Dilbert
Madmaxista
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Verano de 2009. Ruslan Obiang Nsue acudió puntual a la cita con el empresario español en el vestíbulo del hotel Vincci Capitol, un cinco estrellas en el número 41 de la Gran Vía, en pleno corazón de Madrid. El hijo del presidente de Guinea Ecuatorial, consejero del ministro de Deportes y presidente del club de fútbol The Panthers, apareció embotado en un impecable traje y del brazo de una atractiva mujer. El emprendedor gallego, de 57 años, comprobó que la promesa de sus intermediarios era real, que los 200.000 euros de comisión que había pagado en España para hacer negocios con el hijo del dictador le habían conducido hasta este singular personaje. Cuando estampó su firma en los contratos para construir varios campos de fútbol en Malabo y Bata para la Copa de África en 2012 comenzó una aventura que no olvidará jamás. “Ves que te firma los contratos un hijo del presidente y te lo crees todo. No imaginas lo que te puede pasar. Tuvimos que salir por pies, temimos por nuestra vida”, confiesa ahora en su despacho de una localidad de Galicia.
Hacer negocios con el clan familiar que lidera Teodoro Obiang, que domina este país de unos 700.000 habitantes y 28.051 kilómetros cuadrados, es arriesgado. El pago de comisiones es obligado y las disputas comerciales, muchas veces ficticias, derivan en ocasiones en extorsión, amenazas y en la pérdida de la inversión para salvar la vida. Lo que empieza como un gran negocio plagado de oportunidades se convierte para algunos en un infierno. El Ministerio de Asuntos Exteriores acaba de colgar en su página web una “nota importante” en la que advierte que se están produciendo casos de empresarios españoles y extranjeros que no pueden abandonar la excolonia española (1778-1968) por desavenencias con sus socios locales. Se les requisa el pasaporte y se les impide salir del país hasta que no renuncian a sus propiedades. Esto último no lo explica la nota, pero es lo que está ocurriendo, según los testimonios recabados por EL PAÍS.
Roberto Cubría, de 45 años, ha sido la última víctima de este sistema corrupto que empapa hasta el último rincón de la Administración guineana. Ha permanecido 59 días refugiado en la Embajada española en Malabo. Dormía en un sofá y se duchaba en la piscina. La legación diplomática fue su único refugio para escapar de las presiones de Genoveva Andeme Obiang, otra hija del presidente, directora adjunta del Banco Central de África Occidental (BEAC), a la que había vendido las naves de su empresa Soluciones Modulares. Durante dos meses no salió solo a la calle por miedo a ser detenido. Le habían confiscado el pasaporte. Ha tenido que “regalar” 50.000 euros en materiales para lograr regresar a Valencia.
Falló que no quisimos pagar más comisiones ilegales. ¿Qué quieres?, ¿que te denuncie por violación?, nos decían
En Valencia precisamente vivió durante años Ruslan, el hijo de Obiang, el presidente del club The Panthers que sueña con dirigir la Federación Guineana de Fútbol, y de allí son los enlaces españoles que engatusaron al constructor gallego que aspiraba a levantar varios campos para la Copa de África. Una red en varias ciudades españolas que atraen emprendedores para invertir con la familia de Teodoro Obiang en la excolonia española que todavía conserva el secreto magnetismo que siglos atrás atrajo hasta sus playas y bosques a mercenarios, piratas y aventureros sin escrúpulos. Un país con ingentes reservas de petróleo —es el tercer productor africano después de Angola y Nigeria— donde la mayoría de sus habitantes tiene una esperanza de vida de 51 años, vive con menos de 200 euros mensuales y sufre la asfixiante dictadura de una casta gobernante cada vez más rica e influyente.
El emprendedor gallego confiesa su temor, pero acepta hablar si se garantiza su anonimato. “Ruslan firmó los contratos en Madrid. Teníamos la concesión, los proyectos, los presupuestos. Llevamos toda la maquinaria y el material. Invertimos más de 500.000 euros. El hijo del presidente nos envió unas cartas de recomendación en las que se decía que éramos empresarios de buena fe. Viajé a Malabo 11 veces, constituimos una sociedad con un testaferro del hijo del presidente y uno de nuestros socios se estableció allí para dirigir las obras. En el aeropuerto te das cuenta de que tienes que pagar por todo: al comisario para que te selle el pasaporte, al de seguridad nacional para el visado de salida, al fiscal general, al que tenían en nómina, para los permisos. Una cadena que no termina nunca. ¡Pero si no hemos empezado a trabajar!, les decía yo”.
