El escrito de acusación aplica el criterio del Tribunal Supremo para juzgar a los altos cargos de ERC que organizaron el referéndum golpista.
Los delincuentes, a las puertas de los Juzgados barceloneses.
La Fiscalía Superior de Cataluña pide 7 años de guandoca para el diputado de ERC en el parlamento catalán Josep Maria Jové y 6 años y tres meses para Lluís Salvadó, otro dirigente de ERC que ocupa en la actualidad la presidencia del Puerto de Barcelona. El primero era el secretario general de la consejería de Vicepresidencia de la Generalidad que ostentaba Oriol Junqueras, y el segundo era el secretario de Hacienda de la Generalidad, órgano que también dependía de Junqueras.
El ministerio público les atribuye los preparativos del referéndum ilegal por orden de Junqueras y les acusa de los delitos de malversación, prevaricación y desobediencia. Además de las penas de prisión, reclama para Jové (uno de los miembros de la "mesa de diálogo" entre el Gobierno y la Generalidad que pactaron la reforma del Código Penal) 32 años de inhabilitación y una multa de 32.000 euros. En cuanto a Salvadó, además de la pena de prisión, le pide 27 años de inhabilitación y una multa de 24.000 euros.
El fiscal Pedro Ariche ha retirado la acusación de revelación de secretos, pero exige a Jové y Salvadó la devolución de 754.920 euros. En el escrito de la fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), también aparece la actual consejera de Cultura de la Generalidad, la también republicana Natàlia Garriga, para quien se solicita un año de inhabilitación por desobediencia al Tribunal Constitucional.
La Fiscalía da cuenta de los pormenores de la organización del referéndum ilegal, del papel de Jové y Salvadó como artífices de la organización del referéndum y detalla el contenido de la famosa libreta de Jové en la que se describe paso a paso la estrategia para llevar a cabo el golpe de Estado. También repasa los diversos actos cometidos por ambos investigados, las leyes y disposiciones de la Generalidad que fueron anuladas por el Tribunal Constitucional y la "hoja de ruta" que desembocó en el 1-O.
Descripción de la Fiscalía
"En los meses anteriores a la realización del referéndum ilegal, como quiera que el Govern de la Generalidad ya había decidido celebrarlo, con o sin anuencia del Estado, comenzaron los preparativos para llevarlo a cabo, destinando para ello fondos públicos con los que hacer frente a los gastos que su ejecución comportaba (material electoral, campañas de publicidad, aplicaciones informáticas, locales para el recuento, etc.), incluyendo la financiación de actividades que se desarrollaban en el exterior, como la acción del servicio DIPLOCAT para buscar apoyos internacionales y obtener reconocimiento en instancias supranacionales, las campañas de publicidad institucional o las campañas dirigidas a conseguir el voto de los catalanes residentes en otros países", apunta el escrito fiscal.
También señala que "tales preparativos y los gastos subsiguientes se hicieron burlando el control estatal de las cuentas de la Generalidad y que "la estrategia que se siguió fue la de contar con la actuación de varios Departamentos de la Generalidad para diluir la responsabilidad individual en cuanto a las resoluciones, actuaciones y expedientes administrativos tramitados para autorizar el gasto, y para dificultar cualquier tipo de obstaculización que pudiera provenir del Estado".
Reacciones furibundas
La petición de penas de prisión ha causado conmoción en ERC. El presidente de la Generalidad, Pere Aragonès, ha asegurado en Twitter que "el sistema judicial no imparte justicia, sino venganza contra el independentismo". Por su parte, Jové ha escrito el siguiente texto en dicha red social al poco de conocer el escrito de acusación: "¡perversoss, malas personas y... (sobre todo), mucha cobardía! ¡Siempre de cara ante la represión! Porque lo hicimos, hacemos y haremos lo hicimos siempre por principios democráticos y de libertad".
www.libertaddigital.com
Los delincuentes, a las puertas de los Juzgados barceloneses.
