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Será en Octubre
Inmuebles en riesgo en el litoral gallego: de 232 empresas a 59 lonjas, 7 cámpings o 2 hórreos
XOSÉ GAGOSANTIAGO / LA VOZ
GALICIA
Vista de parte del litoral de Barreiros desde la playa y el paseo de A Rapadoira, en Foz. PEPA LOSADA
La Xunta alerta del impacto económico y social de los cambios en la Ley de Costas que podrían afectar a 4.000 edificaciones
15 jun 2022. Actualizado a las 05:00 h.
Comentar · 4
Entre las casi 4.000 edificaciones que, según denuncia la Xunta, están en riesgo por los cambios en la normativa de costas que planea el Gobierno central se cuentan 232 empresas, 59 lonjas, 24 gasolineras y otras tantas depuradoras, 11 mercados municipales, diez centros de salud, siete cámpings, seis cementerios y dos hórreos, entre otras instalaciones de todo tipo. Los datos han sido facilitados por la Consellería de Medio Ambiente, que a través del Instituto de Estudos do Territorio y la base topográfica de Galicia 2020 identificó las edificaciones afectadas en dominio público marítimo-terrestre; en concreto, 3.930.
Los cambios en la normativa sobre costas, que el Ejecutivo está impulsando mediante la Ley de Cambio Climático, han causado preocupación en el Gobierno gallego, que denuncia que parecen encaminados a la «progresiva deshumanización» de la costa española, retirando cualquier vestigio de actividad o presencia de las personas en la franja costera. Esos objetivos están muy lejos de los que defiende la Xunta, que quiere una recuperación de edificaciones tradicionales anteriores a la Ley de Costas que formen parte del patrimonio litoral y definir la fisonomía del paisaje costero de Galicia. El Ejecutivo gallego también teme su impacto económico, ya que 74 de las 81 ramas de actividad económica presentes en la comunidad están vinculadas con la cadena mar-industria.
Edificaciones en peligro
LA VOZ
La Xunta ha empezado a movilizarse para informar de las consecuencias de los cambios. La conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, y su homóloga de Mar, Rosa Quintana, reunieron el lunes en Ribeira a 70 alcaldes para explicar la problemática. El cambio legislativo, denunciaron, deja a las construcciones en la franja de costa en situación de inseguridad jurídica, ya que podrían no ver renovada su concesión o el uso que se les está dando. En esa situación están cien empresas de la cadena mar-industria, señalaron.
Para evitar ese escenario, Vázquez y Quintana reclamaron que Galicia tenga la gestión íntegra de la costa, como ya ocurre en Andalucía y Cataluña. El presidente de la Xunta mantiene que los informes jurídicos avalan que Galicia puede tener esa competencia sin cambiar el Estatuto de Autonomía, cambio que, en cambio, está exigiendo el Gobierno.
También BNG y PSdeG coinciden en que no es preciso reformar el Estatuto para que Galicia pueda gestionar su costa. Sin embargo, el equipo de Pedro Sánchez no ha movido su postura.
Los nuevos excesos urbanísticos: chiringuitos de playa en suelo público y caravanas como viviendas
JUAN CAPEÁNS
El debate parlamentario
El diputado del Bloque Luis Bará subrayó en el Parlamento el apoyo de su grupo, pero matizó que de fondo la campaña emprendida por el PPdeG tiene el fin de evitar el cierre de la planta de Ence en la ría de Pontevedra. También la parlamentaria socialista Cristina Otero confirmó el apoyo de su partido, pero reprochó a los populares que en 13 años no negociasen ninguna tras*ferencia. La parlamentaria popular Begoña Freire calificó de «afrenta» el plan del Estado y subrayó que debe ser desde Santiago, y no «desde Madrid», desde donde se decida el futuro de la costa.
La patronal gallega también reclama la cesión de la gestión de la costa
El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, invitó al Gobierno central a negociar «cuanto antes» la tras*ferencia de las competencias sobre la costa. Rueda planteó ayer la cuestión en las reuniones con el presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG), Juan Manuel Vieites, y los secretarios generales de UGT y Comisiones Obreras. Vieites, que fue responsable de la patronal de conserveras (Anfaco) hasta este año, reclamó que la gestión del litoral se ponga de inmediato en manos de Galicia. Considera que el estatuto y los informes jurídicos existentes avalan la tras*ferencia, y señaló que de esa forma podrán garantizarse las inversiones en el sector mar-industria y desarrollarse de forma más eficiente.