Al empresario le recibió Emilio Oñebula, director general de Deportes, y le mostraron los planos del proyecto en el ministerio. La empresa gallega inició la fase de explanación. “Te lo ponen todo tan dulce que picas. Mientras les estás pagando no te dejan ni un minuto solo. Al principio pensé que era por educación, pero luego me di cuenta de que lo que quieren es controlarte para ver qué haces, con quién hablas. Si salías solo te echaban la gran bronca. Estábamos siempre vigilados”.
El empresario gallego recibió una visita en su despacho. Y un mensaje claro: Cuidado con lo que habláis
¿Qué falló para que la aventura empresarial que empezó en el hotel Vincci Continental terminara bruscamente en agosto de 2011? “Falló que no quisimos pagar más dinero (comisiones ilegales) a la gente de Ruslan. Te estrangulan económicamente y se buscan otro. Y se quedan con todo, con toda la inversión que has dejado allí. Al final, cuando nos oponíamos a algo te decían: ¿qué quieres, que te denuncie por violación? ¿Quieres ir a la guandoca? Nos lo dijeron muchas veces y tuvimos verdadero pánico. El socio que se estableció en Malabo se tuvo que marchar. Yo pensaba: pero ¿dónde nos hemos metido? ¿A quién reclamo? La corrupción es total, es brutal”.
En España, los intermediarios valencianos que vendían a Ruslan como el socio ideal para hacer negocios en Guinea Ecuatorial ofrecieron su diagnóstico al constructor: “Hiciste algo mal. Teníais que haberle pagado otros 100.000 euros más. No supisteis actuar”. “Cuando te vuelves habiéndolo perdido todo, estos intermediarios se esfuman y dejan de coger el teléfono. Luego supimos que no éramos los únicos estafados. Habíamos caído en una trampa”, afirma el constructor.
La aventura no terminó. El socio del constructor gallego, el hombre que se instaló en Malabo para construir campos de fútbol recibió una visita en su casa en Portugal. Durante cinco días dos hombres bien trajeados aguardaron su llegada en el interior de un coche. “Ojo con lo que hacéis”, le advirtieron. El inversor también tuvo una visita en su despacho profesional: “Cuidado con lo que habláis y lo que denunciáis”, le espetaron otros emisarios. Los dos tienen miedo.
Teodoro Nguema Obiang Mangue, vicepresidente segundo de Guinea Ecuatorial e hijo del dictador.
La corrupción en el Gobierno de Teodoro Obiang es endémica y, según diversos testigos, los empresarios españoles la sufren hace décadas. Felipe Martín, un promotor y constructor de Masquefa, una localidad de unos 9.000 habitantes, a media hora en coche desde Barcelona, también perdió toda su inversión en su aventura guineana, más de 600.000 euros y dos años de viajes y trabajo. Su socio le convenció en 1995 para levantar un aserradero con naves de 25.000 metros cuadrados en Malabo. Una experiencia que este último, que pide se omita su identidad, quiere olvidar porque estuvo a punto de costarle la vida. Ignoraban que caerían en la red de Teodorín Obiang, de 42 años, el hijo preferido del dictador, vicepresidente segundo del Gobierno y futuro sucesor. La Justicia francesa acaba de dictar una orden de detención europea contra él por corrupción y le ha embargado su casa de 5.000 metros en el número 42 de la avenida Foch, en el barrio más exclusivo de París, valorada en 40 millones de euros, y una colección de coches de lujo.
Martín, de 52 años, y su socio, de 59, fueron algunos de los arriesgados pioneros españoles que a mediados de los años noventa se aventuraron a explotar los inmensos bosques de este extraordinario paraíso selvático. Entonces el negocio parecía redondo porque tenían clientes dispuestos a comprar toda su producción en España.
“Nos obligaron a tener de socio local al ministro de Bosques. Teodorín era entonces su consejero y ya estaba metido en el negocio de la madera. Mi socio trató con él y le dieron todas las facilidades, por supuesto después de pagar comisiones por todos lados. Nos cedieron un terreno de seis hectáreas a cuatro kilómetros de Malabo. Trasladamos la maquinaria: bulldozers, camiones, cortadoras, secadoras. Llevamos a cuatro técnicos para formar allí a los obreros guineanos, más de cuarenta hombres. Casi dos años de trabajo para levantar el aserradero y no pudimos exportar ni la primera remesa. Cuando estuvo el almacén lleno comenzaron los problemas, las pegas, la falta de permisos. No entendíamos nada. Logramos sacar cuatro contenedores sobornando a gente del puerto. A mi socio le dijeron que o se iba o le metían en la guandoca, pero decidió quedarse”, explica Martín en su despacho de Masquefa.
