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Madmaxista
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Publicado el 11 de Mayo de 2019 - 00: 05
La empresa catalana que gestionará los datos del 26-M, en el punto de mira
La tecnológica Scytl se ha visto implicada en las acusaciones de pucherazo que rodean a los comicios de la Cámara de Comercio de Barcelona
.......
Scytl y la Generalitat
Este no es el primer contacto del Govern con la tecnológica. La Generalitat llegó a ofrecer un contrato de nada menos que entre uno y dos millones de euros a Scytl para que desarrollase el software de recuento de votos para la consulta ilegal del 1-O. Y, pese haber trabajado anteriormente con el Ejecutivo catalán, los directivos declinaron la suculenta oferta por las posibles implicaciones legales que conllevaría un referéndum declarado ilegal por diversos tribunales, incluido el Constitucional.
Según se conoció después, fue el Josué Sallent, del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Generalitat (CTTI) quien ofreció a Pere Vallès el contrato, quien lo declinó por el posible carácter delictivo de la consulta.
El director ejecutivo de Scytl es, además, miembro del Consejo de Diplomacia Pública de Cataluña (Diplocat), organismo que tuvo un papel fundamental en la internacionalización del procès y que fue liquidado durante la intervención del 155, actualmente reactivado para, según la secretaria judicial del órgano, Laura Foraster, relanzar la cultura y empresas catalanas.
La empresa catalana que gestionará los datos del 26-M, en el punto de mira
La tecnológica Scytl se ha visto implicada en las acusaciones de pucherazo que rodean a los comicios de la Cámara de Comercio de Barcelona
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Scytl y la Generalitat
Este no es el primer contacto del Govern con la tecnológica. La Generalitat llegó a ofrecer un contrato de nada menos que entre uno y dos millones de euros a Scytl para que desarrollase el software de recuento de votos para la consulta ilegal del 1-O. Y, pese haber trabajado anteriormente con el Ejecutivo catalán, los directivos declinaron la suculenta oferta por las posibles implicaciones legales que conllevaría un referéndum declarado ilegal por diversos tribunales, incluido el Constitucional.
Según se conoció después, fue el Josué Sallent, del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Generalitat (CTTI) quien ofreció a Pere Vallès el contrato, quien lo declinó por el posible carácter delictivo de la consulta.
El director ejecutivo de Scytl es, además, miembro del Consejo de Diplomacia Pública de Cataluña (Diplocat), organismo que tuvo un papel fundamental en la internacionalización del procès y que fue liquidado durante la intervención del 155, actualmente reactivado para, según la secretaria judicial del órgano, Laura Foraster, relanzar la cultura y empresas catalanas.
