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Pilar de Lara, jueza instructora de macrocausas de corrupción, como 'Carioca' y 'Pokémon', expone en su recurso de amparo que el objetivo de la acción disciplinaria del CGPJ era apartarla de sus investigaciones contra políticos y ayuntamientos por ser "incómoda" para los poderes establecidos.
La jueza Pilar de Lara ocupa plaza en un juzgado de Ponferrada tras perder su destino en el Juzgado de Instrucción 1 de Lugo. E.P.
MADRID
02/01/2022 21:57 ACTUALIZADO: 03/01/2022 07:54
ANA MARÍA PASCUAL@ANMARIAPASCUAL
La jueza Pilar de Lara no se resigna y sigue luchando contra la acción disciplinaria de la que fue objeto y que la apartó del Juzgado de Instrucción 1 de Lugo. Ha presentado recientemente un recurso de amparo con el que trata de que el Tribunal Constitucional declare nula la sanción de siete meses y un día de suspensión que en 2019 el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) le impuso y que significó la pérdida de destino, el final de sus investigaciones sobre varias tramas de corrupción en Galicia.
La jueza, instructora de varias macrocausas de corrupción, como 'operación Carioca', sobre tramas de prespitación; o 'Pokémon' y 'Garañón', sobre corrupción política, considera que la sanción fue "desproporcionada" y que sólo tuvo por objeto apartarla de su juzgado "debido a su actuación dirigida a investigar actividades de corrupción que involucraban a políticos y ayuntamientos".
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El CGPJ consideró que Pilar de Lara era responsable de una falta muy grave consistente en desatención generalizada y dilaciones indebidas en la instrucción de sus macrocausas y la sancionó con siete meses de suspensión, lo que lleva aparejado el cambio de destino. Ahora está destinada en un juzgado de Ponferrada (León). Ella siempre ha negado desatención en los asuntos que instruía y denuncia que no la han dejado defenderse y presentar las pruebas para ello. Está dispuesta a llegar al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) si el Constitucional no admite su recurso.
Si por algo se ha destacado esta jueza gallega es por su empeño investigador, lo que le ha costado amenazas, presiones, campañas en su contra, además de un alto precio personal. Ha destapado la corrupción más enraizada en Galicia, por ejemplo, la que compraba voluntades políticas a cambio de la explotación sensual de mujeres vulnerables.
Su abogado, Agustín Azparren, explica a este medio los pilares del recurso de amparo, con trascendencia constitucional en cuanto a la posible vulneración del principio de imparcialidad por el hecho de que los miembros de la comisión disciplinaria del CGPJ forman parte del Pleno que ha de resolver los recursos de alzada contra sus propias resoluciones. "Es algo irregular y hay que revisar si ese sistema es conforme a la Constitución o no".
Azparren, exmagistrado y exvocal del CGPJ, considera que el caso de Pilar de Lara es "extraordinario". "No es baladí que Pilar investigara lo que estaba investigando, con alcaldes imputados y tramas de prespitación impunes -- dice el letrado--. Era una jueza incómoda para los poderes establecidos". Asegura que "he llevado una veintena de expedientes sancionadores y como este, ninguno", en referencia a la "indefensión" de la que ha sido objeto su clienta.
Intensidad de trabajo
La Sala Tercera del Supremo, en un sentencia del 13 de mayo pasado, ponencia de Eduardo Espín, inadmitía el recurso de casación de Pilar de Lara contra el acuerdo del Pleno del CGPJ por el que se resolvía su recurso de alzada, interpuesto frente al expediente disciplinario. Decía el Supremo: "La sorprendente acumulación de macrocausas y causas complejas en solo uno de los Juzgados de Lugo tiene como causa evidente la propia labor poco rigurosa de la magistrada sancionada. A ello no obsta la intensidad de su dedicación a una tarea creciente como consecuencia del propio modo de trabajar de la magistrada. Pero intensidad (horas y trabajo) no es incompatible con el desorden y la desatención que acreditan los hechos probados ni los desvirtúa".
Indefensión
El abogado de la jueza destaca que el Supremo no admitió como prueba el testimonio de varios miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que intervinieron en las macrocausas y que son "conocedores directos de la dedicación y esfuerzo de la magistrada y de su forma de llevar las
investigaciones". Tampoco dejó que testificaran dos letrados de la Administración de Justicia en Lugo que podrían haber corroborado la atención en los asuntos que instruía la jueza sancionada.
Pero el rechazo de dos testigos concretos es lo que más ha sorprendido a la jueza y a su abogado: se trata de dos inspectores que participaron en inspecciones al Juzgado de Instrucción 1 de Lugo en 2013 y 2014 y que "destacaron la gran dedicación de Pilar de Lara", dice su letrado, que explica que "estos dos inspectores participaron también en la inspección extraordinaria posterior, en 2018 [la que dio lugar a la incoación del expediente disciplinario], por lo que conocen, tras la realización de tres inspecciones en los últimos cinco años, cual ha sido el trabajo desarrollado por la jueza y la evolución de las causas de especial dedicación".
