La Guardia Civil descubre anotaciones de "X. Puig" en los papeles del caso Azud

«Ximo Puig no sabía nada». Quien lo dice es Manolo Mata, que el año pasado dejó de ser el número dos del PSOE valenciano -y, por tanto, mano derecha del presidente valenciano- para dedicarse en exclusiva a la defensa legal del supuesto cabecilla de la trama corrupta Azud en Valencia. El propio Puig ha querido desvincularse por completo de un asunto que, según el argumentario de su partido, afecta sobre todo al PP y, en todo caso, en lo que respecta a los socialistas forma parte del pasado. Sin embargo, la sombra de Azud se proyecta no solo sobre quienes fueron importantes dirigentes del PSOE, sino que se extiende hasta la actualidad.

El nombre de Ximo Puig aparece en el sumario e incluso en las agendas del ex tesorero socialista José María Cataluña, considerado el artífice de la supuesta financiación irregular y uno de los principales nexos de unión -aún hoy- entre los empresarios y el partido. Puig marcó distancias con él, pero su nombre se repite en los papeles de Cataluña, con referencias a «Ximo» o a «X. Puig».

Por ejemplo, en una de las páginas de mayo de 2012 de la agenda de Cataluña figura una comida («dinar» en valenciano) con un tal «Ximo». Unos meses antes, Puig se convirtió en secretario general del PSPV-PSOE. En otra libreta de Bancaja, el ex tesorero incluye una referencia a "dona Ximo", que podría corresponder a la mujer del hoy presidente.

«Ximo» aparece también en otra anotación junto a «Emèrit» e «Imedes». Emèrit Bono, hijo del ex conseller socialista del mismo nombre, es director general en Gesmed, con participación en Imedes. La sucursal de Imedes Andalucía mantuvo precisamente contactos con CVC, una de las firmas del presunto cabecilla de Azud, Jaime Febrer, para tratar de introducir a este último en esta región en 2006.

Muchas son las conexiones del barón socialista con los principales imputados, que de una u otra forma se mantenían en activo hasta su implicación en Azud. La gran incógnita, la X de este caso, es si el líder de los socialistas valencianos era conocedor de la trama corrupta cuyos investigadores han acreditado -y así lo han asumido la Fiscalía Anticorrupción y la juez- indicios de financiación irregular, mediante el pago de gastos electorales por parte de constructoras. Es el grueso de la pieza 7 separada del caso Azud. Desde las filas socialistas se quita hierro a este tipo de prácticas, porque en el pasado no había delito electoral y, en todo caso, estaría prescrito.

La detención en mayo de 2021 del entonces subdelegado del Gobierno en Valencia conmocionó a los socialistas. Porque si había alguien que merecía la etiqueta de histórico en el partido, ese era Rafa Rubio. Pero, sobre todo, porque la pregunta que todo el socialismo se hacía era una: ¿Qué hacía Rubio metido en una trama corrupta del Partido Popular? Hasta entonces, Azud había salpicado a populares de la época de Rita Barberá. Faltaba por aflorar la segunda parte de una investigación que ha acabado hundiendo en el barro al PSOE y salpicando a Puig.

En el caso de Rubio, se había encuadrado en términos orgánicos en la corriente del abalismo, que trató sin éxito de disputar el poder a Puig y que acabó diluyéndose con la caída del ex ministro José Luis Ábalos. Sin embargo, Rubio era todo un referente, con pocos o ningún enemigo interno. Nadie discutió su ascenso a la Delegación pese a arrastrar una imputación en la llamada pieza de los zombies de Imelsa. Ni siquiera Puig, que lo sostuvo de coordinador de Urbanismo en el Ayuntamiento de Valencia. Su condena llegó con Azud, tras desvelarse que habría cobrado supuestamente de la trama una comisión de 300.000 euros en su etapa de líder de la oposición a Barberá. En el PSOE aún son muchos los que creen en su inocencia.

Reacción bien distinta fue la que se produjo tras la implicación del ex tesorero, que ya no sorprendió tanto. Cuando Cataluña dejó las finanzas del PSPV para pasar al consejo de Bancaja como vicepresidente en 2004, la broma recurrente en el partido era si sería el hombre del PSPV en la entidad financiera o al revés. Con muchos contactos en el mundo de la empresa, la política e incluso el deporte (presidió la Fundación de la Pilota Valenciana hasta 2021), Cataluña es el personaje clave en torno al que gira la investigación de la pieza que ha sacado a relucir la financiación de las campañas electorales de Carmen Alborch y María Teresa Fernández de la Vega en 2007 y 2008.

No solo están sus agendas y libretas -incautadas por la Guardia Civil en el registro de su casa de Gilet- con detalles de contratos públicos, sino que el ex gerente del partido declaró que Cataluña mantenía su poder de contratación en aquellas citas electorales. Es decir, cuando en teoría ya no era tesorero. Cataluña nunca se retiró del todo, como prueban las relaciones que mantenía con todo tipo de empresarios y dirigentes políticos. Casi dos décadas después de perder todo cargo orgánico en el PSOE, sigue siendo un gran conocido. Tenía en su poder los contactos de los principales empresarios valencianos.

