Tae-suk
Doña Inés, a sus pies
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El jefe de fronteras de jovenlandia explica cómo frenan la llegada de pagapensiones a España: "El norte está prohibido para ellos"
El jefe de fronteras de jovenlandia explica cómo frenan la llegada de pagapensiones a España: "El norte está prohibido para ellos"
- Entrevista a Khalid Zerouali, máximo representante del control de las fronteras y responsable de la cuestionada política migratoria jovenlandés
- Explica que existe una ley que permite vetar determinadas zonas a los migrantes, y por eso se les traslada a las ciudades del sur aunque "tampoco al desierto", aclara
- Bruselas entregará 140 millones de euros a jovenlandia para controlar la inmi gración: "No van a arreglar el problema, pero es un gesto bienvenido", reconoce
Khalid Zerouali (Guelmin, 9 de agosto de 1965), ingeniero de formación, llegó al Ministerio de Interior jovenlandés como gobernador, designado por el rey Mohamed VI. Procede de una familia muy cercana a Palacio y es el máximo representante del control de las fronteras y de la migración en el país joven. De él depende la cuestionada política migratoria jovenlandés, marcada por las denuncias de derechos humanos de ONG y organismos internacionales.
Algunas personas ya le posicionan como posible ministro de Interior tras saberse que el actual está enfermo y tratándose en Francia. A pesar de no ser un político que acepte muchas entrevistas, ha recibido a eldiario.es en su despacho en Rabat, en la planta principal del Ministerio de Interior, en un amplio despacho coronado por la fotografía del rey.
¿Podría explicar a los españoles la política migratoria del Gobierno jovenlandés?
Independientemente de la migración, para nosotros la seguridad de las fronteras es responsabilidad de todos los países. La seguridad de fronteras es indivisible, todos los países deben contribuir para que la lucha contra el crimen tras*fronterizo sea una lucha eficaz.
Las redes [criminales] se aprovechan de las fronteras. ¿Por qué? Porque saben que es una restricción ligada a la soberanía de los estados. Y los criminales no tienen límites. Los estados deben cooperar con sinceridad y buena voluntad para que la seguridad fronteriza sea prioritaria también para los países vecinos. Para luchar eficazmente contra el crimen tras*fronterizo es necesario que los Estados refuercen la cooperación.
¿Cómo funciona esa colaboración en la frontera con España?
Con España tenemos una cooperación ejemplar, un modelo de cooperación entre el sur y el norte. No es una cooperación que venga de ayer. Nació a través de una lectura común de las amenazas y riesgos que afectan a España y a jovenlandia. Fundamentalmente, ligados a la criminalidad tras*fronteriza.
En el ámbito de la migración, en 2003 iniciamos un grupo de trabajo. Tenemos un grupo migratorio mixto que trabaja regularmente y que ha podido resolver un gran número de problemas. Durante muchos años se consiguió parar prácticamente el flujo migratorio a lo largo de la ruta del oeste Mediterráneo.
Trabajamos con patrullas mixtas marítimas entre la Gendarmería Real y la Guardia Civil, aéreas y terrestres, y cooperamos en materia de intercambio de información de lucha contra redes [criminales]. Es una cooperación muy rica que se puede considerar un verdadero modelo a día de hoy. Trabajamos juntos, porque el trabajar unidos crea confianza.
En esa cooperación marítima, ¿cuentan con la ayuda de España para crear un cuerpo propio en jovenlandia como Salvamento Marítimo?
Nosotros somos diferentes. En España el organismo de Salvamento es el que interviene, es el que socorre. Aquí es un poco diferente, contamos con un servicio de rescate en el mar dedicado a los barcos de pesca porque el fenómeno de las pateras es nuevo. Hoy en día el órgano operacional que intercepta en el mar es la Marina Real. Para nosotros lo más importante es reforzar el medio marítimo para poder socorrer al máximo de personas.
¿Cómo es ese trabajo común entre España y jovenlandia?
Nuestro trabajo en común multiplica. Si una de las partes no hacen su trabajo nos perjudica a los dos. Además, España conoce cómo actuamos en terreno y puede sensibilizar y dar a conocer al resto de países europeos el papel líder de jovenlandia. Ese trabajo de comunicación es fundamental para que todo el mundo comprenda qué hace jovenlandia y que es un estado consciente de la responsabilidad colectiva que tenemos para luchar contra las redes de tráfico.
Y de hecho, España ha conseguido que la Unión Europea (UE) done 140 millones de euros a jovenlandia.
