La eurodiputada del PSOE que cobró irregularmente del Puerto carga contra los servicios jurídicos por no advertirlo: "Soy la única perjudicada"

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Inmaculada Rodríguez-Piñero asume el "error" pero subraya que ni la Abogacía del Estado ni la Autoridad Portuaria de Valencia vieron su incompatibilidad

"Soy la única perjudicada". Con estas palabras, la socialista Inmaculada Rodríguez-Piñero ha valorado por primera vez en una comparecencia pública la situación de incompatibilidad en que incurrió durante ocho años como consejera del Puerto de Valencia. Incompatibilidad que ha desvelado ahora la Abogacía de la Generalitat, pero contra la que nadie advirtió en los ocho años -entre 2015 y 203- en que actuó como vocal en representación de la Generalitat en el Consejo de Administración del Puerto. "Nunca me advirtieron de la posible incompatibilidad, ni la Abogacía del Estado ni los servicios jurídicos de la Autoridad Portuaria", ha lamentado este jueves en una rueda de prensa

Rodríguez-Piñero ha cargado así contra los servicios jurídicos, pues ha sido ahora cuando la Abogacía de la Generalitat ha emitido un informe alertando de la incompatibilidad entre ser eurodiputado y consejero en el Puerto. "Siempre estuve convencida de mi idoneidad y de que mi nombramiento cumplía con todos los requisitos. Nunca en mis ocho años como vocal las administraciones implicadas pusieron reparo ni objeción a mi condición de consejera", ha insistido, para asumir en consecuencia que en todo este tiempo ha cobrado dietas "indebidamente". En total, 40.000 euros brutos por asistencia a las reuniones


En este sentido, ha destacado que en 2014 se convirtió en diputada del Parlamento Europeo y, a continuación, en miembro de la comisión de comercio internacional. Y fue precisamente esta labor la que la llevó directamente al Consejo de Administración del Puerto, según ha justificado. Fue el anterior presidente de la Generalitat, el socialista Ximo Puig, el que la propuso en 2015 para el puesto: "Entendía Puig, yo y el sentido común que incorporar a una eurodiputada de la comisión de comercio internacional podía ser muy relevante para los intereses del Puerto".

En todo caso, Rodríguez-Piñero ha subrayado que la normativa europea que regula las incompatibilidades de los eurodiputados establece la "compatibilidad para ser consejero de la Autoridad Portuaria o de cualquier otro consejo de administración". "Otros colegas de la comisión de comercio internacional lo son", ha matizado, para admitir que "la legislación española establece claramente la incompatibilidad". "Asumo el error y responderé por él", ha dicho, aunque ha precisado que devolverá únicamente las dietas de los ejercicios no prescritos (de 2020 a 2023), y no las de los ocho años en que se mantuvo como consejera. "Si el derecho determina que solo han de ser los ejercicios no prescritos, devolveré esos", ha explicado.

"Al ser incorrecto el nombramiento, las dietas se han cobrado incorrectamente, pero yo nunca he tenido la sensación de percibir nada indebidamente ni ilegalmente", según ha afirmado. "Devolveré hasta el último euro que me corresponda por un nombramiento irregular, pero espero que se me reclame formalmente por la Autoridad Portuaria". En este sentido, la eurodiputada ha señalado que, si bien el director general de la Autoridad Portuaria le ha comunicado el inicio del expediente de reclamación de las dietas, tal y como avanzó este diario, no lo ha recibido todavía.


Además, ha censurado la "campaña del PP" contra su persona, pues ella misma presentó su dimisión el pasado 25 de septiembre, al entender que no podía representar en el Consejo de Administración a un Gobierno valenciano de PP y Vox. "La portavoz del Consell dice que me apartan como si yo me hubiera aferrado al cargo. Me gustaría una disculpa por su parte, aunque no la espero", ha censurado Rodríguez-Piñero, en relación a las declaraciones de Ruth Merino informando sobre el acuerdo de cese adoptado por el pleno del Consell este martes. De hecho, el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) ya publica este jueves su "separación" como vocal del Puerto.

En pleno polémica por el bloqueo de la ampliación del Puerto de Valencia, Rodríguez-Piñero ha insinuado que la manera de proceder de los servicios jurídicos de la Autoridad Portuaria "genera desconfianza". Eso sí, ha asumido que se trata de un "error" y que, en todo caso, su voto nunca fue decisivo para los acuerdos adoptados en el Consejo de Administración, pues la Abogacía de la Generalitat dejaba abierta la puerta a su posible anulación. "Todos los acuerdos adoptados o son por consenso o unanimidad o por diferencias muy pequeñas", ha zanjado
 
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