La ilegalidad de la campaña de banderillación contra la el bichito-19 y su derivación en crímenes de lesa humanidad

Votante=Gilipollas

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No he visto ningún tema discutiendo esta noticia reciente pero trascendental, así que abro hilo:

El número de personas que ha muerto o enfermado de gravedad por causa de la inoculación de las banderillas contra la el bichito-19 es una incógnita. Si nos atenemos a los reportes recogidos por el OpenVaers y la Agencia Medica Europea, podríamos estar hablando de decenas de millones o incluso de centenares de millones de afectados. Resulta imposible establecer el porcentaje exacto, ya que en estas plataformas u organismos reconocen no recoger ni tan siquiera el 1% de los casos reales. Y las cifras variarían mucho dependiendo de cuál sea exactamente ese “ni tan siquiera el 1% de los casos. Si hasta el 24 de marzo del 2023, en el OpenVaers habían sido reportadas 34.965 muertes causadas por la banderilla el bichito-19 y, esta cifra acaparase el 0.75% de los casos reales, estaríamos hablando de 4.3 millones de casos reales. Sin embargo, si esta misma cifra acaparase el 0.5%, hablaríamos de 69.2 millones. Y lo mismo debiera aplicarse en los casos reportados de miocarditis, abortos espontáneos, ataques al corazón, trombos, derrames cerebrales, discapacitados permanentes, etcétera.


El número de cada uno de estos eventos adversos y fatales provocados por esta “banderilla” continuará siendo una incógnita porque quienes disponen de los medios para realizar las investigaciones pertinentes, no tienen ningún interés en que este asunto se esclarezca y salga a la luz pública; puesto que hablamos de los mismos que fueron responsables de engañar a la población mundial para que accediera a inoculársela, asegurando que era eficaz y segura, amén de imprescindible.


La gravedad de estos hechos no tiene parangón. Hablamos del que bien pudiera ser el mayor genocidio perpetrado en el tras*curso de la historia de la humanidad. Dependiendo de cual fuese el ya referido “ni tan siquiera el 1% de los casos”, los decesos y personas enfermadas por causa de la “banderilla” experimental bien podrían dejar muy atrás a los de la segunda guerra mundial. Decesos y enfermedades que, no lo olvidemos, continúan y continuarán en aumento. No en vano la onda expansiva de este descalabro iatrogénico masivo es cada día más amplia; puesto que 1), continúa siendo inoculado y, 2), todavía se desconocen sus efectos adversos a largo plazo.


Soy consciente de que de la peligrosidad de esta “banderilla” ya hablé detenidamente en el artículo “inefectivas, inseguras y experimentales”. Si la he sacado nuevamente a la palestra, es porque debe ser usada como circunstancia agravante, de la responsabilidad criminal derivada de los numerosos delitos que han sido perpetrados durante la campaña de banderillación contra la el bichito-19.


Tras todo lo que se ha visto a lo largo de estos dos últimos años, entendería que el lector dudase de mí al decir que la campaña de banderillación contra la el bichito-19 ha sido ejecutada ilegalmente desde cualquiera de los ángulos que se la mire.


“¡Eso es imposible!”, exclamarán muchos. “Pero si todo el mundo alababa y agradecía la banderillación. Todos los presentadores de televisión, los famosos y también los políticos”.


Pues resulta que es un hecho fuera de toda cuestión. La campaña de banderillación es el resultado de la gran tropelía de ilegalidades que expondré a continuación.


1) La coerción a la que fue sometida cierto porcentaje de la población para que aceptase inocularse esta “banderilla”.


2) La discriminación como forma de coerción a la que fue sometida aquella parte de la población que durante un tiempo se resistió a inocularse, así como la discriminación pura y dura a la que fueron sometidos quienes se mantuvieron firmes y nunca tendieron su brazo a la aguja.


3) La vulneración de la intimidad amparada por la Constitución y la Ley de Protección de Datos sufrida por cada persona a la que en algún momento se le exigió que mostrase su pasaporte verde o que accediese a aportar información privada sobre su estado de banderillación.


4) La inoculación de la “banderilla”, tanto a quienes lo decidieron voluntariamente como bajo coerción, sin que mediase el obligatorio consentimiento informado.


5) La inoculación de la “banderilla”, nuevamente en este caso tanto a quienes lo decidieron voluntariamente como bajo coerción, sin prescripción médica ni receta.


Ahora desarrollemos estos puntos:


Está terminantemente prohibido coaccionar a nadie de forma alguna para conseguir que acceda a someterse a ninguna clase de tratamiento médico. Más si cabe, como bien especifica el Código de Núremberg, si este tratamiento médico es experimental, tal y como es el caso de las banderillas contra la el bichito-19.


Quizá usted no se sintió coaccionado o presionado en forma alguna para inocularse esta “banderilla”. Quizá usted fuese uno de tantos otros que creyeron en la propaganda político-mediática que aseguraba la necesidad, eficacia y seguridad de estas “banderillas” y se apresuró a salir a poner el brazo voluntariamente. Así que puede que usted no fuese coaccionado… O puede que ni siquiera se diese cuenta de ello.


