La historia que tapó el "que te vote Txapote": el gran negocio privado de los radares municipales

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27/01/2023, El Confidencial, Guillermo Cid
Es miércoles 25 de enero y un equipo de Televisión Española está grabando un reportaje en Cazalegas, Toledo. Todo tras*curre sin novedad hasta que uno de los entrevistados se sale del guion de la pieza y suelta un "que te vote Txapote, Sánchez". La situación descarrila y la entrevista acaba por tapar el motivo principal del reportaje. Pero ¿qué pasa realmente en Cazalegas? Los vecinos de este pequeño pueblo son los últimos en levantar la voz por un problema que en los últimos años está generando choques en muchas localidades: la externalización de la gestión de las multas de tráfico municipales. El autor de la frase que acabó por tapar la protesta es el mismo que grabó el día anterior la presencia de un coche (a primera vista particular) con un radar en su interior operado por un hombre que no pertenecía a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Lo llamativo es que, según la ley de tráfico, a día de hoy es ilegal en nuestro país que una persona que no pertenezca a alguno de estos cuerpos opere uno de estos dispositivos móviles. Y aunque el Ayuntamiento de Cazalegas ha negado que esa persona pertenezca a la plantilla de la localidad, lo visto ha encendido todas las alarmas. Sobre todo porque, según apuntan expertos en la materia y otras noticias aparecidas en años anteriores, no es un caso aislado.
"Es algo más común de lo que parece y, aunque es ilegal, dentro de nada estoy seguro de que lo cambiarán para que deje de serlo. Es un gran negocio. Sobre todo pasa con los ayuntamientos medianos o pequeños, que no tienen medios ni manos para controlar el tráfico de sus localidades a este nivel, pero ven una oportunidad de recaudar, así que subcontratan la gestión y listo. Lo hacen empresas privadas que han sido muy listas y han montado un negocio que les viene de perlas a todos", comenta en conversación con El Confidencial Pedro Javaloyes, portavoz de DVuelta, un despacho de abogados experto en reclamación de multas y otras denuncias de tráfico. De ahí, asegura el experto, que lo visto en el pueblo toledano no sea más que un ejemplo más. Más allá del caso que ha explotado esta semana, es fácil dar con otros casos en todo el país. Sin llegar a la situación de radares móviles operados por agentes privados, la externalización de estos cometidos ha generado problemas en ciudades como Jaén, en Simancas o en Valle de Egües. Este pueblo de Navarra, según publicaba en 2022 el medio Naiz, se iba a ver obligado a devolver todas las multas por exceso de velocidad puestas en la localidad por errores en la tramitación de la subcontrata. Aunque quizá el caso más llamativo es el de Parla, que acabó en el Defensor del Pueblo. En ese momento el cargo lo ostentaba Soledad Becerril, que pidió "encomendar la instrucción de los expedientes sancionadores directamente a los funcionarios públicos".
En un momento en el que las administraciones locales buscan más financiación para poder sostener todos los servicios que deben ofrecer, la explotación de este tipo de controles de tráfico se ha convertido en una interesante fuente de ingresos. Además, muchos municipios han heredado la gestión de vías rápidas que cambiaron de titularidad debido a la construcción de circunvalaciones o vías similares, pasando a gestión municipal. Pero ante la falta de personal, cada vez acuden más a unas empresas privadas que han encontrado un gran filón. Siguiendo todos los pasos para legalizar sus dispositivos y conseguir las licencias de operación, atraen a los consistorios con contratos bajos a cambio de llevarse un porcentaje de cada multa que consiguen con sus medios. La razón de ese cobro de porcentajes fue lo que llevó el caso del radar de Parla al Defensor del Pueblo, pero basta una búsqueda en internet para ver que no es la única. "Claro, a más multas, más dinero reciben", señala el abogado. Esa es una de las grandes quejas de los vecinos afectados por estos radares en los que ven claramente un interés recaudatorio. Es un modelo de negocio que sostiene, entre otras, la empresa señalada tras lo ocurrido en Cazalegas: Vialine Gestión S. L..
Vialine, en el punto de mira
La compañía de origen cántabro, que se define en su web como "experta en el desarrollo de soluciones para la administración pública y servicios para la ciudadanía", no ha querido hacer declaraciones sobre lo ocurrido en la localidad toledana y tampoco ha respondido a este medio, pero ha sido señalada por medios locales como La Voz del Tajo como la responsable del coche grabado. En el portal de contratación del Sector Público no aparece acuerdo alguno con el Ayuntamiento, sin embargo, sí hay pistas que señalan a la empresa por otros contratos. Es la misma empresa que hasta 2018 tuvo la gestión de multas de tráfico en Nuevo Baztán, un pueblo en el este de la Comunidad de Madrid. Ahí fue fotografiado en 2017 el mismo coche del vídeo con idéntica matrícula. Según palabras del fotógrafo, un vecino de la localidad, el coche contaba con un radar en su interior que estaba operado por una persona "de la empresa". La publicación, hecha en un grupo de Facebook de Eurovillas, una urbanización del municipio, cuenta con varios comentarios en los que se habla continuamente de los coches de "la empresa del radar". Siguiendo la pista de esta localidad es posible ver que el consistorio estuvo durante varios años moviendo un radar móvil de Vialine por todo el municipio y cuya posición se comunicaba de forma pública cada mes.
