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La Fiscalía sale al rescate del Gobierno y pide al Supremo que rechace todas las querellas del el bichito
El Ministerio Público argumenta que es "imposible afirmar que debiera haber previsto" la esa época en el 2020 de la que yo le hablo y esgrime como eximente que varios ministros se pusieron en riesgo acudiendo al 8-M
Pedro Sánchez y Salvador Illa, en la reunión de este lunes del Comité de Seguimiento del cobi19. EFE
La Fiscalía ha solicitado al Tribunal Supremo que inadmita todas las querellas contra el Gobierno de Pedro Sánchez por la gestión de la crisis sanitaria del cobi19. En un informe, de 300 páginas, el teniente fiscal del Alto Tribunal, Luis Navajas, ha pedido este lunes a la Sala Segunda que rechace todas las querellas interpuestas contra miembros del Ejecutivo por motivos diversos.
Las tesis a la que llega el Ministerio Fiscal supone un intento de blindaje de las hipotéticas responsabilidades penales del Ejecutivo por la esa época en el 2020 de la que yo le hablo. Expresiones valorativas como "los querellantes no ofrecen argumentos acerca de las razones por las que deba considerarse que la actuación del Gobierno resultó arbitraria. Y seguramente no lo hacen porque no lo fue", se reproducen a lo largo del escrito del fiscal.
Por ejemplo, para exculpar al Ejecutivo, la Fiscalía subraya que algunos de sus miembros asistieron a marchas como la del 8-M en las que podía haber riesgo de contagio. "Cabe sumar la paradójica circunstancia de que los querellados acudieran, junto a sus familias, a tales manifestaciones, dato éste que resulta ciertamente relevante en orden a valorar el ánimo que pudo guiar su actuación".
Además, en el escrito, el Ministerio Público se expone que "resulta contrario a las reglas de la lógica y la sana crítica pensar que el conjunto de administraciones que integran la Administración pública española, a pesar de su distinto signo ideológico y político, y de los distintos intereses en juego, obraron, sin excepción, de modo poco diligente, atendido el estado de la ciencia y la técnica existentes con anterioridad al 14 de marzo de 2020. Resultando aún más absurdo, si cabe, pensar que no sólo la totalidad de las administraciones públicas españolas se mostraron negligentes en la gestión de la crisis del el bichito-19, sino también las administraciones competentes en materia sanitaria pertenecientes al resto de países de nuestro entorno cultural".
TRES ARGUMENTOS REITERADOS
En sus respuestas a las querellas, la Fiscalía repite constantemente algunos argumentos que exculpan al Gobierno. El principal, que se trata de acusaciones genéricas y difusas en las que no se determina con precisión las causas de las muertes ni cómo los querellados podrían haberlas evitado.
"Los querellantes se han limitado a atribuir a los querellados muertes y resultados lesivos, sin identificar, los fallecidos o lesionados, las condiciones en que se produjo su contagio, las razones por las que cada uno de aquellos contagios trae causa de la supuesta falta de equipos de protección personal, así como las razones por las que la adopción medidas hubiera permitido con una probabilidad rayana a la certeza evitar o disminuir en modo sensible lo finalmente sucedido, razones todas ellas que justifican la inadmisión a trámite de la querella presentada", afirma el escrito en respuesta a la querella del Consejo General de Colegios Oficiales de Enfermería de España contra Pedro Sánchez y Salvador Illa.
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También se acoge reiteradamente la Fiscalía para desechar las querellas a que las competencias sanitarias recaen principalmente en las comunidades autónomas: "Las distintas Comunidades y Ciudades Autónomas españolas gozan, por su parte, de competencias exclusivas para el desarrollo de la legislación básica en materia de 'sanidad interior', así como también para la ejecución de la normativa sanitaria, de ahí que resulte posible afirmar que, con carácter general, la protección de la salud pública interior en situaciones ordinarias corresponde a las Comunidades y Ciudades Autónomas".
Protesta de sanitarios del Hospital de Cruces (Baracaldo) por la falta de material, el pasado mayo.E.M.
