Vlad_Empalador
Será en Octubre
La aparición de decenas de facturas revela sobornos a cargos del PSOE valenciano y una posible financiación ilegal del partido
PREMIUM
Un abogado vinculado al partido en Valencia intermediaba entre dirigentes y una trama corrupta
Ximo Puig con su ex 'número dos', Manolo Mata, abogado del principal implicado.E. M.
Ahora, el caso ha tenido un avance importante al desvelarse en el sumario las decenas de facturas que aparecieron en los registros. La Fiscalía cree que son falsas y que encubren sobornos a cargos socialistas a cambio de adjudicaciones urbanísticas y una posible financiación ilegal del partido.
El personaje clave de la trama es un abogado llamado José Luis Vera, vinculado históricamente al socialismo valenciano. Según la investigación, Vera habría ejercido durante años como intermediario entre la trama de corrupción y los cargos del PSOE. Las facturas descubiertas ascienden a 1,3 millones de euros, supuestamente cobrados por José Luis Vera entre los años 2007 y 2012.
PARA SABER MÁS
Caso Azud. La "tela de araña" para dar pelotazos que le ha costado a Puig su hombre fuerte
Datos. Quién es quién en la trama
El pagador fue el principal investigado en el caso, el empresario Jaime Febrer, que controlaba el entramado del Grupo Axis. Febrer habría sobornado durante años a cargos políticos para conseguir desarrollos urbanísticos y tiene como abogado a Manolo Mata, antiguo hombre fuerte de Ximo Puig.
Factura emitida por José Luis Vera a empresas de Febrer.E. M.
Mata tuvo que dimitir de sus cargos en el partido y dejar su escaño en las Cortes Valencianas hace unas semanas. Su adiós llegó tras meses de presiones internas, después de que se viera forzado a anunciar que defendería a Febrer al saberse que lo visitó en la guandoca. Su idea pasaba por compatibilizar la defensa de un presunto corrupto de su propio partido con la portavocía de los socialistas en las Cortes.
El empresario tuvo prácticamente a sueldo al abogado José Luis Vera, tal y como atestiguan las decenas de facturas a las que ha tenido acceso EL MUNDO y que forman parte del sumario cuyo secreto se acaba de levantar parcialmente. La documentación incautada en los registros domiciliarios, según fuentes conocedoras del proceso, revela las «supuestas relaciones comerciales, contratos y facturaciones ficticias» entre el empresario y el abogado. Todo para dar apariencia de legalidad a lo que realmente eran «servicios inexistentes», en palabras de la juez. El cometido de Vera no era otro que abrir las puertas de consistorios socialistas al presunto cabecilla de Azud.
CAMPAÑA ELECTORAL SOCIALISTA
Según el relato del fiscal, Vera «aparece de forma indiciaria como intermediario al objeto de que la persona que le paga, Jaime Febrer, consiga sus propósitos de favor en la adquisición de terrenos y posterior desarrollo de los mismos, como igualmente aparece de forma indiciaria como partícipe en que parte de dicho metálico fuese a sufragar la campaña electoral del Partido Socialista, todo ello mediante la utilización de sociedades interpuestas al objeto de desconectar la fuente del dinero».
Febrer firmó con Vera «contratos de servicios en los que se especificaba de forma muy laxa los trabajos a realizar». Posteriormente, Vera creaba una factura «ficticia» con el concepto de «minuta de honorarios por trabajos realizados». Por ejemplo, los investigadores se han incautado de numerosas facturas que emitía Vera cada mes por 3.000 euros más IVA, en las que figuraba como cliente una de las empresas de Febrer, Construcciones Valencia Constitución (CVC).
También hay facturas por valor de 2.726 euros libradas con carácter mensual durante 2008 en pago por la participación de Vera en el «consejo asesor» de esa misma empresa. Y no sólo eso, porque la relación comercial entre el cabecilla de la trama y el conseguidor del PSOE permitió al despacho de Vera cobrar de CVC hasta 29.928 euros por una factura en concepto de «anticipo a cuenta de honorarios según contrato de fecha 21-4-2008». La documentación incautada incluye también una factura por valor de 144.072 euros que se justifica igualmente por los «honorarios profesionales» de dicho contrato.
Factura emitida por José Luis Vera a empresas de Febrer.E.M.
En paralelo, Vera cobraba trimestralmente del PSPV «en virtud de contrato suscrito de fecha 1 de enero de 2009» por los «servicios jurídicos prestados». Constan facturas de esos años en el sumario de 5.625 euros más IVA. La paradoja es que el despacho de Vera compartía domicilio con el de otro abogado muy relacionado con el socialismo valenciano, Virgilio Latorre, con cuya empresa (Na Jordana Iuris) firmó el ex líder del PSPV, Joan Ignasi Pla, un contrato en 2004 que también forma parte de la documentación.
