JuanJoseRuiz
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La Audiencia Nacional investiga ya el amaño en Loterías del Estado que salpica a Montero
La trama se basa en la manipulación de los concursos públicos para que personas concretas obtengan licencias
El presidente de SELAE, Jesús Huerta, y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. | Alejandra Svriz
Publicado: 11/11/2024 • 04:30
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La Audiencia Nacional investiga el presunto amaño en la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (Selae), que salpica a la ministra María Jesús Montero y que ha sido publicado en exclusiva por THE OBJECTIVE. Según ha podido saber este periódico, el juez Santiago Pedraz ha abierto una causa, con diligencias previas 219/2024, al considerar que los hechos denunciados por el abogado Antonio García-Berbel, en representación del sindicato Manos Limpias, afectan a varias provincias del territorio nacional.
La trama investigada en el Juzgado Central de Instrucción número 5 se basa en un presunto amaño en los concursos públicos, diseñado para beneficiar a personas concretas en el proceso de obtención de licencias. Estas licencias permiten a los adjudicatarios dirigir las 52 delegaciones comerciales de Loterías del Estado, una entidad que depende directamente del Ministerio de Hacienda que encabeza Montero. Por ello, este escándalo involucra a la vicepresidenta primera del Gobierno de Pedro Sánchez y ministra de Hacienda. Además, el responsable directo del Selae es Jesús Huerta, presidente del organismo y cuya nómina es de 223.146,65 euros brutos anuales en 2020. Fue colocado al frente de la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado por la ministra en el año 2018 y ocupa el cargo desde entonces. Formó parte del círculo de confianza de Montero cuando esta ostentaba el cargo de consejera de Sanidad en la Junta de Andalucía.
Amaño en Loterías y Apuestas
La Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (Selae) es una empresa pública, adscrita al Ministerio de Hacienda, que tiene por objeto «la gestión, explotación y comercialización de la actividad del juego en sus distintas modalidades». Este organismo público cuenta con 52 delegaciones comerciales (para las 50 provincias junto a Ceuta y Melilla) en toda España, encargadas de la gestión de los 10.900 puntos de ventas de loterías que existen en la actualidad.Una trama de concesiones ‘ad hoc’ en Loterías del Estado salpica a la ministra Montero
Teresa Gómez
La explotación de una delegación comercial de la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (Selae) se realiza mediante un concurso público. Quien resulte ganador de la adjudicación del contrato de servicio de gestión, conforme a la normativa vigente en materia de licitaciones y contratación con la Administración Pública, se convierte en delegado de la provincia correspondiente. Estos puestos de delegado están altamente cotizados, debido a los importantes beneficios económicos que puede llegar a percibir la persona que obtiene la adjudicación. De hecho, la empresa pública destina 25 millones de euros al año a la gestión de las delegaciones comerciales. Estos contratos tienen una duración inicial de siete años prorrogable por otros siete años, según los documentos de pliegos de los expedientes publicados en la Plataforma de Contratación del Sector Público. Esto supone una asignación presupuestaria estimada en 180 millones de euros y en el caso de que se prorroguen los contratos, el gasto presupuestario asciende a 360 millones de euros.
Sin embargo, casualmente estos cargos suelen quedar en manos de las mismas familias. Los puestos de delegado tienden a pasar «de padres a hijos» o a otros miembros de la familia. Esto significa que, en muchas ocasiones, los agraciados en la concesión del contrato guardan algún tipo de relación de «consanguinidad» con el titular anterior que deja vacante la delegación. Este patrón de adjudicación ha generado suspicacias, ya que parece sugerir que los concursos públicos, aunque teóricamente abiertos a todos, favorecen en la práctica a ciertos familiares de los delegados destacados. Fuentes internas consultadas por este periódico afirman que «no se trata de una mera casualidad», sino que en realidad «nunca ha existido una regulación estricta» en los concursos públicos para la concesión de delegaciones comerciales. Según estas fuentes, se ha permitido adulterar los procesos para que los beneficiarios sean siempre las mismas personas.