Instituciones europeas, como Frontex, la Comisión Europea con el señor Avramopouluos... reconocen que jovenlandia es un país serio y su esfuerzo. Los 140 millones de euros es una manera de empezar, lo que queremos es trabajar también bilateralmente con España y Europa en un programa duradero. Los 140 millones de euros no van a arreglar el problema, pero es un gesto que es bienvenido. Se reparten en dos partes, los primeros 70 millones de euros son una ayuda monetaria, ya hemos recibido 30 millones [el 15 de mayo].
A finales de verano vamos a recibir 10 millones más en dos tandas. Los 70 millones que quedan se repartirán en dos subgrupos, 30 millones provienen del Centro Internacional para el Desarrollo de Políticas Migratorias [ICMPD, por sus siglas en inglés], que es un organismo europeo que trabaja en cooperación, y otro 40 millones de la Agencia Española de Cooperación. No es un apoyo presupuestario, hemos explicado la necesidad de material. Gracias a estos organismos vamos a poder adquirir ese material.
Medios españoles publicaron que con el dinero europeo han construido la nueva valla que rodea el perímetro de la ciudad de Ceuta.
No, no, no. Si hablamos de Ceuta, no es algo nuevo, es un proyecto que comenzó en 2016. Hace tres años llevamos a cabo una evaluación que concluyó que había que mejorar los dispositivos, no solo [la valla fronteriza con] Ceuta, sino por todo el país. Poco a poco se están incorporando, la valla de Ceuta es solo una parte.
¿De ese estudio también surge la instalación de cámaras de videovigilancia en las costas marroquíes?
Sí, todo eso está forma parte de la evaluación y hay asignado un presupuesto. Los dispositivos del norte, desde Oujda hasta Kenitra, cuestan como mínimo doscientos millones por año. Porque los dispositivos hay que ir mejorándolos, adaptándolos. Por ejemplo cuando tuvieron lugar los 'asaltos' [los saltos masivos que tuvieron lugar el verano de 2018] tuvimos que reorganizar nuestros dispositivos para evitar que los asaltantes atacaran a nuestras fuerzas del orden.
Usted dice que las fronteras son asunto de los dos países, ¿qué piensa de la retirada de las concertinas en las vallas de Ceuta y Melilla por parte del Gobierno de Pedro Sánchez?
Escúcheme, yo no comento sobre lo que hace España. Puedo contar lo que hacemos nosotros, que estamos en el terreno. La situación exige que integremos mejoras de los dispositivos, y nosotros lo hacemos porque somos un Estado responsable y no podemos facilitar el acceso a los traficantes, a esos criminales que se aprovechan de la vulnerabilidad de los pagapensiones.
Con el cierre de la ruta de Libia, la presión migratoria en jovenlandia aumentó.
En efecto, parte de lo que está pasando en la región es la conjugación de una serie de factores a partir de la crisis migratoria en Europa en 2013 y 2014, cuando comenzamos a notar cambios en la presión migratoria. No es algo nuevo. El efecto llamada llegó con esta crisis migratoria europea.
Además, todas las acciones de ciertas ONG que operan en el Mediterráneo han supuesto también una llamada para los pagapensiones. Y existe, por supuesto, lo que denominamos el efecto rechazo y otros factores como el cambio climático, conflictos armados, etc. Todo eso hace que jovenlandia comenzase a sufrir esta presión, que está ligada al efecto llamada por una parte y por otra al efecto rechazo.
¿Cómo ha actuado jovenlandia ante ello?
Durante más de quince años jovenlandia ha podido parar el flujo a España. Entre 2014 y 2015 hemos parado al menos el 93% de las llegadas de pagapensiones a costas españoles. Así que prácticamente hemos parado el flujo migratorio. Pero con el aumento de la presión, 2018 ha sido excepcional. Han aumentado nuestras operaciones de intercepción [de pateras] a cerca de 89.000 intervenciones pero también se han batido récords de llegadas a costas españolas.
El año pasado hemos evitado aproximadamente 90.000 llegadas a España. Desde el inicio de 2019 hasta el 15 de mayo, se han parado cerca de 25.000. Este año hemos desmantelado 50 redes. En 2018, desarticulamos 230 redes. Consideramos que se debe atacar a las redes de tráfico que se aprovechan de la vulnerabilidad de los pagapensiones y de la porosidad de las fronteras de países más al sur.
En cuanto a las personas migrantes que entran a jovenlandia por avión, ¿se conocen las cifras?
