la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo la que ha pisado el acelerador para que España reaccione. Este organismo envió ayer a todos sus miembros su borrador de informe anual sobre el Estado de Derecho, y el documento, al que ha accedido EL MUNDO, contiene tres advertencias muy claras contra el Gobierno de Pedro Sánchez.
La primera es una apelación a dotar de una mayor independencia al CGPJ, con una reforma legal para que al menos la mitad de sus miembros los elijan los propios jueces. La segunda es la petición de que se prohíban a partir de ahora las puertas giratorias desde la política hacia la Justicia. La tercera es una llamada a no rebajar en ningún caso las penas por el delito de malversación (ni a eliminarlas, como en una amnistía), e incluso a rectificar las que ya se han hecho. De hecho, el informe le pide a la Comisión Europea que apriete más a quienes «reducen los niveles de protección» contra esta forma de corrupción de fondos públicos. Es una referencia velada a España.
(...)
El documento es muy claro al pedir que se cambie el modelo de elección del CGPJ, ya que destaca «la importancia de consejos judiciales independientes, los cuales deben estar compuestos mayoritariamente por jueces elegidos por sus pares y contar con autoridad sustancial sobre los procedimientos de selección, promoción y disciplina de jueces».
Además, el texto esboza que el Parlamento «lamenta profundamente que no todos los Estados miembros hayan cumplido completamente con sus obligaciones en este sentido», e insta a la Comisión Europea «a ser más exigente en la implementación de estas reformas cruciales en los casos en que los sistemas de los Estados miembros no cumplan con los estándares prescritos».
Vázquez, que también es secretario general de Ciudadanos, trae a colación en el documento el caso de Dolores Delgado, nombrada fiscal general del Estado inmediatamente después de dejar el cargo de ministra de Justicia: «El Parlamento Europeo subraya, en particular, que el problema de las puertas giratorias no se limita únicamente a preocupaciones sobre ex ministros que pasan al sector privado después de su mandato en el sector público, sino que se extiende a situaciones en las que individuos pueden asumir roles críticos dentro del poder judicial o la fiscalía inmediatamente después de su servicio como ministros o afiliación a un partido político».
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La primera es una apelación a dotar de una mayor independencia al CGPJ, con una reforma legal para que al menos la mitad de sus miembros los elijan los propios jueces. La segunda es la petición de que se prohíban a partir de ahora las puertas giratorias desde la política hacia la Justicia. La tercera es una llamada a no rebajar en ningún caso las penas por el delito de malversación (ni a eliminarlas, como en una amnistía), e incluso a rectificar las que ya se han hecho. De hecho, el informe le pide a la Comisión Europea que apriete más a quienes «reducen los niveles de protección» contra esta forma de corrupción de fondos públicos. Es una referencia velada a España.
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El documento es muy claro al pedir que se cambie el modelo de elección del CGPJ, ya que destaca «la importancia de consejos judiciales independientes, los cuales deben estar compuestos mayoritariamente por jueces elegidos por sus pares y contar con autoridad sustancial sobre los procedimientos de selección, promoción y disciplina de jueces».
Además, el texto esboza que el Parlamento «lamenta profundamente que no todos los Estados miembros hayan cumplido completamente con sus obligaciones en este sentido», e insta a la Comisión Europea «a ser más exigente en la implementación de estas reformas cruciales en los casos en que los sistemas de los Estados miembros no cumplan con los estándares prescritos».
Vázquez, que también es secretario general de Ciudadanos, trae a colación en el documento el caso de Dolores Delgado, nombrada fiscal general del Estado inmediatamente después de dejar el cargo de ministra de Justicia: «El Parlamento Europeo subraya, en particular, que el problema de las puertas giratorias no se limita únicamente a preocupaciones sobre ex ministros que pasan al sector privado después de su mandato en el sector público, sino que se extiende a situaciones en las que individuos pueden asumir roles críticos dentro del poder judicial o la fiscalía inmediatamente después de su servicio como ministros o afiliación a un partido político».
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