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Hablando sin tener ni idea
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La detención, que se produjo el pasado lunes, culminó una investigación iniciada en octubre bajo el paraguas de la bautizada como la operación Cerbero Docto, dirigida por el Juzgado de Instrucción número 8 de Navalcarnero. Los agentes ejecutaron registros en Carabanchel y Parla, recuperando la totalidad del material robado.
José Berrocal, jefe de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia, destacó el impacto negativo de estos robos en la educación de los alumnos. "La Consejería de Educación podría tardar unos seis meses en reponer el material", aseguró.
La banda, compuesta por dos individuos con antecedentes penales tanto en España como en Chile, operaba con astucia, utilizando coches alquilados que cambiaban semanalmente para evitar ser rastreados. Sus robos se concentraban en los fines de semana, tras realizar vigilancias previas y desactivar el suministro eléctrico de los colegios.
El grupo está implicado en robos en diversas localidades como Rivas-Vaciamadrid, Paracuellos del Jarama, Fresnedillas de la Oliva, Collado Villalba, San Fernando de Henares y Villaverde, además de su participación en tentativas de robo en centros de ITV en Humanes, Pozuelo de Alarcón y Algete.
La clave para desenmascarar a la banda fue un vehículo usado en un robo en Navalcarnero, que condujo a la identificación de sus ocupantes y, posteriormente, al resto del grupo.
El líder de la organización, de unos 40 años, se había asentado en España hace dos años bajo una identidad falsa de un ciudadano peruano. Los demás miembros, de entre 30 y 40 años, residían en Madrid desde principios de año.
Berrocal comparó esta célula delictiva con bandas de albaneses o georgianos, que operan temporalmente en un país dando varios golpes antes de regresar a sus lugares de origen.
Tras las detenciones, los tres presuntos delincuentes encargados de llevar a cabo los robos han ingresado en prisión provisional, mientras que el cuarto, cuyo cometido se centraba en vender los efectos sustraídos, permanece en libertad.
La investigación contó con la colaboración de la Fiscalía de Móstoles, la Consejería de Educación, directores de los centros afectados y la Oficina de Análisis de la OCN Interpol Santiago de la Policía de Investigación de Chile, que facilitó información crucial sobre el líder y los antecedentes de los implicados.
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