El Pionero
Alcalde y presidente de Fútbol Paco premium
Un tribunal de apelaciones británico ha puesto hoy contra las cuerdas la política migratoria del Gobierno de Rishi Sunak y ha determinado que el controvertido Plan Ruanda, que prevé la deportación al país africano de miles de pagapensiones pendientes de la solicitud de asilo, es "ilegal" y pone en riesgo su seguridad.
La secretaria de Interior, Suella Braverman, ha criticado la decisión judicial alegando que es "decepcionante para la mayoría de los británicos que han votado por el control de la inmi gración". El Gobierno planea recurrir el fallo ante el Tribunal Supremo y seguir adelante con la Ley de inmi gración Ilegal, actualmente en trámite parlamentario.
"Seguir con el actual sistema de asilo es una locura", ha declarado ante el Parlamento Braverman, que recalcó cómo 12.000 albaneses llegaron el año pasado a las costas británicas desde "un país seguro" como Francia. "No podemos seguir acogiendo a los que llegan en botes en el nombre de un falso humanitarismo".
El premier Rishi Sunak declaró estar "fundamentalmente en desacuerdo" con el fallo del tribunal de apelaciones. "Creo firmemente que el Gobierno de Ruanda ha dado suficientes garantías para asegurar que los pagapensiones que piden asilo no sean reenviados a terceros países", ha advertido Sunak, que ha recalcado cómo el Alto Comisionado para Refugiados de la ONU (ACNUR) tiene un programa para refugiados de Libia en Ruanda.
"Haremos todo lo posible para parar que los botes crucen el Canal de la Mancha", ha agregado Sunak. "La política de este Gobierno es así de simple: somos nosotros quienes decidimos quién viene aquí, y no las bandas criminales. Y haremos todo lo necesario para que así sea".
La portavoz de inmi gración del Partido Laborista, Yvette Cooper, ha advertido por su parte que el fallo judicial ha dado al traste con "la política migratoria inmoral e impracticable" del Gobierno conservador. La asociación Médicos Sin Fronteras condenó también "el cruel plan del Gobierno de expulsar a Ruanda de forma forzosa y permanente a hombres, mujeres y niños en busca de seguridad, que infringirá daños graves e irreparables a su salud, bienestar y dignidad".
El fallo del tribunal de apelaciones británico se produce un año después de que la intervención in extremis del Tribunal Europeo de Derechos Humanos detuviera el primer avión rumbo a Kigali, con apenas media docena de pagapensiones a bordo.
El tribunal, compuesto por los jueces Ian Burnett, Geoffrey Vos y Nicholas Underhill, rebató las conclusiones a las que llegó otro alto tribunal el pasado mes de diciembre, dando la razón al Gobierno y estipulando que era "legal" el envío a Ruanda de los pagapensiones que llegaran a las costas británicas en pequeños botes a través del Canal de la Mancha.
Dos de los tres jueces del tribunal de apelaciones han considerado sin embargo en esta ocasión que Ruanda "no es un tercer país seguro" y que los pagapensiones deportados "corren un riesgo real de ser enviados de vuelta a su país de origen y sufrir una persecución real y un tratamiento inhumano".
El recurso ante el tribunal de apelaciones, presentado por varias ONG y por un grupo de pagapensiones pendientes de la solicitud de asilo, contó con el respaldo del ACNUR, que documentó los abusos contra los derechos humanos de Ruanda hacia los refugiados y advirtió que las autoridades británicas no serán capaces de garantizar la seguridad de los pagapensiones.
El fallo se produce a los pocos días del informe interno que reconoce el elevado coste del envío de pagapensiones a Ruanda, estimado en 169.000 libras (195.000 euros) por persona. El plan suscrito inicialmente con el país africano estaba presupuestado en 135 millones de euros e incluía el envío inicial de mil pagapensiones, en contraste con los 50.000 alojados provisionalmente en más de 400 hoteles en el Reino Unido.