Un whatsapp incluido en el sumario revela que realizó gestiones en favor del castellonense Enrique Gimeno (Facsa) ante la Agencia Tributaria Valenciana en 2019, es decir, con Puig ya en la Generalitat. Es más, la sospecha en el PP es que en todos estos años Cataluña ha seguido tratando con Puig en su despacho del Palau de la Generalitat, por lo que ha reclamado el registro de todas las entradas a la sede del Gobierno valenciano.

En otra conversación de 2016 entre Cataluña y Gimeno extraída del iPhone del socialista, el empresario dice que «el contacto es Manolo Mata», a lo que su interlocutor responde que «ya ha hablado con el jefe». ¿Quién era el jefe para Cataluña? Puig asumió las riendas de la federación valenciana en marzo de 2012, por lo que ahí ya era el líder de los socialistas. Sin embargo, el propio Mata -que ha afeado a la UCO la intromisión desproporcionada en la vida privada de mucha gente, incluida la suya, y que se esté llevando a cabo una investigación prospectiva ilegal- considera que el jefe podría ser él como portavoz del grupo parlamentario en las Cortes, un cargo que le obligaba a reunirse con empresarios y representantes de la sociedad civil.


Mata tampoco es cualquiera. Su papel en Azud es el de abogado, pero en política llevan su sello los dos pactos de gobierno que han dado a Puig la Presidencia de la Generalitat en 2015 y 2019. Fue uno de los principales negociadores por el PSOE en la mesa con Compromís y Unidas Podemos de la que salió el bautizado como acuerdo del Botànic, que puso fin a dos décadas de poder popular en la Comunidad Valenciana. Esto da una idea de la relación de confianza que mantenía con el jefe del Consell, que si en un primer momento se opuso a que Mata defendiese al presunto corruptor de Azud, al final le acabó forzando a retirarse de la primera línea política. Las otras decisiones fueron suspender de militancia a Rubio y a Cataluña, y de ahí su tesis de que se ha sido contundente con los investigados.

Sin embargo, la nómina de socialistas en Azud no acaba ahí, ya que uno de los conseguidores señalado por cobrar de la trama hasta 1,3 millones de euros es José Luis Vera. El abogado, que llegó a militar en el PSOE y representó al partido en las causas contra la corrupción del PP, estuvo a sueldo del entramado empresarial Axis investigado en Azud.

No fue hasta mayo del año pasado cuando fue despedido como jefe jurídico de una empresa pública -aprovechando su liquidación- de la Diputación de Valencia, gobernada por la izquierda. Al puesto había llegado en 2015 gracias al que fuera uno de los hombres del círculo más cercano a Puig, José Manuel Orengo. A pesar de ello, fuentes socialistas han insistido en que Vera no tenía ningún peso en el partido, y que incluso se dio de baja hace tiempo para no pagar las cuotas.

El socialista que a día de hoy sigue en activo es el senador por Alicante José Asensi, que no está investigado pero cuyo nombre aparece en un informe de la Agencia Tributaria incorporado al sumario. La empresa que tenía con su esposa hasta 2005, Fersa, habría colaborado con las firmas de la trama en la generación de dinero en efectivo para el pago de sobornos, mediante la firma de contratos simulados. El senador, que ha negado cualquier irregularidad, rompe en realidad el discurso de Puig de que ningún socialista en activo está implicado en Azud.

El informe de la UCO se hace incluso eco del congreso que el PSPV-PSOE celebró en septiembre de 2008 para elegir a su secretario general. Puig no se alzaría con la victoria hasta el congreso de 2012, pero lo había intentado ya cuatro años antes, es decir, fue uno de los aspirantes en 2008. Por eso, se encargó la elaboración de material de campaña con su nombre, como una serie de camisetas que corrió a cargo de Cronosport, una de las firmas que recibió pagos de las empresas de la trama. En este caso, sin embargo, la UCO considera que son «trabajos desarrollados por Cronosport cuyo pagador se desconoce», ya que no ha podido acreditar quién abonó las facturas. La incógnita sigue siendo, por tanto, qué sabía Puig.

La pieza 7 del 'caso Azud', que es la última sobre la que se ha levantado el secreto de sumario, ha sido la que ha embarrado al PSOE valenciano sacando otra vez a la luz su supuesta financiación irregular. Centrada en los años 2007 y 2008, ha puesto sin embargo al actual partido patas arriba. El terremoto ha alcanzado de una u otra forma a nombres socialistas que continuaban en primera línea y, por tanto, con los que el presidente valenciano, Ximo Puig -líder del partido desde 2012-, mantenía relaciones.
José María Cataluña. Sus agendas han cimentado la supuesta financiación irregular del PSOE valenciano, del que fue tesorero hasta 2004 antes de dar el salto a Bancaja. Según los investigadores, ha seguido trabajando para el partido.
Rafa Rubio. Portavoz socialista en Valencia, lideró la oposición a Rita Barberá. Fue detenido en 2021 siendo subdelegado del Gobierno por cobrar sobornos de la trama.
José Luis Vera. Abogado vinculado al PSOE, al que ha defendido en causas de corrupción contra el Partido Popular, habría cobrado de la trama 1,3 millones entre 2007 y 2012.
José Asensi. Senador por Alicante, no está investigado, pero la empresa que tenía con su mujer participó, según Hacienda, en la generación de dinero en efectivo para la trama.
Manolo Mata. El ex número dos de Ximo Puig dejó sus cargos para defender al considerado como cabecilla de la trama, Jaime Febrer. Denuncia una investigación prospectiva de la UCO.