El idiota
Himbersor
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José María Rosell, profesor jubilado de Matemáticas, bilbaíno afincado en Gijón, es el coordinador del Grupo de Inmatriculaciones de Asturias, uno de los 25 colectivos integrados en la plataforma nacional "Recuperando", de defensa del patrimonio público frente al registro a su nombre por parte de la iglesia católica de distintos bienes patrimoniales. "El asunto de las inmatriculaciones es el mayor ataque que se ha hecho al patrimonio público", asegura Rosell, al inicio de la conversación.
- ¿Cuántos bienes inmatriculados estima que hay en Asturias?
-A nivel estatal pueden alcanzar los 100.000. En Asturias no lo sabemos, aunque lo hemos solicitado a la Junta General del Principado. Hace ya dos años solicitamos una relación de bienes inmatriculados en Asturias, en base al artículo 206 de la Ley Hipotecaria; aquellos bienes inmatriculados simplemente con una petición eclesiástica. Contestó la decana del Colegio de Registradores, pero con una información inválida e incompleta, que no permitía identificar los bienes. Hay bastante reactividad a hacer pública esta información.
- Pero esta información, ¿no es pública?
-Debería ser pública, pero no todos los registros de la propiedad lo ponen fácil, hay notas simples fáciles de conseguir y otras más difíciles. La actitud de los registros son muy diferentes, y depende de ellos. Por eso es más fácil que lo soliciten ayuntamientos o comunidades autónomas, o directamente el Ministerio de Justicia, que es de quien dependen los registros.
- ¿Cuál es la problemática en torno a esta práctica?
-El problema no son las inmatriculaciones en sí, sino cómo se han hecho. Inmatricular un bien es un trámite en el Registro de la Propiedad. Pero cuando no hay un título de propiedad se abre un expediente de dominio al que se incorpora documentación, se llama a testigos, intervienen un notario y un juez, se le da publicidad y, en última instancia, se decide. Es un procedimiento garantista propio de cualquier Estado de Derecho, pero en España eso no es así desde 1946, porque la iglesia católica ha podido inscribir un bien en el registro aportando simplemente un autocertificado eclesiástico: sirve un papelito firmado por el obispo que dice "esto es mío porque lo digo yo". Por ese mecanismo tan irregular se han inscrito alrededor de 100.000 bienes
- Habla de 1946, pero esta normativa sufrió también una reforma a finales del pasado siglo, ¿no?
-Sí. El origen del problema está en la Ley hipotecaria de 1946, pero esa ley, con sentido común, reconocía que los grandes bienes, los grandes monumentos como son los declarados patrimonio de la humanidad, corresponden a todos al margen de su uso religioso. Con lo cual, estos monumentos quedaban excluidos de las inmatriculaciones de lugares de culto. Pero en 1998 el Gobierno de Aznar hizo una reforma que permitió incluir también estos bienes, como lugares de culto. De ahí que la Giralda de Sevilla, la mezquita de Córdoba o todo el Prerrománico asturiano se hayan podido inmatricular. También la catedral de Oviedo, y el jardín de los Reyes Caudillos, la plaza que está al lado.
- ¿El jardín?
-Era una plaza pública que se cerró para evitar que se hiciera botellón por la noche. Cuando se cerró, se cambió el catastro y se inmatriculó por la iglesia. Se han inmatriculado un montón de plazas públicas en España. Esta práctica terminó en 2015, pero no tanto por voluntad propia sino porque la cosa era tan escandalosa que en 2014 el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo multó al Estado español con 600.000 euros más costas, la mayor multa que se había impuesto, por no preservar los derechos de libertad e igualdad jurídica de la Constitución. Esa sentencia cuestionaba este método de registro. Todas las inmatriculaciones son nulas, pero desde 1998 son inconstitucionales, por la forma de acceso al registro.
- Si son inconstitucionales, ¿por qué no se ha revertido?
-Lo primero, por desconocimiento. El problema se ha conocido por casualidad, hace unos años, no demasiados, a partir de un caso que pasó en Navarra: dos sacerdotes navarros descubrieron que se estaban inmatriculando bienes en su pueblo. Se ha rodeado todo de un halo de oscurantismo, habría que ver las relaciones que hay con la política.
