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La Comisaría General de Extranjería y Fronteras (CGEF) de la Policía Nacional ha admitido a través de un comunicado interno las dificultades que tiene para proceder a la repatriación de marroquíes indocumentados.
La instrucción, que tenía su origen en el Ministerio del Interior y está fechada el 29 de agosto de 2022, expresa indicaciones precisas para que aquellos pagapensiones ilegales de origen jovenlandés carentes de toda identificación no fuesen derivados a los Centros de Internamiento para Extranjeros (CIE). De esta forma, todos aquellos indocumentados provenientes de jovenlandia «quedaban libres pasadas 48-72 horas».
«Si no tienen pasaporte, nos ponen –desde jovenlandia– pegas», aseguran a La Gaceta de la Iberosfera fuentes policiales. «Aún sabiendo que son marroquíes dicen que no», confiesan, señalando que incluso el propio consulado de jovenlandia dificulta todo proceso de identificación de sus nacionales que acceden a España sin documentación.
Dicha instrucción se materializó además en mitad del proceso de expulsión de Yassin Kanka, el yihadista que mató al sacristán Diego Valencia e hirió a un sacerdote en Algeciras (Cádiz) el pasado 25 de enero. Así lo ponen de manifiesto los agentes consultados por La Gaceta de la Iberosfera, que precisan que siendo detenido su proceso de expulsión pudo haber quedado paralizado por esta circunstancia.
Documento interno de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras
Yassine Kanjaa, que debió haber sido internado en un CIE para su exhaustivo control policial hasta la ejecución de su expulsión a jovenlandia, quedó sin embargo libre bajo un escueto seguimiento policial que no impidió después el atroz atentado en la ciudad gaditana.
Caída en picado de pagapensiones ilegales expulsados
El actual Ejecutivo no ha mejorado la ejecución de expulsiones desde su llegada a La Moncloa. A pesar de que la entrada ilegal de marroquíes ha aumentado en los últimos años, la cifra de expulsados ha experimentado desde 2019 una caída en picado.
Según datos recogidos por el Defensor del Pueblo, la cifra de repatriados en los últimos años ha caído en más de un 90 por ciento. Pasando de las más de 37.000 expulsiones y devoluciones ejecutadas en el año 2019 a las 3.594 materializadas en el año 2021.
De un total de 42.597 expedientes de devolución y expulsión incoados hace dos años solo terminaron por ejecutarse poco más de un 8%, un hecho que también ocurrió en el año 2020, cuando –según las cifras recogidas por la autoridad del Estado– se ejecutaron únicamente el 8,77% del total de expedientes iniciados
La instrucción, que tenía su origen en el Ministerio del Interior y está fechada el 29 de agosto de 2022, expresa indicaciones precisas para que aquellos pagapensiones ilegales de origen jovenlandés carentes de toda identificación no fuesen derivados a los Centros de Internamiento para Extranjeros (CIE). De esta forma, todos aquellos indocumentados provenientes de jovenlandia «quedaban libres pasadas 48-72 horas».
«Si no tienen pasaporte, nos ponen –desde jovenlandia– pegas», aseguran a La Gaceta de la Iberosfera fuentes policiales. «Aún sabiendo que son marroquíes dicen que no», confiesan, señalando que incluso el propio consulado de jovenlandia dificulta todo proceso de identificación de sus nacionales que acceden a España sin documentación.
Dicha instrucción se materializó además en mitad del proceso de expulsión de Yassin Kanka, el yihadista que mató al sacristán Diego Valencia e hirió a un sacerdote en Algeciras (Cádiz) el pasado 25 de enero. Así lo ponen de manifiesto los agentes consultados por La Gaceta de la Iberosfera, que precisan que siendo detenido su proceso de expulsión pudo haber quedado paralizado por esta circunstancia.
Yassine Kanjaa, que debió haber sido internado en un CIE para su exhaustivo control policial hasta la ejecución de su expulsión a jovenlandia, quedó sin embargo libre bajo un escueto seguimiento policial que no impidió después el atroz atentado en la ciudad gaditana.
Caída en picado de pagapensiones ilegales expulsados
El actual Ejecutivo no ha mejorado la ejecución de expulsiones desde su llegada a La Moncloa. A pesar de que la entrada ilegal de marroquíes ha aumentado en los últimos años, la cifra de expulsados ha experimentado desde 2019 una caída en picado.
Según datos recogidos por el Defensor del Pueblo, la cifra de repatriados en los últimos años ha caído en más de un 90 por ciento. Pasando de las más de 37.000 expulsiones y devoluciones ejecutadas en el año 2019 a las 3.594 materializadas en el año 2021.
De un total de 42.597 expedientes de devolución y expulsión incoados hace dos años solo terminaron por ejecutarse poco más de un 8%, un hecho que también ocurrió en el año 2020, cuando –según las cifras recogidas por la autoridad del Estado– se ejecutaron únicamente el 8,77% del total de expedientes iniciados
https://gaceta.es/espana/la-policia...a-jovenlandeses-indocumentados-20230208-1142/