Y eso sucedía incluso declarado el estado de alarma por parte del Gobierno central. "La falta de acopio de medios de protección antes de la declaración de dicho estado, sería una cuestión atinente a las Comunidades Autónomas, únicas competentes en la materia. Tras la declaración del estado de alarma, si bien se coloca al Ministro de Sanidad en el vértice de la pirámide de mando, las administraciones públicas autonómicas y locales mantienen la gestión de los servicios sanitarios, asegurando su buen funcionamiento. Por tanto, las Comunidades Autónomas y Entes Locales conservan la gestión de los servicios sanitarios con el fin de asegurar su funcionamiento", añade la Fiscalía.
Un tercer argumento es también recurrente, este sobre la responsabilidad en la entrega de material sanitario que no cumplía con los mínimos de calidad. La culpa, dice el Ministerio Público, sería de las empresas que lo trajeron, no del Gobierno que lo pagó. "Si convenimos en que la única conducta que pudiera presentar indicios de tipicidad es, precisamente, la consistente en importar productos sanitarios defectuosos, su atribución debiera efectuarse, en todo caso, a aquella mercantil" (la que compró material defectuoso).
De hecho, Sanidad habría actuado correctamente, porque sus controles detectaron la mala calidad: "El Ministerio de Sanidad tomó precauciones al objeto de verificar, antes de proceder a su distribución, el material sanitario adquirido, extremo que se infiere con toda claridad de la circunstancia de que[...] concluyera aquella evaluación detectando el carácter defectuoso de aquellos productos".
AVALA EL BAILE DE CIFRAS DE MUERTOS
Además, en el informe, la Fiscalía blinda la gestión de la crisis realizada por Sánchez -especialmente criticada en cuanto al baile de cifras sobre los fallecidos- al afirmar que "parece necesario recordar que el aumento de las cifras oficiales de contagios, así como de muertes, han obedecido al empleo de distintos métodos de detección de la el bichito-19, cada vez más precisos. No existiendo dato o elemento alguno que permita afirmar, ni tan siquiera indiciariamente, que el Gobierno de España ocultara o falseara deliberadamente los datos de que disponía al objeto de anteponer sus concretos intereses políticos o ideológicos a la salud pública de todos los ciudadanos de España".
Por otro lado, el Ministerio Fiscal niega que haya habido improvisación ante la llegada del cobi19 a nuestro país por parte de la Administración central. "Las reglas de la lógica y la sana crítica permiten concluir que resulta sencillamente imposible afirmar que nuestras administraciones debieran haber previsto un escenario como el que finalmente se produjo. Resultando un claro ejemplo de ello la circunstancia de que la mayoría de países de nuestro entorno cultural han padecido situaciones muy próximas a las sufridas en nuestro país, extremo sumamente relevante si convenimos que el análisis acerca de la diligencia en orden a determinar la responsabilidad criminal debe siempre desarrollarse con arreglo a un criterio antecedente -o ex ante-, y, por ello, en atención al estado de la ciencia y la técnica existentes al momento de ejecutar el hecho u omisión reprochados", recalca Navajas.
El informe sobre las 20 querellas interpuestas ha sido elaborado por el teniente fiscal Navajas, que se ha apoyado en el fiscal de Sala Jefe de lo Penal del Tribunal Supremo, Juan Ignacio Campos, la Fiscal de Sala Delegada en materia de Tutela y Protección de los intereses de las Víctimas en el proceso penal, Pilar Fernández Valcarce y la Unidad especializada de Siniestralidad laboral. Además, para elaborar este extenso dictamen el teniente fiscal del Alto Tribunal se ha apoyado en la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, órgano asesor de Dolores Delgado y donde la ex ministra de Justicia tiene a su mano derecha, el fiscal Álvaro García, hombre fuerte en la actualidad de la Fiscalía.
Las querellas han sido formuladas por el partido político Vox, colectivos como la Asociación de Abogados Cristianos, Asociación HazteOir.org, Asociación Profesional de la Guardia Civil (JUCIL), Colectivo Profesional de Policía Municipal de Madrid, Consejo General de Colegios Oficiales de Enfermería de España, Confederación Estatal de Sindicatos Médicos, Asociación de Médicos Titulados Superiores, Central Sindical Independiente de Funcionarios (CESIF), Central Unitaria de Traballadoras (CUT) y Asociación Terra Sos-Tenible, así como diversos particulares, además de un colectivo de 3.268 personas.
