M. Priede
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El extraño papel de Batet
Hasta en ese caso, pues, Batet podía haber paralizado la supresión de las pruebas de los encuentros de Fuentes Curbelo, así como el listado escrito de las visitas físicas que tuvo mientras era diputado, algo que según la Fiscalía ocurrió: tanto en el Congreso cuanto en la sede central de la Guardia Civil en Madrid se mantuvieron reuniones en las que, a cambio de un peaje inicial de 5.000 euros, se engrasaba la maquinaria para que determinados empresarios lograran supuestos contratos públicos. Todo ello se celebraba posteriormente en grandes banquetes y veladas con cortesanas.
«La existencia de una trama formada por autoridades, altos cargos públicos y otras personas intermedias de aquellas que ofrecían a distintos empresarios la posibilidad de obtener privilegios en el ámbito de la contratación pública u otras manifestaciones o beneficios derivados del sector público a cambio del pago de regalos, dádivas, entregas de dinero u otros obsequios», reza el escrito de la acusación pública.
La sorprendente eliminación del registro de visitas de Fuentes Curbelo corona la secuencia de aparentes «ayudas» que recibió desde el propio Congreso o desde el Gobierno desde que trascendiera su implicación en el caso.
Para empezar, no se permitió el registro de su despacho hasta el 10 de marzo, pese a que lo abandonó el 14 de febrero: durante casi un mes, las posibles pruebas de la trama que guardara Tito Berni en su lugar de trabajo quedaron exentas de investigación judicial, bajo un supuesto precinto de las instalaciones que impide conocer qué pasó en ellas durante todo ese tiempo.
Entre medias, se le consintió adquirir el teléfono móvil y el Ipad puestos por el Congreso a su disposición, algo que hubiera sido clave para la investigación pero que quedó también anulado: la jueza instructora se enteró de ese insólito proceder cuando requirió al Congreso todos los medios electrónicos que tuviera asignados.
Y para terminar, Batet impulsó una medida cosmética a la par que no evitaba la eliminación del registro de visitas: presentó una modificación de la manera de anotar y comunicar los encuentros de sus señorías en el propio Congreso, que ya existía y fue borrada en este caso, para mejorar supuestamente el control que en realidad ya tenía sobre el Tito Berni.
Lejos de apurar todos los recursos para destapar la trama, la Presidencia del Congreso hizo lo contrario, por acción u omisión, en una línea muy similar a la denunciada por la magistrada titular del Juzgado de Instrucción 4 de Santa Cruz de Tenerife, María de los Ángeles Lorenzo-Cáceres Farizo, que no pudo ordenar el ingreso de Fuentes Curbelo en prisión preventiva por la negativa del fiscal del caso, Javier Serrano-Jover, a exigirla. Algo preceptivo para que la jueza, la misma que tuvo que exigir la entrada al despacho del diputado, hubiera podido decretarla.
Con una acusación de cinco delitos, el Tito Berni está en la calle, tuvo su despacho protegido durante casi un mes y, según se sabe ahora, no tiene que temer que se conozcan a las personas que le visitaban en el Congreso.
Resto del artículo: Batet destruyó todos los registros de las reuniones de Tito Berni en el Congreso de los Diputados
Hasta en ese caso, pues, Batet podía haber paralizado la supresión de las pruebas de los encuentros de Fuentes Curbelo, así como el listado escrito de las visitas físicas que tuvo mientras era diputado, algo que según la Fiscalía ocurrió: tanto en el Congreso cuanto en la sede central de la Guardia Civil en Madrid se mantuvieron reuniones en las que, a cambio de un peaje inicial de 5.000 euros, se engrasaba la maquinaria para que determinados empresarios lograran supuestos contratos públicos. Todo ello se celebraba posteriormente en grandes banquetes y veladas con cortesanas.
«La existencia de una trama formada por autoridades, altos cargos públicos y otras personas intermedias de aquellas que ofrecían a distintos empresarios la posibilidad de obtener privilegios en el ámbito de la contratación pública u otras manifestaciones o beneficios derivados del sector público a cambio del pago de regalos, dádivas, entregas de dinero u otros obsequios», reza el escrito de la acusación pública.
La sorprendente eliminación del registro de visitas de Fuentes Curbelo corona la secuencia de aparentes «ayudas» que recibió desde el propio Congreso o desde el Gobierno desde que trascendiera su implicación en el caso.
Para empezar, no se permitió el registro de su despacho hasta el 10 de marzo, pese a que lo abandonó el 14 de febrero: durante casi un mes, las posibles pruebas de la trama que guardara Tito Berni en su lugar de trabajo quedaron exentas de investigación judicial, bajo un supuesto precinto de las instalaciones que impide conocer qué pasó en ellas durante todo ese tiempo.
Entre medias, se le consintió adquirir el teléfono móvil y el Ipad puestos por el Congreso a su disposición, algo que hubiera sido clave para la investigación pero que quedó también anulado: la jueza instructora se enteró de ese insólito proceder cuando requirió al Congreso todos los medios electrónicos que tuviera asignados.
Y para terminar, Batet impulsó una medida cosmética a la par que no evitaba la eliminación del registro de visitas: presentó una modificación de la manera de anotar y comunicar los encuentros de sus señorías en el propio Congreso, que ya existía y fue borrada en este caso, para mejorar supuestamente el control que en realidad ya tenía sobre el Tito Berni.
«Se ruega que cuando se realicen solicitudes en este sentido, dichos datos se incorporen en el documento Excel que se adjunta, respetando las celdas en el modo establecido, y que se comunique a la Comisaría Especial a través de correo electrónico por parte de los diputados, grupos parlamentarios, o personal del Congreso de los Diputados que corresponda. Muchas gracias por su colaboración», explicaba una nota del Congreso trasladada a los grupos el pasado 28 de febrero.
Lejos de apurar todos los recursos para destapar la trama, la Presidencia del Congreso hizo lo contrario, por acción u omisión, en una línea muy similar a la denunciada por la magistrada titular del Juzgado de Instrucción 4 de Santa Cruz de Tenerife, María de los Ángeles Lorenzo-Cáceres Farizo, que no pudo ordenar el ingreso de Fuentes Curbelo en prisión preventiva por la negativa del fiscal del caso, Javier Serrano-Jover, a exigirla. Algo preceptivo para que la jueza, la misma que tuvo que exigir la entrada al despacho del diputado, hubiera podido decretarla.
Con una acusación de cinco delitos, el Tito Berni está en la calle, tuvo su despacho protegido durante casi un mes y, según se sabe ahora, no tiene que temer que se conozcan a las personas que le visitaban en el Congreso.
Resto del artículo: Batet destruyó todos los registros de las reuniones de Tito Berni en el Congreso de los Diputados