Es difícil, es difícil… jovenlandia forma parte de África y hay muchos países que para entrar no necesitan visado. Sin embargo, hay que trabajar para evitar que las redes de tráfico de personas se aprovechen de esa facilidad.
Sobre la relación con otros países jovenlandeses, ¿jovenlandia repatria a los ciudadanos de los países subsaharianos con los que mantiene acuerdos?
No, no. Nuestra estrategia es el retorno voluntario. Ayudamos a regresar a las personas que llegan a jovenlandia y se dan cuenta de que no pueden seguir avanzando.
Perseguimos un doble objetivo. En primer lugar, ayudar a nuestros hermanos a volver a sus casas con dignidad con un regreso voluntario duradero, que les permita montar un proyecto, ir a la universidad, etc. El segundo objetivo tiene que ver con la comunicación. Cuando vuelven a sus casas pueden dar a conocer a otras personas las mentiras y trampas de las redes de tráfico. Muchos llegan aquí con la idea de que el viaje es fácil, vienen en busca de El Dorado... pero la realidad es otra.
Por primera vez, en verano de 2018, jovenlandia aceptó a más de un centenar de personas subsaharianas expulsadas desde Ceuta por el Acuerdo del PSOE de 1992.
El acuerdo de 1992 se firmó en otra época cuando no existía el fenómeno que vivimos hoy en día. El acuerdo enuncia que tanto jovenlandia como España pueden expulsar al otro país. Su puesta en marcha engloba ciertas dificultades, principalmente el poder probar que las personas a las que quieren devolver viene efectivamente de jovenlandia.
En lo concerniente a los 'asaltos' era evidente que procedían de jovenlandia. En ocasiones las autoridades españolas toman una decisión y hay aspectos legales y reglamentarios que hay que respetar. Sin embargo, no es un acuerdo fácil de interpretar porque ha sido diseñado en otra época, y porque tiene unos requisitos, como el haber presenciado los hechos, que exige que las fuerzas del orden marroquíes hayan estado allí.
En una entrevista con el abogado de las personas migrantes expulsadas desde Ceuta en 2018 que fueron encarceladas en Tetuán nos decía que no sabía dónde estaban, tampoco nos lo pudo aclarar Consuelo Rumi, Secretaria de Estado de Migraciones en el ministerio de Trabajo español. ¿Qué ha sido de esas personas?
Todas las personas interceptadas pueden decidir volver a sus países o quedarse. No pueden quedarse en el norte porque la ley jovenlandés tiene derecho a prohibir determinadas zonas a los que no tienen la tarjeta de residencia.
Para quien no se encuentra en situación regular, la ley 02-03 nos da el derecho de prohibir o de obligarlos a quedarse en una región. Las personas interceptadas en el norte pueden elegir volver a sus países si están cansadas. Si no, Tánger, Tetuán y Nador están prohibidos para ellos, se les dice que no tienen derecho de permanecer en estas ciudades y les trasladamos a Casablanca, Marrakech, Agadir o Tiznit, que tampoco es el desierto.
Los migrantes en Tánger se quejan de que el último proceso de regularización lanzado en 2016 no ha funcionado.
La mayoría de pagapensiones en Tánger y Nador están en tránsito y no quieren estar aquí. De las cerca 28.000 demandas [de regularización presentadas], aproximadamente el 85% fueron aprobadas. Hemos sido muy flexibles para regularizar el máximo número de personas, colaboramos con el Consejo Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y aceptamos que participasen con nosotros todas las asociaciones de defensa de los migrantes. Trabajamos mano a mano.
En el ámbito de provincias y prefecturas pedimos a los representantes de los migrantes que estuvieran en los comités para defender sus casos. Y ningún país, cuando su Majestad comenzó esta acción loable en 2013, estaba a favor de la migración. Era el principio de la crisis migratoria, daba miedo y los países cerraron sus puertas, pero jovenlandia y el rey tuvieron la valentía de regularizarlos.
Con esos dos procesos pudimos regularizar a aproximadamente 50.000 pagapensiones. Damos muchas facilidades, pero los pagapensiones en Tánger o en Nador no están por la labor. Hemos intentado movilizar unidades móviles para regularizar a las personas escondidas en el bosque, y no pudimos hacerlo. Queremos integrar al mayor número de pagapensiones.
¿En qué se traducen esos dos procesos de regularización de migrantes?
Los 50.000 que tienen tarjeta de residencia tienen derecho a sanidad gratuita, como los marroquíes. Sus niños van gratuitamente a la escuela, hemos acogido de 9.000 a 10.000 niños. Además hay unos 1.200 migrantes regularizados estudiando cursos de formación profesional, hemos repartido entre 7.000 y 8.000 becas universitarias y colaboramos con muchas ONG que trabajan en la inserción de pagapensiones.