La Fiscalía Superior de Cataluña pide 7 años de guandoca para el diputado de ERC en el parlamento catalán Josep Maria Jové y 6 años y tres meses para Lluís Salvadó, otro dirigente de ERC que ocupa en la actualidad la presidencia del Puerto de Barcelona. El primero era el secretario general de la consejería de Vicepresidencia de la Generalidad que ostentaba Oriol Junqueras, y el segundo era el secretario de Hacienda de la Generalidad, órgano que también dependía de Junqueras.
El ministerio público les atribuye los preparativos del referéndum ilegal por orden de Junqueras y les acusa de los delitos de malversación, prevaricación y desobediencia. Además de las penas de prisión, reclama para Jové (uno de los miembros de la "mesa de diálogo" entre el Gobierno y la Generalidad que pactaron la reforma del Código Penal) 32 años de inhabilitación y una multa de 32.000 euros. En cuanto a Salvadó, además de la pena de prisión, le pide 27 años de inhabilitación y una multa de 24.000 euros.
El fiscal Pedro Ariche ha retirado la acusación de revelación de secretos, pero exige a Jové y Salvadó la devolución de 754.920 euros. En el escrito de la fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), también aparece la actual consejera de Cultura de la Generalidad, la también republicana Natàlia Garriga, para quien se solicita un año de inhabilitación por desobediencia al Tribunal Constitucional.
La Fiscalía da cuenta de los pormenores de la organización del referéndum ilegal, del papel de Jové y Salvadó como artífices de la organización del referéndum y detalla el contenido de la famosa libreta de Jové en la que se describe paso a paso la estrategia para llevar a cabo el golpe de Estado. También repasa los diversos actos cometidos por ambos investigados, las leyes y disposiciones de la Generalidad que fueron anuladas por el Tribunal Constitucional y la "hoja de ruta" que desembocó en el 1-O.
Descripción de la Fiscalía
"En los meses anteriores a la realización del referéndum ilegal, como quiera que el Govern de la Generalidad ya había decidido celebrarlo, con o sin anuencia del Estado, comenzaron los preparativos para llevarlo a cabo, destinando para ello fondos públicos con los que hacer frente a los gastos que su ejecución comportaba (material electoral, campañas de publicidad, aplicaciones informáticas, locales para el recuento, etc.), incluyendo la financiación de actividades que se desarrollaban en el exterior, como la acción del servicio DIPLOCAT para buscar apoyos internacionales y obtener reconocimiento en instancias supranacionales, las campañas de publicidad institucional o las campañas dirigidas a conseguir el voto de los catalanes residentes en otros países", apunta el escrito fiscal.
También señala que "tales preparativos y los gastos subsiguientes se hicieron burlando el control estatal de las cuentas de la Generalidad y que "la estrategia que se siguió fue la de contar con la actuación de varios Departamentos de la Generalidad para diluir la responsabilidad individual en cuanto a las resoluciones, actuaciones y expedientes administrativos tramitados para autorizar el gasto, y para dificultar cualquier tipo de obstaculización que pudiera provenir del Estado".
Reacciones furibundas
La petición de penas de prisión ha causado conmoción en ERC. El presidente de la Generalidad, Pere Aragonès, ha asegurado en Twitter que "el sistema judicial no imparte justicia, sino venganza contra el independentismo". Por su parte, Jové ha escrito el siguiente texto en dicha red social al poco de conocer el escrito de acusación: "¡perversoss, malas personas y... (sobre todo), mucha cobardía! ¡Siempre de cara ante la represión! Porque lo hicimos, hacemos y haremos lo hicimos siempre por principios democráticos y de libertad".
La Fiscalía catalana pide penas de cárcel por malversación para los republicanos Jové y Salvador, los artífices del 1-O
El escrito de acusación aplica el criterio del Tribunal Supremo para juzgar a los altos cargos de ERC que organizaron el referéndum golpista.
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