Un inversor catalán acabó en la guandoca de Black Beach, sin comida, pisando sus heces y con malaria
El reto del empresario catalán tuvo consecuencias. Una mañana se presentó la policía en su casa de Malabo, en la zona residencial donde vive la clase dominante del clan esangui, la que ocupa casi todos los puestos de la Administración, donde salía a cenar con Teodorín, y lo condujeron detenido hasta la siniestra prisión de Black Beach, al borde de la playa del mismo nombre, acusado de violación. Un burdo montaje, según asegura Felipe Martín. “La acusación era falsa y las condiciones de la prisión terribles: no le daban comida, dormía en el suelo, pisaba sus propias heces porque la celda no tenía baño, cogió la malaria con fiebre altísima y temblores. Pensó que moriría. Pidió irse dejándolo todo y salió por la frontera de Camerún donde estuvo varios meses recuperándose. Lo perdimos todo. Mi socio solo quiere olvidar”, recuerda Martín.
En 1998, cuando los dos empresarios españoles perdieron su aserradero, Teodorín Obiang informó al banco norteamericano Riggs que había creado una empresa llamada Somagui Forestal, según señala una reciente demanda presentada contra él por Jennifer Shasky, directora de la sección de Lavado de Dinero del Departamento de Justicia de EE UU. Ese mismo año fue nombrado ministro de Bosques, cargo que ha ocupado hasta hace un año. Con solo 24 años Teodorín ya disfrutaba de derechos de explotación en 88.000 acres de selva tropical. La Justicia norteamericana le acusa de enriquecerse mediante “ardides corruptos” y cobro de comisiones ilegales a numerosos empresarios. Y cita los casos de presunta extorsión a empresas como Isoroy (francesa), ABM (española) y Agroforestal (italiana), establecidas en Bata. “Amenazó y se vengó de las empresas madereras, entre ellas Isoroy y ABM que se negaron a aceptar sus exigencias de pago”, dice la demanda.
Antonio Cabanellas, de 55 años, fue jefe de obras de ABM entre 1995 y 1997, ahora reside en España y describe así a este periódico su relación con Teodorín: “Nos llamaba a su despacho y obligaba acudir con traje y corbata. Te hacía esperar cinco horas y aparecía en pantalón corto. Te decía: ‘quiero que me pagues tanto, tienes una semana para ingresar el dinero. Si no pagas te confiscamos la maquinaria pesada y le damos tu concesión a los chinos’. Tuvimos que salir por patas. Nos pedía millones. Solo se quedaban allí los que le pagaban. Su empresa Somagui Forestal era una tapadera”.
La investigación norteamericana concluye que la fortuna movida por el hijo de Obiang en Estados Unidos (una casa en Malibú, un avión privado y cuentas multimillonarias) procede de actividades delictivas y revela que el banco JP Morgan investigó en 2002 las actividades de Somagui Forestal y no logró acreditar su actividad. En la supuesta empresa no cogían ni el teléfono.
Teodorín nos llamaba su despacho y nos decía: O pagas o le doy tu concesión de madera a los chinos
“Somagui Forestal era una pantalla, una empresa ficticia, no tenía actividad, ni empleados. Se trataba de una sociedad del propio Teodorín a la que teníamos que pagar un impuesto revolucionario del 10% del valor de cada embarque. Si no pagabas no te dejaban exportar tu producción de madera. Pagué hasta que no pude más. Todos pagábamos, porque sin pagar no podías trabajar y tenías que cerrar”, afirma el empresario Germán Pedro Tomo, de 52 años, residente en España desde 2004 y exdiputado del Partido Democrático de Guinea Ecuatorial, el de Obiang.
El pasado mes de julio el funcionario de la División Criminal del Departamento de Justicia norteamericano Woo S. Lee. y Robert Manzanares, agente especial del Departamento de Investigación y Seguridad Nacional, interrogaron en secreto en Madrid a varios testigos y empresarios ecuatoguineanos y españoles. Buscaban relatos para sostener su acusación. Entre ellos estaba Tomo.