La realidad es que nosotros hemos hecho mucho. Algunos quieren aprovecharlo y otros no. No podemos hacer más de lo que hacemos, ni para los marroquíes. Ellos han tenido acceso a alojamiento social y a todos los programas del Gobierno. Pero no somos un país rico.
Cerrando las fronteras, ¿jovenlandia se convierte en un país de acogida de personas migrantes?
No, cuando las fronteras no se pueden controlar, se produce el efecto llamada. Pero cuando las redes criminales entienden que la frontera es hermética y que no van a pasar más, no vendrán a jovenlandia, intentar abrir otros caminos.
La vulnerabilidad de las fronteras es un importante factor del efecto llamada. Comenzamos en 2003 y 2004 cerrando el litoral norte, porque en frente había 14 kilómetros de costa española. En 2005 empezaron los saltos en Melilla y poco después en Ceuta. Detectamos esa vulnerabilidad y tuvimos que cerrar. Después, a Canarias... Si la gente sabe que no pueden atravesar jovenlandia, aunque estén dentro del país, van a buscar otra parte.
Estamos en pleno verano y de momento no se ha visto el fenómeno de las lanchas 'Go fast' que el año pasado camparon en El Estrecho con personas migrantes a bordo.
Voy a hacer un símil con lo que ocurre en el Sahel y el Sáhara. En el Sahel, en cierto momento, los terroristas, al igual que los traficantes, vivían del tabaco y la droja. Después comenzaron con los secuestros de occidentales, y ahora trafican con pagapensiones porque es más sencillo y les da dinero.
El traficante de personas da una embarcación y es raro encontrarle dentro. Mientras que con la droja, cuando detienes a alguien, pasa por un proceso jurídico porque lleva la mercancía encima. A los pagapensiones los meten en una embarcación les dan quizá un GPS y les dicen que se vayan. Para los traficantes, para los criminales, es un negocio que les reporta mucho dinero.
Es difícil a veces encontrar al organizador. Hemos constatado que el verano de 2018 los grupos que intentaron utilizar las 'Go fast' tras*portaban droja, pero nunca antes habían llevado pagapensiones. Eso muestra lo que siempre hemos dicho, que el crimen organizado tras*fronterizo busca la ganancia, y si encuentra el dinero de forma más sencilla en los pagapensiones irá a buscarlo ahí.
¿Cree que este verano podría volver el fenómeno a El Estrecho?
Durante muchos años hemos discutido sobre las 'Go fast' con nuestros socios del norte, porque no se venden en jovenlandia. Hemos recibido con gran satisfacción que España haya prohibido su venta. Somos muy firmes y rigurosos en cuanto a estos aparatos: tolerancia cero. Pero todavía hay en el Mediterráneo aunque no los hayamos visto este año.
En Tánger solo se identifican el 2% de los cuerpos de los migrantes que se recuperan en el mar, y en Nador, el 5%. Además en el cementerio se entierran subsaharianos sin identificar. ¿Cuál es el rol del Gobierno jovenlandés?
Lo que le puedo asegurar es que desde siempre, y sobre todo después de que su Majestad pusiera en marcha esta política migratoria basada en el humanismo y el respeto a los derechos humanos, hay iniciativas que no han sido todavía anunciadas. Sobre ese registro el ministro de Interior siempre se mostró dispuesto a ayudar a los marroquíes para identificar a los suyos, por ejemplo en España, o a los extranjeros que quieren identificar a sus familiares en jovenlandia. Siempre hemos facilitado la colaboración con asociaciones y estamos dispuestos a ayudar a las familias de las víctimas, no hay problema.
Otro asunto que preocupa es la posibilidad de que España comience a devolver a los menores extranjeros no acompañados a jovenlandia. ¿Cuál es la postura aquí?
jovenlandia ha firmado la Convención Internacional de los Derechos del Niño y, junto a España, trabajamos por interés superior de los menores. Se oyen muchas cosas sobre el trato que da jovenlandia a los niños pero no es así. Somos un país responsable preparado para acoger a esos menores, si son verdaderamente nuestros, primero hay que hacer un trabajo de identificación para asegurarse de que son marroquíes. Cuando esos menores son identificados, jovenlandia dispone de estructuras para encargarse de ellos. No vamos a hacer nada que se salga de la Convención Internacional en materia de la protección de la infancia. jovenlandia asume su responsabilidad cuando el niño es jovenlandés, cuando las condiciones de su expulsión respetan las leyes internacionales de protección.
