Vlad_Empalador
Será en Octubre
La escuela se siente abandonada ante el inicio del nuevo curso
La comunidad educativa denuncia que la ministra y las autonomías dejaron "toda la responsabilidad" a los centros
Un aula del Colegio Jaume I de Catarroja (Valencia).EFE
PREMIUM
Por eso ha tras*formado la biblioteca y las salas de música y dibujo. Ha habilitado seis espacios nuevos que ha reconvertido en clases para hacer bajar de 30 a 20 el número de alumnos por aula en 1º y 2º de la ESO. Para el resto de los cursos, sin embargo, la ratio se mantiene en 30 alumnos, que llegan a ser 33 en Bachillerato.
"Y a cruzar los dedos", deja caer Dengra. Ahora tendrá que crear desde cero un sistema de turnos rotatorios para que la mitad de esos adolescentes estudie en casa y la otra mitad en el instituto, tal y como pactaron el Gobierno y las comunidades autónomas en un protocolo de vuelta al colegio de apenas ocho páginas y 28 medidas fundamentalmente sanitarias.
"Es una locura", se queja Dengra. "El acuerdo se limita a decir: 'Que cada instituto se apañe como pueda'. Como no saben qué hacer, se escudan tras la autonomía de gestión de los centros. Nos lo han dejado todo a nosotros y a muchos les va a ser imposible organizarse".
Las palabras de Dengra las repiten directores, profesores, padres y alumnos. Hay un sentir generalizado de "abandono" en la comunidad educativa, una sensación unánime de que "el Gobierno ha delegado en las comunidades autónomas y éstas han pasado toda la responsabilidad a los colegios e institutos, que hacen lo que pueden y sin medios", según todas las fuentes consultadas.
La escuela cree que las autoridades han actuado "tarde" y que las medidas adoptadas son "insuficientes" y "poco claras". A la ministra de Educación, Isabel Celaá, se le reprocha "falta de liderazgo" desde la derecha y desde la izquierda.
Hasta la Plataforma Estatal por la Escuela Pública, aquella marea verde que salió a las calles contra el ministro del PPJosé Ignacio Wert y que hasta ahora había permanecido del lado del Gobierno, ha emitido un comunicado de advertencia en el que insta "tanto al Ministerio como a las comunidades a ejercer sus funciones para asegurar la vuelta a las aulas presencial y segura".
"Somos conscientes del marco competencial y no queremos recentralizar, pero pedimos un mayor compromiso del Gobierno con la comunidad autónoma para garantizar condiciones razonables y equiparables en el conjunto del Estado. El Gobierno tiene competencias para hacerlo", explica Francisco García, secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO.
Las monjas del colegio de las Esclavas de Cristo Rey de Madrid preparan un aula del centro.CARLOS GARCÍA POZO
En la misma línea se expresa Leticia Cardenal, presidenta de la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (Ceapa) y también miembro de la Plataforma: "El Ministerio lo deja en manos de las autonomías y se van a generar muchas desigualdades, porque, al final, en unos territorios los alumnos van a tener más seguridad que en otros cuando el derecho a la educación y a la salud tendrían que ser los mismos en todas las regiones".
Si algo ha conseguido el nuevo protocolo de vuelta al colegio es unir a toda la comunidad educativa. La "decepción" ante las medidas adoptadas ha llevado al Sindicato de Estudiantes a expresar lo mismo que Escuelas Católicas, a CCOO a alinearse con CSIF o ANPE.
Hasta antes de la el bichito-19, sólo una parte de la escuela denunciaba las imperfecciones de la descentralización educativa. Ahora todos los agentes y representantes de la escuela -menos las instituciones- coinciden en denunciar que, aunque la mayoría de las competencias educativas estén tras*feridas a las autonomías, el cobi19 exigía "un mayor compromiso por parte del Estado".
¿Qué es lo que tenía que haber hecho la ministra? "Nos hubiera gustado que el ministerio liderara un plan conjunto entre todas las comunidades autónomas más allá de decir que hay que llevar mascarilla", responde Andrea G. Henry, responsable de la Conferencia Estatal de Asociaciones de Estudiantes (Canae).
"El acuerdo es correcto desde un punto de vista sanitario, pero esperábamos otro tipo de medidas, más educativas y relacionadas con la organización de los centros. Lo aprobado es muy obvio y falta lo importante: bajar la ratio; concretar los profesores que se van a necesitar; establecer cómo va a desarrollarse la metodología; regular las condiciones de evaluación, o contemplar los supuestos en que tengamos que faltar a clase por el el bichito o por otras enfermedades".
