estado, etcétera) en la tramitación de un proyecto de ley emanado del Ejecutivo.
Ahora prisión
El pasado martes, OKDIARIO reveló que el Gobierno ha recuperado prácticamente el artículo 397 del Código Penal de 1973 endureciéndolo si hay daño o entorpecimiento «graves» con penas de hasta cuatro años de guandoca. El precepto del franquismo no conllevaba prisión, sólo multa e inhabilitación.
Mientras que el nuevo artículo 433 del Código Penal que plantea Sánchez dice así: «La autoridad o funcionario público que, sin estar comprendido en los artículos anteriores, diere al patrimonio público que administrare una aplicación pública diferente de aquella a la que estuviere destinado, incurrirá en las penas de prisión de uno a cuatro años e inhabilitación especial de empleo o cargo público de dos a seis años, si resultare daño o entorpecimiento graves del servicio al que estuviere consignado, y de inhabilitación de empleo o cargo público de uno a tres años y multa de tres a doce meses, si no resultare».
Se trata de un texto casi idéntico al tipo que estuvo en vigor entre 1973 y 1995: «El funcionario público que diere a los caudales o efectos que administrare una aplicación pública diferente de aquélla a que estuvieren destinados, incurrirá en las penas de inhabilitación especial y multa del cinco al 50 por 100 de la cantidad distraída, si resultare daño o entorpecimiento del servicio a que estuvieren consignados, sin que pueda bajar dicha multa de 5.000 pesetas, y en la de suspensión, si no resultare». Aquella reforma del Código Penal de 1973 llevó la firma de Franco y del entonces ministro de Justicia, Francisco Ruiz-Jarabo.
El CGPJ, con Margarita Robles como ponente, advirtió ante la reforma de 2015 que «el sistema de remisión a la administración desleal señalado» (en el Anteproyecto de ley) permitía «revivir los tipos penales de malversación despenalizados por el Código Penal de 1995, como el que contemplaba el artículo 397 CP anterior a 1995, que sancionaba a la autoridad o funcionario que distrajere los caudales que administrare dándolos una aplicación pública diferente a la que estuvieren destinados, produciendo así un daño o un entorpecimiento al servicio público».
«Críticas»
«Semejante tipo penal fue despenalizado ante las críticas que despertó por un importante sector de la doctrina en cuanto a su incompatibilidad con el principio de intervención mínima y la consiguiente suficiencia de las infracciones administrativas para sancionar tales infracciones», subrayó el CGPJ.
«Con la nueva redacción del artículo 432 del Anteproyecto y su remisión al tipo de deslealtad del artículo 252.2 del Anteproyecto, que ni siquiera requiere ánimo de lucro en el autor, el viejo delito puede ser ‘resucitado’», avisó la Comisión de Estudios e Informes al Gobierno del PP y al poder legislativo sobre la reforma entonces en curso.
De hecho, tras esta advertencia del CGPJ y durante la tramitación parlamentaria, aquel mismo 2013 fue suprimida la modalidad de ese artículo 252.2, que incluía el llamado tipo de infidelidad. El Ejecutivo de Rajoy endureció la malversación a partir de los conceptos de «administración desleal» y «apropiación indebida» y ahora Sánchez y sus socios separatistas la han suavizado.
