david53
Madmaxista
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Podría optar por convertirse en asistente de un eurodiputado de JxCAT para obtener estabilidad económica. Ganaría hasta 8.000 euros al mes.
La posibilidad de que Carles Puigdemont acabe siendo contratado como asistente de uno de los dos eurodiputados de JxCAT es ya un rumor a voces en los pasillos del Parlamento Europeo. Tal y como avanzó EL ESPAÑOL esta semana, Puigdemont busca trabajo: se le agota el dinero y podría estar teniendo problemas para pagar el alquiler de Waterloo.
El runor de su fichaje como subalterno de un eurodiputado ha llegado incluso hasta oídos de los funcionarios y diplomáticos de la Representación Permanente de España ante la Unión Europea (REPER), la embajada del Gobierno español en Bruselas.
El sueldo de Puigdemont como asistente parlamentario podría oscilar entre los 2.500 euros netos que cobra un asistente casado y con hijos del grupo 1 y los aproximadamente 8.000 que cobra un asistente del máximo nivel posible en la misma situación. Fuentes del Parlamento Europeo dan por descontado que el expresidente, en el caso de ser contratado finalmente como asistente acreditado, cobraría el salario tope.
Sin embargo, ese salario vendría acompañado de una humillación difícil de digerir para alguien que ya ha pasado de molt honorable president a expresidente y de expresidente a prófugo de la Justicia, y que de confirmarse los rumores daría un paso más en su caída hacia la irrelevancia política convirtiéndose en uno más de los más de 4.000 asesores que trabajan en el Parlamento Europeo: 1.976 de ellos contratados como asistentes acreditados y 2.250 como asistentes locales.
Los obstáculos del plan B
El plan B de Puigdemont y su abogado Gonzalo Boye –el plan A es la obtención del acta de eurodiputado, un camino que a día de hoy parece vetado para el expresidente– les obligará a seguir los mismos pasos que cualquier otro aspirante a asistente del Parlamento Europeo.
En el Parlamento Europeo existen dos tipos de asistentes: acreditados y locales. Como cargos de confianza, los asistentes acreditados son escogidos personalmente por los eurodiputados, que disponen de un presupuesto total de 24.943 euros al mes, a repartir entre todos ellos. Aunque a esos ayudantes se les paga con los fondos de que dispone cada eurodiputado, el contrato de trabajo se firma directamente con el Parlamento Europeo y de acuerdo a la legislación interna de la Cámara.
Los asistentes acreditados pueden trabajar a las órdenes de un sólo eurodiputado o para un grupo de ellos pertenecientes al mismo grupo parlamentario. En este último caso, su sueldo se paga proporcionalmente por cada uno de esos eurodiputados.
Hasta 8.000 euros netos al mes
El segundo tipo de asistente, el llamado asistente local, no trabaja en Bruselas, Estrasburgo o Luxemburgo, las tres sedes del Parlamento Europeo, sino en el país de origen del eurodiputado. En consecuencia, su contrato de trabajo no se firma con el Parlamento Europeo, sino de acuerdo a la legislación local. Por razones obvias, Carles Puigdemont sería contratado como asistente acreditado, no como asistente local.
El camino para conseguir ese sueldo no está exento, sin embargo, de requisitos. El primero de ellos es disponer de un DNI o un pasaporte en vigor. El DNI de Puigdemont caduca el 3 de febrero de 2020, por lo que este requisito no debería suponer ningún problema para él a corto plazo, aunque nadie en el Parlamento es capaz de asegurar que esto no pudiera convertirse en un problema si un grupo parlamentario denuncia su situación a partir de esa fecha.
Su pasaporte, sin embargo, aún cuenta con dos años más de vigencia por lo que, al menos en teoría, Puigdemont cuenta todavía con margen para llevar a cabo sus planes.
Llegado el momento, Puigdemont deberá renovar su DNI y su pasaporte en la embajada española en suelo belga, pero podría ser detenido en cuanto pusiera el pie en ella. En circunstancias normales, un carnet de identidad o un pasaporte caducado no debería suponer problema alguno para un asistente parlamentario cualquiera si este se limita a una actividad convencional, pero el caso de Puigdemont es especial y nadie descarta la posibilidad de que se le puedan presentar problemas a partir de febrero de 2020.
Certificado de penales belga
El segundo obstáculo es la necesidad de presentar el original del certificado de antecedentes penales con un máximo de seis meses de antigüedad. La particularidad es que el certificado de penales que solicita el Parlamento Europeo no es el de la nacionalidad de origen del asistente, es decir la española, sino la del país en el que este haya residido durante la mayor parte de los últimos doce meses. En este caso, Bélgica.
De nuevo, Carles Puigdemont se mueve en terreno inexplorado. En principio, la Administración belga no tiene motivo alguno para denegar la petición del expresidente prófugo. Tampoco parece probable que el Gobierno español vaya a protestar por ello, por más incomodidad que pueda causarle la petición de Puigdemont.
Ni siquiera está claro, de hecho, que el Ministerio de Justicia español pudiera denegar la solicitud del certificado de penales de Puigdemont puesto que puede pedirse en persona, por medio de un representante legal o digitalmente mediante el sistema de identificación Cl@ve, con el que está familiarizado cualquier ciudadano español que haya realizado la declaración de la renta digitalmente. El certificado de penales de Puigdemont, además, está limpio puesto que en él sólo figuran las condenas con sentencia firme.
El resto de los requisitos, como es el de presentar una copia de su certificado de estudios, o el de responder a un breve cuestionario en la aplicación People del Parlamento Europeo, no deberían suponer el menor problema para Puigdemont.
Los eurodiputados pueden contratar hasta un máximo de tres asistentes acreditados individuales. Cuatro, en circunstancias excepcionales.
