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La devolución de la extra a los funcionarios en enero corre peligro
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, confirmó en noviembre en el Congreso de los Diputados, que los funcionarios recibirán el 25% de la paga extra de 2012 en la nómina del mes de enero.
Y la intención del Gobierno, se insiste, continúa siendo esa y en ello se afanan estos días los técnicos de la Secretaria de Estado de Administraciones Públicas.
Sin embargo, según denuncian a El Confidencial Digital fuentes de la Administración, el procedimiento para reclamarla se ha dado a conocer a cinco días del cierre de las nóminas de enero y está dificultando los trámites a muchos de los empleados públicos que tendrán que beneficiarse del reembolso al final de este mes.
Fuentes de Hacienda reconocen que habrá casos en los que no se recibirá el dinero en enero, si el interesado no se ha apresurado a realizar los trámites pertinentes en ese corto plazo establecido. Pero matizan que se trata de una minoría porque al grueso se le devolverá de oficio.
Hay que recordar que los funcionarios que hayan cambiado de destino o no se encuentren en activo, deberánautorizar a su centro gestor actual para que solicite el certificado de haberes de 2012 de forma electrónica al centro de origen.
Un proceso que se puede alargar varios días, lo que les dejará fuera del cobro en enero, pero si se les garantizará en la nómina del mes siguiente, según aseguran en Hacienda. Pero tendrán que esperar 30 días más.
Inspección sindical para que se reciba el dinero
“Da la sensación que Hacienda está queriendo jugar al despiste y busque que el anuncio pase desapercibido para algunos de los afectados. Los plazos que ha marcado son muy ajustados para recibirla este mes”, critican desde un sindicato de funcionarios.
Las mismas fuentes explican a ECD que, ante esta situación, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F), sindicato más representativo en las administraciones públicas, está vigilante para denunciar el incumplimiento de efectuar los reembolsos en la próxima nómina, si es que llega a producirse. Ha puesto en marcha lo que han venido a denominar internamente como “inspección fiscal”.
La retirada de la paga si se realizó automáticamente
Otro de los aspectos que critican los colectivos de funcionarios es que, cuando el Gobierno decidió suprimir la paga extra en diciembre de 2012, se aplicó el recorte automáticamente a todas las nóminas.
Ahora, sin embargo, los funcionarios que hayan cambiado de destino o no se encuentren en activo deben estar al tanto y formalizar la solicitud en tiempo y forma para que la cantidad que les corresponde percibir se le entregue efectivamente en la retribución de este mes de enero. En caso contrario, no recibirán el dinero porque no serán avisados.
Solo está garantizada en la administración central
Además, según explican a este confidencial cargos de la Administración, la devolución de esa parte de la paga extra solo beneficiará, en un principio, a los funcionarios de la Administración General del Estado: “Son los únicos, junto con los de la Comunidad de Madrid, que la tienen garantizada en este momento”. Los empleados del resto de las administraciones autonómicas, por tanto, “están todavía a expensas del Gobierno local de turno”.
Esa postura de los ejecutivos autonómicos afectará a grandes sectores de la función pública, como los profesores, sanitarios, policías locales... “Es una medida más electoral que práctica, ya que muchos se quedarán sin ese dinero”.
No obstante, apuntan las fuentes consultadas, la media del dinero que recibirá cada funcionario es de 250 euros, por lo que el gasto del ministerio “no es tan elevado”.
Anticiparse a la oleada de sentencias en contra
En realidad, tal y como se contó en ECD hace dos meses, no se trata de una devolución de parte de la paga extra, sino del reintegro de los 44 días de devengo tras*curridos desde el 1 de junio, en que se computó el periodo para la paga extra de diciembre de ese año, al 14 de julio, fecha en que entró en vigor el decreto de medidas de estabilidad presupuestaria que suprimió la paga para ese ejercicio.
De esta forma, el Ejecutivo, y el resto de administraciones, se anticipan a la oleada de sentencias que ya se estaban produciendo, que declaraban ilegal la supresión total de la paga y que fijaban la percepción de esos 44 días. El coste para el Estado es de 230 millones y la cifra superará los 1.000 millones, si se incluye también al resto de administraciones.
