La Fiscalía incluye a Esperanza Aguirre en la "red de decisión" para financiar irregularmente al PP

Las fiscales Anticorrupción del caso 'Púnica', Carmen García Cerdá y Teresa Gálvez, incluyen a la expresidenta del PP de Madrid Esperanza Aguirre entre las personas que habrían integrado la "red de decisión y ejecución cohesionada" que puso en marcha "diversos canales de financiación irregular" con el objetivo de "sufragar los excesos" de las campañas electorales del PP en 2007 (municipales autonómicas), 2008 (nacional) y 2011 (municipal y autonómica), que se acercaron a los 5 millones de euros. Incluyen asimismo al vicepresidente entonces, que era Ignacio González.

Las fiscales hablan en concreto de la "coincidencia de personas y de roles entre los propios patronos de Fundescam" -entre los que estarían el exsecretario general del PP en Madrid Francisco Granados, el ex gerente regional Beltrán Gutiérrez y el expresidente de la Asamblea de Madrid, José Ignacio Echeverría-, en el mismo párrafo añade a "los directores y miembros de los Comités de Campañas electorales, Presidente, secretario general y vicepresidente del gobierno de la Comunidad Autónoma de Madrid, gerente y cargos orgánicos del Partido Popular y autorizados en cuentas, y en las mesas de contratación de la Comunidad de Madrid".

Entre los más activos, el informe señala a Gutiérrez y Granados "por sus responsabilidades coincidentes en el partido, en el gobierno autonómico, en los comités de campaña y en la fundación Fundescam".

Así se señala en un informe por el que el pasado 6 de marzo la Fiscalía Anticorrupción resume los indicios de presunta financiación irregular del Partido Popular a partir del estudio de la contabilidad 'b' hallada en los 'pen drives' incautados en el domicilio de Beltrán Gutiérrez, obrante en el sumario de Púnica y al que ha tenido acceso Europa Press. Los fiscales puntualizan que "el Partido Popular presentó una contabilidad electoral de recursos y gastos en los que no incluyó estos importes".

Según esta información, del estudio de dicha contabilidad B se deduce que en la campaña de 2007 el exceso de gasto fue aproximadamente de 2.685.000 euros; en 2008 de 685.000 euros en 2011 de 1.556.000 euros "sin contar con los gastos abonados desde la cuenta de funcionamiento del partido, que no era cuenta electoral". +

Por todo ello, las fiscales Teresa Gálvez y Carmen García Cerdá concluyen que en las tres campañas analizadas "el PP regional de Madrid contravino indiciariamente la normativa electoral de la LOREG y de la Comunidad Autónoma de Madrid superando en cada campaña los límites de gasto electoral y derivando su pago a canales opacos de financiación ilegal". Todo ello es indiciario de delitos de malversación, cohecho, falsedad, delito electoral y blanqueo de capitales.

En otro documento previo elaborado por la Unidad Central Operativa (UCO) unos meses antes, el pasado mes de septiembre, se detalla cómo el Partido Popular Madrid recibió aportaciones irregulares por un importe total de 376.000 euros (entre ellos 100.000 euros de la patronal madrileña CEIM o 60.000 del Grupo Cantoblanco de Arturo Fernández) para subvencionar la campaña de las elecciones municipales de 2007, según apunta la Unidad Central Operativa (UCO) en un informe que obra en el sumario de la trama Púnica.

Dentro del dispositivo electrónico incautado por los agentes aparecían subcarpetas con archivos contables con información relativa a la campaña de 2007, entre ellas una bajo el epígrafe de "aportaciones especiales". Concretamente, se localizó en una cuenta corriente de la Fundación para el desarrollo económico y social de la Comunidad de Madrid (Fundescam) los abonos exactos relacionados con las elecciones del año 2007 bajo las citadas denominaciones de "remanentes" y de "aportaciones especiales".

Los principales documentos en los que se centra la Fiscalía son la libreta con anotaciones manuscritas de Francisco Granados intervenida en octubre de 2104 -hoja con columnas 'in-out'; así como los dos 'pen drives' intervenidos a Gutiérrez en su domicilio, entre sus pertenencias, en febrero de 2013.

DESGLOSE PARA ENGAÑAR AL TRIBUNAL DE CUENTAS

Añade la Fiscalía, cuyos análisis son acogidos por el juez Eloy Velasco en documentos posteriores, que tras el análisis de dichos archivos ha podido identificar que los proveedores reales de los servicios acordaban facturar "a quienes se les indicara desde la gerencia del partido", desglosando además los importes para que parte de la facturación fuera por el circuito declarado a la Cámara o al Tribunal de Cuentas "y la otra parte fuera opaca".

La cuenta electoral del partido no recogió, según este informe, "ni el ingreso de todos los fondos destinados a sufragar los gastos electorales, ni los pagos de los mismos.