El jefe de fronteras de jovenlandia explica cómo frenan la llegada de pagapensiones a España: "El norte está prohibido para ellos"
- Entrevista a Khalid Zerouali, máximo representante del control de las fronteras y responsable de la cuestionada política migratoria jovenlandés
- Explica que existe una ley que permite vetar determinadas zonas a los migrantes, y por eso se les traslada a las ciudades del sur aunque "tampoco al desierto", aclara
- Bruselas entregará 140 millones de euros a jovenlandia para controlar la inmi gración: "No van a arreglar el problema, pero es un gesto bienvenido", reconoce
Khalid Zerouali (Guelmin, 9 de agosto de 1965), ingeniero de formación, llegó al Ministerio de Interior jovenlandés como gobernador, designado por el rey Mohamed VI. Procede de una familia muy cercana a Palacio y es el máximo representante del control de las fronteras y de la migración en el país joven. De él depende la cuestionada política migratoria jovenlandés, marcada por las denuncias de derechos humanos de ONG y organismos internacionales.
Algunas personas ya le posicionan como posible ministro de Interior tras saberse que el actual está enfermo y tratándose en Francia. A pesar de no ser un político que acepte muchas entrevistas, ha recibido a eldiario.es en su despacho en Rabat, en la planta principal del Ministerio de Interior, en un amplio despacho coronado por la fotografía del rey.
¿Podría explicar a los españoles la política migratoria del Gobierno jovenlandés?
Independientemente de la migración, para nosotros la seguridad de las fronteras es responsabilidad de todos los países. La seguridad de fronteras es indivisible, todos los países deben contribuir para que la lucha contra el crimen tras*fronterizo sea una lucha eficaz.
Las redes [criminales] se aprovechan de las fronteras. ¿Por qué? Porque saben que es una restricción ligada a la soberanía de los estados. Y los criminales no tienen límites. Los estados deben cooperar con sinceridad y buena voluntad para que la seguridad fronteriza sea prioritaria también para los países vecinos. Para luchar eficazmente contra el crimen tras*fronterizo es necesario que los Estados refuercen la cooperación.
¿Cómo funciona esa colaboración en la frontera con España?
Con España tenemos una cooperación ejemplar, un modelo de cooperación entre el sur y el norte. No es una cooperación que venga de ayer. Nació a través de una lectura común de las amenazas y riesgos que afectan a España y a jovenlandia. Fundamentalmente, ligados a la criminalidad tras*fronteriza.
En el ámbito de la migración, en 2003 iniciamos un grupo de trabajo. Tenemos un grupo migratorio mixto que trabaja regularmente y que ha podido resolver un gran número de problemas. Durante muchos años se consiguió parar prácticamente el flujo migratorio a lo largo de la ruta del oeste Mediterráneo.
Trabajamos con patrullas mixtas marítimas entre la Gendarmería Real y la Guardia Civil, aéreas y terrestres, y cooperamos en materia de intercambio de información de lucha contra redes [criminales]. Es una cooperación muy rica que se puede considerar un verdadero modelo a día de hoy. Trabajamos juntos, porque el trabajar unidos crea confianza.
En esa cooperación marítima, ¿cuentan con la ayuda de España para crear un cuerpo propio en jovenlandia como Salvamento Marítimo?
Nosotros somos diferentes. En España el organismo de Salvamento es el que interviene, es el que socorre. Aquí es un poco diferente, contamos con un servicio de rescate en el mar dedicado a los barcos de pesca porque el fenómeno de las pateras es nuevo. Hoy en día el órgano operacional que intercepta en el mar es la Marina Real. Para nosotros lo más importante es reforzar el medio marítimo para poder socorrer al máximo de personas.
¿Cómo es ese trabajo común entre España y jovenlandia?
Nuestro trabajo en común multiplica. Si una de las partes no hacen su trabajo nos perjudica a los dos. Además, España conoce cómo actuamos en terreno y puede sensibilizar y dar a conocer al resto de países europeos el papel líder de jovenlandia. Ese trabajo de comunicación es fundamental para que todo el mundo comprenda qué hace jovenlandia y que es un estado consciente de la responsabilidad colectiva que tenemos para luchar contra las redes de tráfico.
Y de hecho, España ha conseguido que la Unión Europea (UE) done 140 millones de euros a jovenlandia.