Detalle de un aula del Colegio Jaume I de Catarroja (Valencia).EFE
"Hay una ausencia total de criterios para hacer desdobles; mantener las distancias; planificar las plantillas; hacer un plan B de educación on line por si hay que volver a confinarse; adaptar el currículo... Celaá tiene que liderar o, si no, decir que su ministerio está vacío de contenido", dice Nicolás Fernández Guisado, presidente de Anpe.
Profesores y familias también demandan al Gobierno un protocolo común de absentismo escolar; más mecanismos de supervisión; una postura unitaria sobre las pruebas PCR, sobre la toma de temperatura o sobre la responsabilidad de los padres, y personal sanitario en las escuelas.
Pero la prioridad de la comunidad educativa, por encima de todo, es bajar la ratio de alumnos por aula de forma generalizada en toda España, y los profesores van a presionar en las próximas semanas para conseguirlo. Aseguran que el Ministerio tiene competencias para hacerlo.
"Celaá está haciendo dejación de funciones. Quien debe fijar la ratio es el Gobierno central. Wert lo hizo, para subirla, a través de un real decreto", recuerda Mario Gutiérrez, responsable de Educación del sindicato CSIF.
"Los equipos directivos reclamamos seguridad jurídica, una cobertura legal para llevar tareas que tenemos encomendadas. No tenemos miedo a la responsabilidad, pero sí a ejercerla sin un marco común potente y flexible", manifiesta Vicente Mañes, presidente de la Federación de Directores de Centros Educativos de Infantil y Primaria.
Dos trabajadores limpian la entrada del Colegio San Juan de Murcia.EFE
Mañes es el director del colegio público Bertomeu Llorens i Royo de Catarroja, en Valencia. El curso comenzará en unos días y están en plena vorágine. En la Comunidad Valenciana reina la paz educativa porque el protocolo de actuación (de más de 70 páginas) se aprobó de forma consensuada con la comunidad educativa. Aun así, quedan cuestiones por resolver que el acuerdo deja en el aire.
Por ejemplo, el Gobierno ha delegado en cada autonomía la capacidad de decidir si los padres están obligados a firmar o no una declaración responsable en la que se comprometen a no llevar a sus hijos con fiebre al colegio.
En la Comunidad Valenciana, hasta el pasado jueves se contemplaba exigir a las familias esta rúbrica, que, en la práctica, exime a los centros de la tarea de tener que tomar la temperatura a todos los niños antes de entrar en clase.
Mañes explica que en su colegio, de 250 alumnos, han convertido las dos entradas que antes tenían en 10 para que se puedan escalonar las entradas y las salidas y los alumnos no se junten mucho.
"Pero sólo tenemos un conserje. ¿Y quién se encarga de recibir a los niños en la puerta? Los profesores. El tutor acoge a cada grupo y toma la temperatura a cada alumno. Eso retrasa el comienzo de las clases, pero así evitamos que los padres tengan que firmar la declaración jurada, que ha generado mucho malestar en las familias".
Dos mujeres realizan labores de limpieza en el Colegio San Juan de Murcia.EFE
La falta de directrices concretas ha provocado indirectamente un enfrentamiento soterrado entre las familias y los profesores. Tanto la Ceapa como la Confederación Católica de Padres de Alumnos (Concapa) están muy molestos con la declaración responsable y, en respuesta, reclamarán a los centros que firmen un papel similar.
"Vamos a pedir que los profesores también firmen una declaración en la que aseguren que van sin fiebre a clase", avanza Leticia Cardenal. "Y también queremos que la dirección certifique en una declaración responsable que el centro es un lugar seguro", añade Pedro Caballero, presidente de la Concapa.
En los grupos de padres de WhatsApp, el recelo que antes se dirigía hacia las autoridades se está concentrando ahora contra colegios, que trabajan a contrarreloj y, en la mayoría de los casos, aún no han podido informar a las familias sobre si habrá extraescolares, o se mantendrán las actividades deportivas, o se pasará de jornada partida a jornada continua...
"Llevamos desde marzo diciendo que el problema no era el final del curso anterior, sino el comienzo de éste, y ya avisamos que para buscar aulas alternativas había que planificarlo todo con antelación", lamenta Esteban Álvarez, presidente de la Asociación de Directores de Institutos Públicos de Madrid. "Pero ni el Ministerio ni la mayoría de comunidades autónomas nos han escuchado. Y ahora tenemos lo que tenemos".