GALICIA
Vista de parte del litoral de Barreiros desde la playa y el paseo de A Rapadoira, en Foz. PEPA LOSADA
La Xunta alerta del impacto económico y social de los cambios en la Ley de Costas que podrían afectar a 4.000 edificaciones
15 jun 2022. Actualizado a las 05:00 h.
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Entre las casi 4.000 edificaciones que, según denuncia la Xunta, están en riesgo por los cambios en la normativa de costas que planea el Gobierno central se cuentan 232 empresas, 59 lonjas, 24 gasolineras y otras tantas depuradoras, 11 mercados municipales, diez centros de salud, siete cámpings, seis cementerios y dos hórreos, entre otras instalaciones de todo tipo. Los datos han sido facilitados por la Consellería de Medio Ambiente, que a través del Instituto de Estudos do Territorio y la base topográfica de Galicia 2020 identificó las edificaciones afectadas en dominio público marítimo-terrestre; en concreto, 3.930.
Los cambios en la normativa sobre costas, que el Ejecutivo está impulsando mediante la Ley de Cambio Climático, han causado preocupación en el Gobierno gallego, que denuncia que parecen encaminados a la «progresiva deshumanización» de la costa española, retirando cualquier vestigio de actividad o presencia de las personas en la franja costera. Esos objetivos están muy lejos de los que defiende la Xunta, que quiere una recuperación de edificaciones tradicionales anteriores a la Ley de Costas que formen parte del patrimonio litoral y definir la fisonomía del paisaje costero de Galicia. El Ejecutivo gallego también teme su impacto económico, ya que 74 de las 81 ramas de actividad económica presentes en la comunidad están vinculadas con la cadena mar-industria.
Edificaciones en peligro
LA VOZ
La Xunta ha empezado a movilizarse para informar de las consecuencias de los cambios. La conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, y su homóloga de Mar, Rosa Quintana, reunieron el lunes en Ribeira a 70 alcaldes para explicar la problemática. El cambio legislativo, denunciaron, deja a las construcciones en la franja de costa en situación de inseguridad jurídica, ya que podrían no ver renovada su concesión o el uso que se les está dando. En esa situación están cien empresas de la cadena mar-industria, señalaron.
Para evitar ese escenario, Vázquez y Quintana reclamaron que Galicia tenga la gestión íntegra de la costa, como ya ocurre en Andalucía y Cataluña. El presidente de la Xunta mantiene que los informes jurídicos avalan que Galicia puede tener esa competencia sin cambiar el Estatuto de Autonomía, cambio que, en cambio, está exigiendo el Gobierno.
También BNG y PSdeG coinciden en que no es preciso reformar el Estatuto para que Galicia pueda gestionar su costa. Sin embargo, el equipo de Pedro Sánchez no ha movido su postura.
Los nuevos excesos urbanísticos: chiringuitos de playa en suelo público y caravanas como viviendas
JUAN CAPEÁNS
El debate parlamentario
El diputado del Bloque Luis Bará subrayó en el Parlamento el apoyo de su grupo, pero matizó que de fondo la campaña emprendida por el PPdeG tiene el fin de evitar el cierre de la planta de Ence en la ría de Pontevedra. También la parlamentaria socialista Cristina Otero confirmó el apoyo de su partido, pero reprochó a los populares que en 13 años no negociasen ninguna tras*ferencia. La parlamentaria popular Begoña Freire calificó de «afrenta» el plan del Estado y subrayó que debe ser desde Santiago, y no «desde Madrid», desde donde se decida el futuro de la costa.
La patronal gallega también reclama la cesión de la gestión de la costa
El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, invitó al Gobierno central a negociar «cuanto antes» la tras*ferencia de las competencias sobre la costa. Rueda planteó ayer la cuestión en las reuniones con el presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG), Juan Manuel Vieites, y los secretarios generales de UGT y Comisiones Obreras. Vieites, que fue responsable de la patronal de conserveras (Anfaco) hasta este año, reclamó que la gestión del litoral se ponga de inmediato en manos de Galicia. Considera que el estatuto y los informes jurídicos existentes avalan la tras*ferencia, y señaló que de esa forma podrán garantizarse las inversiones en el sector mar-industria y desarrollarse de forma más eficiente.