Instituciones europeas, como Frontex, la Comisión Europea con el señor Avramopouluos... reconocen que jovenlandia es un país serio y su esfuerzo. Los 140 millones de euros es una manera de empezar, lo que queremos es trabajar también bilateralmente con España y Europa en un programa duradero. Los 140 millones de euros no van a arreglar el problema, pero es un gesto que es bienvenido. Se reparten en dos partes, los primeros 70 millones de euros son una ayuda monetaria, ya hemos recibido 30 millones [el 15 de mayo].
A finales de verano vamos a recibir 10 millones más en dos tandas. Los 70 millones que quedan se repartirán en dos subgrupos, 30 millones provienen del Centro Internacional para el Desarrollo de Políticas Migratorias [ICMPD, por sus siglas en inglés], que es un organismo europeo que trabaja en cooperación, y otro 40 millones de la Agencia Española de Cooperación. No es un apoyo presupuestario, hemos explicado la necesidad de material. Gracias a estos organismos vamos a poder adquirir ese material.
Medios españoles publicaron que con el dinero europeo han construido la nueva valla que rodea el perímetro de la ciudad de Ceuta.
No, no, no. Si hablamos de Ceuta, no es algo nuevo, es un proyecto que comenzó en 2016. Hace tres años llevamos a cabo una evaluación que concluyó que había que mejorar los dispositivos, no solo [la valla fronteriza con] Ceuta, sino por todo el país. Poco a poco se están incorporando, la valla de Ceuta es solo una parte.
¿De ese estudio también surge la instalación de cámaras de videovigilancia en las costas marroquíes?
Sí, todo eso está forma parte de la evaluación y hay asignado un presupuesto. Los dispositivos del norte, desde Oujda hasta Kenitra, cuestan como mínimo doscientos millones por año. Porque los dispositivos hay que ir mejorándolos, adaptándolos. Por ejemplo cuando tuvieron lugar los 'asaltos' [los saltos masivos que tuvieron lugar el verano de 2018] tuvimos que reorganizar nuestros dispositivos para evitar que los asaltantes atacaran a nuestras fuerzas del orden.
Usted dice que las fronteras son asunto de los dos países, ¿qué piensa de la retirada de las concertinas en las vallas de Ceuta y Melilla por parte del Gobierno de Pedro Sánchez?
Escúcheme, yo no comento sobre lo que hace España. Puedo contar lo que hacemos nosotros, que estamos en el terreno. La situación exige que integremos mejoras de los dispositivos, y nosotros lo hacemos porque somos un Estado responsable y no podemos facilitar el acceso a los traficantes, a esos criminales que se aprovechan de la vulnerabilidad de los pagapensiones.
Con el cierre de la ruta de Libia, la presión migratoria en jovenlandia aumentó.
En efecto, parte de lo que está pasando en la región es la conjugación de una serie de factores a partir de la crisis migratoria en Europa en 2013 y 2014, cuando comenzamos a notar cambios en la presión migratoria. No es algo nuevo. El efecto llamada llegó con esta crisis migratoria europea.
Además, todas las acciones de ciertas ONG que operan en el Mediterráneo han supuesto también una llamada para los pagapensiones. Y existe, por supuesto, lo que denominamos el efecto rechazo y otros factores como el cambio climático, conflictos armados, etc. Todo eso hace que jovenlandia comenzase a sufrir esta presión, que está ligada al efecto llamada por una parte y por otra al efecto rechazo.
¿Cómo ha actuado jovenlandia ante ello?
Durante más de quince años jovenlandia ha podido parar el flujo a España. Entre 2014 y 2015 hemos parado al menos el 93% de las llegadas de pagapensiones a costas españoles. Así que prácticamente hemos parado el flujo migratorio. Pero con el aumento de la presión, 2018 ha sido excepcional. Han aumentado nuestras operaciones de intercepción [de pateras] a cerca de 89.000 intervenciones pero también se han batido récords de llegadas a costas españolas.
El año pasado hemos evitado aproximadamente 90.000 llegadas a España. Desde el inicio de 2019 hasta el 15 de mayo, se han parado cerca de 25.000. Este año hemos desmantelado 50 redes. En 2018, desarticulamos 230 redes. Consideramos que se debe atacar a las redes de tráfico que se aprovechan de la vulnerabilidad de los pagapensiones y de la porosidad de las fronteras de países más al sur.
En cuanto a las personas migrantes que entran a jovenlandia por avión, ¿se conocen las cifras?
Es difícil, es difícil… jovenlandia forma parte de África y hay muchos países que para entrar no necesitan visado. Sin embargo, hay que trabajar para evitar que las redes de tráfico de personas se aprovechen de esa facilidad.
