MAESE PELMA
me gusta depilarme los huevones y tocármelos
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El presidente de Ferrovial, Rafael del Pino, sospecha que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) lo está investigando desde que decidió trasladar la sede de la compañía a Países Bajos, según ha comentado en conversaciones privadas a varios empresarios de las que ha tenido noticia OKDIARIO. De confirmarse tal sospecha, se trataría de un paso más en la escalada de presión que viene ejerciendo el Gobierno de Sánchez para desacreditarlo, primero con descalificaciones personales y luego movilizando a la Comisión Nacional del Mercado de Valores para que asegurara oficialmente que se puede cotizar con normalidad en la bolsa de Estados Unidos desde España, algo que es literalmente falso.
El CNI, o lo que es lo mismo, los servicios de inteligencia del Estado, tiene un departamento de Economía, teóricamente dedicado a preservar los intereses estratégicos de las empresas españolas y prevenir cualquier riesgo que corran en el exterior o aquellos hechos que supongan amenaza para las compañías desde otros países. Entre estas competencias no está, que se sepa, el espionaje de empresarios nacionales por haber adoptado decisiones que, por las circunstancias que sean, han causado malestar al Gobierno de turno. Un comportamiento de esta naturaleza supondría una clara extralimitación de competencias, además de que vulneraría la libertad de empresa, atentaría contra el derecho a la intimidad de los concernidos y precisaría de una autorización judicial.
El acoso del Ejecutivo ha llegado a tal punto que Rafael del Pino se plantea en estos momentos establecer su residencia fiscal fuera de España, aunque en un principio aseguró que su intención era permanecer y seguir pagando sus impuestos aquí. Los medios consultados aseguran que el empresario ha tras*mitido a sus interlocutores que está «harto de la suerte de caza de brujas que está sufriendo», que no ha cesado desde que comunicó a la CNMV su decisión de cambio de sede. En la actualidad, la vicepresidenta Nadia Calviño sigue tratando de evitar a toda costa que se consume la decisión, a pesar de que está persuadida de que no hay ningún instrumento legal que lo permita, pues está amparada por la libertad de establecimiento que rige en la Unión Europea y que es una de las normas nucleares del mercado único.
En estos momentos, Calviño está presionando a algunos accionistas de la compañía, instándoles a un periodo de reflexión a fin de reconsiderar su postura antes de que la decisión sea sometida a sufragio en la Junta General de Accionistas que se celebrará el próximo 13 de abril. La posibilidad de que estas presiones surtan efecto son prácticamente mínimas, pues la decisión de Ferrovial ha tenido casi todo que ver con las peticiones de los accionistas más importantes -entre ellos los grandes fondos de inversión- por cambiar de sede con el objetivo de que la compañía pueda obtener financiación más abundante, mayor liquidez, una dimensión más sólida y tenga acceso a mayores oportunidades de negocio en Estados Unidos -donde ya mantiene una presencia importante- y desde allí hacia otros destinos.
Pero este es el último episodio dentro de una carreta de ataques a Rafael del Pino. Primero, Calviño aseguró que era una decisión absolutamente equivocada, después sugirió que era antipatriótica -«Ferrovial se lo debe todo a España»-, más tarde avisó a la compañía con una investigación de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) para dilucidar si los argumentos aportados por la empresa de Rafael del Pino para motivar el cambio de sede responden a la realidad, y finalmente amenazó a la compañía con restringir con ella la contratación de obra pública. Poco después, el propio presidente Sánchez remató la faena diciendo que el movimiento de del Pino sólo obedecía a su intención de evitar el pago del impuesto a las grandes fortunas que ha establecido hace unos meses.
En un primer momento, del Pino se plegó a las intensas exigencias de Calviño para aclarar que no se iba de España por cuestiones relacionadas con la seguridad jurídica, aunque todos los analistas coinciden en que los continuos cambios legales y modificación de las reglas del juego así lo atestiguan, pero cansado de las presiones ha optado por reaccionar. Hace sólo unos días Ferrovial respondió a la declaración de la CNMV de que no es necesario emigrar para poder cotizar en Estados Unidos asegurando que «no existe actualmente ninguna estructura que habilite a una sociedad española cotizada para negociar sus acciones en los mercados de valores de Estados Unidos de forma directa», contradiciendo así el análisis realizado por el organismo que regula los mercados.
«Según la información disponible, para crear esa estructura hace falta dar, primero, solución a una serie de cuestiones técnicas y operativas, que incluye la compatibilidad tecnológica, rebalanceos, reconciliaciones de saldos o protocolos de información, entre otros. Ello requiere tiempo y la voluntad de los operadores y reguladores implicados», ha justificado la empresa, concluyendo que «a día de hoy las sociedades cotizadas españolas no pueden cotizar en Estados Unidos con acciones ordinarias». «Ferrovial debe proponer a sus accionistas alternativas reales y contrastadas, utilizadas con éxito por otras compañías europeas», han zanjado fuentes de la compañía, añadiendo que en otras jurisdicciones europeas -como en Países Bajos- esa doble cotización sí es posible.
