SrPurpuron
Gñé
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El pacto suscrito por el Psoe y Junts incluye la recaudación total de los impuestos. Eso implicaría crear una hacienda catalana, algo que ya se intentó de forma ilegal durante el proces y fue declarada anticonstitucional por muchas razones.
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La ley General Tributaria 58/2003, eje central del ordenamiento tributario donde se recogen sus principios esenciales y se regulan las relaciones entre la Administración tributaria y los contribuyentes. Asimismo quebrantaría la ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las CCAA de régimen común y ciudades con Estatuto de Autonomía.
La Hacienda catalana violaría varios artículos de la Carta Magna. No en vano, el Tribunal Constitucional (TC) declaró la agencia tributaria inconstitucional en julio de 2016. En esencia, concluye el experto, la creación de una Hacienda catalana propia vulneraría la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (Lofca).
Para que la Agencia Tributaria de Cataluña funcione como sustituta de la Agencia Tributaria sería necesario contar con los datos personales de los catalanes, una cuestión complicada porque no solo se necesita el programa informático y administrativo correspondiente, también habría que cruzar los datos históricos de los contribuyentes de las últimas décadas. En este sentido, la Ley General Tributaria es muy estricta respecto al uso que puede hacer la Generalitat de los datos fiscales de los catalanes.
Tampoco cuentan con personal especializado. Una cosa es que exista gente trabajando en la Administración y otra, contar con personal especializado, capaz de luchar por ejemplo contra el fraude. Además, en el hipotético caso de que se pusiera en marcha, el personal podría elegir si continúa trabajando o no para el estado nacional y como consecuencia marcharse de la comunidad. Por último, Cataluña no cuenta un marco jurídico en materia administrativa y tributaria para operar de manera eficaz y necesitaría .50.000 millones para sobrevivir.
En el caso del PNV y el País Vasco sería similar. La diferencia entre Euskadi y Cataluña es que la primera tiene reconocidas sus competencias en el estatuto de autonomía. En el caso de Cataluña, habría que hacer otro estatuto que lo incluyese y someterlo a referéndum.
Con esto podrían tumbar los presupuestos generales. Ya lo hicieron en el pasado. Pedro Sánchez convocaría elecciones y probablemente sacaría los mismos resultados.
Ya ocurrió en el pasado y puede volver a ocurrir. Con Pedro Sánchez todo es el día de la marmota.
La Hacienda catalana choca con 5 leyes y no tiene una base de datos completa
Gestionar sus propios impuestos es una de las demandas de la Generalitat. Por esta razón, se creó la Agencia Tributaria de Cataluña, declarada inconstitucional en julio de 2016.A día de hoy, la ATC gestiona 16 tributos con los que ha recaudado un total de 2.914,89 millones de euros en impuestos...
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La ley General Tributaria 58/2003, eje central del ordenamiento tributario donde se recogen sus principios esenciales y se regulan las relaciones entre la Administración tributaria y los contribuyentes. Asimismo quebrantaría la ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las CCAA de régimen común y ciudades con Estatuto de Autonomía.
La Hacienda catalana violaría varios artículos de la Carta Magna. No en vano, el Tribunal Constitucional (TC) declaró la agencia tributaria inconstitucional en julio de 2016. En esencia, concluye el experto, la creación de una Hacienda catalana propia vulneraría la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (Lofca).
Para que la Agencia Tributaria de Cataluña funcione como sustituta de la Agencia Tributaria sería necesario contar con los datos personales de los catalanes, una cuestión complicada porque no solo se necesita el programa informático y administrativo correspondiente, también habría que cruzar los datos históricos de los contribuyentes de las últimas décadas. En este sentido, la Ley General Tributaria es muy estricta respecto al uso que puede hacer la Generalitat de los datos fiscales de los catalanes.
Tampoco cuentan con personal especializado. Una cosa es que exista gente trabajando en la Administración y otra, contar con personal especializado, capaz de luchar por ejemplo contra el fraude. Además, en el hipotético caso de que se pusiera en marcha, el personal podría elegir si continúa trabajando o no para el estado nacional y como consecuencia marcharse de la comunidad. Por último, Cataluña no cuenta un marco jurídico en materia administrativa y tributaria para operar de manera eficaz y necesitaría .50.000 millones para sobrevivir.
En el caso del PNV y el País Vasco sería similar. La diferencia entre Euskadi y Cataluña es que la primera tiene reconocidas sus competencias en el estatuto de autonomía. En el caso de Cataluña, habría que hacer otro estatuto que lo incluyese y someterlo a referéndum.
Con esto podrían tumbar los presupuestos generales. Ya lo hicieron en el pasado. Pedro Sánchez convocaría elecciones y probablemente sacaría los mismos resultados.
Ya ocurrió en el pasado y puede volver a ocurrir. Con Pedro Sánchez todo es el día de la marmota.
