La expareja de la secuestradora indultada por Sánchez demandará a Irene Montero y a Ángela Rodríguez Pam, Secretaria de Estado de Igualdad, por dañar

El padre del menor sustraído por la expresidenta de Infancia Libre, María Sevilla, demandará por presunta intromisión ilegítima al derecho al honor a la ministra de Igualdad, Irene Montero, y la secretaria de Estado de Igualdad y Contra la Violencia de Género, Ángela Rodríguez Pam. Según ha confirmado en declaraciones a THE OBJECTIVE, Rafael Marcos va a interponer una demanda civil ante los juzgados de Madrid contra ambas altos cargos del Gobierno por unas declaraciones efectuadas ayer -tras publicarse en el BOE el indulto a Sevilla- en las que indirectamente le acusaban de ser un maltratador, a pesar de no tener ningún antecedente penal ni condena por violencia de género contra su expareja ni su hijo.

«Voy a llegar hasta el final no solo para defender mi honor, sino para hacer lo que Irene Montero, el Ministerio de Igualdad y el Consejo de Ministros no han hecho, que es proteger la seguridad y la integridad de mi hijo», ha afirmado Rafael Marcos en declaraciones a este diario. En concreto, la demanda contra Irene Montero se interpondrá en los próximos días por unas declaraciones en las que la ministra defendió y celebró este miércoles el indulto parcial concedido por el Gobierno a María Sevilla, condenada por sustracción de menores en 2021 a dos años y cuatro meses de prisión.

Unas manifestaciones en las que la ministra de Igualdad describió a la expresidenta de Infancia Libre como «una de esas madres protectoras» que «sufren injustamente» la «criminalización y la sospecha por parte de la sociedad, cuando lo que están haciendo no es otra cosa que defenderse a sí mismas y sus hijos e hijas frente a la violencia machista de los maltratadores».

Sin referirse directamente al padre del menor sustraído por la presidente de Infancia Libre, pero en clara alusión al caso de María Sevilla y durante la inauguración de la nueva sede del Instituto de las Mujeres, Montero insistió ayer en que «por eso es tan importante que el Estado salde la deuda que tiene con las madres protectoras, que hagamos políticas públicas que garanticen que los maltratadores no pueden asesinar a sus hijos e hijas».
Al tratarse de un procedimiento civil, y no penal, el demandante sortearía la condición de aforada de Irene Montero. De acuerdo con la directiva 2016/343 del Parlamento Europeo, las autoridades y personas con cargo de representación pública deben abstenerse en sus manifestaciones públicas de catalogar o tildar como culpables a personas que no han sido condenadas con sentencia firme.

Durante el juicio por la custodia del menor, Sevilla aseguró que su padre le golpeaba y que incluso había cometido abusos sensuales en su contra, algo que quedaría completamente desestimado al no probarse y que, al perder el caso, llevaría a que la expresidenta de Infancia Libre fuese condenada posteriormente por secuestrar al pequeño. La mujer fue condenada por sustracción de menores en 2021 a dos años y cuatro meses de prisión, además de cuatro años sin patria potestad. Sin embargo, en un decreto publicado ayer en el BOE, el Gobierno le concedió un indulto parcial.

Demandará a la secretaria de Estado de Igualdad

La demanda interpuesta por Rafael Marcos también irá dirigida contra la secretaria de Estado de Igualdad y Contra la Violencia de Género, Ángela Rodríguez Pam, por unas manifestaciones en las que también acusaba a los jueces de «criminalizar» a mujeres como María Sevilla o Juana Rivas a las que ahora el Gobierno ha indultado a pesar de tener condenas firmes en su contra por sustracción de menores. Unas declaraciones en las que, de nuevo sin nombrarle directamente, la secretaria de Estado también asociaba a Marcos con presuntos delitos de maltrato por los que nunca ha sido condenado, sino absuelto.

«Si tu padre es un maltratador, tú no puedes, como hijo menor de edad, visitar a tu padre. Es una cosa muy obvia, pero es necesaria ponerla en una ley. Los maltratadores no son buenos padres. Y por lo tanto lo que hicimos fue prohibir el régimen de visitas. ¿Qué sucede? Que había muchos jueces que durante muchísimo tiempo han dictaminado igualmente regímenes de visitas, incluso estando ya prohibido en la ley. ¿Qué hacemos con esas mujeres que han protegido a sus hijos de ver a sus maltratadores? », se cuestionaba Rodríguez Pam el miércoles en las en una declaraciones en TikTok.

«Es el caso de María Salmerón, María Sevilla, de Irene Costumero y de Juana Rivas. Y de tantas otras mujeres. Lo que tenemos que hacer es reconocerles un indulto porque ellas, lo que han intentado es poner su cuerpo por delante para que a lo mejor un niño de seis años no volviera a ver a su padre que le estaba agrediendo sexualmente», añadía Rodríguez Pam. En línea con la tesis de Irene Montero, la secretaria de Estado de Igualdad y Contra la Violencia de Género agregaba que «estas mujeres, lejos de tener que ser criminalizadas por la Justicia, lo que tienen que ser es protegidas y reparadas por el Estado».

