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La impunidad de los policías contra el catalán: ocho casos denunciados nunca investigados
Ninguna de las denuncias presentadas por Plataforma por la Lengua desde el 2022 contra agentes de los cuerpos de seguridad españoles ha acabado en sanción, y ni siquiera se han investigadoJosep Maria Botanch
14/07/2024 19:06
Plataforma per la Llengua ha presentado recientemente la InformeCAT, una compilación que presenta de forma anual con 50 datos sobre la salud del catalán, y que muestra cierta preocupación por la impunidad de la Policía Nacional y la Guardia Civil en casos de discriminación lingüística. El documento remarca que ninguna de las ocho denuncias interpuestas por Plataforma por la Lengua del 2022 a mayo del 2024 contra agentes de los cuerpos de seguridad españoles para vulnerar los derechos lingüísticos de catalanoparlantes han comportado ningún tipo de sanción, y ni siquiera la apertura de un expediente sancionador para depurar posibles responsabilidades.
Estas demandas incluyen casos en que agentes de la Policía Nacional o la Guardia Civil han denegado servicios a los usuarios por habla en lengua catalana o han exigido el uso del castellano en diferentes lugares de todo los Países Catalanes, pero las administraciones competentes de investigar cada uno de los casos denunciados en los últimos dos años no han iniciado ninguna investigación a pesar de que, tal como subraya la entidad, se disponía de «grabaciones y pruebas escritas que acreditaban muchas de las discriminaciones». La entidad que preside Òscar Escuder lamenta que este escenario permite a los agentes de la autoridad implicados “evadir responsabilidades y contribuye a crear un clima de impunidad absoluta”.
La entidad recuerda que los cuerpos policiales tienen la obligación de «proteger y respetar los derechos fundamentales y de rendir cuentas en caso de que un agente los vulnere», y denuncia que «la impunidad policial en casos de discriminación lingüística supone una amenaza a los cimientos de los derechos de la ciudadanía y afecta de manera significativa la confianza en las instituciones». «Cuando los actos de discriminación quedan sin repercusiones, se envía un mensaje preocupante sobre la tolerancia hacia la vulneración de los derechos fundamentales», concluye sobre las ocho denuncias contra agentes de la autoridad que han acabado sin consecuencias.
El caso más reciente: obligan un vecino de Paterna a presentar documentación en castellano para hacerse el DNI
Agentes de la comisaría de la Policía Nacional de Paterna, en la comarca de l’Horta (País Valenciano), denegaron recientemente la expedición de su primer DNI a un ciudadano porque presentó el certificado de nacimiento en catalán. Ante la actitud de los agentes, la víctima se vio obligada a acudir nuevamente al registro civil para solicitar la misma documentación que ya tenía, pero en lengua castellana, porque si no le denegaban tramitar el documento de identidad. Ante esta «una vulneración lingüística», Plataforma por la Lengua presentó una denuncia administrativa con el objetivo de abrir un procedimiento sancionador, y no obtuvo ninguna respuesta.La entidad en defensa de la lengua, además, recuerda que el artículo 104.1 de la Constitución española «obliga las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado a proteger el libre ejercicio de los derechos y de las libertades de la ciudadanía». Así mismo, subraya que el artículo 5.1 de la Ley Orgánica 2/1986 de 13 de marzo, de fuerzas y cuerpos de seguridad, establece que los agentes están obligados a actuar con respeto absoluto al ordenamiento jurídico y cumplir con sus funciones «con absoluta neutralidad política e imparcialidad y, en consecuencia, sin ninguna discriminación por razón de raza, religión u opinión».
