La corrupcion del PP: El Supremo deja al diputado Alberto Casero a un paso del banquillo

El Tribunal Supremo ha puesto este viernes al diputado del PP Alberto Casero a un paso del banquillo. El magistrado Andrés Palomo ha dado por terminada la instrucción contra el parlamentario popular por prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos en relación con cinco contratos de servicios, patrocinio o convenios firmados cuando era alcalde de Trujillo (Cáceres) en 2017 y 2018, en los que, supuestamente, se saltó los procedimientos administrativos legales. En su auto, el instructor da 10 días de plazo al fiscal para que solicite la apertura de juicio oral formulando escrito de acusación o pida el sobreseimiento.

Casero, quien en febrero de 2022 saltó a la fama por su error en la votación que propició que se aprobara la reforma laboral en el Congreso, declaró en junio ante el instructor del Supremo y admitió que, durante su etapa como alcalde, firmó algunos contratos que no se ajustaron al procedimiento legal, pero defendió que solo hubo “irregularidades administrativas”, nunca un delito. Sus explicaciones no convencieron al instructor, que en septiembre pidió a la Sala de lo Penal que solicitara permiso al Congreso para poder actuar contra el parlamentario. La Cámara lo votó en octubre y salió adelante por unanimidad.

Tras conocer la decisión del instructor del Supremo, la portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, se ha negado a responder ante los medios en los pasillos de la Cámara tras unas jornadas del grupo parlamentario. Fuentes de la dirección popular han explicado que Casero ha solicitado ya la baja en el partido, pero ha pedido quedarse con el escaño, informa Virginia Martínez. Casero tiene abierto un expediente informativo y fuentes de la dirección nacional aseguran que “en principio no hay cambios” en su situación disciplinaria, informa Elsa García de Blas. El PP espera a la fase de apertura de juicio oral y valorará la calificación, apuntan las mismas fuentes.

El paso dado por el tribunal contra el diputado popular llega horas después de que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, volviera a criticar la actuación del Gobierno en el caso Mediador, una trama corrupta radicada en Canarias entre cuyos cabecillas se encuentra el exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo. El PSOE suspendió de militancia a Fuentes Curbelo horas después de enterarse de su supuesta implicación en la red y forzó su renuncia al acta de diputado. El número tres del PSOE, Santos Cerdán, se lo exigió en un tenso encuentro cara a cara.

En el auto notificado por el Supremo este viernes sobre el diputado del PP, el magistrado explica que los hechos que se atribuyen a Casero apuntan a que, durante su etapa como alcalde, concertó con diferentes personas y entidades contratos de servicio, patrocinio o convenios, incumpliendo “todo tipo de formalidad” exigida por la ley. El instructor añade que aunque, en alguno de los supuestos, se trataba de contratos menores y la normativa era relativamente laxa, sí establecía requisitos que Casero se saltó. El entonces regidor, según el Supremo, obvió “formalidades encaminadas cuando menos a que constara su existencia en el Consistorio mediante la apertura del correspondiente expediente conteniendo la debida resolución por parte del órgano de contratación aprobando el gasto, con justificación de su necesidad y la posterior aportación de la factura correspondiente a los trabajos objeto del contrato”.

Para el magistrado, la conducta relatada encaja dentro del delito de prevaricación administrativa y “no solo supone reiteradas y admitidas irregularidades administrativas, sino un modo de proceder del aforado que identifica su voluntarismo al margen de cualquier interpretación con un resquicio de racionalidad del ordenamiento jurídico; con vedadas contrataciones verbales o sin tramitación ni publicidad alguna en los supuestos que la cuantía lo requería, elusión de los mecanismos de control, asunción directa de pagos por la integridad de los servicios que además de periódicos se prestaban a entidad en la que el municipio sólo era una parte; plenamente subsumibles en el ilícito de prevaricación”.

Qué buena persona es este Solidario García: