En los últimos meses, más de 600 soldados españoles desplegados en Líbano como parte de la misión de la ONU se encuentran en una situación de riesgo creciente. Estos Cascos Azules, que representan un esfuerzo internacional para mantener la paz en una región marcada por conflictos, se enfrentan al peligro de ataques por parte de Israel, país que ha incumplido reiteradamente los mandatos de Naciones Unidas.
Lo que agrava esta situación es la paradójica relación entre España e Israel. Mientras que nuestros soldados están en primera línea, expuestos a un conflicto en el que Israel actúa al margen del derecho internacional, España continúa suministrando armas a este país. Es un claro ejemplo de la hipocresía que reina en la política internacional, donde los principios y las acciones no siempre coinciden. Pero la pregunta más crítica es: ¿de qué manera se beneficia España de esta situación? ¿Y para quién están arriesgando la vida nuestros soldados?
Israel ha sido acusado en varias ocasiones de ignorar las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU que buscan establecer una paz duradera en la región. A pesar de ello, sigue actuando militarmente en zonas donde la presencia de la ONU debería garantizar un alto el fuego y la seguridad para los civiles y los Cascos Azules. Para los más de 600 soldados españoles desplegados en Líbano, esto supone un riesgo directo a sus vidas. Y lo que es peor, existe la posibilidad de que puedan ser atacados con las mismas armas que nosotros, como país, hemos suministrado.
España mantiene relaciones comerciales con Israel, incluida la venta de armamento. Esta relación se justifica muchas veces en términos de alianzas estratégicas, cooperación en tecnología militar y beneficios económicos. Sin embargo, mientras nuestras industrias de defensa pueden obtener ganancias, la realidad es que nuestros soldados están en el terreno expuestos a un peligro inminente, que en parte puede estar alimentado por esa misma cooperación armamentística.
Esto no solo afecta a España, sino también a Francia, que también suministra armas a Israel mientras tiene tropas desplegadas en Líbano. En ambos casos, las vidas de nuestros soldados están en riesgo en nombre de intereses económicos que, a nivel humano, son imposibles de justificar.
La situación en Líbano es un claro reflejo de la hipocresía que afecta a las relaciones internacionales. Mientras España participa en misiones de paz y defiende el papel de la ONU, al mismo tiempo fomenta una relación con un país que viola sistemáticamente las resoluciones de la ONU. Esta contradicción deja a nuestros soldados con el ojo ciego al aire. ¿A quién estamos sirviendo realmente? ¿Defendemos los valores de la ONU y el derecho internacional, o nos estamos subordinando a los intereses de Estados Unidos e Israel?
EN 2003 España envió tropas a Irak como parte de la "Coalición de la Voluntad", lo que generó una gran polémica interna y externa. El apoyo a una guerra que se basó en información falsa expuso a los soldados españoles a riesgos en un conflicto que no solo carecía de legitimidad internacional, sino que respondía principalmente a los intereses estratégicos de Estados Unidos y Reino Unido. Esto llevó a ataques directos contra las tropas españolas, como el atentado en la base de Najaf en 2003, en el que murieron 19 soldados españoles. ¿Cuántos españoles deben morir ahora?.
La desinformación y los rumores sobre decapitaciones de niños y niños dentro de hornos, que surgieron tras los ataques de Hamas hace un año, han sido desacreditados por múltiples fuentes y medios independientes. A pesar de que estas historias han sido refutadas, algunos medios de comunicación continúan manteniendo el mismo relato que ha sido demostrado como falso y manipulador. La complicidad con el genocidio, según el derecho internacional, implica que alguien haya contribuido activa y conscientemente a la comisión de dicho crimen. En el contexto de los medios, esto significaría demostrar que los periodistas o medios han promovido activamente la violencia o incitado a crímenes de guerra, lo cual es difícil de probar. A pesar de esto, en algunos casos históricos, como en el genocidio de Ruanda en 1994, medios de comunicación como Radio Télévision Libre des Mille Collines (RTLM) fueron acusados de incitar al genocidio al difundir propaganda de repruebo. Varios responsables de esa emisora fueron condenados por el Tribunal Penal Internacional para Ruanda.
Esta persistencia en la desinformación no es un error periodístico. Es una violación flagrante del deber de informar con la verdad y un acto de irresponsabilidad con graves consecuencias. Porque mientras los medios propagan estas mentiras, contribuyen a una narrativa que justifica la violencia, la ocupación y la opresión contra el pueblo palestino, así como justifican la exposición mortal de los soldados españoles. ¿Dónde está la rendición de cuentas? ¿Dónde están los artículos en primera página y programas de la mañana en los que se pida perdón y se informe con la misma intensidad de la falsedad de los hechos del día 7?
Por eso, espero con ansias que periodistas y medios de comunicación, tanto españoles como internacionales, sean sometidos a juicio. Es hora de que aquellos que conscientemente han difundido mentiras y contribuido a la demonización de un pueblo entero, rindan cuentas ante un tribunal. Al igual que se ha hecho en el pasado con los responsables de propaganda genocida en otros conflictos, los medios que han promovido la desinformación sobre Palestina deben enfrentarse a las consecuencias de sus actos.