Según Azparren, el testimonio de los dos inspectores era "necesario para conocer el cambio de valoración repentino. Qué había cambiado para que de repente se le echara la culpa a la jueza de todos los retrasos". Sin embargo, el Supremo lo rechazó "por tratarse de personas dependientes del órgano sancionador y cuyos informes obran en el expediente", consta en el auto de admisión de pruebas. En otras ocasiones, al contrario, la misma Sala ha admitido la declaración de los inspectores del Servicio de Inspección del CGPJ, como ha podido comprobar este medio.
www.publico.es
La jueza Pilar de Lara ocupa plaza en un juzgado de Ponferrada tras perder su destino en el Juzgado de Instrucción 1 de Lugo. E.P.
MADRID
02/01/2022 21:57 ACTUALIZADO: 03/01/2022 07:54
ANA MARÍA PASCUAL@ANMARIAPASCUAL
La jueza Pilar de Lara no se resigna y sigue luchando contra la acción disciplinaria de la que fue objeto y que la apartó del Juzgado de Instrucción 1 de Lugo. Ha presentado recientemente un recurso de amparo con el que trata de que el Tribunal Constitucional declare nula la sanción de siete meses y un día de suspensión que en 2019 el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) le impuso y que significó la pérdida de destino, el final de sus investigaciones sobre varias tramas de corrupción en Galicia.
La jueza, instructora de varias macrocausas de corrupción, como 'operación Carioca', sobre tramas de prespitación; o 'Pokémon' y 'Garañón', sobre corrupción política, considera que la sanción fue "desproporcionada" y que sólo tuvo por objeto apartarla de su juzgado "debido a su actuación dirigida a investigar actividades de corrupción que involucraban a políticos y ayuntamientos".
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El CGPJ consideró que Pilar de Lara era responsable de una falta muy grave consistente en desatención generalizada y dilaciones indebidas en la instrucción de sus macrocausas y la sancionó con siete meses de suspensión, lo que lleva aparejado el cambio de destino. Ahora está destinada en un juzgado de Ponferrada (León). Ella siempre ha negado desatención en los asuntos que instruía y denuncia que no la han dejado defenderse y presentar las pruebas para ello. Está dispuesta a llegar al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) si el Constitucional no admite su recurso.
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PÚBLICO | AGENCIAS
Si por algo se ha destacado esta jueza gallega es por su empeño investigador, lo que le ha costado amenazas, presiones, campañas en su contra, además de un alto precio personal. Ha destapado la corrupción más enraizada en Galicia, por ejemplo, la que compraba voluntades políticas a cambio de la explotación sensual de mujeres vulnerables.
Su abogado, Agustín Azparren, explica a este medio los pilares del recurso de amparo, con trascendencia constitucional en cuanto a la posible vulneración del principio de imparcialidad por el hecho de que los miembros de la comisión disciplinaria del CGPJ forman parte del Pleno que ha de resolver los recursos de alzada contra sus propias resoluciones. "Es algo irregular y hay que revisar si ese sistema es conforme a la Constitución o no".
Azparren, exmagistrado y exvocal del CGPJ, considera que el caso de Pilar de Lara es "extraordinario". "No es baladí que Pilar investigara lo que estaba investigando, con alcaldes imputados y tramas de prespitación impunes -- dice el letrado--. Era una jueza incómoda para los poderes establecidos". Asegura que "he llevado una veintena de expedientes sancionadores y como este, ninguno", en referencia a la "indefensión" de la que ha sido objeto su clienta.
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Indefensión
El abogado de la jueza destaca que el Supremo no admitió como prueba el testimonio de varios miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que intervinieron en las macrocausas y que son "conocedores directos de la dedicación y esfuerzo de la magistrada y de su forma de llevar las
investigaciones". Tampoco dejó que testificaran dos letrados de la Administración de Justicia en Lugo que podrían haber corroborado la atención en los asuntos que instruía la jueza sancionada.
Pero el rechazo de dos testigos concretos es lo que más ha sorprendido a la jueza y a su abogado: se trata de dos inspectores que participaron en inspecciones al Juzgado de Instrucción 1 de Lugo en 2013 y 2014 y que "destacaron la gran dedicación de Pilar de Lara", dice su letrado, que explica que "estos dos inspectores participaron también en la inspección extraordinaria posterior, en 2018 [la que dio lugar a la incoación del expediente disciplinario], por lo que conocen, tras la realización de tres inspecciones en los últimos cinco años, cual ha sido el trabajo desarrollado por la jueza y la evolución de las causas de especial dedicación".
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