Ahora, Vialine ya no tiene este contrato, lo ostenta otra compañía, ATM DOS, que se presenta como experta en "soluciones para la Administración". Esta ganó el concurso público en 2018, peleando con la propia Vialine y con CGI, algo que muestra el interés que hay en este tipo de servicios. Cogiendo de nuevo el ejemplo de la firma cántabra, solo una pequeña búsqueda en el portal de contratación basta para ver que tiene al menos 47 contratos con administraciones, la mayoría locales, por valor de casi 3 millones de euros. No todos son de gestiones de tráfico, pues también hay algunos de suministros de equipos y otro tipo de servicios. "Ellos, que lo veo muy bien, preparan sus equipos para que pasen todas las licencias y requisitos que pone la normativa y se los sirven a los consistorios. La DGT también te presta de vez en cuando equipos, pero son pocos y hay que repartirlos entre muchos pueblos", señala Javaloyes. En una entrevista publicada en el medio Interempresas en 2013, Iván García de la Rasilla, entonces gerente de Vialine y ahora Director Técnico de CGI (después de pasar unos años en EGES, otra empresa que pelea en este mismo sector), era claro al explicar el modelo de negocio de su empresa. "Con la situación económica que vivimos, ¿son receptivos los ayuntamientos a incorporar este tipo de sistemas de seguridad vial en sus municipios? Evidentemente, la crisis se deja notar en este sector, pero Vialine está teniendo elementos de entrada gracias a nuestra política de ventas basada en el 'coste cero para el ayuntamiento'. Nosotros instalamos el sistema de seguridad que necesita ese municipio, de acuerdo a sus particularidades, y recuperamos la inversión realizada a partir de un porcentaje de las multas registradas por ese dispositivo. El ayuntamiento no tiene que realizar ningún desembolso económico. ¿Y eso tiene algún límite? Tiene un límite según la licitación. Todo va encaminado a reducir el número de sanciones que se cometen. Nosotros somos francos en ese sentido y nuestro objetivo es que en seis meses el volumen de infracciones registradas por ese dispositivo tiene que bajar en picado. Nuestra estadística, en estos tres años de existencia, señala que a los seis meses debería bajar un 90% el número de infracciones".
El viaje al contencioso
Ante los choques entre administraciones y ciudadanos, despachos como el de Javaloyes animan a recurrir las multas, aunque confiesan que es difícil. "La mayoría de la gente no va a ir a un contencioso por una multa de 100 euros que si pagas pronto se queda en 50, pero nosotros hemos demostrado que la mayoría se pueden ganar, sobre todo las de velocidad". El experto pone de ejemplo su caso con el Ayuntamiento de Madrid, al cual han ganado más de 75 sentencias en 20 meses. "Y podrían ser muchas más", añade.
DVuelta habla de irregularidades en las tramitaciones y de problemas como el visto en Cazalegas. Según él, hay muchos detalles que no se hacen bien a la hora de tramitar las multas e incluso se puede entrar en asuntos como los datos personales o la falta de información ofrecida. "Por ejemplo, es un pequeño detalle, pero la normativa obliga a darte dos fotos de tu coche cuando te ponen una multa de velocidad. La idea es que quede demostrado que de un lugar a otro el coche se ha movido y que ha superado la velocidad indicada. Pues en muchos casos te dan una foto general y la otra es solo un zoom de la primera. Suena a broma, pero es así. Viven mucho de que tú como ciudadano prefieres pagar a tener que entrar en problemas". Sobre el caso de las empresas privadas, Javaloyes no entra a valorar si deberían estar, pero tiene claro que se normalizará en un futuro, como ya se ha hecho por ejemplo en Francia. "Al final favorece a la Administración y a la recaudación. Pones a alguien del ayuntamiento a firmar las multas y el resto se externaliza". En 2021, el país vecino puso en marcha una iniciativa similar con una flota inicial de 450 coches particulares equipados con un radar homologado para denunciar excesos de velocidad. Cada uno de estos empleados trabajan seis horas al día y pueden ganar hasta 1.500 euros al mes.