Jorge no facilita su apellido, pero confiesa que él y sus socios, uno de ellos vasco, han perdido más de dos millones de euros en maquinaria en la antigua colonia española. Según su relato, entre 2009 y 2011 llevaron media docena de empresas a Malabo y Bata. “Estuve en la casa de Teodorín en los Campos Elíseos. Trataba directamente con los empresarios y solo por sentarse frente a él había que pagar de 40.000 a 100.000 euros. Era lo que llaman el canon de intenciones. Pero cuando llevas la maquinaria empiezan los problemas. Te ponen toda clase de pegas para que te vayas y se quedan con todo. Si no aceptas, sabes que acabas en la guandoca de Black Beach. Luego celebran una junta y dicen que su socio español se ha marchado del país. La gente se va por miedo”. El empresario asegura que esto les ha pasado a muchos de los emprendedores que van allí. Y remata así: “Los que se quedan es porque se amoldan. Ya se imaginará usted a qué”.
Ruslan Obiang, hijo del dictador, consejero del ministro de Deportes y presidente del club The Panthers.
La pasada semana, en un palacete en el número 4 de la madrileña calle de Manuel Silvela, sede de la Fiscalía Anticorrupción, el juez parisiense René Grouman, el hombre que ha dictado una orden de detención contra el hijo predilecto de Obiang, escuchó atento el testimonio de Gervais Maoukiki, director financiero de una de las empresas de madera presuntamente extorsionadas por Teodorín. Su relato coincide con el que Germán Pedro Tomo y otros empresarios españoles han facilitado en los últimos meses en otras discretas visitas al juez Grouman, a su colega Roger Loire y a fiscales franceses desplazados desde París. Sus declaraciones están grabadas en vídeo y se consideran de “extraordinaria” importancia para acusar de blanqueo de dinero al amo de la madera guineana. Helen Davo, jueza de enlace francesa, y el fiscal Luis del Río, que investiga a los Obiang en una causa por presunto blanqueo abierta en un juzgado de Las Palmas de Gran Canaria, presenciaron la declaración.
A Juan Colomer, empresario catalán de 77 años, el Gobierno guineano le confiscó su finca de cacao de 300 hectáreas a las afueras de Malabo. No ha logrado recuperarla y reconoce que no se atreve a volver. “Hay un vacío enorme de empresarios españoles porque la corrupción es total. O juegas a corromper o te juegas la piel”, concluye. Los departamentos de riesgo de las grandes compañías españolas vetan desde hace años los proyectos en el país de los Obiang, según señalan algunos de sus responsables. “No hay seguridad jurídica y nuestra presencia allí puede dañar la imagen de la compañía”, responde uno de ellos. Una portavoz de la CEOE asegura que los empresarios españoles ven en Guinea Ecuatorial, un país de oportunidades, pero siempre y cuando se garantice la seguridad jurídica.
Estas reticencias y temores no son unánimes. El exministro socialista de Asuntos Exteriores Miguel Ángel jovenlandesatinos acaba de asistir como invitado al séptimo encuentro del denominado Movimiento de Amigos de Obiang (MAO), celebrado en Malabo. Los medios oficiales del dictador —no existe la prensa libre en Guinea Ecuatorial— destacan la presencia de jovenlandesatinos en el particular evento. Durante su mandato al frente del Ministerio de Asuntos Exteriores el Gobierno español estrechó lazos con Obiang, el dictador que cada año ocupa un puesto en la lista de la revista Forbes como uno de los hombres más ricos del planeta.
Para sentarte en París con él había que pagar de 40.000 a 100.000 euros
Según las estadísticas de Exteriores hay alrededor de 1.500 españoles residiendo en la antigua colonia española. Algunos afirman que en sus negocios les va bien, pero también piden que no se revele su nombre. Una empresaria catalana con intereses en Malabo lo explica así: “Tienes que conocer el país y actuar como ellos esperan que actúes. Nosotros lo hacemos y funciona”. ¿Qué significa actuar como ellos esperan que actúes? La empresaria no responde y corta la conversación.
