La Audiencia Nacional investiga el presunto amaño en la
Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (
Selae), que salpica a la ministra María Jesús Montero y que ha sido publicado en exclusiva por
THE OBJECTIVE. Según ha podido saber este periódico, el juez Santiago Pedraz ha abierto una causa, con diligencias previas 219/2024, al considerar que los hechos denunciados por el abogado Antonio García-Berbel, en representación del sindicato Manos Limpias, afectan a varias provincias del territorio nacional.
La trama investigada en el Juzgado Central de Instrucción número 5 se basa en un presunto
amaño en los concursos públicos, diseñado para beneficiar a personas concretas en el proceso de obtención de licencias. Estas licencias permiten a los adjudicatarios dirigir las 52 delegaciones comerciales de
Loterías del Estado, una entidad que depende directamente del Ministerio de Hacienda que encabeza Montero. Por ello, este escándalo involucra a la vicepresidenta primera del Gobierno de Pedro Sánchez y ministra de Hacienda. Además, el responsable directo del Selae es
Jesús Huerta, presidente del organismo y cuya nómina es de 223.146,65 euros brutos anuales en 2020.
Fue colocado al frente de la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado por la ministra en el año 2018 y ocupa el cargo desde entonces. Formó parte del círculo de confianza de Montero cuando esta ostentaba el cargo de consejera de Sanidad en la Junta de Andalucía.
Amaño en Loterías y Apuestas
La Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (Selae) es una empresa pública, adscrita al Ministerio de Hacienda, que tiene por objeto «la gestión, explotación y comercialización de la actividad del juego en sus distintas modalidades». Este organismo público
cuenta con 52 delegaciones comerciales (para las 50 provincias junto a Ceuta y Melilla) en toda España, encargadas de la gestión de los 10.900 puntos de ventas de loterías que existen en la actualidad.
La explotación de una delegación comercial de la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (Selae)
se realiza mediante un concurso público. Quien resulte ganador de la adjudicación del contrato de servicio de gestión, conforme a la normativa vigente en materia de licitaciones y contratación con la Administración Pública, se convierte en delegado de la provincia correspondiente. Estos puestos de delegado están altamente cotizados, debido a los
importantes beneficios económicos que puede llegar a percibir la persona que obtiene la adjudicación. De hecho, la empresa pública destina
25 millones de euros al año a la gestión de las delegaciones comerciales. Estos contratos tienen una
duración inicial de siete años prorrogable por otros siete años, según los documentos de pliegos de los expedientes publicados en la Plataforma de Contratación del Sector Público. Esto supone una asignación presupuestaria estimada en 180 millones de euros y en el caso de que se prorroguen los contratos, el gasto presupuestario asciende a 360 millones de euros.
Sin embargo, casualmente estos cargos suelen quedar en manos de las mismas familias.
Los puestos de delegado tienden a pasar «de padres a hijos» o a otros miembros de la familia. Esto significa que, en muchas ocasiones, los agraciados en la concesión del contrato guardan algún tipo de relación de «consanguinidad» con el titular anterior que deja vacante la delegación. Este patrón de adjudicación ha generado suspicacias, ya que parece sugerir que los concursos públicos,
aunque teóricamente abiertos a todos, favorecen en la práctica a ciertos familiares de los delegados destacados. Fuentes internas consultadas por este periódico afirman que «no se trata de una mera casualidad», sino que en realidad «nunca ha existido una regulación estricta» en los concursos públicos para la concesión de delegaciones comerciales. Según estas fuentes, se ha permitido adulterar los procesos para que los beneficiarios sean siempre las mismas personas.
Cuenca, Lugo, Zaragoza, Segovia y Sevilla
Este periódico publicó en exclusiva un informe de la agencia de investigación privada
Detectivia que el abogado Antonio García-Berbel ha puesto en conocimiento de la justicia. En el caso de la delegación de Cuenca, por ejemplo, en la memoria justificativa del expediente, firmada el 6 de septiembre de 2022 por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) y publicada el 27 de febrero de 2023, se justificó expresamente el concurso debido a que el delegado comercial saliente había
superado los 70 años de edad. Sin embargo, este hecho es incorrecto, ya que, el delegado M.L.C., nacido en Cuenca en 1968, tenía entre 55 y 56 años en el momento en que se rompió el acuerdo,
sin un motivo aparente, por ende, en contra de los requisitos exigidos por el organismo público.
La ganadora del concurso fue su mujer. Esta se convirtió en la nueva delegada comercial del Selae en Cuenca y su marido –el anterior delegado– no se jubiló, sino que fue contratado por su mujer para continuar trabajando en la delegación, según ha podido saber este periódico.
La adjudicación de la delegación de Sevilla recayó en la sociedad
Saclotel 1977 SL, que está administrada por Ana Isabel Arciniega,
la hija del responsable que había dejado la delegación. Para la capital andaluza, Selae requería que el local tuviera una superficie útil de 170 m²; esta exigencia puede variar según la provincia y el número de puntos de venta que deba gestionar la delegación. Sin embargo, la empresa beneficiada presentó un local con una superficie inferior a la exigida como requisito indispensable, según los datos disponibles en la sede electrónica del Catastro.
En Lugo, la licitación para la delegación comercial fue publicada el 29 de julio de 2022. La evaluación de los candidatos que se presentaron al concurso público se realizó en abril de 2023, es decir, diez meses después de la publicación. Según las
Instrucciones Internas de Contratación del Selae, específicamente en el apartado 21.2.9, la adjudicación del contrato debe ser notificada, salvo en casos de ampliación de plazo por razones justificadas o cuando se haya indicado en los pliegos, en
un plazo máximo de cuatro meses desde la fecha de cierre de recepción de las proposiciones a todos los licitadores. La tramitación de este expediente se llevó a cabo sin adherirse a la normativa de contratos del sector público. Finalmente, el 18 de julio de 2023 se publicó quién había sido el ganador. Este fue L.F.L.L.,
hijo de la delegada saliente. Además, Apuestas del Estado no publicó en la plataforma los criterios de valoración de los candidatos que no consiguieron la licencia.
En el caso de Zaragoza y Segovia, los adjudicatarios fueron el
hijo del delegado saliente y la hija del responsable de la delegación comercial, que acababa de dejar vacante el cargo. Además, la opacidad tuvo un gran protagonismo en estas licitaciones. En el primer caso, no fue publicado el acuerdo de inicio del expediente de contratación ni la memoria justificativa. En el segundo no se publicaron los requisitos de valoración de los optantes a la adjudicación de la delegación comercial.
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