david53
Madmaxista
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Eduardo Parra
7-9 minutos
Isabel Rodríguez, Félix Bolaños, María Jesús Montero y Elma Saiz este miércoles en el Congreso de los Diputados. Europa Press
Tribunas LA TRIBUNA
"Les diré que con mis tres propiedades que ha mencionado no tengo ni para pagar la mitad del chalet de Galapagar", respondió hace una semana la ministra socialista de Vivienda, Isabel Rodríguez, en referencia al chalet de Pablo Iglesias e Irene Montero y en respuesta a las acusaciones de ser una "rentista" por parte de Ione Belarra, de Podemos.
La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, interviene durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, el 23 de octubre de 2024.
Europa Press
El Congreso de los Diputados volvió a convertirse en el habitual gallinero en el que el ruido impide una exposición seria del problema y el consecuente debate analítico para solucionar el mal crónico de la vivienda en España.
Los políticos de izquierda, en su trampantojo de representar y conseguir el voto de los más desfavorecidos, no dan abasto con su propaganda franciscana. En efecto, ¿quién puede creer a la vicepresidenta de Sumar, Yolanda Díaz, que acude a una manifestación exigiendo vivienda accesible como si estuviera todavía en la oposición?
¿Quién puede tomar en serio a los Iglesias Montero, con su chalé de medio millón y enanitos de piedra en el jardín?
Un momento. ¿Tres propiedades por 100.000 euros y una de ellas alquilada por 428 euros? O es un genio de las inversiones o la ministra es la única que da ejemplo. A ver si vamos a querer vivir todos en el barrio de Salamanca o en Galapagar.
Pero disculpen la ironía.
Como decía, el problema de la vivienda en España requiere análisis más serios y soluciones rápidas. La asequibilidad ha empeorado, especialmente para los jóvenes, que son quienes recurren al alquiler, un ámbito donde los altos precios provocan sobrecarga financiera.
Un 30% de los hogares destina más del 40% de sus ingresos a la vivienda, sobre todo en grandes ciudades y zonas turísticas, según CaixaBank. La inseguridad en el acceso a la vivienda afecta a los grupos de bajos ingresos y aumenta las desigualdades sanitarias.
Las soluciones incluyen subsidios, créditos del ICO como propone el PSOE, y aumentar la oferta de vivienda asequible, evitando recalificaciones.
El control de los precios del alquiler, adoptado parcialmente en ciudades como Barcelona y Valencia, los ha contenido a corto plazo, pero también ha reducido la oferta, y muchos propietarios evaden la normativa.
Podemos propone una reducción del 40% en los alquileres como condición para aprobar los Presupuestos, una medida controvertida y con resultados no satisfactorios a largo plazo.
Las medidas de José Luis Rodríguez Zapatero para frenar la caída no evitaron desalojos, y el parque de vivienda social seguía siendo escaso.
Posteriormente, Mariano Rajoy adoptó medidas de austeridad y una Ley de Segunda Oportunidad, pero tampoco abordó la raíz del problema.
Pedro Sánchez, en la Moncloa desde 2018, prometió la construcción de 183.000 viviendas, o más, de alquiler social y asequible, pero ni él sabe dónde están. El porcentaje de vivienda social español sigue siendo, tras*curridas décadas, del 2%, mientras que la media de la Unión Europea ronda el 9%, con un 30% en los Países Bajos, un 25% en Austria o un 16% en Francia.
Además, los precios han crecido en España más de un 16% en la última década, y la inflación postCovid ha secado los bolsillos.
Mientras Podemos y Sumar siguen soñando con una distopía anticapitalista en la que todos los precios bajan porque los salarios no suben, los salarios europeos duplican y triplican el salario mayoritario en España, con un modal de unos 1.200 euros mensuales netos frente al de los países mencionados, que está entre los 2.500 y los 3.000 euros mensuales.
¿No podríamos aspirar todos a ser más ricos?
Sin ser economista, es fácil comprender que el encarecimiento de la vivienda se agrava con la precariedad de los salarios españoles: el problema no es que vengan turistas que pueden pagar más que los locales, sino que los españoles siguen ganando una miseria.
Si en España tuviéramos un salario modal de 3.000 euros y no la inseguridad laboral de uno de los índices de desempleo más altos de la UE, podríamos pagar vivienda y aportar al fondo común lo suficiente para mantener la calidad y también la oferta de servicios fundamentales como la educación y la sanidad.
Cuesta comprender cómo las mentes brillantes del hemiciclo de camorristas no han caído en la cuenta durante estos 46 años de alternancia de poder entre el PSOE y el PP.
www.elespanol.com
7-9 minutos
Isabel Rodríguez, Félix Bolaños, María Jesús Montero y Elma Saiz este miércoles en el Congreso de los Diputados. Europa Press
Tribunas LA TRIBUNA
Sin ser economista, es fácil comprender que el encarecimiento de la vivienda se agrava con la precariedad de los salarios españoles.
