El juez que investiga la causa de Tsunami Democràtic en la Audiencia Nacional, el juez Manuel García Castellón, dictaba este lunes un auto de imputación por un presunto delito de terrorismo para dos de los principales cabecillas políticos del procés: Marta Rovira, segunda de Oriol Junqueras, de Esquerra (ERC) y Carles Puigdemont, líder de Junts. Una decisión que no sólo parece haber complicado las negociaciones de Pedro Sánchez para obtener el 'sí' de los siete diputados de la formación para su investidura sino que, además, abre la vía de la Justicia europea para neutralizar una amnistía de la que el único que no podrá beneficiarse será el propio Puigdemont.
De acuerdo con el artículo 83.1 del Tratado Fundacional de la Unión Europea (TFUE), no cabe que España se apoye en su soberanía interna para perdonar un ilícito de esta naturaleza que, por su entidad y características, es un «delito europeo» lo que convierte al líder de Junts en un «justiciable europeo» y al magistrado que lo reclama en «juez europeo», con todo lo que esto conlleva.
Así las cosas, cualquier intento del Gobierno de Pedro Sánchez por alterar el «compromiso» adquirido por España en base al TFUE para la «adopción de medidas efectivas para la persecución de los delitos de terrorismo» podría ser cuestionado por el magistrado García Castellón antes de aplicarlo.
Es decir, si se aprueba la amnistía y el magistrado entiende que el contenido de la misma es incompatible con el Derecho comunitario consolidado, queda autorizado para plantear una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) –que ya sentenció que Bélgica no podía denegar la entrega de Puigdemont a nuestro país– bloqueando las expectativas de impunidad para Puigdemont en el corto y medio plazo. De ahí las prisas de la Fiscalía por evitarlo, en las últimas semanas.
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De acuerdo con el artículo 83.1 del Tratado Fundacional de la Unión Europea (TFUE), no cabe que España se apoye en su soberanía interna para perdonar un ilícito de esta naturaleza que, por su entidad y características, es un «delito europeo» lo que convierte al líder de Junts en un «justiciable europeo» y al magistrado que lo reclama en «juez europeo», con todo lo que esto conlleva.
Así las cosas, cualquier intento del Gobierno de Pedro Sánchez por alterar el «compromiso» adquirido por España en base al TFUE para la «adopción de medidas efectivas para la persecución de los delitos de terrorismo» podría ser cuestionado por el magistrado García Castellón antes de aplicarlo.
Es decir, si se aprueba la amnistía y el magistrado entiende que el contenido de la misma es incompatible con el Derecho comunitario consolidado, queda autorizado para plantear una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) –que ya sentenció que Bélgica no podía denegar la entrega de Puigdemont a nuestro país– bloqueando las expectativas de impunidad para Puigdemont en el corto y medio plazo. De ahí las prisas de la Fiscalía por evitarlo, en las últimas semanas.
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