El Pionero
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“El diésel ruso sigue llegando al mercado europeo y español”, afirmaba el consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, en sus resultados trimestrales. El directivo de la principal productora de diésel en España evidenciaba las informaciones recientes de El Mundo, que apuntaban que España compra diésel ruso a través de jovenlandia. Esta situación se investiga ahora por parte de las autoridades tras la denuncia de Repsol, como reconoce el propio Gobierno, y apunta a las gasolineras independientes o ‘low cost’.
Según explican fuentes del sector a Vozpópuli, el Ministerio para la tras*ición Ecológica maneja información facilitada por las grandes petroleras españolas que evidencian este tipo de compras. Unas compras de este derivado del petróleo, prohibidas por la Comisión Europea por las sanciones a Rusia, que empresas como Repsol, Cepsa o BP no necesitan frente a sus competidores.
El Ministerio para la tras*ición Ecológica ha preferido no entrar en estas consideraciones ante la consulta de Vozpópuli. Tampoco Repsol, Cepsa ni la Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP), donde también se integra BP y Galp. Desde la Asociación Nacional de Estaciones de Servicio Automáticas (AESAE), la principal asociación de estas gasolineras ‘low cost’, informan que sus socios compran en su totalidad el carburante a las refinerías españolas.
El sector del refino defiende su modelo, que ha ganado ventaja competitiva frente a Europa. Mientras que la Unión Europea ha perdido el 10% de su capacidad de refino desde 2009, España ha incrementado su capacidad un 16% desde el mismo período, con una inversión de más de 7.000 millones de euros en esta industria. Según describe la Agencia Internacional de la Energía (IEA en sus siglas en inglés), “España tiene una industria de refino grande y relativamente compleja, con ocho refinerías para producir productos petrolíferos”.
El Gobierno se activó con "la denuncia de Repsol"
La investigación ya es un asunto nacional y europeo. La vicepresidenta Teresa Ribera prepara una carta a la Comisión Europea. El Gobierno español ofrecerá a Bruselas una propuesta común europea que incorpore un certificado de garantía por parte de la Comisión.
Un certificado no solo de los puertos, también de las refinerías de donde sale el producto o del exportador de las minas de carbón. En ese certificado deberían aparecer contrastados todos los elementos, como el volumen o la fecha, garantizando que las importaciones llegadas a territorio de la Unión Europea no están sujetas a ninguno de los paquetes de sanciones aprobados.
“Insistimos en que nos tomamos muy en serio este asunto y no tenemos la menor duda de que nuestros socios europeos comparten nuestra misma preocupación”, aseguran fuentes del Ministerio para la tras*ición Ecológica. “Esta misma preocupación es la que nos ha llevado, desde el primer momento en que tuvimos conocimiento de la denuncia de Repsol, a que el Gobierno se haya puesto a investigar qué está ocurriendo con la llegada de combustibles que, en principio, vienen con papeles que acreditan una procedencia correcta”, añaden.
Desde el Ministerio apuntan que sus primeras consultas realizadas a los importadores muestran una documentación que señala que, aparentemente, está todo en regla y no proceden de Rusia, pero estamos atentos y vigilaremos para corroborar de manera definitiva que esto, en efecto, sea así.
Bruselas mira al diésel
La Unión Europea está discutiendo un nuevo mecanismo de sanciones para aquellos terceros países que no están haciendo lo suficiente para evitar que Rusia esquive las sanciones. Según informaba esta semana Bloomberg, Bruselas quiere poner el foco sobre esos países que registran picos en el comercio de bienes estratégicos, como es el caso del diésel.
Su objetivo es disuadir a países no comunitarios de ayudar a Rusia y que se unan a su estrategia de arrinconar al negocio comercial de pilinguin. Si eso no funciona, como informa Bloomberg, el bloque tendría la opción como segundo paso de imponer restricciones específicas sobre bienes clave. Un plan que evitaría que India pudiera vender petróleo o derivados que compra a Rusia, al igual que jovenlandia.