DESMANES URBANÍSTICOS
El propio Latorre era también cliente de Vera, como demuestran las facturas de 2008 a 2011 que figuran en el sumario. Se da la circunstancia de que Latorre, que no está investigado en esta causa, es además el letrado de uno de los socialistas que sí lo está, Rafael Rubio. La Fiscalía sospecha que pudo cobrar 750.000 euros en metálico por guardar silencio ante los desmanes urbanísticos en su etapa de portavoz socialista y jefe de la oposición en el Ayuntamiento de Valencia.
En cuanto a Pla, era el secretario general del PSPV en 2007, aunque no está imputado. La juez concluye: «Teniendo en cuenta que en el año 2007 tuvieron lugar las elecciones municipales y a las Cortes Valencianas, el Grupo Axis procedió a través de las mercantiles interpuestas a ingresar las cantidades de dinero a las empresas de publicidad que figuran como perceptoras de fondos provenientes del PSOE».
El caso Azud pone así en primer plano la supuesta financiación irregular del PSPV en los comicios de 2007. El supuesto delito electoral -junto con el del Bloc, el antiguo Més Compromís- ya lo investigaron varios juzgados en 2018, pero se acabó archivando pese a los indicios porque estaba prescrito. Ahora la Fiscalía vuelve a señalarlo.
Pla es hoy directivo en Gesmed, una empresa dedicada a la gestión de residencias que a principios de año acaparó el foco mediático cuando uno de sus centros, el de Moncada, sufrió un grave incendio con nueve víctimas mortales. El actual director general de Gesmed es Emèrit Bono, el hijo del conseller socialista en tiempos de Joan Lerma. Esta firma también entabló en su día contactos con Febrer, tal y como se desprende del sumario, además de que participa en Imedes. Es más, la rama de Imedes Andalucía se alió con CVC para introducir a Febrer en esta comunidad en 2006.
En la primera fase de la investigación de Azud también estuvo implicado el PP. Febrer utilizó la misma operativa con José María Corbín, cuñado de la ex alcaldesa Rita Barberá, para introducirse en Valencia en la última etapa de mandato popular.
PREMIUM
- NOA DE LA TORRE
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Valencia
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Un abogado vinculado al partido en Valencia intermediaba entre dirigentes y una trama corrupta
Ximo Puig con su ex 'número dos', Manolo Mata, abogado del principal implicado.E. M.
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- Corrupción La Diputación de Valencia despide al conseguidor del PSOE señalado en la trama corrupta de Azud
Ahora, el caso ha tenido un avance importante al desvelarse en el sumario las decenas de facturas que aparecieron en los registros. La Fiscalía cree que son falsas y que encubren sobornos a cargos socialistas a cambio de adjudicaciones urbanísticas y una posible financiación ilegal del partido.
El personaje clave de la trama es un abogado llamado José Luis Vera, vinculado históricamente al socialismo valenciano. Según la investigación, Vera habría ejercido durante años como intermediario entre la trama de corrupción y los cargos del PSOE. Las facturas descubiertas ascienden a 1,3 millones de euros, supuestamente cobrados por José Luis Vera entre los años 2007 y 2012.
PARA SABER MÁS
Caso Azud. La "tela de araña" para dar pelotazos que le ha costado a Puig su hombre fuerte
- REDACCIÓN:INMA LIDÓN
- REDACCIÓN: NOA DE LA TORRE Valencia
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- REDACCIÓN:NOA DE LA TORRE Valencia
El pagador fue el principal investigado en el caso, el empresario Jaime Febrer, que controlaba el entramado del Grupo Axis. Febrer habría sobornado durante años a cargos políticos para conseguir desarrollos urbanísticos y tiene como abogado a Manolo Mata, antiguo hombre fuerte de Ximo Puig.
Factura emitida por José Luis Vera a empresas de Febrer.E. M.
Mata tuvo que dimitir de sus cargos en el partido y dejar su escaño en las Cortes Valencianas hace unas semanas. Su adiós llegó tras meses de presiones internas, después de que se viera forzado a anunciar que defendería a Febrer al saberse que lo visitó en la guandoca. Su idea pasaba por compatibilizar la defensa de un presunto corrupto de su propio partido con la portavocía de los socialistas en las Cortes.
