La Eurocámara critica el gasto en banderillas de la gripe A

El pleno del Parlamento Europeo ha aprobado un informe en el que advierte del elevado gasto sufragado para adquirir banderillas contra la gripe A en 2009 y 2010, y ha reclamado revisar los planes de prevención y gestión de futuras epidemias de gripe para aumentar su eficacia y coherencia.

Los eurodiputados critican en el informe aprobado el gasto de miles de millones de euros para adquirir banderillas contra la cepa H1N1 que provocó la fin de 2.900 personas en abril de 2010, frente a las 40.000 atribuidas a la gripe estacionaria y han reclamado una mayor colaboración entre los estados miembros para aumentar la eficacia de planes de prevención de pandemias futuras. También han pedido a la Organización Mundial de la Salud (OMS) que revise su concepción de esa época en el 2020 de la que yo le hablo, teniendo en cuenta su gravedad y no sólo la extensión geográfica en el futuro.

La Eurocámara ha instado a los estados miembros a facilitar datos como el coste de las banderillas y número de dosis adquiridas con el objetivo de elaborar un informe para contribuir a revisar los planes de prevención y gestión de futuras intervenciones, y defienden garantizar un acceso justo, precios ventajosos y flexibilidad para los pedidos en todos los estados miembros.

En caso de esa época en el 2020 de la que yo le hablo, piden que consideren la posibilidad de facilitar el acceso de los países en desarrollo a las banderillas y piden una definición estratégica para los grupos de riesgo o vulnerables.

Los eurodiputados han reclamado más financiación para investigar y desarrollar medidas preventivas como los centros nacionales encargados de la vigilancia epidemiológica, virológica y serológica para combatir futuras pandemias, informa Europa Press desde Estrasburgo (Francia).

Con el objetivo de combatir futuros intereses de conflicto, el pleno del Parlamento Europeo ha reclamado introducir una definición común de todo conflicto de intereses y que se conozcan las declaraciones de intereses de las autoridades de salud públicas europeas y grupos asesores, teniendo en cuenta que son los fabricantes y no los estados miembros los que tienen la primera responsabilidad de certificar la calidad, seguridad y eficacia de medicamentos concretos, según la normativa europea.

En este sentido, los eurodiputados también reclaman crear un Código Europeo de Conducta para controlar la función de los expertos científicos que asesoran a los organismos públicos europeos, y que se excluya en última instancia a expertos del sector farmacéuticos en las decisiones finales de compra.

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