La eggtrema derecha usa técnicas de desautorización machistas contra pepa millán

Salteador de Caminos

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El día de la marmota en Voss: Abascal se vuelve a esconder detrás de una mujer para evitar afrontar los fracasos del partido, igual que cuando se dieron el batacazo en las elecciones andaluzas.



"Es una campaña de castigo interno en clave machista que marca un antes y un después", asegura Iago Moreno, sociólogo por la Universidad de Cambridge y experto en digitalización de la cultura política, que cree que no es casualidad que la campaña coincida con la comparecencia de Millán en el Congreso, visiblemente enfadada después del error de su partido y los populares. Según Moreno, el objetivo de esta iniciativa es "desautorizar" a la portavoz parlamentaria de Santiago Abascal (y no al propio Abascal) "amplificando todo tipo de conductas machistas".

Lo que no se puede afirmar, admite Moreno, es que se trate de una maniobra orquestada y existe la posibilidad de que haya escalado a partir de una respuesta inicial más limitada. "Pero el ensañamiento contra su propia portavoz da cuenta de lo normalizado que está el acoso digital contra las mujeres en el espacio de Vox", abunda el sociólogo, que pone el foco en que ni siquiera ostentar un cargo de responsabilidad protege a Millán de "estas violencias". Millán es una abogada cordobesa que ocupó el cargo después de la marcha de Iván Espinosa de los Monteros en una apuesta de Abascal por rejuvenecer la imagen del partido. Elegida diputada en las elecciones de julio de 2023, antes fue asesora del grupo parlamentario de Vox en el Parlamento de Andalucía.

Para Iago Moreno esta "desautorización misógina" es una forma de reemplazar la crítica interna en un partido como Vox, con una estructura muy vertical y dependiente del propio Abascal. "Desmerecer al otro como sujeto de crítica para rebajarlo al nivel de escarnio da cuenta de la inferioridad con la que se trata a las mujeres en el campo de la extrema derecha", abunda el sociólogo, que ha detectado cómo la campaña ha dado un paso más este miércoles con una vertiente dirigida directamente a Ángela Rodríguez, Pam, exsecretaria de Estado de Igualdad que recibe las réplicas con la etiqueta #Pamposting.


Este tipo de prácticas, según reseña Moreno, las ha puesto en práctica el presidente de Argentina, Javier Milei, con su vicepresidenta, Victoria Villarruel. "Le manda sus trolls de vez en cuando para disciplinarla". Se trata de un ejemplo de shitposting, una práctica digital que se puede definir como "un ejercicio de difusión de memes que tiene como finalidad desviar o impedir conversaciones en redes sociales", según la describe Miguel Palomo, investigador del departamento de Lógica y Filosofía Teórica de la Universidad Complutense de Madrid. "Busca interrumpir conversaciones online mediante afirmaciones incendiarias, normalmente sobre cuestiones políticas, sociales e ideológicas", apunta este experto en su artículo Usos persuasivos del shitposting en la sociedad digital.


El sociólogo también aventura que se puede tratar de una "maniobra de distracción" para poner una especie de cortina de humo y tapar el error de apoyar en la Comisión de Justicia la aprobación de la reforma de la ley orgánica 7/2014 sobre intercambio de información de antecedentes penales y consideración de resoluciones penales de la UE. Durante la ponencia, Sumar incluyó enmiendas para cumplir con una de las viejas aspiraciones de EH Bildu, que consiste en incluir las penas cumplidas por los presos de ETA en Francia dentro del cómputo en España. Según la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) la rebaja a 41 condenados suma unos 400 años.


La reforma legal impulsada por el Gobierno y que desembocará en la excarcelación prematura de presos de ETA ha generado un agujero en PP y Vox. En los populares hay voces que reclaman un "chivo expiatorio", una posición que la dirección de Génova descarta por el momento. Hay que tener en cuenta que populares y ultras cuentan con 125 asesores en el Congreso de los Diputados, con un coste de 6 millones de euros al año.
Ni estos trabajadores del partido ni los diputados de la Comisión de Justicia detectaron la maniobra del Ejecutivo, ejecutada por el diputado de Sumar Enrique Santiago, secretario general del PCE.
 
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