Como consecuencia del traslado de sede, varios de los ejecutivos de la compañía tendrán que establecer su residencia en Países Bajos -pues en caso contrario podría considerarse que la iniciativa es fraudulenta-, y Del Pino está en estos momentos planteándose seguir sus pasos, hastiado de la persecución implacable del Gobierno.
El CNI, o lo que es lo mismo, los servicios de inteligencia del Estado, tiene un departamento de Economía, teóricamente dedicado a preservar los intereses estratégicos de las empresas españolas y prevenir cualquier riesgo que corran en el exterior o aquellos hechos que supongan amenaza para las compañías desde otros países. Entre estas competencias no está, que se sepa, el espionaje de empresarios nacionales por haber adoptado decisiones que, por las circunstancias que sean, han causado malestar al Gobierno de turno. Un comportamiento de esta naturaleza supondría una clara extralimitación de competencias, además de que vulneraría la libertad de empresa, atentaría contra el derecho a la intimidad de los concernidos y precisaría de una autorización judicial.
El acoso del Ejecutivo ha llegado a tal punto que Rafael del Pino se plantea en estos momentos establecer su residencia fiscal fuera de España, aunque en un principio aseguró que su intención era permanecer y seguir pagando sus impuestos aquí. Los medios consultados aseguran que el empresario ha tras*mitido a sus interlocutores que está «harto de la suerte de caza de brujas que está sufriendo», que no ha cesado desde que comunicó a la CNMV su decisión de cambio de sede. En la actualidad, la vicepresidenta Nadia Calviño sigue tratando de evitar a toda costa que se consume la decisión, a pesar de que está persuadida de que no hay ningún instrumento legal que lo permita, pues está amparada por la libertad de establecimiento que rige en la Unión Europea y que es una de las normas nucleares del mercado único.
En estos momentos, Calviño está presionando a algunos accionistas de la compañía, instándoles a un periodo de reflexión a fin de reconsiderar su postura antes de que la decisión sea sometida a sufragio en la Junta General de Accionistas que se celebrará el próximo 13 de abril. La posibilidad de que estas presiones surtan efecto son prácticamente mínimas, pues la decisión de Ferrovial ha tenido casi todo que ver con las peticiones de los accionistas más importantes -entre ellos los grandes fondos de inversión- por cambiar de sede con el objetivo de que la compañía pueda obtener financiación más abundante, mayor liquidez, una dimensión más sólida y tenga acceso a mayores oportunidades de negocio en Estados Unidos -donde ya mantiene una presencia importante- y desde allí hacia otros destinos.
Pero este es el último episodio dentro de una carreta de ataques a Rafael del Pino. Primero, Calviño aseguró que era una decisión absolutamente equivocada, después sugirió que era antipatriótica -«Ferrovial se lo debe todo a España»-, más tarde avisó a la compañía con una investigación de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) para dilucidar si los argumentos aportados por la empresa de Rafael del Pino para motivar el cambio de sede responden a la realidad, y finalmente amenazó a la compañía con restringir con ella la contratación de obra pública. Poco después, el propio presidente Sánchez remató la faena diciendo que el movimiento de del Pino sólo obedecía a su intención de evitar el pago del impuesto a las grandes fortunas que ha establecido hace unos meses.
En un primer momento, del Pino se plegó a las intensas exigencias de Calviño para aclarar que no se iba de España por cuestiones relacionadas con la seguridad jurídica, aunque todos los analistas coinciden en que los continuos cambios legales y modificación de las reglas del juego así lo atestiguan, pero cansado de las presiones ha optado por reaccionar. Hace sólo unos días Ferrovial respondió a la declaración de la CNMV de que no es necesario emigrar para poder cotizar en Estados Unidos asegurando que «no existe actualmente ninguna estructura que habilite a una sociedad española cotizada para negociar sus acciones en los mercados de valores de Estados Unidos de forma directa», contradiciendo así el análisis realizado por el organismo que regula los mercados.
«Según la información disponible, para crear esa estructura hace falta dar, primero, solución a una serie de cuestiones técnicas y operativas, que incluye la compatibilidad tecnológica, rebalanceos, reconciliaciones de saldos o protocolos de información, entre otros. Ello requiere tiempo y la voluntad de los operadores y reguladores implicados», ha justificado la empresa, concluyendo que «a día de hoy las sociedades cotizadas españolas no pueden cotizar en Estados Unidos con acciones ordinarias». «Ferrovial debe proponer a sus accionistas alternativas reales y contrastadas, utilizadas con éxito por otras compañías europeas», han zanjado fuentes de la compañía, añadiendo que en otras jurisdicciones europeas -como en Países Bajos- esa doble cotización sí es posible.
Como consecuencia del traslado de sede, varios de los ejecutivos de la compañía tendrán que establecer su residencia en Países Bajos -pues en caso contrario podría considerarse que la iniciativa es fraudulenta-, y Del Pino está en estos momentos planteándose seguir sus pasos, hastiado de la persecución implacable del Gobierno.
