Que dicen que si no conoces los datos, para ellos mejor.
DomusVi, el gigante de los servicios geriátricos, no quiere que se sepa cómo se repartió en Galicia el drama de muertes por el bichito que arrasó el sistema de cuidados a los mayores. La empresa, que dirige en España Josefina Fernández, acaba de recurrir al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) para frenar una solicitud de información realizada por eldiario Praza.gal a la administración gallega. La petición periodística reclamaba datos generales y anonimizados sobre el reparto de muertos por cada centro asistencial. Tras un periplo de siete meses de insistencia periodística, amparada por la Lei de tras*parencia, la Xunta dio su brazo a torcer y aceptó enviar las tablas de documentos. Los datos permitirían aclarar la relación entre el tipo de gestión de cada centro y la evolución del el bichito entre sus muros. Pero DomusVi ha ejercido su derecho a recurrir ante la Sala de lo Contencioso del TSXG.
En un comunicado enviado a elDiario.es, la empresa asegura que la publicación de el ránking de muertos por residencia "puede derivar en un daño reputacional irreversible para la compañía". La última vez que una fuente interna trasladó a esta redacción la relación de muertos en sus centros en septiembre de 2020, la cifra superaba los 1.700. En la nota enviada a esta redacción la compañía asegura estar "comprometida con la tras*parencia".
Solo en Galicia, desde donde Josefina Fernández dirige su imperio, un total de 140 personas perdieron la vida por el bichito-19 hasta el 29 de septiembre tras contraer el bichito en alguna de sus 37 residencias. Así lo confirman a esta redacción fuentes del sector con acceso a los datos. A lo largo de la evolución de la esa época en el 2020 de la que yo le hablo varios de estos centros han tenido que ser intervenidas por la Xunta: Vigo, Cangas y Outeiro de Rei. En esta última se llegaron a registrar en septiembre más de 100 contagios confirmados en un solo día. Otros centros que nunca fueron intervenidos también sufrieron con dureza el azote de la esa época en el 2020 de la que yo le hablo. Es el caso de DomusVi San Lázaro (Santiago), en donde según las familias perdieron la vida uno de cada tres usuarios. Desde ese centro el Gobierno gallego recibió en febrero una carta que nunca abrió en la que los trabajadores denunciaban que la empresa no cumplía los ratios de personal por usuario que exigían los pliegos públicos.
Galicia es una de las comunidades más opacas con la difusión de información sobre los muertos en residencias. La administración que dirige Alberto Núñez Feijóo lleva meses ofreciendo los datos de sus muertos en residencias pero su diligencia se diluye cuando se trata de contabilizar a los ancianos que fallecieron en hospitales pero provenían de centros de mayores. En ese punto radica la importancia de la información reclamada por Praza.gal y a cuya difusión de opone DomusVi. A mayores de lo anterior se da la circunstancia de que el gigante de las residencias se encarga de la gestión de multitud de centros públicos en donde el día a día de la atención ha sido privatizado. Su mando sobre las residencias públicas se cifra en torno al 80% de las mismas, según fuentes del sector.
DomusVi, el gigante de los servicios geriátricos, no quiere que se sepa cómo se repartió en Galicia el drama de muertes por el bichito que arrasó el sistema de cuidados a los mayores. La empresa, que dirige en España Josefina Fernández, acaba de recurrir al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) para frenar una solicitud de información realizada por eldiario Praza.gal a la administración gallega. La petición periodística reclamaba datos generales y anonimizados sobre el reparto de muertos por cada centro asistencial. Tras un periplo de siete meses de insistencia periodística, amparada por la Lei de tras*parencia, la Xunta dio su brazo a torcer y aceptó enviar las tablas de documentos. Los datos permitirían aclarar la relación entre el tipo de gestión de cada centro y la evolución del el bichito entre sus muros. Pero DomusVi ha ejercido su derecho a recurrir ante la Sala de lo Contencioso del TSXG.
En un comunicado enviado a elDiario.es, la empresa asegura que la publicación de el ránking de muertos por residencia "puede derivar en un daño reputacional irreversible para la compañía". La última vez que una fuente interna trasladó a esta redacción la relación de muertos en sus centros en septiembre de 2020, la cifra superaba los 1.700. En la nota enviada a esta redacción la compañía asegura estar "comprometida con la tras*parencia".
Solo en Galicia, desde donde Josefina Fernández dirige su imperio, un total de 140 personas perdieron la vida por el bichito-19 hasta el 29 de septiembre tras contraer el bichito en alguna de sus 37 residencias. Así lo confirman a esta redacción fuentes del sector con acceso a los datos. A lo largo de la evolución de la esa época en el 2020 de la que yo le hablo varios de estos centros han tenido que ser intervenidas por la Xunta: Vigo, Cangas y Outeiro de Rei. En esta última se llegaron a registrar en septiembre más de 100 contagios confirmados en un solo día. Otros centros que nunca fueron intervenidos también sufrieron con dureza el azote de la esa época en el 2020 de la que yo le hablo. Es el caso de DomusVi San Lázaro (Santiago), en donde según las familias perdieron la vida uno de cada tres usuarios. Desde ese centro el Gobierno gallego recibió en febrero una carta que nunca abrió en la que los trabajadores denunciaban que la empresa no cumplía los ratios de personal por usuario que exigían los pliegos públicos.
Galicia es una de las comunidades más opacas con la difusión de información sobre los muertos en residencias. La administración que dirige Alberto Núñez Feijóo lleva meses ofreciendo los datos de sus muertos en residencias pero su diligencia se diluye cuando se trata de contabilizar a los ancianos que fallecieron en hospitales pero provenían de centros de mayores. En ese punto radica la importancia de la información reclamada por Praza.gal y a cuya difusión de opone DomusVi. A mayores de lo anterior se da la circunstancia de que el gigante de las residencias se encarga de la gestión de multitud de centros públicos en donde el día a día de la atención ha sido privatizado. Su mando sobre las residencias públicas se cifra en torno al 80% de las mismas, según fuentes del sector.