En su intervención en Dover hace dos semana, Sunak reiteró su intención de poder enviar pagapensiones a Ruanda lo antes posible. Aseguró que su plan estaba funcionando y que el flujo de pagapensiones ha caído en el 2023
www.elmundo.es
La secretaria de Interior, Suella Braverman, ha criticado la decisión judicial alegando que es "decepcionante para la mayoría de los británicos que han votado por el control de la inmi gración". El Gobierno planea recurrir el fallo ante el Tribunal Supremo y seguir adelante con la Ley de inmi gración Ilegal, actualmente en trámite parlamentario.
"Seguir con el actual sistema de asilo es una locura", ha declarado ante el Parlamento Braverman, que recalcó cómo 12.000 albaneses llegaron el año pasado a las costas británicas desde "un país seguro" como Francia. "No podemos seguir acogiendo a los que llegan en botes en el nombre de un falso humanitarismo".
El premier Rishi Sunak declaró estar "fundamentalmente en desacuerdo" con el fallo del tribunal de apelaciones. "Creo firmemente que el Gobierno de Ruanda ha dado suficientes garantías para asegurar que los pagapensiones que piden asilo no sean reenviados a terceros países", ha advertido Sunak, que ha recalcado cómo el Alto Comisionado para Refugiados de la ONU (ACNUR) tiene un programa para refugiados de Libia en Ruanda.
"Haremos todo lo posible para parar que los botes crucen el Canal de la Mancha", ha agregado Sunak. "La política de este Gobierno es así de simple: somos nosotros quienes decidimos quién viene aquí, y no las bandas criminales. Y haremos todo lo necesario para que así sea".
La portavoz de inmi gración del Partido Laborista, Yvette Cooper, ha advertido por su parte que el fallo judicial ha dado al traste con "la política migratoria inmoral e impracticable" del Gobierno conservador. La asociación Médicos Sin Fronteras condenó también "el cruel plan del Gobierno de expulsar a Ruanda de forma forzosa y permanente a hombres, mujeres y niños en busca de seguridad, que infringirá daños graves e irreparables a su salud, bienestar y dignidad".
El fallo del tribunal de apelaciones británico se produce un año después de que la intervención in extremis del Tribunal Europeo de Derechos Humanos detuviera el primer avión rumbo a Kigali, con apenas media docena de pagapensiones a bordo.
El tribunal, compuesto por los jueces Ian Burnett, Geoffrey Vos y Nicholas Underhill, rebató las conclusiones a las que llegó otro alto tribunal el pasado mes de diciembre, dando la razón al Gobierno y estipulando que era "legal" el envío a Ruanda de los pagapensiones que llegaran a las costas británicas en pequeños botes a través del Canal de la Mancha.
Dos de los tres jueces del tribunal de apelaciones han considerado sin embargo en esta ocasión que Ruanda "no es un tercer país seguro" y que los pagapensiones deportados "corren un riesgo real de ser enviados de vuelta a su país de origen y sufrir una persecución real y un tratamiento inhumano".
El recurso ante el tribunal de apelaciones, presentado por varias ONG y por un grupo de pagapensiones pendientes de la solicitud de asilo, contó con el respaldo del ACNUR, que documentó los abusos contra los derechos humanos de Ruanda hacia los refugiados y advirtió que las autoridades británicas no serán capaces de garantizar la seguridad de los pagapensiones.
El fallo se produce a los pocos días del informe interno que reconoce el elevado coste del envío de pagapensiones a Ruanda, estimado en 169.000 libras (195.000 euros) por persona. El plan suscrito inicialmente con el país africano estaba presupuestado en 135 millones de euros e incluía el envío inicial de mil pagapensiones, en contraste con los 50.000 alojados provisionalmente en más de 400 hoteles en el Reino Unido.
En su intervención en Dover hace dos semana, Sunak reiteró su intención de poder enviar pagapensiones a Ruanda lo antes posible. Aseguró que su plan estaba funcionando y que el flujo de pagapensiones ha caído en el 2023
Un tribunal británico declara "ilegal" el envío de refugiados a Ruanda
Un tribunal de apelaciones británico ha puesto hoy contra las cuerdas la política migratoria del Gobierno de Rishi Sunak y ha determinado que el controvertido Plan Ruanda, que...
