La Junta autoriza la primera universidad privada online de Andalucía a una empresa fundada por su consejero de Educación

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Javier Imbroda, en un reciente acto celebrado en Málaga.
Javier Imbroda, en un reciente acto celebrado en Málaga. Joaquín Corchero (EP)
Javier Ramajo / Antonio Morente
7 de febrero de 2022 20:47h
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El Consejo de Gobierno ha autorizado este lunes a la Consejería de tras*formación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades a iniciar la tramitación de dos anteproyectos de ley por los que se reconocerían a la Universidad Fernando III el Santo y a la Universidad Tecnológica Atlántico-Mediterráneo (Utamed), ambas de naturaleza privada, en el marco del sistema de enseñanza superior de Andalucía. Estos dos proyectos eran los más avanzados de los siete que tenía la Junta sobre la mesa para darle luz verde.
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Se da la circunstancia de que Utamed está promovida por el Grupo Vocento y el Instituto de Formación Profesional Medac, una institución vinculada al consejero de Educación, Javier Imbroda (Cs) hasta poco antes de su llegada a la Junta en enero de 2019. Imbroda ha esgrimido en varias ocasiones que en 2018, “sin saber si sería diputado o consejero”, se desvinculó de Medac, que el pasado mes de agosto fue adquirida por el fondo de inversiones norteamericano Kohlberg Kravis Roberts (KKR) por 200 millones de euros.


La referencia oficial del Consejo de Gobierno apunta que la impulsora del proyecto es Sapere Aude Arco Mediterráneo SL, sin hacer mención alguna a Medac. Poco después de anunciarse que el proyecto tiene autorización, Utamed resaltó en un comunicado que la universidad “está promovida por Grupo Medac, líder en estudios de Formación Profesional en España, en el que actualmente cursan estudios más de 100.000 alumnos”.
Rechazo del Consejo Andaluz de Universidades
Tanto Utamed como la Fernando III el Santo (vinculada a la Fundación San Pablo CEU Andalucía) no pasaron en diciembre el corte del Consejo Andaluz de Universidades (CAU), un órgano compuesto por los rectores de las universidades púbicas y representantes de la Consejería de tras*formación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades que debe emitir un informe que es obligatorio pero no vinculante. El rechazo chocó con el dictamen de la Dirección General de Universidades de esta misma consejería, que comunicó que el proyecto cumple con la normativa de aplicación.

 
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La noticia llega un poco tarde, el tío ese está muerto y todo.
 
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