La Comunidad Valenciana obligará a todo propietario de más de diez inmuebles a ceder viviendas gratuitamente para asentar chabolistas

El gobierno autonómico valenciano quiere activar el primer registro de grandes tenedores de vivienda. Según el secretario autonómico de Vivienda, Alejandro Aguilar, el registro será "importante" en la medida en que permitirá "regular y conocer la actividad de los grandes propietarios y, sobre todo, poder contactar con ellos". Dicho con otras palabras, con el registro se sabrá cuántos pisos vacíos poseen en la Comunidad Valenciana.

Se calcula que hay unos 36.000 grandes tenedores, de los cuales los que son personas físicas tienen una media de entre 10 y 25 viviendas. "No se castiga al gran tenedor porque sí", matiza Aguilar, pero sí se vigilará al que tenga vivienda inmovilizada durante al menos un año. ¿Por qué? Porque el decreto ley faculta también a la Administración para forzar la cesión gratuita temporal de estos pisos desocupados en manos de grandes tenedores.

Durante cinco años en el caso de personas físicas y durante siete en el de las jurídicas. El objetivo es poder utilizar estos inmuebles en situaciones de "vulnerabilidad residencial". Y aquí entran desde personas y familias sin hogar que viven en la calle o en chabolas a gente que ha perdido su casa de manera sobrevenida por algún tipo de catástrofe o accidente.

Precisamente esta cuestión ha sido una de las que más fricciones ha provocado entre los tres socios del Gobierno que preside Ximo Puig (PSOE, Compromís y Unidas Podemos). El desbloqueo de las negociaciones, según Illueca, fue posible previo informe de la Abogacía de la Generalitat y la clarificación de los casos en que la Generalitat podrá ejercer esta opción de la cesión obligatoria. "La seguridad jurídica es positiva", sentenció Illueca.

Podemos lleva tiempo tratando de movilizar el stock inmobiliario sin uso que se acumula en manos privadas valencianas. Ante la escasez del parque público, que cuenta con unas 14.000 viviendas -insuficientes para las miles de solicitudes que se agolpan en las listas de espera-, el objetivo es sumar vivienda privada en manos de grandes tenedores. El impuesto a los pisos vacíos de los grandes propietarios, de hecho, se ideó también con este propósito: forzar a sacar estos inmuebles al mercado del alquiler con el argumento de pinchar la burbuja de precios.

Además, siguiendo la estela de Baleares, y no sin reticencias en el seno del Gobierno valenciano, Podemos ha logrado sacar finalmente adelante la norma con la que busca doblegar el pulso en la Comunidad Valenciana a los fondos buitre y los grandes propietarios de viviendas (es decir, con al menos una decena de inmuebles). El vicepresidente segundo de la Generalitat y responsable de Vivienda, el podemita Héctor Illueca, saludó la aprobación del nuevo decreto ley de medidas urgentes para hacer frente a la "emergencia residencial" con unas palabras que evidencian la importancia que para los jovenlandesados tenía este texto: "Es el resultado de una lucha social".

Y ello porque la norma pone por primera vez el foco en el "acoso inmobiliario" que, según la Generalitat, se ha aprovechado hasta ahora de una "laguna legal". En este sentido, el decreto ley tipifica y regula por primera vez esta práctica que define como "toda acción u omisión en perjuicio de la persona ocupante de una vivienda con el fin de perturbarla en el uso y disfrute pacífico de la misma, incluso generando un entorno material, social, personal o familiar hostil o humillante".

Lo que se perseguirá, en definitiva, es la "intención de forzar a la persona ocupante a desalojar la vivienda", para lo cual se prevén sanciones que van desde los 10.000 hasta los 950.000 euros, en función de si la infracción es grave o muy grave. Una declaración de intenciones en toda regla, a juicio de Illueca, que prometió la creación de un "cuerpo profesional" de inspectores para castigar el corte de suministros básicos o el envío de cartas amenazantes a los inquilinos, por ejemplo.

Chabolistas? justo lo que quieren los vecinos de los pisos vacios... alguién ha pensado en ellos? qué pensará un vecino de estas medidas si en su comunidad de propietarios empiezan a llegar etnianos, jovenlandésnegrada, drojatas? un gobierno de criminales como el de España es lo que tiene la C. Valenciana