Por lo que se refiere a los circuitos de financiación irregular, los archivos de Beltrán Gutiérrez revelan según las fiscales los canales de financiación irregular con los que se sufragaban los gastos electorales que el partido ocultaba. Entre otros, la Fundación Fusdescam, que según subrayan "fue un instrumento muy activo de financiación irregular del partido, desviando las subvenciones públicas que recibía la Comunidad de Madrid a la financiación de los proveedores del partido".

Dichos pagos se desviaban "groseramente" según las fiscales García Cerdá y Gálvez de los fines fundacionales establecidos en los estatutos de la fundación, como eran los de "difundir a los ciudadanos el conocimiento del sistema democrático".

Como se desprende de los archivos, el propio Gutiérrez relacionaba como trabajos y gastos de la Fundación los proveedores e importes que eran en realidad debidos por el partido, y lo presentaba con su firma y sello de Fundescam junto a la de otros en los escritos que dirigían desde dicha Fundación a la Comunidad de Madrid para justificar el destino dado a los fondos de la subvención pública.

Otro de los sistemas de financiación irregular de los excesos electorales en el capítulo de gastos se instrumentalizó por el sistema de recompensa a donantes con contratos públicos de la Comunidad de Madrid.

Así, la Policía Judicial ha identificado varias adjudicaciones en favor del grupo de Arturo Fernández -Grupo Cantoblanco-, quien siempre que se determinó a realizar una donación a Fundescam obtuvo la adjudicación de diversos contratos públicos de vicepresidencia y de la asamblea de Madrid en los años 2007, 2009 Y 2011. Los procedimientos de adjudicación de las cafeterías -entre cuyos implicados figuraría según otros informes policiales la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes- y servicios "presentaban irregularidades por su falta de motivación, baremación y ponderación de las ofertas", posicionándose en favor del grupo de Arturo Fernández desde los trámites de informe. Este canal permitió que determinados proveedores de gastos electorales del partido como Back, RVS, CROMA 21 o Digital Plane S.L. fueran recompensados como adjudicatarios directos de contratos sin concurrecia por unos importes globales de 317.673 euros, 319.047, 22 euros y 115,177,99 euros "cuando por prestaciones casi continuadas en el tiempo entre los años 2007 al 2014 y de la misma entidad debieran haber sido procedimientos negociados".

Además, y con fecha de 9 de marzo, la UCO entrega un informe al juez en el que analiza la "abundante" documentación incautada en el domicilio y despacho del exgerente del PP madrileño Beltrán Gutiérrez "constatando la existencia de una contabilidad B que supone una profunda quiebra de las normas que regulan el régimen electoral y que atentan contra los principios que pretenden salvaguardar como son el necesario equilibrio en la concurrencia electoral y, con ello, un grado aceptable de pluralismo político.

La Guardia Civil acredita un millón en efectivo para pagar campañas
El fiscal sitúa a Aguirre en la "red decisoria" de la financiación
La Guardia Civil concluye que el PP de Madrid dispuso durante años de una «contabilidad soterrada de gastos de campaña electoral» que provocó «una profunda quiebra de las normas que regulan el régimen electoral».

El Grupo de Delitos contra la Administración recalca en los informes que ha entregado al juez Eloy Velasco que la caja B de los populares madrileños «pone al descubierto la realización de gastos muy por encima de los declarados a la Cámara de Cuentas».

A esta conclusión llegan los investigadores tras analizar «la información procedente de las entradas y registros vinculados con el ex gerente del PP regional, Beltrán Gutiérrez». No obstante, los agentes no sólo responsabilizan a este último de la mencionada operativa sino que recalcan que en ella «también fue necesaria la participación de otros miembros del PP regional, quienes ocupaban puestos cuyas responsabilidades suponían que debían estar al corriente de la procedencia de los fondos que financiaban los gastos electorales y a qué destinos se aplicaban».

En este sentido la Fiscalía Anticorrupción enclava a Esperanza Aguirre en la «red de decisión y ejecución cohesionada» vinculada a la financiación irregular.Esta maquinaria, consistente en la «superación sistemática de los límites de gastos electorales», se produjo, a juicio de los investigadores, «durante al menos los comicios celebrados en los años 2007 y 2011».

La Guardia Civil explica que «las numerosas irregularidades que sustentaron» esta operativa «atentan contra principios» como «el necesario equilibrio en la concurrencia electoral y con ello un grado aceptable de pluralismo político». «Habiéndose sustentado», añaden los informes incorporados al sumario de la operación Púnica, «mediante actuaciones con relevancia penal -fraude de subvenciones, malversación, falsedad...-».

Como «elemento nuclear de esta trama», el Grupo de Delitos contra la Administración sitúa a la «fundación Fundescam», que fue empleada para «vehicular los fondos destinados a gastos electorales y para actuar de pantalla de cobertura de la verdadera naturaleza y destinatario de los servicios de campaña».