La comunidad educativa denuncia que la ministra y las autonomías dejaron "toda la responsabilidad" a los centros
Un aula del Colegio Jaume I de Catarroja (Valencia).EFE
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- OLGA R. SANMARTÍN
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Madrid
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- Educación. Ni test, ni enfermeros, ni ratios: las medidas que faltan para un curso escolar seguro
Por eso ha tras*formado la biblioteca y las salas de música y dibujo. Ha habilitado seis espacios nuevos que ha reconvertido en clases para hacer bajar de 30 a 20 el número de alumnos por aula en 1º y 2º de la ESO. Para el resto de los cursos, sin embargo, la ratio se mantiene en 30 alumnos, que llegan a ser 33 en Bachillerato.
"Y a cruzar los dedos", deja caer Dengra. Ahora tendrá que crear desde cero un sistema de turnos rotatorios para que la mitad de esos adolescentes estudie en casa y la otra mitad en el instituto, tal y como pactaron el Gobierno y las comunidades autónomas en un protocolo de vuelta al colegio de apenas ocho páginas y 28 medidas fundamentalmente sanitarias.
"Es una locura", se queja Dengra. "El acuerdo se limita a decir: 'Que cada instituto se apañe como pueda'. Como no saben qué hacer, se escudan tras la autonomía de gestión de los centros. Nos lo han dejado todo a nosotros y a muchos les va a ser imposible organizarse".
Las palabras de Dengra las repiten directores, profesores, padres y alumnos. Hay un sentir generalizado de "abandono" en la comunidad educativa, una sensación unánime de que "el Gobierno ha delegado en las comunidades autónomas y éstas han pasado toda la responsabilidad a los colegios e institutos, que hacen lo que pueden y sin medios", según todas las fuentes consultadas.
La escuela cree que las autoridades han actuado "tarde" y que las medidas adoptadas son "insuficientes" y "poco claras". A la ministra de Educación, Isabel Celaá, se le reprocha "falta de liderazgo" desde la derecha y desde la izquierda.
Hasta la Plataforma Estatal por la Escuela Pública, aquella marea verde que salió a las calles contra el ministro del PPJosé Ignacio Wert y que hasta ahora había permanecido del lado del Gobierno, ha emitido un comunicado de advertencia en el que insta "tanto al Ministerio como a las comunidades a ejercer sus funciones para asegurar la vuelta a las aulas presencial y segura".
"Somos conscientes del marco competencial y no queremos recentralizar, pero pedimos un mayor compromiso del Gobierno con la comunidad autónoma para garantizar condiciones razonables y equiparables en el conjunto del Estado. El Gobierno tiene competencias para hacerlo", explica Francisco García, secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO.
Las monjas del colegio de las Esclavas de Cristo Rey de Madrid preparan un aula del centro.CARLOS GARCÍA POZO
En la misma línea se expresa Leticia Cardenal, presidenta de la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (Ceapa) y también miembro de la Plataforma: "El Ministerio lo deja en manos de las autonomías y se van a generar muchas desigualdades, porque, al final, en unos territorios los alumnos van a tener más seguridad que en otros cuando el derecho a la educación y a la salud tendrían que ser los mismos en todas las regiones".
Si algo ha conseguido el nuevo protocolo de vuelta al colegio es unir a toda la comunidad educativa. La "decepción" ante las medidas adoptadas ha llevado al Sindicato de Estudiantes a expresar lo mismo que Escuelas Católicas, a CCOO a alinearse con CSIF o ANPE.
Hasta antes de la el bichito-19, sólo una parte de la escuela denunciaba las imperfecciones de la descentralización educativa. Ahora todos los agentes y representantes de la escuela -menos las instituciones- coinciden en denunciar que, aunque la mayoría de las competencias educativas estén tras*feridas a las autonomías, el cobi19 exigía "un mayor compromiso por parte del Estado".
¿Qué es lo que tenía que haber hecho la ministra? "Nos hubiera gustado que el ministerio liderara un plan conjunto entre todas las comunidades autónomas más allá de decir que hay que llevar mascarilla", responde Andrea G. Henry, responsable de la Conferencia Estatal de Asociaciones de Estudiantes (Canae).
"El acuerdo es correcto desde un punto de vista sanitario, pero esperábamos otro tipo de medidas, más educativas y relacionadas con la organización de los centros. Lo aprobado es muy obvio y falta lo importante: bajar la ratio; concretar los profesores que se van a necesitar; establecer cómo va a desarrollarse la metodología; regular las condiciones de evaluación, o contemplar los supuestos en que tengamos que faltar a clase por el el bichito o por otras enfermedades".