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, confirmó en noviembre en el Congreso de los Diputados, que los funcionarios recibirán el 25% de la paga extra de 2012 en la nómina del mes de enero.
Y la intención del Gobierno, se insiste, continúa siendo esa y en ello se afanan estos días los técnicos de la Secretaria de Estado de Administraciones Públicas.
Sin embargo, según denuncian a El Confidencial Digital fuentes de la Administración, el procedimiento para reclamarla se ha dado a conocer a cinco días del cierre de las nóminas de enero y está dificultando los trámites a muchos de los empleados públicos que tendrán que beneficiarse del reembolso al final de este mes.
Fuentes de Hacienda reconocen que habrá casos en los que no se recibirá el dinero en enero, si el interesado no se ha apresurado a realizar los trámites pertinentes en ese corto plazo establecido. Pero matizan que se trata de una minoría porque al grueso se le devolverá de oficio.
Hay que recordar que los funcionarios que hayan cambiado de destino o no se encuentren en activo, deberánautorizar a su centro gestor actual para que solicite el certificado de haberes de 2012 de forma electrónica al centro de origen.
Un proceso que se puede alargar varios días, lo que les dejará fuera del cobro en enero, pero si se les garantizará en la nómina del mes siguiente, según aseguran en Hacienda. Pero tendrán que esperar 30 días más.
Inspección sindical para que se reciba el dinero
“Da la sensación que Hacienda está queriendo jugar al despiste y busque que el anuncio pase desapercibido para algunos de los afectados. Los plazos que ha marcado son muy ajustados para recibirla este mes”, critican desde un sindicato de funcionarios.
Las mismas fuentes explican a ECD que, ante esta situación, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F), sindicato más representativo en las administraciones públicas, está vigilante para denunciar el incumplimiento de efectuar los reembolsos en la próxima nómina, si es que llega a producirse. Ha puesto en marcha lo que han venido a denominar internamente como “inspección fiscal”.
La retirada de la paga si se realizó automáticamente
Otro de los aspectos que critican los colectivos de funcionarios es que, cuando el Gobierno decidió suprimir la paga extra en diciembre de 2012, se aplicó el recorte automáticamente a todas las nóminas.
Ahora, sin embargo, los funcionarios que hayan cambiado de destino o no se encuentren en activo deben estar al tanto y formalizar la solicitud en tiempo y forma para que la cantidad que les corresponde percibir se le entregue efectivamente en la retribución de este mes de enero. En caso contrario, no recibirán el dinero porque no serán avisados.
Solo está garantizada en la administración central
Además, según explican a este confidencial cargos de la Administración, la devolución de esa parte de la paga extra solo beneficiará, en un principio, a los funcionarios de la Administración General del Estado: “Son los únicos, junto con los de la Comunidad de Madrid, que la tienen garantizada en este momento”. Los empleados del resto de las administraciones autonómicas, por tanto, “están todavía a expensas del Gobierno local de turno”.
Esa postura de los ejecutivos autonómicos afectará a grandes sectores de la función pública, como los profesores, sanitarios, policías locales... “Es una medida más electoral que práctica, ya que muchos se quedarán sin ese dinero”.
No obstante, apuntan las fuentes consultadas, la media del dinero que recibirá cada funcionario es de 250 euros, por lo que el gasto del ministerio “no es tan elevado”.
Anticiparse a la oleada de sentencias en contra
En realidad, tal y como se contó en ECD hace dos meses, no se trata de una devolución de parte de la paga extra, sino del reintegro de los 44 días de devengo tras*curridos desde el 1 de junio, en que se computó el periodo para la paga extra de diciembre de ese año, al 14 de julio, fecha en que entró en vigor el decreto de medidas de estabilidad presupuestaria que suprimió la paga para ese ejercicio.
De esta forma, el Ejecutivo, y el resto de administraciones, se anticipan a la oleada de sentencias que ya se estaban produciendo, que declaraban ilegal la supresión total de la paga y que fijaban la percepción de esos 44 días. El coste para el Estado es de 230 millones y la cifra superará los 1.000 millones, si se incluye también al resto de administraciones.