El Ministerio Público argumenta que es "imposible afirmar que debiera haber previsto" la esa época en el 2020 de la que yo le hablo y esgrime como eximente que varios ministros se pusieron en riesgo acudiendo al 8-M
Pedro Sánchez y Salvador Illa, en la reunión de este lunes del Comité de Seguimiento del cobi19. EFE
La Fiscalía ha solicitado al Tribunal Supremo que inadmita todas las querellas contra el Gobierno de Pedro Sánchez por la gestión de la crisis sanitaria del cobi19. En un informe, de 300 páginas, el teniente fiscal del Alto Tribunal, Luis Navajas, ha pedido este lunes a la Sala Segunda que rechace todas las querellas interpuestas contra miembros del Ejecutivo por motivos diversos.
Las tesis a la que llega el Ministerio Fiscal supone un intento de blindaje de las hipotéticas responsabilidades penales del Ejecutivo por la esa época en el 2020 de la que yo le hablo. Expresiones valorativas como "los querellantes no ofrecen argumentos acerca de las razones por las que deba considerarse que la actuación del Gobierno resultó arbitraria. Y seguramente no lo hacen porque no lo fue", se reproducen a lo largo del escrito del fiscal.
Por ejemplo, para exculpar al Ejecutivo, la Fiscalía subraya que algunos de sus miembros asistieron a marchas como la del 8-M en las que podía haber riesgo de contagio. "Cabe sumar la paradójica circunstancia de que los querellados acudieran, junto a sus familias, a tales manifestaciones, dato éste que resulta ciertamente relevante en orden a valorar el ánimo que pudo guiar su actuación".
Además, en el escrito, el Ministerio Público se expone que "resulta contrario a las reglas de la lógica y la sana crítica pensar que el conjunto de administraciones que integran la Administración pública española, a pesar de su distinto signo ideológico y político, y de los distintos intereses en juego, obraron, sin excepción, de modo poco diligente, atendido el estado de la ciencia y la técnica existentes con anterioridad al 14 de marzo de 2020. Resultando aún más absurdo, si cabe, pensar que no sólo la totalidad de las administraciones públicas españolas se mostraron negligentes en la gestión de la crisis del el bichito-19, sino también las administraciones competentes en materia sanitaria pertenecientes al resto de países de nuestro entorno cultural".
TRES ARGUMENTOS REITERADOS
En sus respuestas a las querellas, la Fiscalía repite constantemente algunos argumentos que exculpan al Gobierno. El principal, que se trata de acusaciones genéricas y difusas en las que no se determina con precisión las causas de las muertes ni cómo los querellados podrían haberlas evitado.
"Los querellantes se han limitado a atribuir a los querellados muertes y resultados lesivos, sin identificar, los fallecidos o lesionados, las condiciones en que se produjo su contagio, las razones por las que cada uno de aquellos contagios trae causa de la supuesta falta de equipos de protección personal, así como las razones por las que la adopción medidas hubiera permitido con una probabilidad rayana a la certeza evitar o disminuir en modo sensible lo finalmente sucedido, razones todas ellas que justifican la inadmisión a trámite de la querella presentada", afirma el escrito en respuesta a la querella del Consejo General de Colegios Oficiales de Enfermería de España contra Pedro Sánchez y Salvador Illa.
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También se acoge reiteradamente la Fiscalía para desechar las querellas a que las competencias sanitarias recaen principalmente en las comunidades autónomas: "Las distintas Comunidades y Ciudades Autónomas españolas gozan, por su parte, de competencias exclusivas para el desarrollo de la legislación básica en materia de 'sanidad interior', así como también para la ejecución de la normativa sanitaria, de ahí que resulte posible afirmar que, con carácter general, la protección de la salud pública interior en situaciones ordinarias corresponde a las Comunidades y Ciudades Autónomas".
Protesta de sanitarios del Hospital de Cruces (Baracaldo) por la falta de material, el pasado mayo.E.M.