Germán Pedro Tomo, uno de los testigos principales contra Teodorín Obiang, ya no pasea solo por Madrid. Desde que declaró en la sede de la Fiscalía Anticorrupción ante el juez Gruman vive escoltado por dos policías españoles que no le quitan ojo. Lo reclamó la Justicia francesa al Ministerio del Interior español. En 2005 dos sicarios colombianos apuñalaron a su hermano cuando salía de su casa de Alcorcón. Se confundieron de víctima. Los matones habían sido contratados por dos españoles residentes en Guinea Ecuatorial que fueron detenidos en España, juzgados y condenados a 11 años de guandoca. Tomo afirma que pretendían hacer un favor al régimen del dictador. “Fue la respuesta a mi primera declaración a las ONG Global Witness y Human Right Watch en el caso del banco Riggs en el que los Obiang escondían sus cuentas del petróleo. Pretendían eliminarme”. Contar cómo son los negocios de la familia Obiang puede costar la vida.
La extorsión de los Obiang | Política | EL PAÍS
Hacer negocios con el clan familiar que lidera Teodoro Obiang, que domina este país de unos 700.000 habitantes y 28.051 kilómetros cuadrados, es arriesgado. El pago de comisiones es obligado y las disputas comerciales, muchas veces ficticias, derivan en ocasiones en extorsión, amenazas y en la pérdida de la inversión para salvar la vida. Lo que empieza como un gran negocio plagado de oportunidades se convierte para algunos en un infierno. El Ministerio de Asuntos Exteriores acaba de colgar en su página web una “nota importante” en la que advierte que se están produciendo casos de empresarios españoles y extranjeros que no pueden abandonar la excolonia española (1778-1968) por desavenencias con sus socios locales. Se les requisa el pasaporte y se les impide salir del país hasta que no renuncian a sus propiedades. Esto último no lo explica la nota, pero es lo que está ocurriendo, según los testimonios recabados por EL PAÍS.
Roberto Cubría, de 45 años, ha sido la última víctima de este sistema corrupto que empapa hasta el último rincón de la Administración guineana. Ha permanecido 59 días refugiado en la Embajada española en Malabo. Dormía en un sofá y se duchaba en la piscina. La legación diplomática fue su único refugio para escapar de las presiones de Genoveva Andeme Obiang, otra hija del presidente, directora adjunta del Banco Central de África Occidental (BEAC), a la que había vendido las naves de su empresa Soluciones Modulares. Durante dos meses no salió solo a la calle por miedo a ser detenido. Le habían confiscado el pasaporte. Ha tenido que “regalar” 50.000 euros en materiales para lograr regresar a Valencia.
Falló que no quisimos pagar más comisiones ilegales. ¿Qué quieres?, ¿que te denuncie por violación?, nos decían
En Valencia precisamente vivió durante años Ruslan, el hijo de Obiang, el presidente del club The Panthers que sueña con dirigir la Federación Guineana de Fútbol, y de allí son los enlaces españoles que engatusaron al constructor gallego que aspiraba a levantar varios campos para la Copa de África. Una red en varias ciudades españolas que atraen emprendedores para invertir con la familia de Teodoro Obiang en la excolonia española que todavía conserva el secreto magnetismo que siglos atrás atrajo hasta sus playas y bosques a mercenarios, piratas y aventureros sin escrúpulos. Un país con ingentes reservas de petróleo —es el tercer productor africano después de Angola y Nigeria— donde la mayoría de sus habitantes tiene una esperanza de vida de 51 años, vive con menos de 200 euros mensuales y sufre la asfixiante dictadura de una casta gobernante cada vez más rica e influyente.
El emprendedor gallego confiesa su temor, pero acepta hablar si se garantiza su anonimato. “Ruslan firmó los contratos en Madrid. Teníamos la concesión, los proyectos, los presupuestos. Llevamos toda la maquinaria y el material. Invertimos más de 500.000 euros. El hijo del presidente nos envió unas cartas de recomendación en las que se decía que éramos empresarios de buena fe. Viajé a Malabo 11 veces, constituimos una sociedad con un testaferro del hijo del presidente y uno de nuestros socios se estableció allí para dirigir las obras. En el aeropuerto te das cuenta de que tienes que pagar por todo: al comisario para que te selle el pasaporte, al de seguridad nacional para el visado de salida, al fiscal general, al que tenían en nómina, para los permisos. Una cadena que no termina nunca. ¡Pero si no hemos empezado a trabajar!, les decía yo”.
Al empresario le recibió Emilio Oñebula, director general de Deportes, y le mostraron los planos del proyecto en el ministerio. La empresa gallega inició la fase de explanación. “Te lo ponen todo tan dulce que picas. Mientras les estás pagando no te dejan ni un minuto solo. Al principio pensé que era por educación, pero luego me di cuenta de que lo que quieren es controlarte para ver qué haces, con quién hablas. Si salías solo te echaban la gran bronca. Estábamos siempre vigilados”.
