La Audiencia Nacional investiga al promotor del informe de Pegasus como 'cerebro tecnológico' de Tsunami Democràtic
Hay otros presuntos infectados por este programa espía que también están acusados dentro del procedimiento judicial
Sin embargo, este medio ha podido saber que Elies Campo es uno de los investigados por la Audiencia Nacional desde hace unos años en las causas abiertas, que están secretas, contra el llamado 'CNI catalán', que pretendía hacer una 'República digital' como paso a la secesión, así como en la acusación contra los organizadores y activistas del Tsunami Democràtic por estar tras las numerosas protestas tras conocerse la sentencia contra los líderes del 1-O por sedición en 2019. Algunas tan desbordantes como la ocupación del aeropuerto de Barcelona, disturbios en varias capitales catalanas, el intento de bloqueo de la frontera con Francia o cortes de autopistas y carreteras.
Pese a esto, la investigación judicial se extiende más allá de estos actos de protesta y también podría afectar a la organización y estructura del Tsunami. En este sentido, se investiga a Campo, junto con Jordi B. y Pau E., que también aparecen en la lista del Catalangate, por presuntamente crear un paquete de programas informáticos que permitían votaciones electrónicas y desarrollar un entramado financiero con criptomonedas, así como otros servicios.
Entre 2019 y 2021 la investigación constató varios encuentros internacionales de los sospechosos para conseguir financiación de este proyecto, presentado públicamente hace unos meses, así como un viaje a Bruselas con personas del entorno independentista y reuniones en la Generalitat. También afloró su presunta relación con entidades soberanistas como la Assemblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural, cuyos líderes fueron presuntamente espiados con Pegasus según el informe del Catalangate, así como la creación de una supuesta financiación digital del independentismo a través de las criptomonedas. Esa solución ya apareció en la investigación del caso Volhov. También supuestamente habrían facilitado una estructura de comunicación para que líderes soberanistas presuntamente se comunicaran durante los disturbios organizados por el Tsunami sin ser detectados.
Bajo secreto
El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, que hace dos años que tiene bajo secreto las actuaciones contra el Tsunami, ha pedido información a las autoridades suizas sobre alguno de los investigados, como uno de los socios de Campo quien reside en este país. Además de las comisiones rogatorias al extranjero, la investigación policial también ha realizado intervenciones telefónicas, así como la instalación de programas en teléfonos móviles, siempre con autorización judicial, de los sospechosos de organizar los actos de protesta de Tsunami Democràtic. Fuentes judiciales explicaron a este medio que no se contó con otras instituciones de seguridad del Estado para realizar esta investigación y que la policía adoptó las medidas de vigilancia oportunas siguiendo todas las garantías democráticas.
En la causa abierta en la Audiencia Nacional se investiga a varios dirigentes independentistas y al entorno del ex presidente Carles Puigdemont por su presunta relación con el Tsunami Democràtic, el movimiento que instigó las protestas tras la sentencia condenatoria del Supremo sobre el 1-O. En ella también hay otros investigados que aparecen como espiados en el Catalangate pero que son caras más visibles del proceso independentista como el jefe de la Oficina de ex president Puigdemont, Josep Lluís Alay, el ex secretario general de Podemos en Cataluña y ex diputado en el Parlament Albano Dante Fachín, y los empresarios Xavier Vendrell, ex conseller de ERC, y David Madí, ex cargo de CDC, considerados como miembros del 'estado mayor' del procés, por el Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona dentro del caso Volhov.
Estos tres investigados, junto con otros cuatro que también están en el procedimiento en Barcelona, tendrían una supuesta relación con la organización de actos de desobediencia convocados por Tsunami, según los investigadores. Entre ellos está Jaume Cabaní, al que el juzgado de Barcelona atribuye tareas informáticas y contables en el entorno de Puigdemont en Bélgica, relacionado con criptomonedas, y que podría estar detrás de la financiación de Waterloo.
El juez de Barcelona Joaquin Aguirre consideró acreditado que Vendrell ejerció una actividad de "dirección y participación directa" en Tsunami Democràtic, con frases intervenidas en sus escuchas telefónicas como "ya enviaré a gente para proteger plaza Urquinaona", en referencia a una de las protestas más violentas tras la sentencia o "hemos montado un escenario en la autopista", cuando cortaron la comunicación entre España y Francia.
Respecto a Madi, el juez cree que conocía "perfectamente" lo que era Tsunami, ya que tras analizar sus comunicaciones considera que colaboró "para poner el país por los aires, añadiendo que las instrucciones son muy precisas". En una de ellas, el ex cargo de CDC aseguró que Tsunami se organiza en tres plataformas: Pícnic per la República, que es clandestino y que "cuando hay una acción, van tras*mitiendo, ir allí o ir allí"; Tsunami, que es "la cosa grande" y hace ver que es una cosa "diferente" que Pícnic; y Anonymous, que se encarga de la vigilancia.
Comentarios
2
mmmh
28/04/2022 19:20 horas
Toda una banda al servicio de pilinguin para romper España y Europa. Pero no se les puede espiar porque se indignan mucho. Venga Sánchez, pídeles perdón otra vez.