Porque la coacción comenzó sutilmente; bajo el influjo de la idea de que el buen ciudadano tenía que “banderillarse” para ser solidario; cosa que, obviamente, el mal ciudadano, el insolidario amén de egoísta y desconsiderado, no haría. De esta forma, acudir a pincharse al centro de banderillación se convirtió para muchos en motivo para sacar pecho y convertirse en un héroe a ojos de quienes se tragaron el cuento de que, si llovía y no usabas paraguas, serías el culpable de que otros se mojaran. Así fue como muchos de estos pobres ingenuos publicarían en redes sociales sus ya famosos selfies recién inoculados –hashtag #YoMeVacuno incluido– solo para que, no mucho después, sus nombres y apellidos apareciesen en las esquelas funerarias.






Enhorabuena, fuiste muy solidario y diste tu vida –o destruiste tu salud– para absolutamente nada. Te engañaron como a un chino. Si la “banderilla” fuese eficaz, nadie necesitaría que otras personas se la inoculasen para estar a salvo.


El chantaje emocional vía “se solidario y conviértete en un héroe”, carecía de toda lógica. Aun así, muchos picaron…


Pero la coerción y persecución a los no inoculados no se quedó en meras insinuaciones referentes a su poca insolidaridad o baja catadura jovenlandesal. La aparición del pasaporte verde y el certificado de banderillación, ambas dos herramientas de coerción y discriminación totalmente ilegales, abrieron la veda para que la caza de brujas a los no inoculados llegase a extremos inconcebibles. Por un lado las Fuerzas y Cuerpos de seguridad, se limpiaban el ojo ciego con la constitución y trataban como a criminales a los no inoculados que exigían su legítimo derecho a no ser discriminados y a entrar libremente en comercios, restaurantes, cines, teatros, etcétera. Por otro lado, presentadores de televisión exhortaban a la población a tratarlos como a apestados, recomendando incluso sentarlos en mesas y habitaciones aparte durante las cenas y comidas familiares de Navidad. Algunos de estos presentadores de radio y/o televisión, así como personajes famosos a los que los primeros daban voz en sus programas, llegaron incluso a llamar asesinos a quienes no deseaban inocularse y a pedir que no se les permitiera salir de sus casas.


Cierto que los delitos de repruebo siempre se mantendrán en una escala jerárquicamente inferior a la libertad de expresión y opinión reflejadas en las constituciones de la mayoría de países y en los tratados internacionales de los Derechos Humanos. Pero los que sí son inapelables, son los delitos de discriminación en cualquiera de sus formas y coerción para forzar a la población a recibir cualquier tipo de tratamiento médico –y, ni que decir tiene, uno experimental–. Sin olvidarnos de los delitos por vulneración de la Ley de Protección de Datos así como el derecho a nuestra intimidad (artículo 18 de la Constitución española) que fueron perpetrados en cada una de las ocasiones en las que a algún ciudadano se le exigía que demostrase estar inoculado para, básicamente, permitirle moverse libremente o cruzar una línea en el suelo.


Muchas personas se vieron obligadas a elegir entre el no inocularse o el mantener sus puestos de trabajo. En países como Italia o Australia se llegaron incluso a legislar leyes totalmente ilegales para impedir que los no inoculados pudiesen desempeñar trabajo alguno o incluso hacer uso del tras*porte público. Y todo esto, debo insistir en ello, para forzarlos ilegalmente a inocularse una presunta “banderilla” que no impedía el contagio y que estaba siendo causa de más muertes de las que había causado la presunta enfermedad que su inoculación trataba de erradicar.


El despropósito no podía ser mayor. Claro, que, las muertes y efectos adversos causados por estas “banderillas”, fueron ocultados tanto por políticos como por medios de comunicación. Y de esta forma se incurrió en otro grave delito. Pues de esta forma el consentimiento informado exigido legalmente para que cualquier persona decida, obviamente con conocimiento de causa, si se somete o no a un tratamiento médico, fue extirpado de raíz.


El consentimiento informado implica la conformidad libre, voluntaria y consciente de un paciente, manifestada en el pleno uso de sus facultades después de recibir la información adecuada, para que tenga lugar una actuación que afecta a su salud.


Un conocimiento informado que fue negado a la población partiendo del hecho de que ni siquiera fue informada de que este “medicamento” estaba siendo administrado experimentalmente. Los inoculados fueron convertidos en conejillos de indias sin ni tan siquiera saberlo. Circunstancia que las voces del oficialismo negaban fehacientemente tachando de antivacunas, negacionistas, conspiranoicos y desinformadores a quienes trataban de propagar esta delicada información tanto a seres queridos como al resto de la población.


La legislación española –así como la de tantos otros países– no permite la dispensación sin receta de los medicamentos de prescripción médica. Actualmente, vender en España antibióticos o antiinflamatorios de toda la vida como lo son el paracetamol o el ibuprofeno, respectivamente, es un crimen. Sin embargo, han estado administrando una “banderilla” en fase 3 de su ensayo clínico –experimental– sujeta a prescripción y receta médicas, sin que ningún médico en el mundo se atreviese a prescribirla y/o recetarla formalmente.


¿Vieron a algún médico recetar alguna de las banderillas contra la el bichito-19?

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Fuente: La ilegalidad de la campaña de banderillación contra la el bichito-19 y su derivación en crímenes de lesa humanidad - Diario16
 
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Se rieron de los estultoes.
De.bueno a orate hay un paso corto.
La gente pecó de ingenua y ahora quiere olvidar el asunto.
 
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