El empresario gallego recibió una visita en su despacho. Y un mensaje claro: Cuidado con lo que habláis
¿Qué falló para que la aventura empresarial que empezó en el hotel Vincci Continental terminara bruscamente en agosto de 2011? “Falló que no quisimos pagar más dinero (comisiones ilegales) a la gente de Ruslan. Te estrangulan económicamente y se buscan otro. Y se quedan con todo, con toda la inversión que has dejado allí. Al final, cuando nos oponíamos a algo te decían: ¿qué quieres, que te denuncie por violación? ¿Quieres ir a la guandoca? Nos lo dijeron muchas veces y tuvimos verdadero pánico. El socio que se estableció en Malabo se tuvo que marchar. Yo pensaba: pero ¿dónde nos hemos metido? ¿A quién reclamo? La corrupción es total, es brutal”.
En España, los intermediarios valencianos que vendían a Ruslan como el socio ideal para hacer negocios en Guinea Ecuatorial ofrecieron su diagnóstico al constructor: “Hiciste algo mal. Teníais que haberle pagado otros 100.000 euros más. No supisteis actuar”. “Cuando te vuelves habiéndolo perdido todo, estos intermediarios se esfuman y dejan de coger el teléfono. Luego supimos que no éramos los únicos estafados. Habíamos caído en una trampa”, afirma el constructor.
La aventura no terminó. El socio del constructor gallego, el hombre que se instaló en Malabo para construir campos de fútbol recibió una visita en su casa en Portugal. Durante cinco días dos hombres bien trajeados aguardaron su llegada en el interior de un coche. “Ojo con lo que hacéis”, le advirtieron. El inversor también tuvo una visita en su despacho profesional: “Cuidado con lo que habláis y lo que denunciáis”, le espetaron otros emisarios. Los dos tienen miedo.
Teodoro Nguema Obiang Mangue, vicepresidente segundo de Guinea Ecuatorial e hijo del dictador.
La corrupción en el Gobierno de Teodoro Obiang es endémica y, según diversos testigos, los empresarios españoles la sufren hace décadas. Felipe Martín, un promotor y constructor de Masquefa, una localidad de unos 9.000 habitantes, a media hora en coche desde Barcelona, también perdió toda su inversión en su aventura guineana, más de 600.000 euros y dos años de viajes y trabajo. Su socio le convenció en 1995 para levantar un aserradero con naves de 25.000 metros cuadrados en Malabo. Una experiencia que este último, que pide se omita su identidad, quiere olvidar porque estuvo a punto de costarle la vida. Ignoraban que caerían en la red de Teodorín Obiang, de 42 años, el hijo preferido del dictador, vicepresidente segundo del Gobierno y futuro sucesor. La Justicia francesa acaba de dictar una orden de detención europea contra él por corrupción y le ha embargado su casa de 5.000 metros en el número 42 de la avenida Foch, en el barrio más exclusivo de París, valorada en 40 millones de euros, y una colección de coches de lujo.
Martín, de 52 años, y su socio, de 59, fueron algunos de los arriesgados pioneros españoles que a mediados de los años noventa se aventuraron a explotar los inmensos bosques de este extraordinario paraíso selvático. Entonces el negocio parecía redondo porque tenían clientes dispuestos a comprar toda su producción en España.
“Nos obligaron a tener de socio local al ministro de Bosques. Teodorín era entonces su consejero y ya estaba metido en el negocio de la madera. Mi socio trató con él y le dieron todas las facilidades, por supuesto después de pagar comisiones por todos lados. Nos cedieron un terreno de seis hectáreas a cuatro kilómetros de Malabo. Trasladamos la maquinaria: bulldozers, camiones, cortadoras, secadoras. Llevamos a cuatro técnicos para formar allí a los obreros guineanos, más de cuarenta hombres. Casi dos años de trabajo para levantar el aserradero y no pudimos exportar ni la primera remesa. Cuando estuvo el almacén lleno comenzaron los problemas, las pegas, la falta de permisos. No entendíamos nada. Logramos sacar cuatro contenedores sobornando a gente del puerto. A mi socio le dijeron que o se iba o le metían en la guandoca, pero decidió quedarse”, explica Martín en su despacho de Masquefa.