Hay otros presuntos infectados por este programa espía que también están acusados dentro del procedimiento judicial
- Espionaje El factótum catalán, rico y proindepe tras la denuncia del espionaje con Pegasus
- Tribunales "España requiere caña": Los disturbios del Tsunami eran para forzar la mesa de diálogo con Pedro Sánchez
Sin embargo, este medio ha podido saber que Elies Campo es uno de los investigados por la Audiencia Nacional desde hace unos años en las causas abiertas, que están secretas, contra el llamado 'CNI catalán', que pretendía hacer una 'República digital' como paso a la secesión, así como en la acusación contra los organizadores y activistas del Tsunami Democràtic por estar tras las numerosas protestas tras conocerse la sentencia contra los líderes del 1-O por sedición en 2019. Algunas tan desbordantes como la ocupación del aeropuerto de Barcelona, disturbios en varias capitales catalanas, el intento de bloqueo de la frontera con Francia o cortes de autopistas y carreteras.
Pese a esto, la investigación judicial se extiende más allá de estos actos de protesta y también podría afectar a la organización y estructura del Tsunami. En este sentido, se investiga a Campo, junto con Jordi B. y Pau E., que también aparecen en la lista del Catalangate, por presuntamente crear un paquete de programas informáticos que permitían votaciones electrónicas y desarrollar un entramado financiero con criptomonedas, así como otros servicios.
Entre 2019 y 2021 la investigación constató varios encuentros internacionales de los sospechosos para conseguir financiación de este proyecto, presentado públicamente hace unos meses, así como un viaje a Bruselas con personas del entorno independentista y reuniones en la Generalitat. También afloró su presunta relación con entidades soberanistas como la Assemblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural, cuyos líderes fueron presuntamente espiados con Pegasus según el informe del Catalangate, así como la creación de una supuesta financiación digital del independentismo a través de las criptomonedas. Esa solución ya apareció en la investigación del caso Volhov. También supuestamente habrían facilitado una estructura de comunicación para que líderes soberanistas presuntamente se comunicaran durante los disturbios organizados por el Tsunami sin ser detectados.
Bajo secreto
El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, que hace dos años que tiene bajo secreto las actuaciones contra el Tsunami, ha pedido información a las autoridades suizas sobre alguno de los investigados, como uno de los socios de Campo quien reside en este país. Además de las comisiones rogatorias al extranjero, la investigación policial también ha realizado intervenciones telefónicas, así como la instalación de programas en teléfonos móviles, siempre con autorización judicial, de los sospechosos de organizar los actos de protesta de Tsunami Democràtic. Fuentes judiciales explicaron a este medio que no se contó con otras instituciones de seguridad del Estado para realizar esta investigación y que la policía adoptó las medidas de vigilancia oportunas siguiendo todas las garantías democráticas.
En la causa abierta en la Audiencia Nacional se investiga a varios dirigentes independentistas y al entorno del ex presidente Carles Puigdemont por su presunta relación con el Tsunami Democràtic, el movimiento que instigó las protestas tras la sentencia condenatoria del Supremo sobre el 1-O. En ella también hay otros investigados que aparecen como espiados en el Catalangate pero que son caras más visibles del proceso independentista como el jefe de la Oficina de ex president Puigdemont, Josep Lluís Alay, el ex secretario general de Podemos en Cataluña y ex diputado en el Parlament Albano Dante Fachín, y los empresarios Xavier Vendrell, ex conseller de ERC, y David Madí, ex cargo de CDC, considerados como miembros del 'estado mayor' del procés, por el Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona dentro del caso Volhov.
Estos tres investigados, junto con otros cuatro que también están en el procedimiento en Barcelona, tendrían una supuesta relación con la organización de actos de desobediencia convocados por Tsunami, según los investigadores. Entre ellos está Jaume Cabaní, al que el juzgado de Barcelona atribuye tareas informáticas y contables en el entorno de Puigdemont en Bélgica, relacionado con criptomonedas, y que podría estar detrás de la financiación de Waterloo.
El juez de Barcelona Joaquin Aguirre consideró acreditado que Vendrell ejerció una actividad de "dirección y participación directa" en Tsunami Democràtic, con frases intervenidas en sus escuchas telefónicas como "ya enviaré a gente para proteger plaza Urquinaona", en referencia a una de las protestas más violentas tras la sentencia o "hemos montado un escenario en la autopista", cuando cortaron la comunicación entre España y Francia.
Respecto a Madi, el juez cree que conocía "perfectamente" lo que era Tsunami, ya que tras analizar sus comunicaciones considera que colaboró "para poner el país por los aires, añadiendo que las instrucciones son muy precisas". En una de ellas, el ex cargo de CDC aseguró que Tsunami se organiza en tres plataformas: Pícnic per la República, que es clandestino y que "cuando hay una acción, van tras*mitiendo, ir allí o ir allí"; Tsunami, que es "la cosa grande" y hace ver que es una cosa "diferente" que Pícnic; y Anonymous, que se encarga de la vigilancia.
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2
mmmh
28/04/2022 19:20 horas
Toda una banda al servicio de pilinguin para romper España y Europa. Pero no se les puede espiar porque se indignan mucho. Venga Sánchez, pídeles perdón otra vez.
