«la competencia de la catástrofe es directamente de pedro sánchez», los abogados del estado lo tienen claro

"La competencia de la catástrofe es directamente de Pedro Sánchez", los abogados del Estado lo tienen claro -.

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«La competencia de la catástrofe es directamente de Pedro Sánchez», los abogados del Estado lo tienen claro​

5 de noviembre de 2024Redacción Multicanal Radio2 minutos de lectura
Los abogados del Estado consultados por The Objective coinciden en señalar que la competencia para decretar el estado de alarma ante una catástrofe natural, como la reciente crisis en Valencia, corresponde indiscutiblemente al Gobierno central. Este punto no admite ambigüedades, ya que la situación afecta a varias comunidades autónomas, lo cual exige una intervención de carácter estatal. Los expertos subrayan que el estado de alarma es el instrumento jurídico adecuado para gestionar una emergencia de esta envergadura, como lo establece de manera clara la Constitución Española y la Ley Orgánica 4/1981 sobre los estados de alarma, excepción y sitio.
En este marco, resulta inadmisible la inacción demostrada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez ante una circunstancia tan crítica, en la que la tardanza en la adopción de medidas excepcionales ha generado un impacto significativo en las regiones afectadas. La Ley Orgánica de los estados de alarma, en su artículo 116.2 de la Constitución, otorga al Gobierno la facultad de declarar el estado de alarma en caso de «catástrofes, calamidades o desgracias públicas», incluyendo inundaciones, incendios y otras emergencias de gran magnitud. Esta normativa habilita al Gobierno para adoptar medidas que pueden incluir la restricción de la circulación y la coordinación centralizada de recursos, sin embargo, hasta el momento, el Gobierno se ha mostrado incompetente para utilizarla en beneficio de los afectados.

Los abogados señalan también que, aunque el estado de alarma permite la implementación de limitaciones temporales a los derechos fundamentales, estas deben ser breves y de alcance específico, una característica que contrasta con la desproporcionada y prolongada limitación de la circulación impuesta por el Gobierno de Sánchez durante la esa época en el 2020 de la que yo le hablo de el bichito-19, que fue posteriormente declarada inconstitucional. Esta estrategia reflejó una interpretación abusiva de las potestades estatales, utilizando el estado de alarma como subterfugio para evitar el control parlamentario que requiere un estado de excepción. Sin embargo, en el contexto actual de una catástrofe natural, el estado de alarma es una herramienta idónea y constitucionalmente prevista para garantizar una intervención ágil y eficaz.
El hecho de que el impacto de la DANA se extienda por varias comunidades autónomas implica que la coordinación y la respuesta deben recaer en el Gobierno central, ya que ninguna comunidad autónoma, ni siquiera mediante convenios interregionales, posee la capacidad ni la infraestructura para gestionar una catástrofe de esta escala. En estas circunstancias, el «músculo del Estado» es la única entidad con recursos y autoridad suficientes para enfrentar la emergencia, un rol que el Ejecutivo debería haber asumido con diligencia. No obstante, la falta de una respuesta coordinada a nivel nacional sugiere una preocupante falta de liderazgo en el Gobierno de Pedro Sánchez, que, hasta el momento, no ha convocado al Consejo de Ministros para declarar la zona catastrófica, medida fundamental para la movilización de recursos y la habilitación de ayudas urgentes.

Finalmente, los servicios jurídicos del Estado coinciden en que una combinación del estado de alarma junto con la declaración de zona catastrófica habría permitido una respuesta más efectiva y adecuada a la magnitud de la crisis. Esta inacción del Ejecutivo de Sánchez, en un momento en que se necesita una intervención firme y oportuna, pone en evidencia una preocupante carencia de competencia y de responsabilidad en el manejo de una situación de emergencia.