- ¿Tiene esperanzas de que el nuevo Gobierno revierta estas inmatriculaciones?
-Es una esperanza contradictoria. En el acuerdo del nuevo Gobierno, creo que en el punto 15, se establecen modificaciones legislativas para facilitar la recuperación de los bienes indebidamente inscritos; para nosotros, lo son todos los inmatriculados por este procedimiento no garantista. Pero, curiosamente, el propio Gobierno ha recurrido una resolución del Consejo de tras*parencia de publicar un listado con los bienes inmatriculados.
- ¿Cómo es eso?
-El Ministerio de Justicia dispone de información de 35.000 bienes inmatriculados desde 1998, desde la reforma de Aznar. El Consejo de tras*parencia, a petición de una web, insta al Gobierno a hacer pública esa información. Pero el Ministerio de Justicia, hace unos pocos meses, recurrió la petición del Consejo de tras*parencia para mantener oculta esa información, y se niega a hacerla pública. Eso no es compatible con el acuerdo de Gobierno. Por eso, pedimos al nuevo Gobierno que cumpla que lo haga público.
- Esos 35.000 bienes inmatriculados desde 1998, ¿es una estimación o un dato constatado?
-Los 35.000 bienes inmatriculados es un dato objetivo que el Consejo de tras*parencia reconoce. La estimación que hacemos de más de 100.000 bienes inmatriculados es porque en los casos de las comunidades autónomas que más casos conocemos, que son Navarra y Aragón, hay más inmatriculaciones desde 1953 hasta 1998 que después. Más del doble, de hecho. Y además, se da el caso de que, en cada inmatriculación, no figura un único bien, sino varios: hemos visto expedientes en los que se inmatriculaban, por ejemplo, una ermita, una finca, dos prados, una casa y tres cocheras. Otro ejemplo: la Giralda de Sevilla no figura inmatriculada como tal , sino como "dependencias anexas de la catedral".
- ¿Lo hacen así por un intento de ocultar el acto?
-O simplemente porque se hace todo en un solo pack; es más cómodo.
- ¿Qué coste tiene el procedimiento?
-30 euros.
- ¿Solo 30 euros para inmatricular todo el pack?
-De cinco cosas sí. 30 euros costó inmatricular la mezquita de Córdoba, y 30 euros la catedral de Sevilla con las dependencias anexas, como es la Giralda. Nos imaginamos que todo el Prerrománico está igual.
- ¿Dice que la iglesia ha inmatriculado todo el Prerrománico por solo 30 euros?
-30 euros por cada hecho inmatriculado, por cada bien. Como son pocas, habrán ido una a una. El Libro Blanco del Prerrománico cita, de pasada, que todo el Prerrománico es de la Iglesia salvo Foncalada, en Oviedo. En otros países no sucede esto. En Francia, en virtud de una ley de 1905, todas las catedrales son del Estado francés. Incluso Notre Dame. Y en Portugal, un concordato con la Santa Sede, de época de Salazar, establece que todos los grandes monumentos e iglesias son del Estado portugués. La Catedral de Colonia es del Estado alemán; Westminster del Reino Unido? Otra cosa distinta es el uso, nadie lo cuestiona, pero la propiedad debe corresponder a las administraciones públicas, porque son los ciudadanos los que han mantenido estos bienes.
- Se entiende que el Prerrománico es el caso más relevante de inmatriculaciones en Asturias.
-Sí. Luego hay mil casos anecdóticos, como todas las casas rectorales. Es algo que no tiene mucho sentido, porque por ejemplo cuando en un municipio se construía una casa para el cura, la construía el ayuntamiento y la pagaban los vecinos. Cuando se cierra la escuela se marcha el maestro, pero nadie se lleva su casa. En cambio, cuando se marcha el cura, la Iglesia pone la casa a su nombre, para venderla. Hay decenas de casas inmatriculadas que deberían ser de los vecinos. Pero al margen de esas cosas, el caso más sangrante es el Prerrománico.