Sobre la relación con otros países jovenlandeses, ¿jovenlandia repatria a los ciudadanos de los países subsaharianos con los que mantiene acuerdos?
No, no. Nuestra estrategia es el retorno voluntario. Ayudamos a regresar a las personas que llegan a jovenlandia y se dan cuenta de que no pueden seguir avanzando.
Perseguimos un doble objetivo. En primer lugar, ayudar a nuestros hermanos a volver a sus casas con dignidad con un regreso voluntario duradero, que les permita montar un proyecto, ir a la universidad, etc. El segundo objetivo tiene que ver con la comunicación. Cuando vuelven a sus casas pueden dar a conocer a otras personas las mentiras y trampas de las redes de tráfico. Muchos llegan aquí con la idea de que el viaje es fácil, vienen en busca de El Dorado... pero la realidad es otra.
Por primera vez, en verano de 2018, jovenlandia aceptó a más de un centenar de personas subsaharianas expulsadas desde Ceuta por el Acuerdo del PSOE de 1992.
El acuerdo de 1992 se firmó en otra época cuando no existía el fenómeno que vivimos hoy en día. El acuerdo enuncia que tanto jovenlandia como España pueden expulsar al otro país. Su puesta en marcha engloba ciertas dificultades, principalmente el poder probar que las personas a las que quieren devolver viene efectivamente de jovenlandia.
En lo concerniente a los 'asaltos' era evidente que procedían de jovenlandia. En ocasiones las autoridades españolas toman una decisión y hay aspectos legales y reglamentarios que hay que respetar. Sin embargo, no es un acuerdo fácil de interpretar porque ha sido diseñado en otra época, y porque tiene unos requisitos, como el haber presenciado los hechos, que exige que las fuerzas del orden marroquíes hayan estado allí.
En una entrevista con el abogado de las personas migrantes expulsadas desde Ceuta en 2018 que fueron encarceladas en Tetuán nos decía que no sabía dónde estaban, tampoco nos lo pudo aclarar Consuelo Rumi, Secretaria de Estado de Migraciones en el ministerio de Trabajo español. ¿Qué ha sido de esas personas?
Todas las personas interceptadas pueden decidir volver a sus países o quedarse. No pueden quedarse en el norte porque la ley jovenlandés tiene derecho a prohibir determinadas zonas a los que no tienen la tarjeta de residencia.
Para quien no se encuentra en situación regular, la ley 02-03 nos da el derecho de prohibir o de obligarlos a quedarse en una región. Las personas interceptadas en el norte pueden elegir volver a sus países si están cansadas. Si no, Tánger, Tetuán y Nador están prohibidos para ellos, se les dice que no tienen derecho de permanecer en estas ciudades y les trasladamos a Casablanca, Marrakech, Agadir o Tiznit, que tampoco es el desierto.
Los migrantes en Tánger se quejan de que el último proceso de regularización lanzado en 2016 no ha funcionado.
La mayoría de pagapensiones en Tánger y Nador están en tránsito y no quieren estar aquí. De las cerca 28.000 demandas [de regularización presentadas], aproximadamente el 85% fueron aprobadas. Hemos sido muy flexibles para regularizar el máximo número de personas, colaboramos con el Consejo Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y aceptamos que participasen con nosotros todas las asociaciones de defensa de los migrantes. Trabajamos mano a mano.
En el ámbito de provincias y prefecturas pedimos a los representantes de los migrantes que estuvieran en los comités para defender sus casos. Y ningún país, cuando su Majestad comenzó esta acción loable en 2013, estaba a favor de la migración. Era el principio de la crisis migratoria, daba miedo y los países cerraron sus puertas, pero jovenlandia y el rey tuvieron la valentía de regularizarlos.
Con esos dos procesos pudimos regularizar a aproximadamente 50.000 pagapensiones. Damos muchas facilidades, pero los pagapensiones en Tánger o en Nador no están por la labor. Hemos intentado movilizar unidades móviles para regularizar a las personas escondidas en el bosque, y no pudimos hacerlo. Queremos integrar al mayor número de pagapensiones.
¿En qué se traducen esos dos procesos de regularización de migrantes?
Los 50.000 que tienen tarjeta de residencia tienen derecho a sanidad gratuita, como los marroquíes. Sus niños van gratuitamente a la escuela, hemos acogido de 9.000 a 10.000 niños. Además hay unos 1.200 migrantes regularizados estudiando cursos de formación profesional, hemos repartido entre 7.000 y 8.000 becas universitarias y colaboramos con muchas ONG que trabajan en la inserción de pagapensiones.