La humillación de Puigdemont: de 'molt honorable' a uno más entre 4.000 subalternos
La posibilidad de que Carles Puigdemont acabe siendo contratado como asistente de uno de los dos eurodiputados de JxCAT es ya un rumor a voces en los pasillos del Parlamento Europeo. Tal y como avanzó EL ESPAÑOL esta semana, Puigdemont busca trabajo: se le agota el dinero y podría estar teniendo problemas para pagar el alquiler de Waterloo.
El runor de su fichaje como subalterno de un eurodiputado ha llegado incluso hasta oídos de los funcionarios y diplomáticos de la Representación Permanente de España ante la Unión Europea (REPER), la embajada del Gobierno español en Bruselas.
El sueldo de Puigdemont como asistente parlamentario podría oscilar entre los 2.500 euros netos que cobra un asistente casado y con hijos del grupo 1 y los aproximadamente 8.000 que cobra un asistente del máximo nivel posible en la misma situación. Fuentes del Parlamento Europeo dan por descontado que el expresidente, en el caso de ser contratado finalmente como asistente acreditado, cobraría el salario tope.
Sin embargo, ese salario vendría acompañado de una humillación difícil de digerir para alguien que ya ha pasado de molt honorable president a expresidente y de expresidente a prófugo de la Justicia, y que de confirmarse los rumores daría un paso más en su caída hacia la irrelevancia política convirtiéndose en uno más de los más de 4.000 asesores que trabajan en el Parlamento Europeo: 1.976 de ellos contratados como asistentes acreditados y 2.250 como asistentes locales.
Los obstáculos del plan B
El plan B de Puigdemont y su abogado Gonzalo Boye –el plan A es la obtención del acta de eurodiputado, un camino que a día de hoy parece vetado para el expresidente– les obligará a seguir los mismos pasos que cualquier otro aspirante a asistente del Parlamento Europeo.
En el Parlamento Europeo existen dos tipos de asistentes: acreditados y locales. Como cargos de confianza, los asistentes acreditados son escogidos personalmente por los eurodiputados, que disponen de un presupuesto total de 24.943 euros al mes, a repartir entre todos ellos. Aunque a esos ayudantes se les paga con los fondos de que dispone cada eurodiputado, el contrato de trabajo se firma directamente con el Parlamento Europeo y de acuerdo a la legislación interna de la Cámara.
Los asistentes acreditados pueden trabajar a las órdenes de un sólo eurodiputado o para un grupo de ellos pertenecientes al mismo grupo parlamentario. En este último caso, su sueldo se paga proporcionalmente por cada uno de esos eurodiputados.
Hasta 8.000 euros netos al mes
El segundo tipo de asistente, el llamado asistente local, no trabaja en Bruselas, Estrasburgo o Luxemburgo, las tres sedes del Parlamento Europeo, sino en el país de origen del eurodiputado. En consecuencia, su contrato de trabajo no se firma con el Parlamento Europeo, sino de acuerdo a la legislación local. Por razones obvias, Carles Puigdemont sería contratado como asistente acreditado, no como asistente local.
El camino para conseguir ese sueldo no está exento, sin embargo, de requisitos. El primero de ellos es disponer de un DNI o un pasaporte en vigor. El DNI de Puigdemont caduca el 3 de febrero de 2020, por lo que este requisito no debería suponer ningún problema para él a corto plazo, aunque nadie en el Parlamento es capaz de asegurar que esto no pudiera convertirse en un problema si un grupo parlamentario denuncia su situación a partir de esa fecha.
Su pasaporte, sin embargo, aún cuenta con dos años más de vigencia por lo que, al menos en teoría, Puigdemont cuenta todavía con margen para llevar a cabo sus planes.
Llegado el momento, Puigdemont deberá renovar su DNI y su pasaporte en la embajada española en suelo belga, pero podría ser detenido en cuanto pusiera el pie en ella. En circunstancias normales, un carnet de identidad o un pasaporte caducado no debería suponer problema alguno para un asistente parlamentario cualquiera si este se limita a una actividad convencional, pero el caso de Puigdemont es especial y nadie descarta la posibilidad de que se le puedan presentar problemas a partir de febrero de 2020.
Certificado de penales belga
El segundo obstáculo es la necesidad de presentar el original del certificado de antecedentes penales con un máximo de seis meses de antigüedad. La particularidad es que el certificado de penales que solicita el Parlamento Europeo no es el de la nacionalidad de origen del asistente, es decir la española, sino la del país en el que este haya residido durante la mayor parte de los últimos doce meses. En este caso, Bélgica.
De nuevo, Carles Puigdemont se mueve en terreno inexplorado. En principio, la Administración belga no tiene motivo alguno para denegar la petición del expresidente prófugo. Tampoco parece probable que el Gobierno español vaya a protestar por ello, por más incomodidad que pueda causarle la petición de Puigdemont.
Ni siquiera está claro, de hecho, que el Ministerio de Justicia español pudiera denegar la solicitud del certificado de penales de Puigdemont puesto que puede pedirse en persona, por medio de un representante legal o digitalmente mediante el sistema de identificación Cl@ve, con el que está familiarizado cualquier ciudadano español que haya realizado la declaración de la renta digitalmente. El certificado de penales de Puigdemont, además, está limpio puesto que en él sólo figuran las condenas con sentencia firme.
El resto de los requisitos, como es el de presentar una copia de su certificado de estudios, o el de responder a un breve cuestionario en la aplicación People del Parlamento Europeo, no deberían suponer el menor problema para Puigdemont.
Los eurodiputados pueden contratar hasta un máximo de tres asistentes acreditados individuales. Cuatro, en circunstancias excepcionales.
La humillación de Puigdemont: de 'molt honorable' a uno más entre 4.000 subalternos