- ¿Hay algún otro país en el que haya pasado algo semejante?
-Esto no ha pasado en ningún país europeo.
"La Iglesia se hizo por 30 euros con la propiedad de cada edificio prerrománico"
- ¿Cuántos bienes inmatriculados estima que hay en Asturias?
-A nivel estatal pueden alcanzar los 100.000. En Asturias no lo sabemos, aunque lo hemos solicitado a la Junta General del Principado. Hace ya dos años solicitamos una relación de bienes inmatriculados en Asturias, en base al artículo 206 de la Ley Hipotecaria; aquellos bienes inmatriculados simplemente con una petición eclesiástica. Contestó la decana del Colegio de Registradores, pero con una información inválida e incompleta, que no permitía identificar los bienes. Hay bastante reactividad a hacer pública esta información.
- Pero esta información, ¿no es pública?
-Debería ser pública, pero no todos los registros de la propiedad lo ponen fácil, hay notas simples fáciles de conseguir y otras más difíciles. La actitud de los registros son muy diferentes, y depende de ellos. Por eso es más fácil que lo soliciten ayuntamientos o comunidades autónomas, o directamente el Ministerio de Justicia, que es de quien dependen los registros.
- ¿Cuál es la problemática en torno a esta práctica?
-El problema no son las inmatriculaciones en sí, sino cómo se han hecho. Inmatricular un bien es un trámite en el Registro de la Propiedad. Pero cuando no hay un título de propiedad se abre un expediente de dominio al que se incorpora documentación, se llama a testigos, intervienen un notario y un juez, se le da publicidad y, en última instancia, se decide. Es un procedimiento garantista propio de cualquier Estado de Derecho, pero en España eso no es así desde 1946, porque la iglesia católica ha podido inscribir un bien en el registro aportando simplemente un autocertificado eclesiástico: sirve un papelito firmado por el obispo que dice "esto es mío porque lo digo yo". Por ese mecanismo tan irregular se han inscrito alrededor de 100.000 bienes
- Habla de 1946, pero esta normativa sufrió también una reforma a finales del pasado siglo, ¿no?
-Sí. El origen del problema está en la Ley hipotecaria de 1946, pero esa ley, con sentido común, reconocía que los grandes bienes, los grandes monumentos como son los declarados patrimonio de la humanidad, corresponden a todos al margen de su uso religioso. Con lo cual, estos monumentos quedaban excluidos de las inmatriculaciones de lugares de culto. Pero en 1998 el Gobierno de Aznar hizo una reforma que permitió incluir también estos bienes, como lugares de culto. De ahí que la Giralda de Sevilla, la mezquita de Córdoba o todo el Prerrománico asturiano se hayan podido inmatricular. También la catedral de Oviedo, y el jardín de los Reyes Caudillos, la plaza que está al lado.
- ¿El jardín?
-Era una plaza pública que se cerró para evitar que se hiciera botellón por la noche. Cuando se cerró, se cambió el catastro y se inmatriculó por la iglesia. Se han inmatriculado un montón de plazas públicas en España. Esta práctica terminó en 2015, pero no tanto por voluntad propia sino porque la cosa era tan escandalosa que en 2014 el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo multó al Estado español con 600.000 euros más costas, la mayor multa que se había impuesto, por no preservar los derechos de libertad e igualdad jurídica de la Constitución. Esa sentencia cuestionaba este método de registro. Todas las inmatriculaciones son nulas, pero desde 1998 son inconstitucionales, por la forma de acceso al registro.
- Si son inconstitucionales, ¿por qué no se ha revertido?
-Lo primero, por desconocimiento. El problema se ha conocido por casualidad, hace unos años, no demasiados, a partir de un caso que pasó en Navarra: dos sacerdotes navarros descubrieron que se estaban inmatriculando bienes en su pueblo. Se ha rodeado todo de un halo de oscurantismo, habría que ver las relaciones que hay con la política.
- ¿Tiene esperanzas de que el nuevo Gobierno revierta estas inmatriculaciones?