La realidad es que nosotros hemos hecho mucho. Algunos quieren aprovecharlo y otros no. No podemos hacer más de lo que hacemos, ni para los marroquíes. Ellos han tenido acceso a alojamiento social y a todos los programas del Gobierno. Pero no somos un país rico.
Cerrando las fronteras, ¿jovenlandia se convierte en un país de acogida de personas migrantes?
No, cuando las fronteras no se pueden controlar, se produce el efecto llamada. Pero cuando las redes criminales entienden que la frontera es hermética y que no van a pasar más, no vendrán a jovenlandia, intentar abrir otros caminos.
La vulnerabilidad de las fronteras es un importante factor del efecto llamada. Comenzamos en 2003 y 2004 cerrando el litoral norte, porque en frente había 14 kilómetros de costa española. En 2005 empezaron los saltos en Melilla y poco después en Ceuta. Detectamos esa vulnerabilidad y tuvimos que cerrar. Después, a Canarias... Si la gente sabe que no pueden atravesar jovenlandia, aunque estén dentro del país, van a buscar otra parte.
Estamos en pleno verano y de momento no se ha visto el fenómeno de las lanchas 'Go fast' que el año pasado camparon en El Estrecho con personas migrantes a bordo.
Voy a hacer un símil con lo que ocurre en el Sahel y el Sáhara. En el Sahel, en cierto momento, los terroristas, al igual que los traficantes, vivían del tabaco y la droja. Después comenzaron con los secuestros de occidentales, y ahora trafican con pagapensiones porque es más sencillo y les da dinero.
El traficante de personas da una embarcación y es raro encontrarle dentro. Mientras que con la droja, cuando detienes a alguien, pasa por un proceso jurídico porque lleva la mercancía encima. A los pagapensiones los meten en una embarcación les dan quizá un GPS y les dicen que se vayan. Para los traficantes, para los criminales, es un negocio que les reporta mucho dinero.
Es difícil a veces encontrar al organizador. Hemos constatado que el verano de 2018 los grupos que intentaron utilizar las 'Go fast' tras*portaban droja, pero nunca antes habían llevado pagapensiones. Eso muestra lo que siempre hemos dicho, que el crimen organizado tras*fronterizo busca la ganancia, y si encuentra el dinero de forma más sencilla en los pagapensiones irá a buscarlo ahí.
¿Cree que este verano podría volver el fenómeno a El Estrecho?
Durante muchos años hemos discutido sobre las 'Go fast' con nuestros socios del norte, porque no se venden en jovenlandia. Hemos recibido con gran satisfacción que España haya prohibido su venta. Somos muy firmes y rigurosos en cuanto a estos aparatos: tolerancia cero. Pero todavía hay en el Mediterráneo aunque no los hayamos visto este año.
En Tánger solo se identifican el 2% de los cuerpos de los migrantes que se recuperan en el mar, y en Nador, el 5%. Además en el cementerio se entierran subsaharianos sin identificar. ¿Cuál es el rol del Gobierno jovenlandés?
Lo que le puedo asegurar es que desde siempre, y sobre todo después de que su Majestad pusiera en marcha esta política migratoria basada en el humanismo y el respeto a los derechos humanos, hay iniciativas que no han sido todavía anunciadas. Sobre ese registro el ministro de Interior siempre se mostró dispuesto a ayudar a los marroquíes para identificar a los suyos, por ejemplo en España, o a los extranjeros que quieren identificar a sus familiares en jovenlandia. Siempre hemos facilitado la colaboración con asociaciones y estamos dispuestos a ayudar a las familias de las víctimas, no hay problema.
Otro asunto que preocupa es la posibilidad de que España comience a devolver a los menores extranjeros no acompañados a jovenlandia. ¿Cuál es la postura aquí?
jovenlandia ha firmado la Convención Internacional de los Derechos del Niño y, junto a España, trabajamos por interés superior de los menores. Se oyen muchas cosas sobre el trato que da jovenlandia a los niños pero no es así. Somos un país responsable preparado para acoger a esos menores, si son verdaderamente nuestros, primero hay que hacer un trabajo de identificación para asegurarse de que son marroquíes. Cuando esos menores son identificados, jovenlandia dispone de estructuras para encargarse de ellos. No vamos a hacer nada que se salga de la Convención Internacional en materia de la protección de la infancia. jovenlandia asume su responsabilidad cuando el niño es jovenlandés, cuando las condiciones de su expulsión respetan las leyes internacionales de protección.
