El sindicato mayoritario presiona a la Generalitat para blindar la inmersión en valenciano con la 'ley Celaá'
Se pide usar la nueva ley educativa para cambiar la norma del tripartito, que ya rechazan en las zonas castellanohablantes, para eliminar el mínimo de castellano obligatorio
El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, en una reunión este viernes.
El debate sobre el plurilingüismo en la escuela valenciana ha vuelto al primer plano tras el año de jovenlandesatoria al que obligó la esa época en el 2020 de la que yo le hablo. Tras comenzar a aplicarse en Infantil y Primaria la ley que impulsó el Gobierno de Ximo Puig en su primera legislatura, a partir de septiembre llega a ESO, Bachillerato y Formación Profesional, es decir, a los todos los institutos. Y si esto ha motivado ya protestas por parte de los defensores de la enseñanza en castellano, ahora amenazan con movilizaciones los partidarios de la inmersión en valenciano.
Así lo ha hecho ya el sindicato docente mayoritario en la enseñanza pública, el Stepv, al que por cierto era afiliado el propio conseller de Educación, el nacionalista Vicent Marzà, en su etapa previa como maestro (y defensor de la educación 100% en valenciano). El sindicato, junto a otras entidades sociales y centros escolares a favor de la inmersión, ya ha pedido que el valenciano sea la «lengua vehicular desde Infantil hasta la universidad», para lo cual se exige una reformulación de la actual ley de plurilingüismo.
Aunque el primer decreto de Educación lo tumbaron los tribunales por discriminar el castellano, PSOE, Compromís y Unidas Podemos pactaron posteriormente una ley que obliga a los centros a dar un 25% de las horas tanto en castellano como en valenciano. La Generalitat justificó este porcentaje para cumplir con las sentencias que obligaban a un mínimo de catalán. El problema, que el 25% de valenciano es más de lo que se impartía antes en esta lengua en las zonas castellanohablantes y el 25% de castellano, más de lo que se daba con los programas de inmersión en valenciano, además de que desaparece en la práctica la elección para los padres de la lengua vehicular.
De hecho, para la aprobación de los nuevos planes lingüísticos de Secundaria, Educación está obligando en muchos casos a aumentar las horas en valenciano para cumplir con la ley, lo que ha provocado nuevamente el rechazo de buena parte de la comunidad educativa de las comarcas del sur de Alicante o del interior de Valencia, mayoritariamente castellanohablantes. La otra cara de la moneda son las críticas por la imposibilidad de impartir todas las asignaturas en valenciano, hasta el punto de que el Stepv ha lamentado incluso que se mantenga todavía la exención del valenciano para determinados estudiantes.
Pero esto no ha evitado el conflicto con las asociaciones de madres y padres que reclaman el derecho de sus hijos a estudiar solo en castellano, y que han censurado la falta de participación de las familias en la elaboración de los planes lingüísticos de centro. También están en contra del modelo los partidos de la oposición. El PP ya ha dicho que derogará una ley que fija como objetivo general superar el 50% de las clases en valenciano (un 15-25% es en inglés).
La lengua, de hecho, será uno de los temas principales de la oposición que ejercerá el próximo presidente del PP valenciano, Carlos Mazón. Desde la Diputación de Alicante ya frenó con su recurso aquel primer decreto del tripartito.
www.elmundo.es
Se pide usar la nueva ley educativa para cambiar la norma del tripartito, que ya rechazan en las zonas castellanohablantes, para eliminar el mínimo de castellano obligatorio
El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, en una reunión este viernes.
- Alicante Una caravana con cientos de coches protesta contra la "imposición" del valenciano en la Educación
- Educación Vuelve la batalla lingüística a la escuela valenciana tras el paréntesis de la esa época en el 2020 de la que yo le hablo
El debate sobre el plurilingüismo en la escuela valenciana ha vuelto al primer plano tras el año de jovenlandesatoria al que obligó la esa época en el 2020 de la que yo le hablo. Tras comenzar a aplicarse en Infantil y Primaria la ley que impulsó el Gobierno de Ximo Puig en su primera legislatura, a partir de septiembre llega a ESO, Bachillerato y Formación Profesional, es decir, a los todos los institutos. Y si esto ha motivado ya protestas por parte de los defensores de la enseñanza en castellano, ahora amenazan con movilizaciones los partidarios de la inmersión en valenciano.
Así lo ha hecho ya el sindicato docente mayoritario en la enseñanza pública, el Stepv, al que por cierto era afiliado el propio conseller de Educación, el nacionalista Vicent Marzà, en su etapa previa como maestro (y defensor de la educación 100% en valenciano). El sindicato, junto a otras entidades sociales y centros escolares a favor de la inmersión, ya ha pedido que el valenciano sea la «lengua vehicular desde Infantil hasta la universidad», para lo cual se exige una reformulación de la actual ley de plurilingüismo.
Aunque el primer decreto de Educación lo tumbaron los tribunales por discriminar el castellano, PSOE, Compromís y Unidas Podemos pactaron posteriormente una ley que obliga a los centros a dar un 25% de las horas tanto en castellano como en valenciano. La Generalitat justificó este porcentaje para cumplir con las sentencias que obligaban a un mínimo de catalán. El problema, que el 25% de valenciano es más de lo que se impartía antes en esta lengua en las zonas castellanohablantes y el 25% de castellano, más de lo que se daba con los programas de inmersión en valenciano, además de que desaparece en la práctica la elección para los padres de la lengua vehicular.
De hecho, para la aprobación de los nuevos planes lingüísticos de Secundaria, Educación está obligando en muchos casos a aumentar las horas en valenciano para cumplir con la ley, lo que ha provocado nuevamente el rechazo de buena parte de la comunidad educativa de las comarcas del sur de Alicante o del interior de Valencia, mayoritariamente castellanohablantes. La otra cara de la moneda son las críticas por la imposibilidad de impartir todas las asignaturas en valenciano, hasta el punto de que el Stepv ha lamentado incluso que se mantenga todavía la exención del valenciano para determinados estudiantes.
Pero esto no ha evitado el conflicto con las asociaciones de madres y padres que reclaman el derecho de sus hijos a estudiar solo en castellano, y que han censurado la falta de participación de las familias en la elaboración de los planes lingüísticos de centro. También están en contra del modelo los partidos de la oposición. El PP ya ha dicho que derogará una ley que fija como objetivo general superar el 50% de las clases en valenciano (un 15-25% es en inglés).
La lengua, de hecho, será uno de los temas principales de la oposición que ejercerá el próximo presidente del PP valenciano, Carlos Mazón. Desde la Diputación de Alicante ya frenó con su recurso aquel primer decreto del tripartito.
El sindicato mayoritario presiona a la Generalitat para blindar la inmersión en valenciano con la 'ley Celaá'
La ley Celaá se le puede volver paradójicamente en contra a la Generalitat Valenciana. En enero entró en vigor la nueva ley educativa que ha eliminado la mención al castellano...
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