-Es una esperanza contradictoria. En el acuerdo del nuevo Gobierno, creo que en el punto 15, se establecen modificaciones legislativas para facilitar la recuperación de los bienes indebidamente inscritos; para nosotros, lo son todos los inmatriculados por este procedimiento no garantista. Pero, curiosamente, el propio Gobierno ha recurrido una resolución del Consejo de tras*parencia de publicar un listado con los bienes inmatriculados.
- ¿Cómo es eso?
-El Ministerio de Justicia dispone de información de 35.000 bienes inmatriculados desde 1998, desde la reforma de Aznar. El Consejo de tras*parencia, a petición de una web, insta al Gobierno a hacer pública esa información. Pero el Ministerio de Justicia, hace unos pocos meses, recurrió la petición del Consejo de tras*parencia para mantener oculta esa información, y se niega a hacerla pública. Eso no es compatible con el acuerdo de Gobierno. Por eso, pedimos al nuevo Gobierno que cumpla que lo haga público.
- Esos 35.000 bienes inmatriculados desde 1998, ¿es una estimación o un dato constatado?
-Los 35.000 bienes inmatriculados es un dato objetivo que el Consejo de tras*parencia reconoce. La estimación que hacemos de más de 100.000 bienes inmatriculados es porque en los casos de las comunidades autónomas que más casos conocemos, que son Navarra y Aragón, hay más inmatriculaciones desde 1953 hasta 1998 que después. Más del doble, de hecho. Y además, se da el caso de que, en cada inmatriculación, no figura un único bien, sino varios: hemos visto expedientes en los que se inmatriculaban, por ejemplo, una ermita, una finca, dos prados, una casa y tres cocheras. Otro ejemplo: la Giralda de Sevilla no figura inmatriculada como tal , sino como "dependencias anexas de la catedral".
- ¿Lo hacen así por un intento de ocultar el acto?
-O simplemente porque se hace todo en un solo pack; es más cómodo.
- ¿Qué coste tiene el procedimiento?
-30 euros.
- ¿Solo 30 euros para inmatricular todo el pack?
-De cinco cosas sí. 30 euros costó inmatricular la mezquita de Córdoba, y 30 euros la catedral de Sevilla con las dependencias anexas, como es la Giralda. Nos imaginamos que todo el Prerrománico está igual.
- ¿Dice que la iglesia ha inmatriculado todo el Prerrománico por solo 30 euros?
-30 euros por cada hecho inmatriculado, por cada bien. Como son pocas, habrán ido una a una. El Libro Blanco del Prerrománico cita, de pasada, que todo el Prerrománico es de la Iglesia salvo Foncalada, en Oviedo. En otros países no sucede esto. En Francia, en virtud de una ley de 1905, todas las catedrales son del Estado francés. Incluso Notre Dame. Y en Portugal, un concordato con la Santa Sede, de época de Salazar, establece que todos los grandes monumentos e iglesias son del Estado portugués. La Catedral de Colonia es del Estado alemán; Westminster del Reino Unido? Otra cosa distinta es el uso, nadie lo cuestiona, pero la propiedad debe corresponder a las administraciones públicas, porque son los ciudadanos los que han mantenido estos bienes.
- Se entiende que el Prerrománico es el caso más relevante de inmatriculaciones en Asturias.
-Sí. Luego hay mil casos anecdóticos, como todas las casas rectorales. Es algo que no tiene mucho sentido, porque por ejemplo cuando en un municipio se construía una casa para el cura, la construía el ayuntamiento y la pagaban los vecinos. Cuando se cierra la escuela se marcha el maestro, pero nadie se lleva su casa. En cambio, cuando se marcha el cura, la Iglesia pone la casa a su nombre, para venderla. Hay decenas de casas inmatriculadas que deberían ser de los vecinos. Pero al margen de esas cosas, el caso más sangrante es el Prerrománico.
- ¿Hay algún otro país en el que haya pasado algo semejante?
-Esto no ha pasado en ningún país europeo.
"La Iglesia se hizo por 30 euros con la propiedad de cada edificio prerrománico"