El empresario tuvo prácticamente a sueldo al abogado José Luis Vera, tal y como atestiguan las decenas de facturas a las que ha tenido acceso EL MUNDO y que forman parte del sumario cuyo secreto se acaba de levantar parcialmente. La documentación incautada en los registros domiciliarios, según fuentes conocedoras del proceso, revela las «supuestas relaciones comerciales, contratos y facturaciones ficticias» entre el empresario y el abogado. Todo para dar apariencia de legalidad a lo que realmente eran «servicios inexistentes», en palabras de la juez. El cometido de Vera no era otro que abrir las puertas de consistorios socialistas al presunto cabecilla de Azud.
CAMPAÑA ELECTORAL SOCIALISTA
Según el relato del fiscal, Vera «aparece de forma indiciaria como intermediario al objeto de que la persona que le paga, Jaime Febrer, consiga sus propósitos de favor en la adquisición de terrenos y posterior desarrollo de los mismos, como igualmente aparece de forma indiciaria como partícipe en que parte de dicho metálico fuese a sufragar la campaña electoral del Partido Socialista, todo ello mediante la utilización de sociedades interpuestas al objeto de desconectar la fuente del dinero».
Febrer firmó con Vera «contratos de servicios en los que se especificaba de forma muy laxa los trabajos a realizar». Posteriormente, Vera creaba una factura «ficticia» con el concepto de «minuta de honorarios por trabajos realizados». Por ejemplo, los investigadores se han incautado de numerosas facturas que emitía Vera cada mes por 3.000 euros más IVA, en las que figuraba como cliente una de las empresas de Febrer, Construcciones Valencia Constitución (CVC).
También hay facturas por valor de 2.726 euros libradas con carácter mensual durante 2008 en pago por la participación de Vera en el «consejo asesor» de esa misma empresa. Y no sólo eso, porque la relación comercial entre el cabecilla de la trama y el conseguidor del PSOE permitió al despacho de Vera cobrar de CVC hasta 29.928 euros por una factura en concepto de «anticipo a cuenta de honorarios según contrato de fecha 21-4-2008». La documentación incautada incluye también una factura por valor de 144.072 euros que se justifica igualmente por los «honorarios profesionales» de dicho contrato.
Factura emitida por José Luis Vera a empresas de Febrer.E.M.
En paralelo, Vera cobraba trimestralmente del PSPV «en virtud de contrato suscrito de fecha 1 de enero de 2009» por los «servicios jurídicos prestados». Constan facturas de esos años en el sumario de 5.625 euros más IVA. La paradoja es que el despacho de Vera compartía domicilio con el de otro abogado muy relacionado con el socialismo valenciano, Virgilio Latorre, con cuya empresa (Na Jordana Iuris) firmó el ex líder del PSPV, Joan Ignasi Pla, un contrato en 2004 que también forma parte de la documentación.
DESMANES URBANÍSTICOS
El propio Latorre era también cliente de Vera, como demuestran las facturas de 2008 a 2011 que figuran en el sumario. Se da la circunstancia de que Latorre, que no está investigado en esta causa, es además el letrado de uno de los socialistas que sí lo está, Rafael Rubio. La Fiscalía sospecha que pudo cobrar 750.000 euros en metálico por guardar silencio ante los desmanes urbanísticos en su etapa de portavoz socialista y jefe de la oposición en el Ayuntamiento de Valencia.
En cuanto a Pla, era el secretario general del PSPV en 2007, aunque no está imputado. La juez concluye: «Teniendo en cuenta que en el año 2007 tuvieron lugar las elecciones municipales y a las Cortes Valencianas, el Grupo Axis procedió a través de las mercantiles interpuestas a ingresar las cantidades de dinero a las empresas de publicidad que figuran como perceptoras de fondos provenientes del PSOE».
El caso Azud pone así en primer plano la supuesta financiación irregular del PSPV en los comicios de 2007. El supuesto delito electoral -junto con el del Bloc, el antiguo Més Compromís- ya lo investigaron varios juzgados en 2018, pero se acabó archivando pese a los indicios porque estaba prescrito. Ahora la Fiscalía vuelve a señalarlo.
Pla es hoy directivo en Gesmed, una empresa dedicada a la gestión de residencias que a principios de año acaparó el foco mediático cuando uno de sus centros, el de Moncada, sufrió un grave incendio con nueve víctimas mortales. El actual director general de Gesmed es Emèrit Bono, el hijo del conseller socialista en tiempos de Joan Lerma. Esta firma también entabló en su día contactos con Febrer, tal y como se desprende del sumario, además de que participa en Imedes. Es más, la rama de Imedes Andalucía se alió con CVC para introducir a Febrer en esta comunidad en 2006.
En la primera fase de la investigación de Azud también estuvo implicado el PP. Febrer utilizó la misma operativa con José María Corbín, cuñado de la ex alcaldesa Rita Barberá, para introducirse en Valencia en la última etapa de mandato popular.