"Les diré que con mis tres propiedades que ha mencionado no tengo ni para pagar la mitad del chalet de Galapagar", respondió hace una semana la ministra socialista de Vivienda, Isabel Rodríguez, en referencia al chalet de Pablo Iglesias e Irene Montero y en respuesta a las acusaciones de ser una "rentista" por parte de Ione Belarra, de Podemos.
La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, interviene durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, el 23 de octubre de 2024.
Europa Press
El Congreso de los Diputados volvió a convertirse en el habitual gallinero en el que el ruido impide una exposición seria del problema y el consecuente debate analítico para solucionar el mal crónico de la vivienda en España.
Los políticos de izquierda, en su trampantojo de representar y conseguir el voto de los más desfavorecidos, no dan abasto con su propaganda franciscana. En efecto, ¿quién puede creer a la vicepresidenta de Sumar, Yolanda Díaz, que acude a una manifestación exigiendo vivienda accesible como si estuviera todavía en la oposición?
¿Quién puede tomar en serio a los Iglesias Montero, con su chalé de medio millón y enanitos de piedra en el jardín?
¿Quién puede creer que una ministra con tres propiedades valoradas en 100.000 euros puede aportar alguna solución?
Un momento. ¿Tres propiedades por 100.000 euros y una de ellas alquilada por 428 euros? O es un genio de las inversiones o la ministra es la única que da ejemplo. A ver si vamos a querer vivir todos en el barrio de Salamanca o en Galapagar.
Pero disculpen la ironía.
Como decía, el problema de la vivienda en España requiere análisis más serios y soluciones rápidas. La asequibilidad ha empeorado, especialmente para los jóvenes, que son quienes recurren al alquiler, un ámbito donde los altos precios provocan sobrecarga financiera.
Un 30% de los hogares destina más del 40% de sus ingresos a la vivienda, sobre todo en grandes ciudades y zonas turísticas, según CaixaBank. La inseguridad en el acceso a la vivienda afecta a los grupos de bajos ingresos y aumenta las desigualdades sanitarias.
Las soluciones incluyen subsidios, créditos del ICO como propone el PSOE, y aumentar la oferta de vivienda asequible, evitando recalificaciones.
El control de los precios del alquiler, adoptado parcialmente en ciudades como Barcelona y Valencia, los ha contenido a corto plazo, pero también ha reducido la oferta, y muchos propietarios evaden la normativa.
Podemos propone una reducción del 40% en los alquileres como condición para aprobar los Presupuestos, una medida controvertida y con resultados no satisfactorios a largo plazo.
Algunos economistas defienden reformar el mercado del suelo para facilitar la construcción de nuevas viviendas, una promesa incumplida tanto por el PP como por el PSOE. Tras estallar la burbuja inmobiliaria de 2008, los precios cayeron, pero el acceso siguió siendo difícil.
Las medidas de José Luis Rodríguez Zapatero para frenar la caída no evitaron desalojos, y el parque de vivienda social seguía siendo escaso.
Posteriormente, Mariano Rajoy adoptó medidas de austeridad y una Ley de Segunda Oportunidad, pero tampoco abordó la raíz del problema.
Pedro Sánchez, en la Moncloa desde 2018, prometió la construcción de 183.000 viviendas, o más, de alquiler social y asequible, pero ni él sabe dónde están. El porcentaje de vivienda social español sigue siendo, tras*curridas décadas, del 2%, mientras que la media de la Unión Europea ronda el 9%, con un 30% en los Países Bajos, un 25% en Austria o un 16% en Francia.
Además, los precios han crecido en España más de un 16% en la última década, y la inflación postCovid ha secado los bolsillos.
Mientras Podemos y Sumar siguen soñando con una distopía anticapitalista en la que todos los precios bajan porque los salarios no suben, los salarios europeos duplican y triplican el salario mayoritario en España, con un modal de unos 1.200 euros mensuales netos frente al de los países mencionados, que está entre los 2.500 y los 3.000 euros mensuales.
¿No podríamos aspirar todos a ser más ricos?
Sin ser economista, es fácil comprender que el encarecimiento de la vivienda se agrava con la precariedad de los salarios españoles: el problema no es que vengan turistas que pueden pagar más que los locales, sino que los españoles siguen ganando una miseria.
Si en España tuviéramos un salario modal de 3.000 euros y no la inseguridad laboral de uno de los índices de desempleo más altos de la UE, podríamos pagar vivienda y aportar al fondo común lo suficiente para mantener la calidad y también la oferta de servicios fundamentales como la educación y la sanidad.
Cuesta comprender cómo las mentes brillantes del hemiciclo de camorristas no han caído en la cuenta durante estos 46 años de alternancia de poder entre el PSOE y el PP.
La ministra sólo tiene tres pisos, ¿cómo va a solucionar el problema de la vivienda?
Sin ser economista, es fácil comprender que el encarecimiento de la vivienda se agrava con la precariedad de los salarios españoles.
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