Un inversor catalán acabó en la guandoca de Black Beach, sin comida, pisando sus heces y con malaria
El reto del empresario catalán tuvo consecuencias. Una mañana se presentó la policía en su casa de Malabo, en la zona residencial donde vive la clase dominante del clan esangui, la que ocupa casi todos los puestos de la Administración, donde salía a cenar con Teodorín, y lo condujeron detenido hasta la siniestra prisión de Black Beach, al borde de la playa del mismo nombre, acusado de violación. Un burdo montaje, según asegura Felipe Martín. “La acusación era falsa y las condiciones de la prisión terribles: no le daban comida, dormía en el suelo, pisaba sus propias heces porque la celda no tenía baño, cogió la malaria con fiebre altísima y temblores. Pensó que moriría. Pidió irse dejándolo todo y salió por la frontera de Camerún donde estuvo varios meses recuperándose. Lo perdimos todo. Mi socio solo quiere olvidar”, recuerda Martín.
En 1998, cuando los dos empresarios españoles perdieron su aserradero, Teodorín Obiang informó al banco norteamericano Riggs que había creado una empresa llamada Somagui Forestal, según señala una reciente demanda presentada contra él por Jennifer Shasky, directora de la sección de Lavado de Dinero del Departamento de Justicia de EE UU. Ese mismo año fue nombrado ministro de Bosques, cargo que ha ocupado hasta hace un año. Con solo 24 años Teodorín ya disfrutaba de derechos de explotación en 88.000 acres de selva tropical. La Justicia norteamericana le acusa de enriquecerse mediante “ardides corruptos” y cobro de comisiones ilegales a numerosos empresarios. Y cita los casos de presunta extorsión a empresas como Isoroy (francesa), ABM (española) y Agroforestal (italiana), establecidas en Bata. “Amenazó y se vengó de las empresas madereras, entre ellas Isoroy y ABM que se negaron a aceptar sus exigencias de pago”, dice la demanda.
Antonio Cabanellas, de 55 años, fue jefe de obras de ABM entre 1995 y 1997, ahora reside en España y describe así a este periódico su relación con Teodorín: “Nos llamaba a su despacho y obligaba acudir con traje y corbata. Te hacía esperar cinco horas y aparecía en pantalón corto. Te decía: ‘quiero que me pagues tanto, tienes una semana para ingresar el dinero. Si no pagas te confiscamos la maquinaria pesada y le damos tu concesión a los chinos’. Tuvimos que salir por patas. Nos pedía millones. Solo se quedaban allí los que le pagaban. Su empresa Somagui Forestal era una tapadera”.
La investigación norteamericana concluye que la fortuna movida por el hijo de Obiang en Estados Unidos (una casa en Malibú, un avión privado y cuentas multimillonarias) procede de actividades delictivas y revela que el banco JP Morgan investigó en 2002 las actividades de Somagui Forestal y no logró acreditar su actividad. En la supuesta empresa no cogían ni el teléfono.
Teodorín nos llamaba su despacho y nos decía: O pagas o le doy tu concesión de madera a los chinos
“Somagui Forestal era una pantalla, una empresa ficticia, no tenía actividad, ni empleados. Se trataba de una sociedad del propio Teodorín a la que teníamos que pagar un impuesto revolucionario del 10% del valor de cada embarque. Si no pagabas no te dejaban exportar tu producción de madera. Pagué hasta que no pude más. Todos pagábamos, porque sin pagar no podías trabajar y tenías que cerrar”, afirma el empresario Germán Pedro Tomo, de 52 años, residente en España desde 2004 y exdiputado del Partido Democrático de Guinea Ecuatorial, el de Obiang.
El pasado mes de julio el funcionario de la División Criminal del Departamento de Justicia norteamericano Woo S. Lee. y Robert Manzanares, agente especial del Departamento de Investigación y Seguridad Nacional, interrogaron en secreto en Madrid a varios testigos y empresarios ecuatoguineanos y españoles. Buscaban relatos para sostener su acusación. Entre ellos estaba Tomo.
Jorge no facilita su apellido, pero confiesa que él y sus socios, uno de ellos vasco, han perdido más de dos millones de euros en maquinaria en la antigua colonia española. Según su relato, entre 2009 y 2011 llevaron media docena de empresas a Malabo y Bata. “Estuve en la casa de Teodorín en los Campos Elíseos. Trataba directamente con los empresarios y solo por sentarse frente a él había que pagar de 40.000 a 100.000 euros. Era lo que llaman el canon de intenciones. Pero cuando llevas la maquinaria empiezan los problemas. Te ponen toda clase de pegas para que te vayas y se quedan con todo. Si no aceptas, sabes que acabas en la guandoca de Black Beach. Luego celebran una junta y dicen que su socio español se ha marchado del país. La gente se va por miedo”. El empresario asegura que esto les ha pasado a muchos de los emprendedores que van allí. Y remata así: “Los que se quedan es porque se amoldan. Ya se imaginará usted a qué”.
