La Fiscalía considera que la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, estaba amparada por la libertad de expresión cuando acusó de apoyar a "grupos filoetarras" a la exportavoz de la PAH Ada Colau, aunque admite que la afirmación puede ser falsa y atentar a su honor. El ministerio público y la Abogacía del Estado, en representación de Cifuentes, han invocado este lunes el derecho a la libertad de expresión para pedir el archivo de la demanda que Ada Colau, actual portavoz de la plataforma Guanyem Barcelona, presentó contra Cifuentes por vulneración del derecho fundamental al honor.
En el juzgado de primera instancia número 57 de Barcelona se ha celebrado este lunes el juicio por la demanda de la activista de la PAH, que reclama que se condene a Cristina Cifuentes a pedir disculpas públicas por vincularla con ETA y a pagar una indemnización de 75.000 euros. Colau ha precisado que esa indemnización se destinaría a pagar las multas que la delegada del Gobierno en Madrid ha impuesto a activistas de las PAH por sus movilizaciones para evitar desahucios en esta comunidad autónoma. El motivo de la demanda son unas afirmaciones de Cifuentes en una entrevista en Radio Nacional de España el 25 de marzo de 2013, cuando tras referirse a la portavoz de la PAH advirtió de que en ese movimiento había "ciertas inquietudes de apoyos a grupos filoetarras o proetarras". Jaume Asens, abogado de Colau, mantiene en su demanda que las declaraciones de Cifuentes constituyen "una intromisión ilegítima del derecho al honor" de la activista de la PAH, dada la absoluta falsedad de esas acusaciones, y critica su actitud "gravemente despreciativa y frívola" al recurrir al terrorismo para descalificar a una persona y a una organización. Para el letrado, en el caso de Cristina Cifuentes la exigencia de veracidad debe ser mayor que si se tratara de un ciudadano particular, dada la "credibilidad y repercusión que tendrán sus declaraciones" por su cargo de representante del Gobierno. Amparada por la libertad de expresión, según la Fiscalía Por el contrario, la Fiscalía reconoce que las afirmaciones de Cifuentes son falsas y "reprochables" porque pueden suponer una afrenta al honor de la demandante, además de dar por hecho que la delegada del Gobierno no se retractó de las mismas, pero entiende que quedan amparadas por la libertad de expresión.
La Abogacía del Estado, por su parte, también invoca el derecho constitucional de la libertad de expresión y circunscribe las afirmaciones de Cifuentes a una mera "opinión" de la delegada del Gobierno en Madrid, mientras insiste en que la demandada matizó posteriormente sus declaraciones y desvinculó a Colau del entorno etarra. La demandante ha tratado este lunes de demostrar las consecuencias que acarrearon para ella las manifestaciones de Cifuentes, puesto que asegura que recibió todo tipo de mensajes —tanto de correo electrónico como públicamente por redes sociales como Twitter y Facebook— acusándola de terrorista. Como prueba, Colau adjunta a su demanda una denuncia que presentó ante los Mossos d'Esquadra tras recibir un correo electrónico en el que un ciudadano amenazaba de fin a su hijo de dos años y que iba acompañado de una fotografía del niño con una bala incrustada en la cabeza. Su pareja ha declarado este lunes como testigo en el juicio y ha corroborado las amenazas que, según su versión, la activista recibió por las declaraciones que la vinculaban con el entorno de ETA. A su salida del juicio, Colau ha criticado además que sea la Abogacía del Estado quien represente a Cifuentes en esta demanda: "Estamos pagando entre todos a su abogado", ha lamentado.
Ver más en: La Fiscalía ve libertad de expresión que Cifuentes vinculara a Colau con proetarras - 20minutos.es
En el juzgado de primera instancia número 57 de Barcelona se ha celebrado este lunes el juicio por la demanda de la activista de la PAH, que reclama que se condene a Cristina Cifuentes a pedir disculpas públicas por vincularla con ETA y a pagar una indemnización de 75.000 euros. Colau ha precisado que esa indemnización se destinaría a pagar las multas que la delegada del Gobierno en Madrid ha impuesto a activistas de las PAH por sus movilizaciones para evitar desahucios en esta comunidad autónoma. El motivo de la demanda son unas afirmaciones de Cifuentes en una entrevista en Radio Nacional de España el 25 de marzo de 2013, cuando tras referirse a la portavoz de la PAH advirtió de que en ese movimiento había "ciertas inquietudes de apoyos a grupos filoetarras o proetarras". Jaume Asens, abogado de Colau, mantiene en su demanda que las declaraciones de Cifuentes constituyen "una intromisión ilegítima del derecho al honor" de la activista de la PAH, dada la absoluta falsedad de esas acusaciones, y critica su actitud "gravemente despreciativa y frívola" al recurrir al terrorismo para descalificar a una persona y a una organización. Para el letrado, en el caso de Cristina Cifuentes la exigencia de veracidad debe ser mayor que si se tratara de un ciudadano particular, dada la "credibilidad y repercusión que tendrán sus declaraciones" por su cargo de representante del Gobierno. Amparada por la libertad de expresión, según la Fiscalía Por el contrario, la Fiscalía reconoce que las afirmaciones de Cifuentes son falsas y "reprochables" porque pueden suponer una afrenta al honor de la demandante, además de dar por hecho que la delegada del Gobierno no se retractó de las mismas, pero entiende que quedan amparadas por la libertad de expresión.
La Abogacía del Estado, por su parte, también invoca el derecho constitucional de la libertad de expresión y circunscribe las afirmaciones de Cifuentes a una mera "opinión" de la delegada del Gobierno en Madrid, mientras insiste en que la demandada matizó posteriormente sus declaraciones y desvinculó a Colau del entorno etarra. La demandante ha tratado este lunes de demostrar las consecuencias que acarrearon para ella las manifestaciones de Cifuentes, puesto que asegura que recibió todo tipo de mensajes —tanto de correo electrónico como públicamente por redes sociales como Twitter y Facebook— acusándola de terrorista. Como prueba, Colau adjunta a su demanda una denuncia que presentó ante los Mossos d'Esquadra tras recibir un correo electrónico en el que un ciudadano amenazaba de fin a su hijo de dos años y que iba acompañado de una fotografía del niño con una bala incrustada en la cabeza. Su pareja ha declarado este lunes como testigo en el juicio y ha corroborado las amenazas que, según su versión, la activista recibió por las declaraciones que la vinculaban con el entorno de ETA. A su salida del juicio, Colau ha criticado además que sea la Abogacía del Estado quien represente a Cifuentes en esta demanda: "Estamos pagando entre todos a su abogado", ha lamentado.
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