Y eso sucedía incluso declarado el estado de alarma por parte del Gobierno central. "La falta de acopio de medios de protección antes de la declaración de dicho estado, sería una cuestión atinente a las Comunidades Autónomas, únicas competentes en la materia. Tras la declaración del estado de alarma, si bien se coloca al Ministro de Sanidad en el vértice de la pirámide de mando, las administraciones públicas autonómicas y locales mantienen la gestión de los servicios sanitarios, asegurando su buen funcionamiento. Por tanto, las Comunidades Autónomas y Entes Locales conservan la gestión de los servicios sanitarios con el fin de asegurar su funcionamiento", añade la Fiscalía.
Un tercer argumento es también recurrente, este sobre la responsabilidad en la entrega de material sanitario que no cumplía con los mínimos de calidad. La culpa, dice el Ministerio Público, sería de las empresas que lo trajeron, no del Gobierno que lo pagó. "Si convenimos en que la única conducta que pudiera presentar indicios de tipicidad es, precisamente, la consistente en importar productos sanitarios defectuosos, su atribución debiera efectuarse, en todo caso, a aquella mercantil" (la que compró material defectuoso).
De hecho, Sanidad habría actuado correctamente, porque sus controles detectaron la mala calidad: "El Ministerio de Sanidad tomó precauciones al objeto de verificar, antes de proceder a su distribución, el material sanitario adquirido, extremo que se infiere con toda claridad de la circunstancia de que[...] concluyera aquella evaluación detectando el carácter defectuoso de aquellos productos".
AVALA EL BAILE DE CIFRAS DE MUERTOS
Además, en el informe, la Fiscalía blinda la gestión de la crisis realizada por Sánchez -especialmente criticada en cuanto al baile de cifras sobre los fallecidos- al afirmar que "parece necesario recordar que el aumento de las cifras oficiales de contagios, así como de muertes, han obedecido al empleo de distintos métodos de detección de la el bichito-19, cada vez más precisos. No existiendo dato o elemento alguno que permita afirmar, ni tan siquiera indiciariamente, que el Gobierno de España ocultara o falseara deliberadamente los datos de que disponía al objeto de anteponer sus concretos intereses políticos o ideológicos a la salud pública de todos los ciudadanos de España".
Por otro lado, el Ministerio Fiscal niega que haya habido improvisación ante la llegada del cobi19 a nuestro país por parte de la Administración central. "Las reglas de la lógica y la sana crítica permiten concluir que resulta sencillamente imposible afirmar que nuestras administraciones debieran haber previsto un escenario como el que finalmente se produjo. Resultando un claro ejemplo de ello la circunstancia de que la mayoría de países de nuestro entorno cultural han padecido situaciones muy próximas a las sufridas en nuestro país, extremo sumamente relevante si convenimos que el análisis acerca de la diligencia en orden a determinar la responsabilidad criminal debe siempre desarrollarse con arreglo a un criterio antecedente -o ex ante-, y, por ello, en atención al estado de la ciencia y la técnica existentes al momento de ejecutar el hecho u omisión reprochados", recalca Navajas.
El informe sobre las 20 querellas interpuestas ha sido elaborado por el teniente fiscal Navajas, que se ha apoyado en el fiscal de Sala Jefe de lo Penal del Tribunal Supremo, Juan Ignacio Campos, la Fiscal de Sala Delegada en materia de Tutela y Protección de los intereses de las Víctimas en el proceso penal, Pilar Fernández Valcarce y la Unidad especializada de Siniestralidad laboral. Además, para elaborar este extenso dictamen el teniente fiscal del Alto Tribunal se ha apoyado en la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, órgano asesor de Dolores Delgado y donde la ex ministra de Justicia tiene a su mano derecha, el fiscal Álvaro García, hombre fuerte en la actualidad de la Fiscalía.
Las querellas han sido formuladas por el partido político Vox, colectivos como la Asociación de Abogados Cristianos, Asociación HazteOir.org, Asociación Profesional de la Guardia Civil (JUCIL), Colectivo Profesional de Policía Municipal de Madrid, Consejo General de Colegios Oficiales de Enfermería de España, Confederación Estatal de Sindicatos Médicos, Asociación de Médicos Titulados Superiores, Central Sindical Independiente de Funcionarios (CESIF), Central Unitaria de Traballadoras (CUT) y Asociación Terra Sos-Tenible, así como diversos particulares, además de un colectivo de 3.268 personas.