Detalle de un aula del Colegio Jaume I de Catarroja (Valencia).EFE
"Hay una ausencia total de criterios para hacer desdobles; mantener las distancias; planificar las plantillas; hacer un plan B de educación on line por si hay que volver a confinarse; adaptar el currículo... Celaá tiene que liderar o, si no, decir que su ministerio está vacío de contenido", dice Nicolás Fernández Guisado, presidente de Anpe.
Profesores y familias también demandan al Gobierno un protocolo común de absentismo escolar; más mecanismos de supervisión; una postura unitaria sobre las pruebas PCR, sobre la toma de temperatura o sobre la responsabilidad de los padres, y personal sanitario en las escuelas.
Pero la prioridad de la comunidad educativa, por encima de todo, es bajar la ratio de alumnos por aula de forma generalizada en toda España, y los profesores van a presionar en las próximas semanas para conseguirlo. Aseguran que el Ministerio tiene competencias para hacerlo.
"Celaá está haciendo dejación de funciones. Quien debe fijar la ratio es el Gobierno central. Wert lo hizo, para subirla, a través de un real decreto", recuerda Mario Gutiérrez, responsable de Educación del sindicato CSIF.
"Los equipos directivos reclamamos seguridad jurídica, una cobertura legal para llevar tareas que tenemos encomendadas. No tenemos miedo a la responsabilidad, pero sí a ejercerla sin un marco común potente y flexible", manifiesta Vicente Mañes, presidente de la Federación de Directores de Centros Educativos de Infantil y Primaria.
Dos trabajadores limpian la entrada del Colegio San Juan de Murcia.EFE
Mañes es el director del colegio público Bertomeu Llorens i Royo de Catarroja, en Valencia. El curso comenzará en unos días y están en plena vorágine. En la Comunidad Valenciana reina la paz educativa porque el protocolo de actuación (de más de 70 páginas) se aprobó de forma consensuada con la comunidad educativa. Aun así, quedan cuestiones por resolver que el acuerdo deja en el aire.
Por ejemplo, el Gobierno ha delegado en cada autonomía la capacidad de decidir si los padres están obligados a firmar o no una declaración responsable en la que se comprometen a no llevar a sus hijos con fiebre al colegio.
En la Comunidad Valenciana, hasta el pasado jueves se contemplaba exigir a las familias esta rúbrica, que, en la práctica, exime a los centros de la tarea de tener que tomar la temperatura a todos los niños antes de entrar en clase.
Mañes explica que en su colegio, de 250 alumnos, han convertido las dos entradas que antes tenían en 10 para que se puedan escalonar las entradas y las salidas y los alumnos no se junten mucho.
"Pero sólo tenemos un conserje. ¿Y quién se encarga de recibir a los niños en la puerta? Los profesores. El tutor acoge a cada grupo y toma la temperatura a cada alumno. Eso retrasa el comienzo de las clases, pero así evitamos que los padres tengan que firmar la declaración jurada, que ha generado mucho malestar en las familias".
Dos mujeres realizan labores de limpieza en el Colegio San Juan de Murcia.EFE
La falta de directrices concretas ha provocado indirectamente un enfrentamiento soterrado entre las familias y los profesores. Tanto la Ceapa como la Confederación Católica de Padres de Alumnos (Concapa) están muy molestos con la declaración responsable y, en respuesta, reclamarán a los centros que firmen un papel similar.
"Vamos a pedir que los profesores también firmen una declaración en la que aseguren que van sin fiebre a clase", avanza Leticia Cardenal. "Y también queremos que la dirección certifique en una declaración responsable que el centro es un lugar seguro", añade Pedro Caballero, presidente de la Concapa.
En los grupos de padres de WhatsApp, el recelo que antes se dirigía hacia las autoridades se está concentrando ahora contra colegios, que trabajan a contrarreloj y, en la mayoría de los casos, aún no han podido informar a las familias sobre si habrá extraescolares, o se mantendrán las actividades deportivas, o se pasará de jornada partida a jornada continua...
"Llevamos desde marzo diciendo que el problema no era el final del curso anterior, sino el comienzo de éste, y ya avisamos que para buscar aulas alternativas había que planificarlo todo con antelación", lamenta Esteban Álvarez, presidente de la Asociación de Directores de Institutos Públicos de Madrid. "Pero ni el Ministerio ni la mayoría de comunidades autónomas nos han escuchado. Y ahora tenemos lo que tenemos".
