La Policía acredita el posible cohecho del PP con 18 contratos Gürtel de la época de Aznar

Un informe de la UDEF in extremis localiza decenas de millones de sobrecostes en adjudicaciones a Hispánica desde Ministerios entre 2000 y 2004
MARCOS PARADINAS Martes, 27 de julio de 2021

El expresidente del Gobierno y presidente de la Fundación FAES, José María Aznar, en mayo 2021. EP

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ha entregado al juez Santiago Pedraz, dentro de la investigación de la caja B y la financiación irregular del Partido Popular, un informe de más de 400 páginas en el que acredita el posible cohecho del PP en la época del Gobierno de José María Aznar a través de numerosas adjudicaciones sospechosas con sobrecostes millonarios para una empresa vinculada a la Gürtel, Hispánica S.A.
En la contabilidad paralela que Luis Bárcenas, entonces tesorero del Partido Popular, elaboraba y que ha pasado a conocerse como los Papeles de Bárcenas, el presidente de Hispánica aparece señalado como donante del partido en nueve entregas que suman un total de 258.000 euros. En el primer juicio de Gürtel, en 2018, este empresario ya confesó que pagaba al cabecilla de la trama, Francisco Correa, para que intercediera ante los organismos públicos y los cargos del PP que los contralaban para conseguir adjudicaciones en Castilla y León y Pozuelo de Alarcón (Madrid).
En su reciente declaración en la Audiencia Nacional, Bárcenas salpicó a “todos” los ministros de Fomento y Medioambiente del PP como protagonistas de conversaciones con los empresarios que aparecen como donantes en su contabilidad paralela. Y lo cierto es que de estas carteras provienen buena parte de los 23 contratos adjudicados a Hispánica que ha investigado la UDEF y de los que da buena cuenta el famoso inspector Manuel jovenlandéscho a lo largo de 424 páginas. Son contratos de Renfe, Adif, Aena, la Dirección General de Carreteras, las Confederaciones Hidrográficas de Guadalquivir o Tajo o de la Dirección General de Costas, además de otras adjudicaciones de los Ministerios de Interior, Defensa, Educación, de la Agencia Tributaria o el Instituto de Turismo.

“De los veintitrés expedientes objeto de estudio dieciocho tuvieron un coste superior al precio original derivados de cambios en las circunstancias de ejecución del contrato ya sea por revisiones de precios, modificados, adicionales por incremento de unidades de obra en la certificación final y obras complementarias”, señala la UDEF en su informe. Unos sobrecostes que van desde el 4,85% cargado a la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios al 94,53% que le sacaron a Turespaña.
Además, el informe señala de manera destacada que en 14 de los contratos hay un gasto extra que roza el 10% del presupuesto, que es lo que la norma marca como límite para gastar sin necesidad de una aprobación previa. Un detalle que remarca con una tabla donde se recogen esos contratos.


Según la Policía Nacional, Hispánica utilizó todo un ramillete de estrategias para que la ejecución final superase por mucho el precio pactado, “mediante prórrogas del plazo de ejecución previstos, la realización de expedientes de modificados o de obras complementarias”. Algo a lo que ayudó el uso de “criterios objetivos no cuantificables, cuya evaluación tiene un elevado carácter subjetivo” para conseguir el visto bueno político de manera arbitraria, lo que supondría “una vulneración de los principios generales de la contratación: publicidad, concurrencia, objetividad y tras*parencia”.
El informe de la UDEF tiene fecha del 20 de julio y ha llegado justo antes de que el juez Pedraz decretase el cierre de las diligencias y no pidiese ampliar el plazo de las pesquisas, que caducaban este 27 de julio. El magistrado tendrá que analizar ahora este informe dentro del caso que investiga en el juzgado de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional la presunta financiación irregular del PP y el delito de cohecho. Un delito, conocido popularmente como soborno, difícil de probar porque no basta con la entrega de dinero al funcionario público sino que también debe probarse la contrapartida recibida por el empresario. Algo que refuerza este informe de la UDEF y que el juez deberá estudiar antes de decretar si envía el caso a juicio oral o lo archiva.