Dos casos denunciados en 2023: «Estamos en España»
Otro caso de vulneración de derechos que denuncia Plataforma por la Lengua, también con el DNI por el medio, sucedió el febrero del 2023 a la estación de Figueres cuando dos agentes de la Policía Nacional exigieron el uso del castellano a un usuario de un tren regional. «Me acaban de coger los datos por habla en catalán a la policía y dicen que me llegará una multa de 600 euros», explicó el afectado en X, entonces Twitter. Según su relato, los agentes intentaron obligarlo a hablar en castellano con frases como «te cagarás porque estamos en España y me tienes que hablar en español».Otro episodio se produjo el enero del 2023, cuando un policía nacional de Puigcerdà exhortó a un letrado, por correo electrónico, que presentara en lengua castellana las alegaciones de un proceso administrativo. Estos hechos provocaron la denuncia de la ONG del catalán, que aportó las pruebas documentales que acreditaban el comportamiento infractor del agente. A pesar de esto, Maria Eugènia lgtb, actual segunda teniente de alcaldía de Barcelona y entonces delegada del gobierno español en Cataluña, decidió no investigar el caso. lgtb alegó por carta que el agente «no tenía intención de exigir que estas alegaciones se realizaran en castellano», sino la voluntad de «agilizar el procedimiento, evitando el trámite de la traducción, con el fin de salvaguardar los plazos y garantizar al máximo la protección de los derechos».
2022: el año con más denuncias
Plataforma por la Lengua denunció el diciembre del 2022 que un agente de la Guardia Civil discriminó aquel verano un motorista a la carretera de Artà, en Capdepera, en Mallorca, y le exigió que le hablara en castellano. La entidad publicó entonces la grabación del audio que prueba que el agente español le quiso imponer el castellano, cuestionó la oficialidad del catalán y amenazó de multarlo para faltarle al respeto por el simple hecho de hablarle en catalán. Un par de meses antes, el octubre del 2022, un abogado especializado en derecho laboral y extranjería denunció discriminación lingüística a la administración judicial y policial española a raíz de una comunicación por escrito del Cuerpo Nacional de Policía en Cataluña asegurando que los agentes no tienen ninguna obligación de saber lo «dialecto catalán«. La comunicación se hizo a través del correo electrónico de la Oficina de Extranjería del Prat del Llobregat, donde los policías le hicieron llegar información sobre su clienta y le solicitaron un acuse de recibo «por este mismo medio y en castellano». En este caso, la entidad presidida por Escuder tampoco consiguió que se abriera ningún tipo de investigación por esta discriminación lingüística.Plataforma por la Lengua denunció el abril del 2022 que un agente de la Guardia Civil increpó un ciudadano al Registro Civil de Elda para dirigirse en valenciano. Estos hechos se remontan en noviembre del año anterior, cuando el afectado, que fue a inscribir su hijo, quiso volver a entrar a las oficinas para recuperar una manta del neonato. Entonces se produjo el choque con el agente de la puerta, que le dificultó la entrada alegando que no entendía el que le decía en valenciano, acusándolo de «maleducado» e impidiendo que presentara una reclamación. La ONG del catalán presentó una denuncia a la Subdelegación del Gobierno de Alicante porque el guardia civil abusó de su autoridad, limitando dos derechos: el de expresarse en valenciano y el de presentar una reclamación. A pesar de que la actuación del agente contradijo el Estatuto de Autonomía y la Ley de uso y enseñanza del valenciano y podía ser objeto de sanción teniendo en cuenta la Ley Orgánica 12/2007, del régimen disciplinario de la Guardia Civil, y la Ley del Estatuto básico del empleado público, esta discriminación lingüística, como el resto, acabó sin ninguna sanción ni investigación.
El mismo año también presentó dos denuncias consecutivas en Dénia. Primero contra el policía nacional que denegó un trámite relacionado con el DNI a un ciudadano que se expresaba en valenciano. Ante la inacción de la administración competente, la ONG del catalán decidió dar un paso más en este caso y denunció el jefe de policía del agente infractor porque no abrió ningún procedimiento sancionador. A pesar de la insistencia, este caso acabó como el resto, en un cajón.
A raíz de todos estos casos, Plataforma por la Lengua concluye que la discriminación lingüística «niega la igualdad de trato y atenta contra el derecho a la preservación y al uso de la lengua propia». «Cuando la impunidad prevalece, se crea un clima de inseguridad entre la ciudadanía que utiliza las lenguas minoritarias», sentencia, y considera esencial que las instituciones «adopten medidas contundentes para prevenir y sancionar este tipo de comportamientos».
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