Según explican fuentes del sector a Vozpópuli, el Ministerio para la tras*ición Ecológica maneja información facilitada por las grandes petroleras españolas que evidencian este tipo de compras. Unas compras de este derivado del petróleo, prohibidas por la Comisión Europea por las sanciones a Rusia, que empresas como Repsol, Cepsa o BP no necesitan frente a sus competidores.
El Ministerio para la tras*ición Ecológica ha preferido no entrar en estas consideraciones ante la consulta de Vozpópuli. Tampoco Repsol, Cepsa ni la Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP), donde también se integra BP y Galp. Desde la Asociación Nacional de Estaciones de Servicio Automáticas (AESAE), la principal asociación de estas gasolineras ‘low cost’, informan que sus socios compran en su totalidad el carburante a las refinerías españolas.
El sector del refino defiende su modelo, que ha ganado ventaja competitiva frente a Europa. Mientras que la Unión Europea ha perdido el 10% de su capacidad de refino desde 2009, España ha incrementado su capacidad un 16% desde el mismo período, con una inversión de más de 7.000 millones de euros en esta industria. Según describe la Agencia Internacional de la Energía (IEA en sus siglas en inglés), “España tiene una industria de refino grande y relativamente compleja, con ocho refinerías para producir productos petrolíferos”.
El Gobierno se activó con "la denuncia de Repsol"
La investigación ya es un asunto nacional y europeo. La vicepresidenta Teresa Ribera prepara una carta a la Comisión Europea. El Gobierno español ofrecerá a Bruselas una propuesta común europea que incorpore un certificado de garantía por parte de la Comisión.
Un certificado no solo de los puertos, también de las refinerías de donde sale el producto o del exportador de las minas de carbón. En ese certificado deberían aparecer contrastados todos los elementos, como el volumen o la fecha, garantizando que las importaciones llegadas a territorio de la Unión Europea no están sujetas a ninguno de los paquetes de sanciones aprobados.
“Insistimos en que nos tomamos muy en serio este asunto y no tenemos la menor duda de que nuestros socios europeos comparten nuestra misma preocupación”, aseguran fuentes del Ministerio para la tras*ición Ecológica. “Esta misma preocupación es la que nos ha llevado, desde el primer momento en que tuvimos conocimiento de la denuncia de Repsol, a que el Gobierno se haya puesto a investigar qué está ocurriendo con la llegada de combustibles que, en principio, vienen con papeles que acreditan una procedencia correcta”, añaden.
Desde el Ministerio apuntan que sus primeras consultas realizadas a los importadores muestran una documentación que señala que, aparentemente, está todo en regla y no proceden de Rusia, pero estamos atentos y vigilaremos para corroborar de manera definitiva que esto, en efecto, sea así.
Bruselas mira al diésel
La Unión Europea está discutiendo un nuevo mecanismo de sanciones para aquellos terceros países que no están haciendo lo suficiente para evitar que Rusia esquive las sanciones. Según informaba esta semana Bloomberg, Bruselas quiere poner el foco sobre esos países que registran picos en el comercio de bienes estratégicos, como es el caso del diésel.
Su objetivo es disuadir a países no comunitarios de ayudar a Rusia y que se unan a su estrategia de arrinconar al negocio comercial de pilinguin. Si eso no funciona, como informa Bloomberg, el bloque tendría la opción como segundo paso de imponer restricciones específicas sobre bienes clave. Un plan que evitaría que India pudiera vender petróleo o derivados que compra a Rusia, al igual que jovenlandia.
La denuncia de Repsol por la entrada de diésel ruso pone el foco en las gasolineras 'low cost'
El Gobierno y Bruselas revisan este asunto que vulnera las sanciones comunitarias a Rusia. La investigación fue activada tras la denuncia de la principal compañía de refino española
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