Lo que agrava esta situación es la paradójica relación entre España e Israel. Mientras que nuestros soldados están en primera línea, expuestos a un conflicto en el que Israel actúa al margen del derecho internacional, España continúa suministrando armas a este país. Es un claro ejemplo de la hipocresía que reina en la política internacional, donde los principios y las acciones no siempre coinciden. Pero la pregunta más crítica es: ¿de qué manera se beneficia España de esta situación? ¿Y para quién están arriesgando la vida nuestros soldados?
Israel ha sido acusado en varias ocasiones de ignorar las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU que buscan establecer una paz duradera en la región. A pesar de ello, sigue actuando militarmente en zonas donde la presencia de la ONU debería garantizar un alto el fuego y la seguridad para los civiles y los Cascos Azules. Para los más de 600 soldados españoles desplegados en Líbano, esto supone un riesgo directo a sus vidas. Y lo que es peor, existe la posibilidad de que puedan ser atacados con las mismas armas que nosotros, como país, hemos suministrado.
España mantiene relaciones comerciales con Israel, incluida la venta de armamento. Esta relación se justifica muchas veces en términos de alianzas estratégicas, cooperación en tecnología militar y beneficios económicos. Sin embargo, mientras nuestras industrias de defensa pueden obtener ganancias, la realidad es que nuestros soldados están en el terreno expuestos a un peligro inminente, que en parte puede estar alimentado por esa misma cooperación armamentística.
Esto no solo afecta a España, sino también a Francia, que también suministra armas a Israel mientras tiene tropas desplegadas en Líbano. En ambos casos, las vidas de nuestros soldados están en riesgo en nombre de intereses económicos que, a nivel humano, son imposibles de justificar.
La situación en Líbano es un claro reflejo de la hipocresía que afecta a las relaciones internacionales. Mientras España participa en misiones de paz y defiende el papel de la ONU, al mismo tiempo fomenta una relación con un país que viola sistemáticamente las resoluciones de la ONU. Esta contradicción deja a nuestros soldados con el ojo ciego al aire. ¿A quién estamos sirviendo realmente? ¿Defendemos los valores de la ONU y el derecho internacional, o nos estamos subordinando a los intereses de Estados Unidos e Israel?
EN 2003 España envió tropas a Irak como parte de la "Coalición de la Voluntad", lo que generó una gran polémica interna y externa. El apoyo a una guerra que se basó en información falsa expuso a los soldados españoles a riesgos en un conflicto que no solo carecía de legitimidad internacional, sino que respondía principalmente a los intereses estratégicos de Estados Unidos y Reino Unido. Esto llevó a ataques directos contra las tropas españolas, como el atentado en la base de Najaf en 2003, en el que murieron 19 soldados españoles. ¿Cuántos españoles deben morir ahora?.
La desinformación y los rumores sobre decapitaciones de niños y niños dentro de hornos, que surgieron tras los ataques de Hamas hace un año, han sido desacreditados por múltiples fuentes y medios independientes. A pesar de que estas historias han sido refutadas, algunos medios de comunicación continúan manteniendo el mismo relato que ha sido demostrado como falso y manipulador. La complicidad con el genocidio, según el derecho internacional, implica que alguien haya contribuido activa y conscientemente a la comisión de dicho crimen. En el contexto de los medios, esto significaría demostrar que los periodistas o medios han promovido activamente la violencia o incitado a crímenes de guerra, lo cual es difícil de probar. A pesar de esto, en algunos casos históricos, como en el genocidio de Ruanda en 1994, medios de comunicación como Radio Télévision Libre des Mille Collines (RTLM) fueron acusados de incitar al genocidio al difundir propaganda de repruebo. Varios responsables de esa emisora fueron condenados por el Tribunal Penal Internacional para Ruanda.
Esta persistencia en la desinformación no es un error periodístico. Es una violación flagrante del deber de informar con la verdad y un acto de irresponsabilidad con graves consecuencias. Porque mientras los medios propagan estas mentiras, contribuyen a una narrativa que justifica la violencia, la ocupación y la opresión contra el pueblo palestino, así como justifican la exposición mortal de los soldados españoles. ¿Dónde está la rendición de cuentas? ¿Dónde están los artículos en primera página y programas de la mañana en los que se pida perdón y se informe con la misma intensidad de la falsedad de los hechos del día 7?
Por eso, espero con ansias que periodistas y medios de comunicación, tanto españoles como internacionales, sean sometidos a juicio. Es hora de que aquellos que conscientemente han difundido mentiras y contribuido a la demonización de un pueblo entero, rindan cuentas ante un tribunal. Al igual que se ha hecho en el pasado con los responsables de propaganda genocida en otros conflictos, los medios que han promovido la desinformación sobre Palestina deben enfrentarse a las consecuencias de sus actos.