El menor no quiere ver a su progenitora
La demanda contra Irene Montero y Rodríguez Pam no es la única medida legal que Rafael Marcos prepara para salvaguardar la integridad de su hijo. Como ya adelantó al diario El Español, Marcos presentará un recurso contra la decisión del Consejo de Ministros de indultar a su expareja. Durante el tiempo que tuvo retenido al menor, según la Policía, Sevilla prohibió que el pequeño saliera a la calle salvo unos pocos minutos al atardecer, no le escolarizó, no contaba con las banderillas necesarias para su edad y recibía una fuerte educación evangélica.

Además, según relataría el propio menor a los agentes en declaraciones que más tarde serían filtradas a los medios, tenía miedo a Sevilla, lamentaba que esta le golpeara, aseguraba que le llamaba «el diablo» e incluso le tildaba de demorado. Durante el juicio por la custodia del menor, la mujer ahora indultada aseguró que su padre le golpeaba y que incluso había cometido abusos sensuales en su contra, algo que quedaría completamente desestimado al no probarse y que, al perder el caso, llevaría a que la expresidenta de Infancia Libre secuestrase al pequeño posteriormente y fuese condenada por ello.

Sobre las acusaciones de maltrato contra su padre, el hijo de ambos aseguraría que era mentira, que Sevilla se lo había inventado para crear un relato en su contra y que no le gustaba que estuviera haciendo eso para supuestamente protegerle porque, como afirmaba, le causaba más daño. Rafael Marcos ha asegurado que tras recibir la noticia del indulto, el pequeño ha quedado decepcionado. «No le ha gustado; él no quiere verla», ha afirmado. El Ministerio de Justicia ha firmado esta medida de gracia sin que concurran las razones de Justicia o arrepentimiento, algo nunca mostrado por Sevilla en estos años.

La Fiscalía apoyaba el indulto

La Fiscalía Provincial de Madrid remitió el pasado 9 de mayo un escrito al Juzgado de lo Penal número 2, encargado de ejecutorias, en el que informó estar a favor de la concesión del indulto parcial a la expresidenta de Infancia Libre. Además, Sevilla solicitó el pasado 31 de diciembre un indulto ante el Ministerio de Justicia firmado por varias asociaciones feministas con la finalidad de librarse de entrar en la guandoca. Un mes después, el Juzgado de lo Penal número 2 denegó suspender su ingreso en prisión al no arrepentirse de los hechos.

Por ello, el Ministerio Público defendía rebajar la pena de guandoca y fijarla «exclusivamente» en dos años de prisión al considerar que se trata del primer delito por el que Sevilla ha sido condenada, aunque se opone al indulto total por la «contumacia en impedir la relación entre padre e hijo» y en «desoír las resoluciones judiciales dictadas que la obligaban a facilitar y restablecer dicha relación».

Miembros del Gobierno llegaron a defender la necesidad del indulto para Sevilla poco después de ser detenida y a pesar de las evidencias que apuntaban a que no existió abuso alguno por parte del padre y que la expresidenta de Infancia Libre había distorsionado la realidad para justificar sus acciones. La actual ministra de Igualdad, Irene Montero, aseguraba hace seis días que el caso de María Sevilla era una muestra de las «madres protectoras».

En unas declaraciones publicadas recientemente por el diario El Mundo, el menor aseguraba que su progenitora le daba «miedo», que le dolía cuando le llamaba «demorado» o que en los meses de encierro «vivía como en una guandoca, sin amigos y sin estudiar». En este periodo, Sevilla fue la encargada de educar al pequeño a pesar de no ser profesora ni haber ejercido la docencia de forma profesional en toda su carrera, por lo que le daba las lecciones con un rotulador sobre el cristal y aseguraba que a pesar de no haber sido nunca maestra «era la más lista de la clase». Las enseñanzas recibidas estaban imbuidas en una fuerte educación evangélica e incluso había llenado las paredes del hogar con pinturas evangélicas. «Llévate la Biblia», le dijo su progenitora mientras los evacuaban los agentes

Sobre la relación con su padre, el niño niega las acusaciones de abuso de Sevilla e incluso afirma sentirse «muy a gusto» a su lado. «No quiero que siga peleando por mí porque estoy bien con mi padre», llegaría a confesar, e incluso más tarde plantearía que el objetivo de su progenitora «es hacer daño a mi padre, pero no se da cuenta de que me hace daño a mí». El padre del joven concedió una entrevista en la que pedía que el Gobierno no optase por la medida de gracia ante todo el daño que le había hecho a él y a su familia. «Sigue diciendo que yo soy Saúl, que creo que es el hijo del malo, o algo así» explicaba.

Que ardor de estomago de país, que verguenza.