Máximo Décimo Hispanio
Sexador de pollos
La magistrada del Juzgado de Instrucción número 49 de Madrid va a investigar por qué el Gobierno de Pedro Sánchez ordenó el uso de gases lacrimógenos en Ferraz y, por el contrario, nunca se hizo contra los violentos separatistas en Vía Layetana. Los denunciantes, la asociación reivindicativa Raíces, citando un comunicado del sindicato Unión Federal de la Policía (UFP), subrayan que ante situaciones «bastante más graves» en materia de orden público las órdenes eran «aguantar» mientras que ese lunes 6 de noviembre en Ferraz se ordenó «la utilización de material antidisturbios que hacía muchos años que no se utilizaba».
Como ejemplos de una utilización «partidista» de los medios de seguridad ciudadana por parte del Gobierno para «reprimir a ciudadanos que se manifiestan legítimamente» se citan las manifestaciones de Rodea el Congreso –en este caso el Gobierno estaba liderado por Mariano Rajoy y hubo 64 heridos y 35 detenidos– y el asedio al que se vio sometida la Policía Nacional de Vía Layetana durante las protestas ligadas al procés y a la sentencia del Tribunal Supremo contra los líderes secesionistas. En esos momentos los protocolos era mantener el cordón de seguridad sin aplicar medidas lesivas.
El sindicato policial, tal como figura en el escrito en poder de la juez de Plaza Castilla, indica que la Policía «está al servicio de los ciudadanos y aunque dirigida por el poder político, no puede ser utilizada para reprimir a quienes se manifiestan en contra de decisiones de esos políticos que pueden considerar injustas, inadecuadas o ilegales. Y eso es lo que el 6 de diciembre se hizo». En el mismo sentido se expresó el sindicato policial Justicia Policial (Jupol) en otro comunicado y a través de declaraciones de su portavoz. A pesar de esos pronunciamientos, el Ministerio del Interior de Fernando Grande-Marlaska decidió no abrir ningún tipo de investigación.
Como ejemplos de una utilización «partidista» de los medios de seguridad ciudadana por parte del Gobierno para «reprimir a ciudadanos que se manifiestan legítimamente» se citan las manifestaciones de Rodea el Congreso –en este caso el Gobierno estaba liderado por Mariano Rajoy y hubo 64 heridos y 35 detenidos– y el asedio al que se vio sometida la Policía Nacional de Vía Layetana durante las protestas ligadas al procés y a la sentencia del Tribunal Supremo contra los líderes secesionistas. En esos momentos los protocolos era mantener el cordón de seguridad sin aplicar medidas lesivas.
El sindicato policial, tal como figura en el escrito en poder de la juez de Plaza Castilla, indica que la Policía «está al servicio de los ciudadanos y aunque dirigida por el poder político, no puede ser utilizada para reprimir a quienes se manifiestan en contra de decisiones de esos políticos que pueden considerar injustas, inadecuadas o ilegales. Y eso es lo que el 6 de diciembre se hizo». En el mismo sentido se expresó el sindicato policial Justicia Policial (Jupol) en otro comunicado y a través de declaraciones de su portavoz. A pesar de esos pronunciamientos, el Ministerio del Interior de Fernando Grande-Marlaska decidió no abrir ningún tipo de investigación.
La juez quiere saber por qué se ordenó usar gases lacrimógenos en Ferraz y nunca contra los CDR en Vía Layetana
El Juzgado de Instrucción número 49 va a investigar por qué el Gobierno de Sánchez ordenó el uso de gases lacrimógenos en Ferraz.
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