Ruslan Obiang, hijo del dictador, consejero del ministro de Deportes y presidente del club The Panthers.
La pasada semana, en un palacete en el número 4 de la madrileña calle de Manuel Silvela, sede de la Fiscalía Anticorrupción, el juez parisiense René Grouman, el hombre que ha dictado una orden de detención contra el hijo predilecto de Obiang, escuchó atento el testimonio de Gervais Maoukiki, director financiero de una de las empresas de madera presuntamente extorsionadas por Teodorín. Su relato coincide con el que Germán Pedro Tomo y otros empresarios españoles han facilitado en los últimos meses en otras discretas visitas al juez Grouman, a su colega Roger Loire y a fiscales franceses desplazados desde París. Sus declaraciones están grabadas en vídeo y se consideran de “extraordinaria” importancia para acusar de blanqueo de dinero al amo de la madera guineana. Helen Davo, jueza de enlace francesa, y el fiscal Luis del Río, que investiga a los Obiang en una causa por presunto blanqueo abierta en un juzgado de Las Palmas de Gran Canaria, presenciaron la declaración.
A Juan Colomer, empresario catalán de 77 años, el Gobierno guineano le confiscó su finca de cacao de 300 hectáreas a las afueras de Malabo. No ha logrado recuperarla y reconoce que no se atreve a volver. “Hay un vacío enorme de empresarios españoles porque la corrupción es total. O juegas a corromper o te juegas la piel”, concluye. Los departamentos de riesgo de las grandes compañías españolas vetan desde hace años los proyectos en el país de los Obiang, según señalan algunos de sus responsables. “No hay seguridad jurídica y nuestra presencia allí puede dañar la imagen de la compañía”, responde uno de ellos. Una portavoz de la CEOE asegura que los empresarios españoles ven en Guinea Ecuatorial, un país de oportunidades, pero siempre y cuando se garantice la seguridad jurídica.
Estas reticencias y temores no son unánimes. El exministro socialista de Asuntos Exteriores Miguel Ángel jovenlandesatinos acaba de asistir como invitado al séptimo encuentro del denominado Movimiento de Amigos de Obiang (MAO), celebrado en Malabo. Los medios oficiales del dictador —no existe la prensa libre en Guinea Ecuatorial— destacan la presencia de jovenlandesatinos en el particular evento. Durante su mandato al frente del Ministerio de Asuntos Exteriores el Gobierno español estrechó lazos con Obiang, el dictador que cada año ocupa un puesto en la lista de la revista Forbes como uno de los hombres más ricos del planeta.
Para sentarte en París con él había que pagar de 40.000 a 100.000 euros
Según las estadísticas de Exteriores hay alrededor de 1.500 españoles residiendo en la antigua colonia española. Algunos afirman que en sus negocios les va bien, pero también piden que no se revele su nombre. Una empresaria catalana con intereses en Malabo lo explica así: “Tienes que conocer el país y actuar como ellos esperan que actúes. Nosotros lo hacemos y funciona”. ¿Qué significa actuar como ellos esperan que actúes? La empresaria no responde y corta la conversación.
Germán Pedro Tomo, uno de los testigos principales contra Teodorín Obiang, ya no pasea solo por Madrid. Desde que declaró en la sede de la Fiscalía Anticorrupción ante el juez Gruman vive escoltado por dos policías españoles que no le quitan ojo. Lo reclamó la Justicia francesa al Ministerio del Interior español. En 2005 dos sicarios colombianos apuñalaron a su hermano cuando salía de su casa de Alcorcón. Se confundieron de víctima. Los matones habían sido contratados por dos españoles residentes en Guinea Ecuatorial que fueron detenidos en España, juzgados y condenados a 11 años de guandoca. Tomo afirma que pretendían hacer un favor al régimen del dictador. “Fue la respuesta a mi primera declaración a las ONG Global Witness y Human Right Watch en el caso del banco Riggs en el que los Obiang escondían sus cuentas del petróleo. Pretendían eliminarme”. Contar cómo son los negocios de la familia Obiang puede costar la vida.
La extorsión de los Obiang | Política | EL PAÍS
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