Documento intervenido a Beltrán Gutiérrez, ex gerente del PP de Madrid. EL MUNDO

Así, «se ha podido acreditar cómo importantes gastos electorales en las elecciones del año 2007 y 2008 -e indiciariamente en el año 2011- se habrían sufragado a través de Fundescam, utilizando para ello subvenciones públicas provenientes de la Comunidad de Madrid». Estas ayudas «eran justificadas por la referida Fundación con facturación por conceptos mercantiles falsos que enmascaraban gastos electorales del PP de Madrid».

Junto a los pagos a Fundescam han sido detectados «ingresos en efectivo de procedencia desconocida y abonos en efectivo a proveedores de campaña por encima del millón de euros». O lo que es lo mismo, la «existencia de una caja B para pagar a proveedores de servicios electorales».

En este sistema de financiación ilegal, la Guardia Civil sitúa, junto al ex gerente Beltrán Gutiérrez, a Ignacio González. Al ex presidente de la Comunidad de Madrid se le atribuye la responsabilidad de promover, otorgar y conceder las referidas subvenciones a Fundescam».

Resalta la Guardia Civil que González era vicepresidente primero del gobierno madrileño «durante los comicios autonómicos celebrados en 2007». Siendo además «el director del Comité Regional de Campaña del PP de Madrid y patrono de Fundescam».

Pero también involucra en estas prácticas a Francisco Granados, que fue durante 2008 y 2011 «director de campaña a nivel regional así como secretario regional y consta su participación en la campaña del año 2011 en la interlocución con distintos proveedores». Concretamente en relación a este último la Guardia Civil precisa que, según los apuntes de su agenda personal intervenida, habría participado en la recepción de 2,1 millones de euros en metálico para el partido, de los que se habría quedado 500.000 euros junto al empresario Javier López Madrid.

También hacen referencia los investigadores a otros empresarios que habrían participado en la trama como Arturo Fernández.

MADRID 16/05/2017 19:04
Actualizado: 16/05/2017 20:39
JULIA PÉREZ

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha optado por concentrar los esfuerzos para investigar la trama de facturas falsas y de financiación del PP, de tal manera que desoye a la Guardia Civil y exime a la presidenta de Madrid, Cristina Cifuentes, en el caso Púnica.

Los jueces hablan a través de sus escritos que constan en un sumario. Pero, en este caso, Velasco ha hablado este martes a través de algunos periodistas para eximir a Cifuentes de toda responsabilidad, al igual que la Fiscalía, según “fuentes jurídicas”.

La inédita rapidez en la respuesta de Eloy Velasco, instructor del caso Púnica, ha surgido tras la tormenta política suscitada al conocerse un informe de la Guardia Civil que pide investigar a la presidenta de Madrid por los delitos de prevaricación continua y cohecho en la adjudicación del servicio de cocina y cafetería de la Asamblea de Madrid al Grupo Cantoblanco, propiedad de Arturo Fernández, imputado en el caso Púnica.

El informe de la Unidad Central Operativa (UCO) es contundente y sostiene que Cifuentes participó en el comité de expertos que estudió las propuestas, en la Mesa de Contratación, así como previamente en el comité de campaña de las elecciones de 2007, y Arturo Fernández figura en ellas como uno de los empresarios que realizó aportaciones más notorias.

La Fiscalía tampoco ha pedido actuar contra Cifuentes, mientras cabe la posibilidad que así lo requieran las acusaciones particulares y la popular, que este martes han tenido acceso a once tomos que hasta ahora estaban secretos y que abordan en especial la financiación del PP de Madrid.

El magistrado Eloy Velasco tiene previsto abandonar pronto el juzgado, por lo que ha optado por dedicar los esfuerzos de los investigadores en desentrañar la trama de financiación ilegal del PP de Madrid en lugar de abrir una nueva pieza separada con la adjudicación de la cafetería de la Asamblea de Madrid.

Velasco opta a la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional. Es un órgano de nueva creación que se va a formar en los distintos tribunales, después de que España haya sido cuestionada por carecer de esta segunda lectura, tanto de los hechos que se han juzgado en la primera instancia como de la aplicación del Derecho.

El juez central de instrucción 6 opta a la poderosa Sala de Apelación de la Audiencia Nacional, dada su condición de especialista en Penal.

Hay 20 candidatos para sólo dos plazas. La función de la Sala de Apelación será revisar todas las sentencias que dicte la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Este destino apreciado será resuelto en breve por el Consejo General del Poder Judicial.

Velasco ha citado a declarar a los 51 nuevos investigados en el caso Lezo desde mediados de septiembre hasta el 31 de octubre, por lo que estas declaraciones serán depuestas ante el nuevo juez central de instrucción 6 que ocupe su plaza y que lleve los casos Púnica y Lezo, entre otros.

Más “suerte” tuvieron en el sumario de Púnica el exdirector de La Razón, Francisco Marhuenda, y el presidente del citado medio, Mauricio Casals, quienes en tres días lograron que el juez Velasco levantara la imputación que pesaba sobre ellos, después de que descartara que presionaran a Cifuentes para proteger a Edmundo Rodríguez Sobrino, consejero de La Razón, y uno de los cabecillas de la supuesta red criminal junto a Ignacio González.